La flota palangrera europea no será viable en ninguno de los escenarios del veto de las 87 zonas, pese a no tener impacto sobre el fondo marino. No obstante es la flota más afectada por la prohibición aprobada por la Comisión EU y vigente desde el 9 de octubre.
La Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela y la Universidad de Santiago de Compostela expusieron en el «Comité de Diálogo Social Sectorial de la Pesca» el impacto socioeconómico del Reglamento que prohíbe la pesca en 87 áreas, demostrando que se aprobó sin un estudio previo de impacto social.
El «Comité de Diálogo Social Sectorial para la Pesca Marítima» es un organismo asesor de la Comisión Europea para la parte social de la pesca en la que participan las organizaciones más importantes y representativas de los trabajadores y empresarios del sector pesquero, que analiza diferentes asuntos relativos al ámbito social y al impacto socio económico en la pesca.
En la reunión del Comité de este lunes se ha expuesto y debatido la primera estimación del «Estudio de Análisis socioeconómico e impacto del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión para la flota de Palangre de Fondo, que determina las zonas de pesca de aguas profundas existentes y el establecimiento de una lista de zonas en las que se sabe que existen o es probable que existan ecosistemas marinos vulnerables», elaborado por la USC, y que la OPP-7 Puerto de Burela incorporaba como argumento socio-económico en su recurso de anulación presentado contra esta norma ante el Tribunal General de la UE de Luxemburgo el pasado mes de diciembre.
En su intervención, el gerente de OPP-7 Burela, Sergio López, ha agradecido al Comité la oportunidad de presentar el impacto de esta norma, a su entidad y sus empresas de ámbito familiar, enumerado los principales argumentos en que se basa el recurso de anulación, destacado las principales características técnicas de sus flotas, especializadas en la pesca con anzuelo (palangre), arte tradicional que prima la calidad ante la cantidad.
Las principales capturas de sus flotas están dirigidas a la merluza, especie demersal que no es de aguas profundas, pero que han resultado ser las más perjudicadas por este Reglamento de ejecución, principalmente porque se ha decretado el cierre general de zonas sin tener en cuenta el impacto de cada arte de pesca en el fondo marino; un impacto que este tipo de palangre no provoca.
En su intervención conjunta con la OPP de Burela, el profesor Gonzalo Rodríguez, coordinador del grupo de investigación de economía pesquera y recursos naturales de la Universidad de Santiago de Compostela, sentenció que «las flotas palangreras de fondo en aguas europeas no serán viables con los cierres generales decretados en este reglamento de ejecución».
Gonzalo Rodríguez, también coordinador de las «Tablas input-output de la pesca y conserva de Galicia» (TIOPC-19), explicó cómo se estudiaron diferentes escenarios siguiendo el criterio de prudencia y una metodología del Sistema Europeo de Cuentas, homologada a nivel internacional y que se ha utilizado en otros estudios de impacto socioeconómico del sector pesquero.
En su estudio se evaluó y cuantificó el impacto socioeconómico en tres escenarios diferentes, teniendo en cuenta la reducción de capturas en las primeras semanas, la evolución de la inflación y su estructura de costes, que desembocará en un grave impacto directo e indirecto.
Se estima que el impacto directo de la aplicación del nuevo Reglamento puede llegar a suponer una reducción de hasta 27 millones de euros en la facturación global, con pérdidas anuales de hasta 150.000 euros anuales por barco, lo que provocará un daño irreversible y estructural en el futuro de esta flota, además de un efecto en el empleo directo en estas empresas de hasta 190 puestos de trabajo en el mar.
En cuanto a su impacto indirecto, estas pérdidas de la flota palangrera provocarán una reducción en las empresas auxiliares y proveedoras, que también verán reducida su facturación hasta en 17,5 millones de euros, con inevitables consecuencias en sus puestos de trabajo en tierra.
Por lo tanto, estima que los efectos de la aplicación de este Reglamento generarán un declive económico y social irreversible para esta flota tan especializada y vulnerable, afectando a todo el sector pesquero y a la economía de Galicia en general, debido al claro efecto multiplicador que tiene la Pesca, con interrelación en 64 de los 81 subsectores económicos identificados en Galicia, cuestión más grave en las zonas más alejadas de los núcleos industriales y muy dependientes de la pesca.
La Comisión EU participa en el Comité de Diálogo Social Sectorial para la Pesca Marítima a través de la DG Empleo y la DG Mare. Estos últimos representantes no han participado en la presentación ni el debate posterior, al ser un tema que está reclamado en fase judicial. Esta «desconexión» de los representantes de la DG Mare ha sido criticada por Cepesca, Europeche y los representantes sindicales. La OPP Burela considera que esta desconexión va en contra del diálogo continuo que la Comisión Europea pregona y no cumple, y no deja de ser otra disculpa más desde la aprobación inicial de este Reglamento. Su reflexión final fue: «si esta norma crea más problemas que soluciones, si se aprueba de forma tan incompleta técnicamente y con un impacto tan desproporcionado, ¿por qué no se puede rectificar antes de que sea irreversible en la competitividad de nuestras empresas y en el empleo?»
Los representantes del Comité de Diálogo Social Sectorial de la Pesca se han comprometido a enviar la presentación con el impacto socioeconómico a los departamentos de DG Mare, DG Empleo y DG Seguridad.
