jueves, agosto 18, 2022
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La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo abordará el cierre de 94 zonas de pesca

Pierre Karleskind, député européen et président de la commission pêche du parlement européen.
Pierre Karleskind, diputado europeo y presidente de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo

Dos semanas después de la votación del Consejo de la UE, la cuestión del cierre de 94 zonas de pesca de fondo estará en el orden del día de la reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo del 12 de julio. Pierre Karleskind, su presidente, que inició el debate, dijo que había pedido a la Comisión Europea que no tomara una decisión antes de esa fecha.

La pesca del Noroeste y Cantábrico está preocupada por la última normativa que quiere sacar adelante la Comisión Europea. El veto a la pesca de fondo en 94 áreas situadas en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda afectará de forma significativa ya no solo a la flota, también a la industria que “respira” a su alrededor. Por eso, toda la cadena de valor que vive de la pesca dice basta y pide a Bruselas que recapacite y evite dar la puntilla a los gransoleros.

Los armadores piden a la UE que entienda a los países afectados por los cierres y que, sobre todo, dé marcha atrás a una medida que, además, “será solo el comienzo” de algo peor para la flota en el futuro, como alertan desde ARVI. Tal y como apuntan los armadores, “la base de la economía azul es la sostenibilidad, pero no solo medioambiental y económica, sino también y, sobre todo, social”. El reloj ya corre en contra.

Los controles y normativas han hecho que la flota comunitaria haya pasado de los los 300 a los actuales 89 barcos que ahora hay en todo el país. Las restrictivas cuotas, normativas y límites establecidos por las autoridades comunitarias redujeron la cifra de armadores y los que deciden seguir llevan años sufriendo problemas que van desde la habitual escasez de cupos asignados a España a la oscilación de los precios de primera venta, la falta de relevo generacional o, en los últimos meses, al desmesurado incremento del precio del combustible.

González Laxe: “Es incongruente desde el punto de vista técnico” 

Algunos expertos sostienen que para proteger los ecosistemas marinos vulnerables (VME) supone “un posicionamiento incongruente desde el punto de vista técnico”. En principio alegan que el pescado es un “recurso migrante”. “La designación pretendida de áreas protegidas es antigua y supone de facto una nacionalización de los recursos, una privatización del mar bajo el paraguas de un argumento de sostenibilidad llevado al extremo”, resume González Laxe a consultas del FARO de Vigo

Con el veto comunitario se cerrarán amplias zonas de varios kilómetros cuadrados que se extienden a lo largo de una franja de entre los 400 y 800 metros de profundidad y que va desde el Golfo de Cádiz hasta el norte de Irlanda. El objetivo es proteger los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés) detectados en ellas o los que, creen los científicos, podrían estar en zonas aledañas.

Los arrastreros de Ondarroa que faenan cerca de estas zonas y que no podrán acceder a algunas, pero que sobre todo verán como en los próximos años sus caladeros se llenarán de los barcos que sí se verán directamente afectados por la medida, los de palangre de fondo o del rasco. “Estos últimos son los que más se van a ver más afectados”, recuerdan una vez que explican que sus caladeros (de merluza) están precisamente en esos puntos y que, aunque quieran cumplir el veto, el arte no es fijo y sus pesos y anzuelos pueden ser arrastrados por las corrientes hacia las zonas prohibidas. “Y eso será un problema más”, avisa.

Por la forma de tramitarlo (sin avisos sobre la actuación concreta a desarrollar y sin estudios de impacto socioeconómicos), por el efecto que tendrá en la flota y el empleo y por su implicación en regiones altamente dependientes, como Galicia, la pesca dice basta. Toda la cadena de valor, desde el Puerto hasta el sector extractivo o el comercializador, se verá arrastrada y zarandeada con una medida que, entienden, “es injusta”. Respaldados por el Gobierno central y la Xunta, la industria se une en un frente común ante Bruselas. “La Comisión ha dado la espalda a los sectores implicados”, resume el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa, Jesús Vázquez Almuiña, que se muestra “en contra de la decisión de la UE”.

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