miércoles, mayo 25, 2022
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El juzgado autoriza la venta de Barreras a Astilleros Armón por 14,7 millones

La jueza reconoce que el beneficio de algunos interesados «va en perjuicio de otros», pero opta por satisfacer a los acreedores

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha autorizado a la administración concursal para que lleve a cabo la venta de la unidad productiva de Hijos de J. Barreras a favor de Astilleros Armón por 14,7 millones de euros. Tal como se recoge en el auto, contra el que no cabe recurso, del precio total, unos 14,2 millones corresponden a los bienes y derechos que adquiere la empresa, mientras que medio millón de euros será abonado por la chatarra de los cascos de la armadora Havila. El astillero asturiano subrogará además a veinte trabajadores de la concursada.

La magistrada explica en la resolución que, a la hora de tomar la decisión sobre la venta de la unidad productiva, ha tenido en cuenta que «el beneficio de algunos interesados va en perjuicio de otros».

Así, advierte de que «si se mantiene la estructura empresarial existente para evitar la pérdida de puestos de trabajo, se está favoreciendo a los trabajadores de la concursada, pero a costa de los acreedores y de los trabajadores de estos acreedores, que también se ven afectados».

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P. LAMADRID / GIJÓN.

Por ello, subraya en el auto que para resolver cuál de las tres ofertas presentadas debía ser la adjudicataria de la unidad productiva se debió atender al «interés del concurso», es decir, «a la satisfacción de los intereses de los acreedores». Así, añade que la minimización de la pérdida de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible, se tendrá en cuenta «cuando no entre en conflicto con el interés del concurso».

Por ello, a continuación la jueza analiza cada una de las ofertas y, en primer lugar, indica que la de Marina Meridional es rechaza porque «no cumple ninguno de los presupuestos necesarios para adjudicarse la unidad productiva».

En cuanto a la oferta económica de Astilleros Gondán, la preferida para los sindicatos, la jueza recalca que, en su conjunto, no supera la oferta presentada por Armón. Por ello, «como garantía del interés de los acreedores y del resto de intereses en conflicto (acreedores, trabajadores de los acreedores, acreedores de los acreedores…)», la jueza ha autorizado la venta de la unidad productiva de Barreras a esta última empresa.

La jueza subraya que «la sostenibilidad del tejido empresarial e industrial del sector auxiliar y complementario de la actividad de Hijos de J. Barreras, vinculada al sector naval, determina que haya que velar por la satisfacción de los créditos de quienes, como acreedores, concurren al proceso».

«Mejor oferta»

En este sentido, el auto explica que la oferta de Gondán asciende a 5,5 millones de euros, mientras que Armón pone sobre la mesa 14,2 millones, que ascienden a 14,7 millones si se incluye el medio millón para la chatarra procedente de los cascos de Havila (que están sobre las gradas de Barreras).

No obstante, la jueza reconoce que a esa cantidad hay que aplicarle una merma por las indemnizaciones por despido o extinción de los contratos laborales. Por ello, la oferta de Armón para destinarse al pago del resto de créditos del concurso se quedaría en 10,2 millones de euros o en 10,7 millones (si se incluye el pago de la chatarra).

En ambos escenarios, tal como recoge el auto, el importe ofrecido por Astilleros Armón Vigo destinado al pago de los acreedores «es superior en términos porcentuales a la cifra ofertada por Gondán en más del 45%».

Además de suponer la «mejor» oferta económica, Armón se compromete, según la resolución, a una «rápida reactivación de la actividad de la unidad productiva, prevista en un plazo de seis meses, lo que determinará también la reactivación de la actividad en el sector naval afectado por el concurso de acreedores».

Para la jueza, una mayor satisfacción de los acreedores va a permitir, en este caso, «la pervivencia de empresas auxiliares del sector naval que, de otro modo, se verían nuevamente afectadas por las situaciones de insolvencia padecidas por la concursada». Esas empresas, según el auto, comprenden unos 6.500 puestos de trabajo indirectos, «que se generarán con la reactivación de la actividad que hasta la fecha venía desplegando Barreras».

Por su parte, la oferta de Gondán «no permite satisfacer la práctica totalidad de los créditos de los acreedores y genera dudas respecto de la continuidad de todos los trabajadores de la plantilla ya fuera de este proceso, una vez transmitida la unidad productiva».

Así, la jueza señala que «nadie», es decir, «ni los propios trabajadores ni la propia ofertante» han dado «argumentos que justifiquen la necesidad de la totalidad de la plantilla en activo para reactivar la actividad suspendida durante largo tiempo por la concursada».

La magistrada recuerda que la ausencia de trabajo «llevó a los empleados de Barreras a un expediente de regulación temporal de empleo», al tiempo que asegura que «tampoco la carga de trabajo, basada en meras expectativas, aunque importantes y quizás fundadas», permite presumir «que sea precisa toda la plantilla para la puesta en marcha de la actividad de construcción y reparación naval».

Sindicatos

Por su parte, sindicatos han mostrado su rechazo a esta decisión, al igual que lo han hecho durante las últimas semanas, al conocer que el administrador concursal había optado por Armón y no por Gondán.

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Así, el presidente del comité de empresa, Sergio Gálvez (UGT), ha lamentado esta resolución del juzgado y ha indicado que los abogados de los trabajadores están buscando alguna posible vía legal para recurrir dicha decisión, aunque ha reconocido que, a priori, hay «poco recorrido», ya que el auto no es recurrible.

«Es una situación complicada», ha indicado en declaraciones a Europa Press, insistiendo en que tratan de buscar una alternativa para evitar 100 despidos, centrándose en determinados aspectos del informe presentado por el administrador concursal que, a su juicio, podrían no ser del todo «ciertos».

En la misma línea ha hablado desde la CIG Rafael Pérez, quien ha explicado que pese a ser «lo esperado», el sindicato no está de acuerdo con esta decisión y van a buscar medidas para poder solucionar el problema. «La situación no es fácil», ha lamentado en declaraciones a Europa Press.

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