La organización ecologista Greenpeace publicó una investigación que revela que los derechos de pesca en el Reino Unido están en manos de un pequeño grupo de personas, lo que provoca un reparto «muy desigual y mal administrado», que va en detrimento de los pescadores locales.Este estudio, que crea por primera vez un mapa de la propiedad y distribución de la cuota de pesca en las aguas del Reino Unido, señala que un pequeño número de familias «controlan enormes franjas de derechos de pesca» que llegan hasta el 29 % del total de la cuota permitida.
Todas estas familias, según Greenpeace, aparecen en la lista de los más ricos publicada por The Sunday Times. Además, se recoge que 13 de las 25 mayores empresas estuvieron vinculadas al escándalo conocido como Blackfish que consistió en la pesca ilegal que contravenía las cuotas impuestas por la Unión Europea (UE) y que en 2012 los tribunales dictaminaron que había implicado un fraude de 63 millones de libras (72 millones de euros).
Will McCallum, responsable de Océanos de Greenpeace en el Reino Unido, dijo que hasta ahora los sucesivos gobiernos británicos han hecho «una mala gestión de este valioso recurso público que ha llevado a la destrucción de los medios de subsistencia de los pescadores locales y que fomenta la pesca insostenible».
«Esta impresionante venta de las aguas británicas por parte de nuestro propio Gobierno es una desgracia nacional y una tragedia económica, social y ambiental», denunció.
McCallum destacó que las autoridades deben crear «una distribución más justa y más sostenible de la cuota de pesca».
Sin embargo, la Federación de Pescadores de Escocia (SFF) afirmó que el informe refleja una realidad falsa y aseguró que la sostenibilidad es «la prioridad número uno de la industria».
«Una vez más, Greenpeace es culpable de mostrar una imagen completamente falsa de la industria pesquera del Reino Unido para que coincida con sus prejuicios particulares», afirmó el presidente ejecutivo de SFF, Bertie Armstrong.