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domingo, noviembre 27, 2022
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Galicia y Asturias presentan su oposición a los proyectados parques eólicos

Representantes pesqueros de Galicia y Asturias presentarán el martes, día 11, diversos estudios sobre las repercusiones que tendría la implantación de parques eólicos en caladeros tradicionales.

Anteriormente, las cofradías y organizaciones de productores pesqueros del Cantábrico Noroeste presentaron el pasado noviembre el manifiesto de Burela, con un no rotundo a los parques eólicos marinos en sus caladeros, en el que criticaban además que no se valorasen otros impactos ambientales y socioeconómicos. Ahora han diseñado «un plan estratégico de medidas» en defensa de los 4.300 barcos, 12.000 tripulantes y 48.000 empleos indirectos que ven en peligro por los aerogeneradores en zonas habituales por la flota

De esta manera, lo harán público el próximo martes 11 de enero, en Puerto de Vega (Asturias). Allí, en un acto público, presentarán «un análisis sobre los impactos de la ocupación de los caladeros de instalaciones de eólica marina» y las acciones programadas «en defensa de la pesca y el medio marino». Representantes del sector mostraron su oposición ante la Administración, en las Jornadas de Celeiro, a la construcción de estos aerogeneradores.

San Cibrao y San Brandán son las denominaciones de los dos parques eólicos que proyecta instalar frente a las costas de A Mariña y Ortegal. Aerogeneradores sobre plataformas flotantes ocupando decenas de kilómetros cuadrados, más el espacio del cableado submarino para transportar la energía a tierra. Casi todas las flotas de Galicia y del Cantábrico se unen en un no rotundo a los aerogeneradores en caladeros de pesca y, también, sin valorar antes otros impactos sobre el medio.

Más de una veintena de cofradías, organizaciones de productores y asociaciones de armadores de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco lanzaron ayer desde Burela un manifiesto en defensa de los 4.300 barcos, 12.000 tripulantes y 48.000 empleos indirectos que ven en peligro por esos molinos, «incompatibles» con su actividad como proveedores de alimentos, con la biodiversidad y con la sociedad.



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