Según un estudio realizado por Deloitte y hecho público por la flota
atunera europea, las grandes empresas suministradoras de atún en lata a las grandes superficies europeas son especialmente laxas con la vigilancia y persecución de la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores en toda la cadena de producción y no contemplan, a lo largo de sus
procesos, mecanismo alguno para identificar las prácticas, cada vez mayores, de esclavitud moderna a bordo de los buques atuneros, especialmente en las flotas asiáticas. De hecho, y según el estudio, sólo el 50% de estas compañías de suministro disponen de procesos de actuación en materia de derechos humanos.
El estudio, que ha analizado a 35 grandes grupos comercializadores de este producto a lo largo de toda su cadena de valor, pone de manifiesto que, en el caso de la esclavitud, tan sólo el 11% dispone de políticas internas y de procedimientos de monitorización para detectar el riesgo de estas prácticas, y sólo el 17% integra en sus procesos mecanismos de reclamación para sus
trabajadores. Es especialmente llamativo el hecho de que sólo uno de estos grandes grupos ha establecido prohibiciones explícitas al esclavismo en su cadena de suministro.
Contradicción con la actitud de consumidores y grandes superficies
El estudio de Deloitte advierte de que esta actitud de los suministradores es opuesta a las tendencias de las grandes superficies de distribución hacia políticas de comercialización de productos sostenibles. Aunque en el caso de los productos pesqueros, los grandes distribuidores se enfocan más en la sostenibilidad medioambiental y biológica que en la que afecta a los derechos humanos y las condiciones laborales de los trabajadores.
Ello explicaría que grandes cadenas como Leclerc, Aldi o Eroski certifiquen con el sello MSC la sostenibilidad de sus productos pesqueros pero que, sin embargo, haya un buque de pesca de atún tropical de Taiwán, que ha perdido este sello debido a que está bajo investigación tras la muerte de un observador a bordo por razones desconocidas. A este respecto, cabe señalar que los observadores son los responsables de la verificación del cumplimiento de la normativa que regula la actividad pesquera y, según la Asociación Profesional de Observadores, en los últimos cinco años, nueve de estos profesionales han muerto a bordo.
Los clientes de Lidl, los más preocupados por los derechos humanos
A la hora de analizar la actitud de los consumidores sobre este particular, el estudio de Deloitte, basado en las respuestas de 11.000 clientes de grandes superficies europeas, apunta que, en caso de nuestro país, el 76% de los consumidores han modificado sus criterios de compra de productos pesqueros hacia aquellos sostenibles ambiental y socialmente. En el caso de las latas de atún y preguntados sobre qué factores son los más relevantes para definir esa sostenibilidad, los clientes de Lidl son los que más valoran la protección de los derechos humanos y las condiciones de trabajo frente a los de otras cadenas de distribución.
De hecho, en una escala del 1 al 5, la media de los consumidores españoles sitúa este factor como el cuarto, con 2,8 puntos, y por detrás del respeto a los recursos marinos (3,6), al impacto medioambiental (3,2) y a la legalidad de la práctica pesquera (2,9). Sin embargo, los clientes de Lidl sitúan los derechos humanos como tercer elemento más relevante, con una valoración de 3,1 y a escasa distancia de los factores de respeto a los recursos marinos y al medio ambiente, ambos con 3,5 puntos.
Según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, “las flotas europeas de atún tropical venimos denunciando desde hace tiempo que esta pesquería es una de las más castigadas por la violación sistemática de los derechos humanos y las prácticas de esclavitud a bordo. Pero esta realidad, lejos de ser algo puntual, parece que tiende a convertirse en una lacra que puede estar afectando a miles de marineros y sin que el consumidor europeo sea consciente, más aún si tenemos en cuenta el último censo de pesqueros chinos operando por todo el mundo que asciende a 17.000 buques”. “La sensibilidad del consumidor por la sostenibilidad medioambiental parece estar ganando terreno –añade Morón–, pero creo que ha llegado el momento de que la Unión Europea plante cara al problema humanitario en la pesca de una vez por todas. No podemos seguir importando pescado, además con arancel cero, de empresas y barcos que desprecian la vida humana. Los consumidores ya están empezando a detectar esta situación y comienzan a rechazarla, y la flota atunera europea se pregunta a qué están esperando los políticos europeos para hacer lo mismo”.
