El gobierno de la provincia de Santa Cruz de Argentina firmó una Carta de Intención, durante una gira por China del gobernador Claudio Vidal, para dar asistencia, desde los
puertos provinciales argentinos, a cientos de buques chinos que pescan en la milla 201, al
borde la Zona Económica Exclusiva de la Argentina. Esto generó el rechazo del sector pesquero argentino.
El gobernador de esa provincia, Claudio Vidal, dijo que creía que este era el momento de negociar con los buques chinos y lo habría hecho el pasado 18 de octubre, con una de las empresas más importantes del Estado chino, la Hong Dong Fisheries Co. -reveló Informe Marítimo- que contaría con casi 200 buques y, según el informe del Círculo de Políticas Ambientales, tendría “frondosos antecedentes de pesca ilegal; además, que se trataría de una subsidiaria de la fábrica de armas del Ejército Chino Poly Group Corp”. Cuestión, que no asombra, porque gran parte de la flota que pesca a distancia cumple estos objetivos más allá de la pesca. Esta declaración motivó el unánime rechazo del ambiente pesquero y por parte de expertos que venimos siguiendo el comportamiento de la flota china.
El medio Infobae entrevisto a César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca; Ex Secretario de Estado y Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana que afirma que «Si estos buques están allá, haciendo uso de nuestros recursos, ¿por qué no regulamos y negociamos con ellos y generamos fuentes de trabajo para los argentinos? Malvinas y Montevideo lo hacen, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros?”, planteó.
Es necesario -dijo- “llevar adelante una amplia gama de servicios logísticos, mejorar los cinco puertos y el abastecimiento en tierra y alta mar y, agregar valor en plantas en tierra”. Y la Coordinadora Portuaria de Santa Cruz, Selsa Hernández completó: “Que vengan los barcos que operan sobre la milla 201 significará trabajo y reactivación de la economía. Queremos que nuestros puertos trabajen respetando las leyes argentinas”.
En esta dirección Lerena afirma que: «¿Hablan de apropiación china de nuestros recursos, lo vinculan a la pesca ilegal no deseada en Montevideo y Malvinas y refieren a respetar la Ley argentina que los buques violan? Por cierto, con esta apertura, le será improbable a Hernández certificar y dar seguridad a los puertos».
China tiene operando en el mar unos 2.500 buques pesqueros; sólo en el Atlántico
Suroccidental pescan sin control unos 300 (270 poteros y 30 arrastreros), mientras que el total de la flota nacional alcanza a las 520 embarcaciones que son relativamente controladas. «El descontrol será total y, claro está, la Nación y mucho menos la Provincia de Santa Cruz tiene capacidad política, económica, técnica y de seguridad para llevar adelante una operatoria de semejante naturaleza. La intención de favorecer las operaciones de estos buques que depredan los recursos pesqueros -dice Lerena-, de Argentina no es nueva; ya fue promovida fallidamente durante los años 2021 a 2023 por las provincias de Chubut y Tierra del Fuego, como oportunamente denunciamos y, frente a ello, la moneda de cambio que se anuncia en todos los casos, es económicamente insignificante, ya que la pesca ilegal china, taiwanesa, coreana y española se ha llevado en los últimos 50 años la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, con los que se podrían haber ampliado, renovado y modernizado todos los puertos del país y producido un fenomenal desarrollo poblacional y generación industrial y laboral en la Patagonia sin precedentes».
Pero más grave aún -si se pudiese ponderar- sería el atractivo que esta medida, -expresa Lerena-, provocaría para miles de buques, al apoyar la Argentina la captura ilegal en la región, con buques depredadores, subsidiados, con regímenes de trabajo esclavo; con el consecuente agotamiento de los recursos, no solo de alta mar sino de la ZEE Argentina; el descrédito internacional y la pérdida irreversible de la administración del Atlántico Suroccidental y la consecuente declinación de la soberanía nacional en su territorio marítimo, antártico y bioceánico»·, apunta Lerena.
Impacto sobre la flota
Lerena también se refiere al impacto sobre la flota local del aprovechamiento de los puertos. «Cederle los puertos a China agrega un evidente desconocimiento de la operatividad a distancia que realiza esta flota. A los chinos solo les interesa facilitar los transbordos y la reparación de sus buques y no agregarán ningún costo en Argentina (¿cómo se consideraría el origen de las capturas?).
En los hechos, la administración de los puertos quedará en manos del Estado chino y, en este sentido el especialista Milko Schartzman afirmó: «No existen ejemplos de países en donde se haya instalado la industria pesquera china o donde se les haya brindado apoyo portuario, en los que la industria pesquera local prospere. En la última década, Uruguay perdió la mitad de su industria pesquera, mientras Montevideo brinda apoyo logístico
a las flotas de pesca ilegal mayormente chinas…».
China ha dicho (2022) que estabilizará «la producción de calamares y túnidos en 2,25 millones de toneladas (un 281% más de desembarque total argentino) demostrando su magnitud y la intención hegemónica de «participar profundamente en la gobernanza mundial de los océanos…construir bases de pesca en aguas distantes…el comercio de calamar oceánico sea más grande y más fuerte» (Li Dong, 14/2/2022; Inf. del Ministerio de
Agricultura, SeafoodMedia Group 20/2/23). En este escenario, nadie, en su sano juicio, podría facilitar las operaciones chinas en el Atlántico Sur, sin resolver previamente la administración en alta mar».
En cuanto a la legalidad, Lerena dice que «el gobierno de Santa Cruz no tiene facultades para llevar adelante esta iniciativa de abrir los puertos a los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar. Esta decisión -a nuestro juicio- atenta contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria, social y la seguridad y defensa nacional, siendo inconstitucional porque requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de la ley de Pesca, de la ley de actividades portuarias y su aplicación dañaría el medio ambiente violando la Ley General del Ambiente al promover facilidades a quienes pescan ilegalmente afectando el ecosistema».
Por otra parte, este tema, para Lerena, «debiera provocar una revisión de las cuotas y autorizaciones que el Consejo Federal Pesquero otorga a buques de Empresas del Estado Chino en Argentina; por cuanto resulta un absurdo que mientras se les otorga habilitaciones, hay otros buques de ese mismo Estado pescando ilegalmente los recursos migratorios en alta mar. Por ejemplo, analizar que el 68% de los buques que integran la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) cuyos buques capturaron más del 90% del total argentino (en 2022) son embarcaciones de empresas asiáticas, mayoritariamente chinas».
