El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto el deterioro y la ineficacia en la gestión de los cursos de formación del Instituto Social de la Marina (ISM), entidad gestora de la Seguridad Social, desde que esta actividad formativa empezó a externalizarse. En su Informe de fiscalización operativa sobre la formación profesional del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018, el organismo destaca cómo cada vez que el ISM ha cambiado la fórmula de impartir los cursos se ha producido un incremento del coste. Desde el 2012, el sistema de formación del ISM evolucionó desde la contratación directa, a través de convocatorias de expertos docentes, a externalizar esta actividad, primero con encomiendas de gestión (entre el 2013 y el 2015) y después de forma en exclusiva con la empresa Tragsatec. A partir del 2019 se realizó con acuerdos marco con una empresa privada.
El Tribunal de Cuentas calcula que contratar directamente expertos docentes rebajaría a la mitad el coste para el ISM. Incluso el sistema de encomiendas y encargos era más barato (un 45 % menos). Por eso plantea la conveniencia de crear una bolsa de trabajadores para impartir cursos en sus centros. que, además, recuerda el tribunal, «fueron obligados por sentencia judicial a incorporar a 16 profesores como personal indefinido en su plantilla». Sin embargos, estos «pasaron a impartir horas de docencia de manera residual, solo cuando la empresa adjudicataria no contaba con ningún docente».
De esta manera, revela el organismo, existieron «recursos infrautilizados, incumpliendo el ISM los principios de buena gestión y la obligación de la ejecución de sentencia, que imponía la realización de funciones de docencia por parte del personal incorporado».
En su fiscalización, el Tribunal revela un descenso de cursos impartidos, un aumento de cursos cancelados y una caída de alumnos que finalizaron los cursos. Todo ello habiendo atendido solo el 18% de las solicitudes de alumnos para acceder a cursos de formación profesional marítimo y sanitario ofertados por el ISM, menos de dos de cada diez personas interesadas. Y todo eso a pesar de que contar con un título de formación de los que expide esa institución es requisito imprescindible y obligatorio para poder embarcarse, para obtener un empleo y para afiliarse al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar de la Seguridad Social.
El órgano fiscalizador hace ver en su informe que un 15 % de los cursos que estaba previsto impartir fueron cancelados. Pues bien, atribuye la mayor parte de esas anulaciones a deficiencias de gestión de Tragsatec, dado que no incluía en las encomiendas o encargos posibles indemnizaciones por los perjuicios económicos más que los que pudieran reclamar los alumnos, cuando incluir cláusulas compensatorias podría, a juicio del tribunal, haber desincentivado las cancelaciones.
Falta de datos en las facturas y elevados pagos
Otra de las prácticas que reprocha a Tragsatec es la falta de información sobre lo que encargaba a las empresas que subcontrataba para impartir la formación, de esta forma «el ISM ni siquiera podía conocer el coste efectivo facturado por estas compañías». Las facturas también dejaban que desear. No identificaban de forma clara importes por conceptos y en el desglose que hacía atribuía un 38 % de subcontratación, aunque esta «era menor al incluirse todos los conceptos subcontratados» .
El órgano fiscalizador también sostiene que, como consecuencia de esta externalización a terceros, el ISM abonó un exceso de importe de 177.409 euros, incluidos gastos de inspección de cursos impartidos por Tragsatec, lo cual supone a juicio de esta entidad «una ausencia de segregación de funciones entre la materialización de los cursos y su control».
Profesores no cualificados
En cuanto a los controles de los cursos de formación, el Tribunal señala una posible «ineficiencia de recursos públicos, por dedicar diversos recursos orientados al mismo resultado, sin comunicación ni colaboración. Asimismo, revela deficiencias relacionadas con la adecuada cualificación profesional y experiencia docente, algo detectado en las inspecciones realizadas por el propio personal del ISM y de la Dirección General de la Marina Mercante, algo que ha llegado causar la cancelación de cursos. En todas las ocasiones, el profesorado había sido aportado por empresas externas.
Por otro lado, tampoco existen planes de seguimiento ni verificación de subsanación de incidencias detectadas en la inspección, ni tampoco un procedimiento sancionador para tipificar infracciones en relación de las inspecciones a centros privados homologados para la formación.
El informe también denuncia un aprovechamiento ineficaz de recursos europeos a través del Fondo Social Europeo, al no poder alcanzar el importe total de la ayuda concedida tras quedarse los cursos de 2015 fuera de la financiación por el retraso a la hora de formalizarse el acuerdo de atribución de funciones en el Programa Operativo Empleo, Formación y Educación. También para el período 2014-2020 el ISM sustituyó la certificación de gastos atendiendo al criterio del gasto real por la aplicación del baremo estándar de coste unitario, detectándose deficiencias.
Ambas circunstancias, alerta el tribunal, provocaron una infrautilización de estos recursos y generan un riesgo de perder ayudas para el siguiente período por parte de la Comisión Europea.
