La Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, se ha incautado de un total 9.007 kilos de boquerones en un operativo desarrollado en Punta Umbría (Huelva). Inspección Pesquera lo cataloga como uno de los mayores decomisos realizados en los últimos años en Andalucía.
Los agentes detectaron un tráiler en zona de carga y descarga de una empresa mayoristas de pescados de la localidad de Punta Umbría, el cual transportaba cerca de 21.000 kilos de boquerones congelados, procedentes aparentemente de dos empresas de la localidad de Lepe.
El Plan Anual de Inspección Pesquera 2020 tiene entre sus prioridades el control de la comercialización en origen de los productos pesqueros. Una vez inspeccionada la carga del vehículo, se detectaron entre los 24 palés de boquerones congelados que transportaba, 10 que carecían de trazabilidad alguna que acreditase el origen del pescado. Solo se encontró la documentación acreditativa de las dos empresas de Lepe.
Así, la Inspección Pesquera procedió al levantamiento de las actas correspondientes, tanto a las dos empresas que pretendían comercializar las nueve toneladas de boquerones, como a la empresa de transporte, proponiéndolas para sanción.
El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, ha advertido que «los incumplimientos de la normativa traen consigo la esquilmación del caladero y supone, por tanto, no sólo un riesgo para la salud pública, ya de por sí muy grave, sino también una amenaza muy seria para la sostenibilidad de una actividad profesional de la que dependen en Huelva cientos de familias».
Álvaro Burgos ha añadido: «por otra parte se causa un incalculable perjuicio ambiental porque no se tienen en cuenta las cuotas de capturas asignadas a esta especie por Europa para garantizar la explotación sostenible de los recursos pesqueros».
Estos objetivos explican la obligatoriedad de realizar la primera venta en una lonja o establecimiento autorizado, para llevar a cabo así en un recinto físico los controles reglamentarios conformes a las normativas comunitaria, estatal y autonómica en materia de protección de los recursos pesqueros, tales como tallas mínimas, las épocas de veda o especies prohibidas, entre otras.
Asimismo, se busca verificar el cumplimiento de las normas comerciales referidas a categorías de calibrado y etiquetado de los productos pesqueros, practicar el control sanitario de los productos pesqueros y efectuar el control de los datos de producción y de primera venta, garantizando así la trazabilidad y la seguridad alimentaria mediante el control sanitario de los productos.
En este sentido, el delegado territorial ha declarado que «el control de las obligaciones de la comercialización en origen, primer eslabón de la cadena, es imprescindible para una correcta trazabilidad de los productos pesqueros, dando garantías de su procedencia al consumidor final».
La Junta de Andalucía destinará este alto volumen de pescado incautado a la Red del Banco de Alimentos de Andalucía, previa certificación veterinaria que garantice su seguridad para el consumo
