Mientras la Generalitat de Catalunya prohíbe extraer coral en una parte de la Costa Brava, la Administración central permite su explotación en otra zona cercana. Es lo que está pasando. Y el resultado es que el coral rojo que aún queda en la Costa Brava está más cerca de su completa extinción. Lo dicen diversas organizaciones conservacionistas, que ven “incomprensible” una decisión de la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Los responsables ministeriales, saltándose los dictámenes científicos, han concedido 12 licencias para extraer coral en el tramo entre Arenys de Mar y Begur, en aguas exteriores bajo jurisdicción de la Administración central. Esto choca con la decisión de la Generalitat, que estableció en noviembre el 2017 una prohibición para extraer coral durante 10 años en aguas interiores (desde el cabo de Begur hasta la frontera con Francia), para preservar estos hábitats en regresión.
Las licencias otorgadas por el Ministerio han sido un jarro de agua fría para el director general de Pesca en funciones, Sergi Tudela, ya que esperaba que la moratoria a la extracción de coral fijada en aguas interiores se aplicaría a todas las aguas exteriores de competencia estatal. Pero no ha sido así.
La medida choca con la prohibición hasta el 2027 decretada por la Generalitat para las aguas interiores
Todo esto podría ocasionar , según los expertos, el expolio de los últimos reductos de coral en esta parte de la Costa Brava: Tossa de Mar, Lloret, Sant Feliu de Guíxols, islas Formigues. “Nos parece una decisión desafortunada. Ésta es una zona muy valiosa. Sería lamentable que se pudiera extraer el coral que queda”, dice Tudela.
Científicos del CSIC elaboraron el año pasado un informe en que confirmaron la degradación de las colonias de coral rojo en Catalunya: el 90% de estos ecosistemas presentaba un estado de conservación deficiente. Su conclusión fue clara. La única solución para preservar el coral rojo era parar las extracciones.
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Con este fin, la Generalitat estableció una moratoria (veda) hasta el año 2027 y suspendió las licencias que se venían dando en aguas interiores (bajo su jurisdicción): áreas delimitadas por la línea que va de cabo a cabo en la costa. El veto abarcaba desde el Cap de Begur hasta el Cap de Creus –franja Empordà/Bahía de Roses–, y también desde el Cap de Creus hasta la frontera francesa.
