Bruselas ha convocado una reunión con el sector pesquero para aplacar las críticas al veto a la pesca de fondo. Los responsables de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), Europêche y Cepesca Iván López, Daniel Voces y Javier Garat asistirán a la reunión junto a patronales pesqueras de países europeos. El veto de Bruselas a las artes de fondo en 87 caladeros de países como Francia, Irlanda, Portugal y España afectará a más de 7.000 buques europeos
Bruselas acoge un cara a cara entre el sector pesquero europeo y el comisario de Pesca Virginijus Sinkevicius. Sobre la mesa el reglamento de aplicación que veta a la pesca de fondo en 87 zonas pesqueras de España, Portugal, Francia e Irlanda que entró en vigor el pasado 9 de octubre. Lo que afectaría estiman en la flota pesquera a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos. La representación del sector estará encabezada por el director general de la patronal europea Europêche, Daniel Voces, el de la española Cespesca, Javier Garat, junto al máximo responsable de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés) y el presidente de la Asociación Europea de Organizaciones Productores Pesqueras (EAPO, en inglés) y patronales de países como Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda y Polonia.
De esta forma, el sector pesquero tendrá la oportunidad de mostrar al comisario su desacuerdo con aspectos técnicos y de procedimiento alrededor de la medida como el uso de informes científicos con información no actualizada, la falta de consulta al sector y la inclusión, no esperada por la flota, de artes de pesca menos lesivas para los ecosistemas marinos como el palangre de fondo. Todo lo anterior, ha llevado este lunes a la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP Burela) junto a 16 barcos palangreros de fondo a anunciar la presentación de su propio recurso ante los tribunales europeos.
Contra los argumentos de la Comisión
En este sentido, las organizaciones que agrupan a las principales flotas comunitarias, replicarán los argumentos que España esgrimirá en el recurso contra la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) . Para ello, tendrá de plazo hasta el próximo 16 de noviembre.
Otra mes marcado en rojo en el calendario es el de diciembre, cuando se publique el informe científico actualizado dando lugar a la revisión de esta medida que no sería efectiva hasta 2023. De cualquier modo, fuentes del Ministerio de Luis Planas, descartan que se apruebe algún tipo de régimen de ayudas a los afectados.
Informe científica
Al respecto, el presidente de EBFA Iván López, ha recordado que en el sector nadie cuestiona la necesidad de proteger los ecosistemas marinos vulnerables pero ha exigido que cualquier decisión se base «en la mejor información científica disponible y contar igualmente, tal y como exige la Política Pesquera Común (PCC), con un informe de impacto socioeconómico«. En esta línea, ha lamentado que la medida suponga el cierre de caladeros de más de 16.000 kilómetros cuadrados y que esto impacte »no solo sobre a las embarcaciones que practican el arrastre en profundidades de entre 400 y 800 metros, sino también y, muy especialmente, a artes como el palangre de fondo que, en ningún caso, tiene un efecto negativo en los fondos marinos«.
Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estimaron la semana pasada que el mayor daño por el cierre se centra en 59 buques palangreros junto a algún barco que faena en la Bahía de Cádiz y, desde la Xunta de Galicia, hicieron hace unos días un primer cálculo de daños para la economía gallega: 812 millones de euros. Desde Cofradías alertaron de «mermas» en capturas durante los primeros días de la prohibición, especialmente en la flota gallega.
