Las relaciones entre la UE y Marruecos tienen una fecha grabada con fuego en el calendario: el 17 de julio. Ese día expira el acuerdo de pesca que ambos mantienen y que pende del fallo definitivo de la Justicia europea. Se espera que la sentencia de Luxemburgo llegue después de esa fecha de caducidad. Y la Comisión Europea trabaja ya en una vía alternativa. La eurodiputada Idoia Villanueva, de Unidas Podemos, denuncia que estas conversaciones están siendo opacas y no están teniendo en cuenta al Frente Polisario, a pesar de las históricas sentencias previas de la Justicia europea
El Tribunal General de la UE anuló en septiembre de 2021, en una histórica sentencia, los acuerdos comerciales de Bruselas con Rabat. El documento no dejaba margen a duda: los pactos, incluidos el de pesca, no eran válidos porque no habían contado con el beneplácito del Frente Nacional, el representante reconocido por Naciones Unidas del pueblo y la voluntad saharaui. El Consejo de la UE y el reino alauí unieron sus fuerzas para contratacar presentando un recurso de apelación que dejaba la situación en statu quo ante el fallo definitivo de la máxima instancia judicial europea, que todavía no cuenta con fecha fija pero que se espera para los próximos meses.
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Así, los 128 barcos europeos, 93 de ellos españoles, pueden continuar operando con plena normalidad. Pero hasta une fecha: el 17 de julio, día en el que expira el acuerdo actual vigente desde 2019. Por el mismo, los europeos depositan en las arcas marroquíes 50 millones de euros anuales. Llegados al plazo límite de julio, Rabat no cerraría sus aguas a la flota europea, pero dejaría de existir un marco jurídico para que Marruecos expida licencias de pesca a los buques de la UE.
Por ello, la Comisión Europea redobla los esfuerzos para evitar este escenario. «La Justicia europea ha sido clara: el Frente Polisario debe participar en las negociaciones sobre el acuerdo pesquero UE-Marruecos. Sin embargo, la Comisión Europea negocia a puerta cerrada con Marruecos y excluye al pueblo saharaui. Pedimos explicaciones y que se cumpla la ley», afirma Villanueva, que ha enviado una pregunta al respecto al Ejecutivo de Ursula von der Leyen.El 92% de las capturas se efectúan en aguas saharauis
Hace cuatro años, el Tribunal General de la UE invalidó los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos. Pero el pacto sigue vigente pendiente de la sentencia firme del Tribunal de Justicia de la UE, la máxima instancia judicial europea. Pero Bruselas maniobra ya para encontrar una vía alternativa que mantenga vigente un pacto mediante el cual el 92% de las capturas se efectúan en aguas saharauis. «La Comisión ha comenzado un trabajo exploratorio con el objetivo de comenzar a negociar un nuevo protocolo tan pronto como sea posible legalmente, en total respeto con el proceso en marcha del Tribunal de Justicia europeo», explica un portavoz comunitario.
Bajo Presidencia española
El fallo de Luxemburgo se espera con gran expectación. Todo apunta a que la decisiva sentencia llegará bajo la Presidencia española de la UE, que arranca el 1 de julio. La previsión es que reafirmará las sentencias previas respaldando las demandas del Frente Saharaui y dejando la relación tripartita Bruselas-Madrid-Rabat bajo gran presión. Con todo, España mantiene la esperanza de un revés de la corte al pueblo saharaui cuando se cumple un año del giro de postura copernicano del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.
«Esperamos que la sentencia sea favorable (…) Hemos defendido siempre, desde la Comisión Europea y el Consejo de Ministros, la legalidad del acuerdo», afirmó recientemente Luis Planas, ministro de Agricultura español, a su paso por Bruselas.
El peso del acuerdo de pesca es enorme en términos económicos y de vital importancia para la industria pesquera de países como España y Francia. Pero es todavía más importante su fortaleza política. Una negativa de la Justicia europea arrojaría mucha tensión a las turbulentas aguas de la relación Bruselas-Rabat. Durante el último año, la comisión del Parlamento Europeo que investiga la trama Pegasus ha certificado la injerencia del Gobierno marroquí en los asuntos internos de los Estados miembros espiando, presuntamente, desde los teléfonos móviles de Pedro Sánchez o Emmanuel Macron. En paralelo, el caso de corrupción CatarGate, el mayor escándalo de injerencia externa en la historia de la Eurocámara, pone a Rabat en la picota. Marruecos habría extendido sus tentáculos desde hace una década para manipular a eurodiputados y blanquear su imagen en la UE.
