La asociación ecologista BLOOM ha presentado dos recursos ante la Comisión Europea y la Dirección General de Asuntos Marítimos, Pesca y Acuicultura de Francia (DGAMPA), a raíz de las objeciones presentadas por estas dos instituciones contra la decisión adoptada el pasado mes de febrero por la IOTC de prohibir parcialmente los «dispositivos de concentración de peces» (DCP) -«un método de pesca altamente destructivo- durante parte del año».
Para los ecologistas, «estas objeciones inaceptables están en total contradicción con los principios de la Política Pesquera Común y sólo van a alimentar el resentimiento antieuropeo en la región, así como la desesperación de la sociedad civil, horrorizada por la determinación de la UE de actuar en contra del interés general en beneficio exclusivo de un puñado de industriales franceses y españoles. El 5 de febrero de 2023, los países ribereños lograron un verdadero tour de force, al obtener (por 16 votos contra 23) una primera prohibición anual de los DCP en el océano Índico. Esta prohibición temporal se aplica en todos los demás océanos como medida de conservación y como principio de precaución. Los DCP se consideran una grave amenaza para los ecosistemas marinos de todo el mundo. Incluso los representantes de la industria reconocen abiertamente que los DCP tienen un impacto catastrófico, como demuestra Adrien de Chomereau, Director General de Sapmer -una de las tres empresas francesas que se dedican a la pesca del atún tropical-, quien declaró que «el menor número posible de DCP es el camino de la virtud», según las declaraciones de Bloom.
Po otro lado afirman que «a pesar de esta decisión democrática adoptada por los miembros de la CAOI en febrero de 2023 -que representaba un primer paso muy concreto hacia la recuperación de las poblaciones de atún sobreexplotadas en el océano Índico y la protección de los frágiles ecosistemas marinos-, la Comisión Europea optó por alinearse con los intereses de un puñado de empresas atuneras francesas y españolas. Así, la institución abogó por una objeción a esta resolución esencial, utilizando una serie de argumentos falsos que ya habíamos refutado en un informe anterior.(2) El 11 de abril de 2023, la Comisión Europea presentó formalmente su objeción ante la secretaría de la CAOI,(3) y tres días más tarde, Francia -que se beneficia de un escaño adicional en la CAOI gracias a sus «Iles Éparses» (unas pequeñas islas deshabitadas en el Canal de Mozambique)- presentó una objeción similar.», señala Bloom
De este modo, la gran mayoría de los buques que utilizan estos dispositivos letales en el Océano Índico quedan ahora fuera del ámbito de aplicación de la resolución de la CAOI, ya que, según la gobernanza de la CAOI, las resoluciones no se aplican a los miembros objetores. Las Seychelles y Omán también han objetado, por lo que la resolución ahora sólo se aplica a cinco de los 47 buques de propiedad francesa y española que faenan en el Océano Índico(5). Si Mauricio cumpliera también su amenaza de objetar, sólo quedaría un buque afectado.
Ataques a la industria pesquera
Frente a la omnipotencia de los lobbies industriales y de sus intermediarios políticos en el seno de la Comisión Europea y del Consejo de la UE, la BLOOM recurre una vez más a la justicia, que se ha convertido casi en el único baluarte que les queda a las asociaciones ciudadanas y ecologistas contra los arbitrajes que ponen en peligro, uno tras otro, el equilibrio de la biosfera.
A través de los dos recursos presentados por Bloom, «pedimos a la Comisión Europea y a Francia(6) que reconsideren sus decisiones y retiren sus objeciones a la necesaria prohibición de los DCP 72 días al año».
«Al defender por todos los medios, incluidos métodos antidemocráticos, a un puñado de industriales dedicados a pesquerías altamente controvertidas y destructivas, la UE está jugando un peligroso juego en el Océano Índico y está alimentando un arraigado resentimiento antieuropeo cuyas ramificaciones irían mucho más allá de la simple cuestión de la pesca. Utilizar la ayuda al desarrollo como moneda de cambio para obtener la rebaja de las exigencias ecológicas de los países del Sur es, en particular, un acto devastador para la confianza Norte-Sur y deja pocas esperanzas a los pueblos de ambos lados de los continentes europeo y africano sobre la capacidad de los políticos para tomar las decisiones justas y valientes que se necesitan en un momento de colapso de la biodiversidad y del clima. Si las flotas industriales europeas se comportan con una brutalidad ecológica y neocolonial tan flagrante, ¿cómo podemos esperar que mejoren las prácticas de otras naciones pesqueras de aguas lejanas, como China, Corea, Rusia o Turquía?», señalan desde la ONG.
Finalmente, esta ONG expresa que «las recientes actuaciones de la UE y de Francia han echado por tierra el mito de la ejemplaridad de las flotas industriales que quiere instalar la Comisión Europea. Ahora contamos con que los procedimientos iniciados con este primer acto obliguen a la UE a comportarse de forma transparente y digna».