El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que respalda la autoridad de la Comisión Europea para imponer restricciones pesqueras en zonas marinas vulnerables, incluso si estas medidas afectan negativamente a los intereses del sector pesquero.

La decisión se produce en respuesta a una demanda presentada por la asociación alemana Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer e.V. (VDK), que cuestionaba la legalidad de las restricciones impuestas por la Comisión en determinadas áreas marinas protegidas.

Contexto de la Sentencia

La Comisión Europea, en su esfuerzo por proteger los ecosistemas marinos vulnerables, había establecido restricciones a ciertas actividades pesqueras en áreas específicas del Atlántico nororiental. Estas medidas fueron impugnadas por VDK, que argumentaba que las restricciones eran desproporcionadas y carecían de una base legal sólida.

Fundamentos de la Decisión

El TJUE, al analizar el caso, destacó que la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea tiene como objetivo garantizar que las actividades de pesca y acuicultura sean sostenibles a largo plazo desde el punto de vista ambiental, económico y social. En este sentido, el Tribunal subrayó que la PPC debe aplicar el principio de precaución en la gestión pesquera y procurar asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible.

Además, el Tribunal señaló que la PPC debe contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión en virtud de instrumentos como la Convención sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces. Estos instrumentos prevén obligaciones de conservación que incluyen la adopción de medidas destinadas a mantener o restablecer los recursos marinos en niveles sostenibles.

Implicaciones de la Sentencia

La sentencia del TJUE establece un precedente importante al confirmar que la Comisión Europea tiene la autoridad para adoptar medidas restrictivas en la pesca con el fin de proteger los ecosistemas marinos vulnerables, incluso si estas medidas afectan negativamente a ciertos sectores económicos. Esto refuerza la capacidad de la Unión Europea para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de conservación marina y sostenibilidad pesquera.

Asimismo, la decisión del Tribunal destaca la importancia de basar las políticas pesqueras en los mejores dictámenes científicos disponibles y de aplicar un enfoque ecosistémico en la gestión de la pesca, garantizando que las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino.

Reacciones del Sector Pesquero

La sentencia ha generado preocupación en el sector pesquero, que teme que este fallo pueda conducir a la implementación de restricciones más estrictas en el futuro, afectando la viabilidad económica de las comunidades pesqueras. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han acogido con satisfacción la decisión, considerándola un paso crucial hacia la protección efectiva de los ecosistemas marinos y la promoción de prácticas pesqueras sostenibles.

En resumen, la sentencia del TJUE reafirma la autoridad de la Comisión Europea para imponer restricciones pesqueras en zonas marinas vulnerables, subrayando la primacía de la conservación ambiental y la sostenibilidad en la política pesquera de la Unión Europea.

Tras más de dos meses de huelga indefinida, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha desconvocado la protesta de los inspectores de pesca marítima, tras alcanzar un acuerdo con la Administración considerado «histórico» por el sindicato. La huelga, iniciada el 3 de marzo de 2025, afectó a más de 170 inspectores en todo el país, incluyendo los servicios centrales en Madrid y diversos puertos costeros.

Principales puntos del acuerdo

El pacto alcanzado entre CCOO y los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Política Territorial incluye:

• Creación de la Escala de Inspectores de Pesca Marítima del Estado, formalizando el reconocimiento profesional del colectivo.
• Mejoras retributivas, que comprenden compensaciones por horarios especiales y una nueva productividad por objetivos, además de una productividad ordinaria de entre 220 y 270 euros.
• Recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, asegurando un salario acorde con las responsabilidades del puesto.
• Compromiso de estudiar coeficientes reductores, permitiendo la jubilación anticipada en reconocimiento de la dureza física de la labor.
• Reapertura de la negociación sobre la instrucción de horarios especiales, dotando a la inspección de herramientas eficaces para el desempeño de su trabajo.
• Propuesta de cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para adecuar las condiciones laborales a las funciones desempeñadas.
• Reparto proporcional de la productividad de los meses de abril y mayo entre todos los trabajadores, incluyendo a quienes han secundado la huelga.

CCOO ha destacado que este acuerdo no solo mejora las condiciones laborales, sino que también evidencia la importancia de la lucha sindical como motor de cambio. El sindicato se compromete a vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y ha dejado claro que, si fuera necesario, el colectivo está dispuesto a defender sus derechos con la misma determinación demostrada durante la huelga.

Posición de otros sindicatos

Aunque el acuerdo ha sido suscrito por otros sindicatos como UGT, CSIF y CIG, el sindicato vasco ELA, con una representación menor en el colectivo, aún no ha desconvocado la huelga y mantiene reservas sobre aspectos del acuerdo. La presidenta de la Asociación de Inspectores de Pesca (Apipes), Ludi Rueda, vinculada a ELA, ha declarado que este sindicato considera que hay aspectos «muy genéricos en los que aún hay que … . ELA ha expresado su intención de valorar su posición en los próximos días.

Impacto en el sector pesquero

La huelga tuvo un impacto significativo en el sector pesquero, especialmente en la campaña del atún rojo de las almadrabas en la provincia de Cádiz. La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha valorado positivamente la desconvocatoria que permite reanudar con normalidad la campaña de capturas. No obstante, la CEC ha lamentado que un conflicto entre empleados públicos y la Administración haya tenido un impacto tan directo en un sector productivo que no era parte del mismo, como es el de las almadrabas, con consecuencias para la actividad económica, el empleo y la reputación comercial de una tradición pesquera emblemática para la provincia.

Desde la Administración, los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación han valorado de forma muy positiva la vuelta a la normalidad,especialmente por el impacto que ha tenido el paro en sectores como el del atún.

En un clima de creciente presión regulatoria, representantes del sector pesquero europeo se dieron cita esta semana en Bruselas para defender una postura clara: la pesca de arrastre no es el problema, sino parte de la solución para una economía azul sostenible y autosuficiente. Durante el evento, organizado por Federpesca y otras entidades del sector, se presentaron datos oficiales que desmontan la narrativa dominante que estigmatiza esta práctica como insostenible y obsoleta.

Una técnica regulada, limitada y esencial

A menudo señalada como destructiva para los ecosistemas marinos, la pesca de arrastre se enfrenta a una creciente campaña que busca su prohibición total en Europa antes del año 2030. Sin embargo, las cifras presentadas en el evento cuentan una historia muy distinta.

Según datos de Federpesca, en el mar Mediterráneo el 64% de las zonas ya están cerradas a la pesca de arrastre. Además, en áreas marinas protegidas está completamente prohibida, y en las zonas permitidas solo se puede faenar durante menos de 170 días al año. “¿Qué otro sector productivo europeo opera durante menos de la mitad del año?”, se preguntó retóricamente Francesca Biondo, directora general de Federpesca.

Pese a estas restricciones, la pesca de arrastre genera el 25% de los desembarcos y el 30% del valor económico del sector pesquero de la Unión Europea. Si se incluye la pesca de arrastre pelágica, la cifra supera el 50% del total de capturas. Datos que evidencian la relevancia estratégica de esta técnica para garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía pesquera europea.

Entre sostenibilidad y competencia global

Uno de los argumentos más repetidos en Bruselas fue el riesgo de que prohibiciones ideológicas y generalizadas desemboquen en una mayor dependencia de las importaciones, muchas veces procedentes de países con estándares ambientales, laborales y sanitarios inferiores a los europeos.

“Eliminar una parte tan significativa de la producción nacional no resolverá los problemas medioambientales. Solo los desplazará a otros lugares con menor control y más impacto”, advirtió Biondo durante su intervención.

La responsable de Federpesca subrayó que la verdadera vía hacia una pesca sostenible debe basarse en normas inteligentes, guiadas por la ciencia, la trazabilidad, la innovación tecnológica y la colaboración con los propios pescadores, en lugar de políticas punitivas que ignoran la evolución del sector.

Compromiso ambiental desde el mar

Otro punto destacado durante el foro fue el compromiso silencioso pero constante de los pescadores con la protección del entorno marino. En muchas localidades italianas, por ejemplo, los marineros recogen a diario los residuos plásticos atrapados en las redes y los llevan de vuelta a tierra firme. Una práctica que ha sido incluso reconocida públicamente por el Papa Francisco, en agradecimiento por su contribución activa a la limpieza de los mares.

Hacia un nuevo marco regulatorio europeo

El evento en Bruselas sirvió también como plataforma para pedir a las instituciones europeas un cambio de enfoque. El mensaje fue claro: la sostenibilidad no puede construirse a costa de la competitividad y la viabilidad económica del sector pesquero tradicional.

El llamado es a construir un marco regulatorio que reconozca el valor social, económico y medioambiental de la pesca de arrastre cuando se realiza con responsabilidad, y que brinde a los pescadores europeos las condiciones necesarias para seguir innovando, cumpliendo con los estándares más altos del mundo y garantizando el abastecimiento local de pescado fresco y seguro.

La flota española de pesca de atún da un nuevo paso hacia la sostenibilidad con la adopción de tecnologías pioneras para la liberación segura de especies marinas vulnerables, como tiburones y rayas. El desarrollo de estas herramientas, fruto de la colaboración entre el centro tecnológico AZTI y las asociaciones ANABAC y OPAGAC, marca un antes y un después en las prácticas de pesca a nivel global.

Tecnología para proteger la biodiversidad

El proyecto, recientemente publicado en la prestigiosa ICES Journal of Marine Science y seleccionado como “Editor’s Choice”, ha demostrado la efectividad de los nuevos Bycatch Release Devices (BRDs) en la pesca con redes de cerco. Estos dispositivos incluyen rampas de liberación, camillas, sistemas de velcro, toboganes, tolvas y rejillas especiales para especies como las rayas mobulidas.

Su objetivo es claro: facilitar una liberación rápida, segura y con el menor contacto posible de los animales atrapados accidentalmente —conocidos como bycatch—, mejorando así su tasa de supervivencia.

“Una liberación rápida es esencial para la supervivencia de especies vulnerables, pero trabajar con grandes tiburones o rayas puede ser complejo y peligroso”, explica Jefferson Murua, investigador principal del estudio. “Por eso involucramos a los pescadores desde el diseño mismo de las herramientas”.

Un modelo de pesca responsable

Estas innovaciones se enmarcan dentro del Código de Buenas Prácticas, adoptado voluntariamente por la flota atunera española en 2012. Este conjunto de normas, reconocido internacionalmente, incluye otras medidas avanzadas como el uso de dispositivos de concentración de peces (FAD) no enmallantes, formación continua a bordo, observadores físicos o electrónicos en el 100% de los buques, y protocolos específicos para la manipulación y liberación de fauna marina.

Con el apoyo científico de AZTI, la industria ha ido integrando progresivamente prácticas más selectivas y de bajo impacto, consolidando a España como un referente en sostenibilidad pesquera.

Hacia una adopción internacional

La experiencia española ya está influyendo en el ámbito regulatorio global. Varias Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) han comenzado a recomendar oficialmente el uso de los BRDs, lo que podría abrir la puerta a una adopción más amplia por parte de otras flotas atuneras del mundo.

El proyecto ha contado con financiación del Gobierno Vasco, la Unión Europea (Next Generation EU y EMFAF), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, y la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), lo que demuestra su relevancia estratégica en la transición hacia una economía azul más respetuosa con el medio marino.

Una solución replicable y necesaria

El manejo responsable del bycatch representa uno de los principales desafíos de la pesca tropical del atún. Gracias a esta iniciativa, la flota española no solo cumple con los estándares legales, sino que redefine lo que significa operar de forma ética y ambientalmente responsable en alta mar.

La combinación de innovación tecnológica, participación directa del sector y respaldo científico ofrece un modelo replicable a escala global, en un momento en que la sostenibilidad no es solo una opción, sino una necesidad urgente.