OPPAO denuncia una veda “desproporcionada” y alerta de su impacto social y alimentario en plena dependencia de importaciones

Los dos arrastreros en pareja Kaxu y Kaxarra, de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO), han tenido que amarrar en puerto para cumplir con el cierre temporal de la pesca en el golfo de Bizkaia que se prolongará hasta el 20 de febrero. La medida, impulsada por la Comisión Europea, afecta a los buques de más de ocho metros y pretende reducir las capturas accidentales de delfines comunes y otros pequeños cetáceos, especies estrictamente protegidas por la normativa comunitaria.

El director gerente de OPPAO, Mikel Ortiz, enmarca el parón en una preocupación compartida —la protección del ecosistema—, pero cuestiona el equilibrio de la decisión. “Somos pescadores y, por tanto, los primeros interesados en cuidar del mar y todo su ecosistema, porque queremos seguir pescando en el futuro”, subraya. Desde la organización recuerdan que el objetivo ambiental es legítimo, aunque creen que el enfoque aplicado vuelve a cargar el coste sobre una flota que, aseguran, ya opera bajo un endurecimiento constante de controles y restricciones.

La Comisión defiende que el cierre invernal se aplica por tercer año consecutivo, a petición conjunta de varios Estados miembros —entre ellos España— y que responde a un periodo identificado por la ciencia como de alto riesgo de capturas accidentales. Bruselas sostiene además que, según un informe reciente del observatorio francés PELAGIS, la mortalidad por capturas incidentales en 2025 habría sido sensiblemente menor que la estimada antes de los cierres (2017-2023). En paralelo, la medida se acompaña de obligaciones técnicas y de seguimiento, como el uso de dispositivos acústicos disuasorios en determinadas artes y un refuerzo de la monitorización con observadores y cámaras.

Ortiz, sin embargo, pone el foco en la dimensión social y económica: “El delfín no es una especie en riesgo de extinción en el Atlántico Norte… pero el oficio de nuestros pescadores sí está en claro riesgo de desaparecer”, afirma. A su juicio, el cierre evidencia una “descompensación” en la Política Pesquera Común: “Proteger al delfín, sí; pero ¿quién protege al pescador?”. La OPPAO enlaza el debate con la dependencia alimentaria: recuerda que la Unión Europea importa una parte mayoritaria del pescado que consume, una tendencia que distintas fuentes sitúan en torno a dos tercios —o más— del abastecimiento.

En ese contexto, el responsable de OPPAO denuncia lo que considera una competencia en desigualdad de condiciones: el pescado de terceros países, sostiene, no siempre está sometido a los mismos estándares pesqueros, sanitarios y laborales que la flota comunitaria, lo que presiona los precios en el mercado. Y añade una idea que se repite en el sector: que la flota europea vive bajo una presunción de culpabilidad, con “inspecciones y controles diarios”, recortes de cuotas, cierres de zonas y nuevas exigencias tecnológicas.

La organización cifra el impacto del amarre en términos concretos para su operativa: asegura que el parón de cuatro semanas supondrá dejar de aportar 125.000 kilos de merluza, con un efecto económico de 500.000 euros, y advierte de la repercusión en 30 trabajadores durante el mes sin actividad, frente a una compensación que considera insuficiente. Estos cálculos forman parte de la argumentación de OPPAO y alimentan su conclusión: que el cierre es “desproporcionado” y que, tal y como se aplica, tensiona los tres ejes que la propia política europea dice perseguir —sostenibilidad ambiental, social y económica—.

Bruselas, por su parte, reconoce el impacto y estima que alrededor de 300 buques de la UE pueden verse afectados, señalando que existen vías de compensación a través del FEMPA/EMFAF y ayudas estatales, precisamente para “proteger los medios de vida” mientras se avanza en soluciones duraderas. Entre la urgencia ecológica y la supervivencia del oficio, el golfo de Bizkaia vuelve a entrar en un mes decisivo en el que el mar se queda sin parte de su flota… y el debate, sin cerrar.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación culmina el pago a flotas de cerco y artes menores, con cofinanciación del FEMPA

El Gobierno de Cantabria ha abonado la totalidad de las ayudas destinadas a compensar la paralización temporal de la actividad en la pesquería del jurel para el sector con puerto base en la comunidad. El importe total asciende a 111.243 euros y la convocatoria ha beneficiado a seis armadores y 45 tripulantes, pertenecientes a la flota de cerco y artes menores, según ha informado la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La medida se enmarca en las líneas de apoyo vinculadas a las paradas biológicas, un instrumento que busca equilibrar la actividad económica con la conservación de los recursos. El Ejecutivo cántabro subraya que el objetivo de estas ayudas es garantizar la competitividad de la flota, asegurar la viabilidad de los operadores y contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, en un contexto en el que las restricciones temporales pueden impactar de forma directa en las economías de los barcos y en el empleo asociado.

Estas compensaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), lo que sitúa la actuación dentro del marco comunitario de apoyo a la sostenibilidad y al mantenimiento del tejido productivo pesquero. En la práctica, el sistema pretende que las embarcaciones afectadas por la parada puedan asumir el paréntesis de actividad sin que se traduzca en un golpe irreversible a su cuenta de resultados y a los salarios de las tripulaciones.

Con el pago completado, el sector dispone ya del respaldo económico previsto para una interrupción temporal que, más allá del efecto inmediato, apunta a sostener a medio plazo un recurso clave y una actividad estratégica en el litoral cántabro.

M. Máximo Díaz 

Secretario Cofradía de Pescadores de Celeiro

En fechas recientes se escribió mucho, a nivel nacional,  en los medios de comunicación (prensa, radio, tv, redes sociales…), sobre la problemática de la pesca costera y de bajura; y sinceramente no es para menos porque España con 7.500 km de costa y 12.000 barcos artesanales tiene argumentos suficientes como para alzar la voz, y  manifestar sus inquietudes y su potencial pesquero de carácter primario. 

La reciente flexibilización anunciada por el Gobierno español (SGP_MAPA), en la aplicación del Reglamento de Control de la Unión Europea ha supuesto un alivio provisional para la pesca costera de bajura, tras un periodo de  incertidumbre y la movilización estatal del sector; pero que nadie se engañe “se ganó una batalla, pero no la guerra”. Sin embargo, esta medida debe entenderse como lo que realmente es: una victoria parcial y transitoria, no la resolución definitiva de un problema de fondo que sigue abierto y cuyo desenlace se decidirá en Bruselas. Así pues el riesgo existe, tal y como está la normativa del Reglamento constituye un peligro latente y silencioso, es real y total, no podemos volver a caer en la inacción, tenemos la urgencia de  luchar por modificar el Reglamento de Control, por adaptarlo y flexibilizarlo, sin renunciar al control, por ahí pasa la clave para la supervivencia del sector. 

El Reglamento persigue objetivos legítimos —trazabilidad, lucha contra la pesca ilegal y sostenibilidad de los recursos…— que la pesca costera de bajura comparte plenamente siempre que sea proporcional.  El conflicto surge en su aplicación rígida y homogénea, diseñada para flotas industriales y grandes buques, pero impuesta sin adaptación a una flota artesanal caracterizada por su pequeño tamaño, limitaciones técnicas, tripulaciones reducidas y una fuerte dependencia de un entorno marino imprevisible.

La pesca costera de bajura es una actividad esencial desde el punto de vista social, económico y territorial. Genera empleo, fija población en las zonas costeras y se apoya en artes selectivas y de bajo impacto ambiental. Someterla a una carga burocrática desproporcionada no refuerza el control, sino que incrementa la inseguridad jurídica, el riesgo laboral y el abandono de la actividad.

Por ello, la flexibilización lograda debe ser el punto de partida para una acción política decidida. España debe liderar la defensa en Bruselas contra un reglamento que ignora nuestra realidad, como quedó de manifiesto recientemente con la movilización de protesta a nivel nacional. Solo con normas adaptadas a la realidad del mar y de quienes lo trabajan será posible garantizar el control sin poner en riesgo la viabilidad, la seguridad y el futuro de un sector clave para nuestras costas. Es el momento de pedir voz en Bruselas porque el futuro de la pesca costera de bajura y artesanal se debate ahora entre redes y reglamentos, y es evidente que quien no conoce el mar y sus flotas legisla desde tierra firme sin saber que el mar no es una oficina.  Legislar desde tierra pone en riesgo el presente y futuro de este segmento de flota, es una especie de asedio burocrático que pone en entredicho la subsistencia de este segmento de flota.  La medida de flexibilización propuesta por SGP (MAPA), a los representantes sectoriales debe ser el punto de partida para una revisión profunda y honesta del Reglamento de Control en lo que afecta a la flota de bajura. Ahora es cuando hay que exigir al Gobierno de España, y al conjunto de las fuerzas políticas, -que nos representan en Europa-, voluntad real para  una normativa más justa, proporcionada y adaptada a la realidad del sector. El sector necesita respaldo político total, seguridad jurídica y tiempo para adaptarse. Necesita que se le escuche no solo cuando protesta, sino cuando propone. Y necesita que se entienda que sin pesca de bajura no hay relevo generacional, no hay economía azul equilibrada ni hay vida en muchos de nuestros puertos.

El mensaje debe ser claro y firme: reforzar el Reglamento de Control no significa endurecerlo indiscriminadamente, sino hacerlo más inteligente y eficaz. Y eso pasa, necesariamente, por contemplar excepcionalidades, exenciones específicas, y soluciones técnicas adaptadas a la pesca de bajura. No se trata de debilitar el control, sino de evitar que una mala aplicación de la norma sea lesiva y dañina para los intereses de un colectivo que ya afronta suficientes desafíos.

Queda mucho trabajo por delante. La contienda continúa y exige constancia, unidad y determinación. Pero si algo ha demostrado esta primera batalla es que los intereses de la flota de bajura se pueden y se deben defender con firmeza. En Bruselas se decide el futuro, y allí no puede faltar la voz de quienes faenan cada día a pocas millas de la costa, sosteniendo una actividad esencial que merece normas justas y adaptadas a su realidad; Bruselas debe dejar de ser un muro inaccesible y escuchar al sector para no asediarlo de forma abrupta e innecesaria. España tiene ahora la responsabilidad y la oportunidad de liderar en la Unión Europea, -donde está el frente decisivo-, una reforma del Reglamento de Control que introduzca proporcionalidad, flexibilidad y un régimen diferenciado para la pesca costera de bajura y artesanal. El Gobierno español, como Estado miembro de la UE, tiene un rol clave en el Consejo de la UE y en las negociaciones trilaterales (Comisión, Parlamento y Consejo). Puede impulsar modificaciones al Reglamento (UE) 2023/2842 mediante posiciones conjuntas, enmiendas o derogaciones parciales, especialmente para la pesca de bajura artesanal.

Argumentario para modificar el Reglamento de Control 

A la hora de defender la pesca costera y de bajura disponemos de un argumentario sólido, integrando de forma clara y contundente las embarcaciones de pequeño porte y las dificultades propias del medio marino, para que pueda usarse tanto en documentos técnicos como en discurso político o reivindicativo en Bruselas. 

La normativa fue pensada en tierra firme, y no bien pensada y aplicada para el mar; el Reglamento introduce una lógica administrativa propia de entornos terrestres, estables y predecibles, trasladándola sin adaptación a un medio que es, por definición, incierto. Esto genera: incumplimientos involuntarios, sanciones desproporcionadas, e inseguridad jurídica permanente.  No se puede legislar el mar como si fuera un despacho, y menos aún cuando se trata de pesca artesanal.  

1. La normativa no se adapta a la realidad de la pesca de bajura

El nuevo Reglamento de Control (Reglamento UE 2023/2842) impone obligaciones de notificación y registro electrónico de capturas que no se ajustan al trabajo en embarcaciones pequeñas con un radio operativo y mareas cortas y sin tripulación técnica especializada. Esto representa una desconexión total entre la legislación y cómo se opera en la práctica en faenas costeras de menos de 24 h. Las organizaciones del sector denuncian que la normativa fue elaborada “desde despachos alejados del mar”, sin experiencia directa de las particularidades del trabajo artesanal, lo que resulta en reglas practicables sólo desde un punto de vista burocrático, no realista. Exceso de burocratización. 

Desde las instituciones pesqueras demandamos una mayor flexibilidad para estas pesquerías. Aunque el Reglamento pretende modernizar y armonizar el control pesquero en toda la UE, no respeta las características específicas de la pesca costera y artesanal, lo que podría traducirse en un trato desigual frente a flotas mayores o industriales. La pesca costera de bajura necesita un control proporcional y seguro, porque de lo contrario las normas pueden llevar a la paralización y/o desaparición de esta flota tradicional, alterando gravemente el tejido social y económico de numerosas comunidades costeras que dependen de esta actividad a lo largo del litoral gallego y estatal . 

 2. Amenaza a la viabilidad económica del sector que labora en un entorno inhóspito

El medio marino donde labora esta flota es un entorno inhóspito, cambiante y totalmente imprevisible. Un hábitat hostil por naturaleza donde influyen mareas, oleaje, balanceo, viento, corrientes, humedad, salinidad, corrosión…, y los cambios meteorológicos bruscos. Las obligaciones de declarar capturas desde el “kilogramo cero”, de preavisar llegada al puerto con varias horas de antelación y de pesar en condiciones peligrosas generan inseguridad jurídica y riesgo de sanciones injustas, lo que puede poner en jaque la economía de miles de pescadores artesanales. 

Entra en conflicto directo el exigir y obligar a los marineros el manipular dispositivos electrónicos para registrar pesajes y comunicaciones en cubierta, mientras el barco está faenando y en marcha ; no solo es poco realista sino que implica un incremento injustificado del riesgo de siniestrabilidad y accidentes laborales (riesgo de accidentes, caídas al mar, errores de maniobra…), en un sector que ya es de por sí de alta peligrosidad. 

Es evidente que la carga administrativa es desproporcionada por las limitaciones físicas y técnicas a las que aludimos al no estar los barcos diseñados para operar con sistemas digitales o de pesaje. La complejidad de la norma lleva aparejado riesgo real operativo y de navegación, pérdidas de tiempo, dinero y productividad 

Tomen nota los señores legisladores y los políticos porque “la prioridad en el mar debe ser siempre la seguridad de las tripulaciones, y no el cumplimiento burocrático”

 3. Castigo injusto a quienes ya pescan de forma sostenible

Por último y para rematar, en mi humilde opinión, quisiera resaltar así mismo que la pesca costera de bajura artesanal siempre destacó por aportar especies de gran variedad, calidad y frescura; pero además es un segmento que tiene bajo impacto ambiental, usa artes selectivas, y está ligada al conocimiento tradicional del medio marino. Aplicar un control excesivo y rígido a estas flotas no mejora la sostenibilidad, pero sí acelera su desaparición, beneficiando indirectamente a modelos más industrializados.

“España y Europa deben salvar la pesca costera de bajura: por seguridad alimentaria, sostenibilidad, empleo, conocimiento tradicional y para evitar que la burocracia mate un sector vital.” ¡SALVEMOS LA PESCA COSTERA DE BAJURA!

Una resolución publicada el 23 de enero en el BOE ajusta la notificación previa y aclara el diario de pesca para mareas cortas y capturas pequeñas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado este viernes un paso para rebajar la tensión generada por la entrada en vigor de nuevas obligaciones del Reglamento europeo de control pesquero. Una resolución publicada hoy, 23 de enero de 2026, en el Boletín Oficial del Estado establece medidas para aplicar el sistema de forma “eficaz” en la flota española, adaptándolo a su operativa habitual sin “menoscabo” —según defiende el departamento— de las labores de control e inspección.

El texto afecta a obligaciones que son exigibles desde el pasado 10 de enero y responde, según el Ministerio, a las dificultades trasladadas por el sector. La Secretaría General de Pesca se había comprometido a concretar soluciones tras una reunión celebrada el lunes anterior con representantes de la flota, en un contexto de quejas por plazos y cargas administrativas que, en el caso de barcos de bajura, chocan con mareas cortas y retornos frecuentes al puerto base.

Uno de los principales ajustes se centra en la notificación previa del regreso a puerto. El reglamento comunitario fija un plazo de cuatro horas que, en la práctica, no encaja con buena parte de la flota española, que faena en caladeros próximos y vuelve en tiempos inferiores a ese margen. La resolución reduce el plazo dentro de lo permitido por la normativa europea, de modo que la comunicación pueda realizarse cuando el buque pone rumbo a puerto, sin que —según el Ministerio— se pierda eficacia en el sistema de control.

La norma distingue, sin embargo, entre tipologías de flota. Para los barcos que operan a mayor distancia o en pesquerías que requieren un control específico, se mantienen los plazos y medidas ya exigidos, con el argumento de preservar intacta la supervisión de la actividad.

El segundo gran bloque de medidas aborda una cuestión especialmente sensible en cubierta: las capturas de pequeño volumen. En cantidades inferiores a 50 kilos, el Ministerio reconoce la dificultad de estimar con exactitud en condiciones reales de trabajo y seguridad, y aclara que las inexactitudes en ese tramo no se considerarán infracción siempre que la declaración de desembarque refleje con precisión las cantidades por especie. El objetivo declarado es compatibilizar la obligación de anotar todas las capturas “desde el kilo cero” con la realidad técnica de la flota, evitando sanciones por márgenes de error inevitables.

El ministro Luis Planas enmarcó la decisión en una línea de equilibrio entre exigencia y viabilidad operativa. “España tiene el firme compromiso de garantizar un control riguroso y, al mismo tiempo, asegurar que nuestras flotas puedan operar con certidumbre y eficacia”, ha señalado el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La hoja de ruta no termina en el BOE. El Ministerio anticipa que el próximo lunes 26 de enero España solicitará en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en Bruselas, una propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2023/2842 para dotar al régimen de control de “mayor claridad y flexibilidad” y alinearlo con la operativa de la flota. “Seguiremos defendiendo los intereses de nuestro sector pesquero con determinación para lograr normas eficaces, sostenibles y operativamente viables”, añadió Planas.

Con la resolución, el Gobierno busca desatascar los puntos más conflictivos de la nueva etapa del control pesquero, especialmente en la bajura, sin renunciar al objetivo de trazabilidad y fiscalización que marca Bruselas. La reacción del sector y el debate en el Consejo de la UE del 26 de enero marcarán ahora si estas medidas son un cierre temporal de urgencia o el primer paso de una reforma más profunda del marco europeo.

La caída del valor en 2024, pese a aumentar los desembarques, anticipa un nuevo golpe por recortes de cuotas

Irlanda entra en 2026 con su pesca extractiva en una encrucijada: se captura más, pero se ingresa menos. Es la principal lectura que deja el informe Ireland’s Ocean Economy al radiografiar el pulso del sector en 2024, un año en el que el volumen desembarcado por la flota sube, mientras que la facturación, el valor añadido y el empleo retroceden con fuerza.

El documento sitúa el valor de las ventas de la pesca (turnover) en unos 253,3 millones de euros en 2024, un 12% menos que el año anterior, y calcula un VAB (GVA) de 123,0 millones, con una caída del 15%. El ajuste también se nota en el empleo, con 2.371 personas vinculadas directamente a la actividad, un 12% menos. Esta evolución confirma un desgaste prolongado: entre 2019 y 2024, la pesca irlandesa reduce su facturación en torno al 12%, el VAB un 20% y el empleo un 19%, según la misma serie.

El contraste más llamativo aparece en el muelle. Los datos de la Sea Fisheries Protection Authority (SFPA) que recoge el informe apuntan a que la flota desembarcó 207.601 toneladas en 2024, un 11% más que en 2023. Es decir: hay más toneladas, pero menos valor, una combinación que el reporte vincula a dos factores que se retroalimentan: precios bajos en determinadas especies y un cambio en la mezcla de capturas, marcado por recortes en la cuota de caballa y un mayor peso de pelágicos de menor valor, como la bacaladilla (blue whiting) y el boarfish.

La estructura de la flota refleja esa diversidad. En 2024 se contabilizan 1.933 buques registrados (excluida la acuicultura), de los que 1.220 habrían estado activos, combinando embarcaciones de pequeña escala costera y unidades de mayor porte que operan en el mar de Irlanda, el mar Céltico y en la fachada oeste y noroeste. INFORME IRLANDA BUENO En ese mapa, la caballa sigue siendo la especie de mayor valor para la flota irlandesa, por delante de nephrops, cangrejo, bacaladilla, rape, vieira, langosta, eglefino y bígaro/caramujo (whelk), entre otras.

El informe también pone el foco en un rasgo silencioso del sector: el peso del trabajo no remunerado, especialmente en segmentos de flota donde la participación familiar y la implicación del armador sostienen la actividad en un contexto de escasez de mano de obra. Para 2023, BIM valora ese trabajo no pagado en 4,1 millones de euros, con un aumento interanual del 8%. INFORME IRLANDA BUENO Y anota otro detalle operativo: en 2024 crece la parte de capturas desembarcadas fuera del país, con un 15,8% del tonelaje descargado en puertos extranjeros.

La foto, en suma, es la de un sector que mantiene músculo extractivo, pero se enfrenta a una pérdida de rentabilidad y empleo, en parte por decisiones de gestión y en parte por la propia dinámica del mercado. Y el horizonte inmediato no aligera la presión. El reporte advierte de que el Consejo Agri-Fish de diciembre fijó cuotas más bajas para 2026 siguiendo el dictamen científico, con recortes para caballa, bacaladilla y boarfish. En el caso de la caballa, clave para la flota pelágica irlandesa, el texto anticipa consecuencias económicas relevantes para la industria y para las comunidades costeras que dependen de esa cadena de valor.

En el conjunto de la economía azul del país, la pesca comparte protagonismo con la acuicultura y la industria transformadora: el “sector marisco/pescado” (pesca, acuicultura y procesado) suma alrededor de 1.100 millones de euros de facturación y representa un 13,5% del empleo directo de la economía oceánica irlandesa. INFORME IRLANDA BUENO Pero, dentro de ese triángulo, la pesca extractiva llega a 2026 con un mensaje claro: la batalla ya no es solo capturar, sino capturar con valor.