europa-azul.es
sábado, marzo 7, 2026
Inicio Blog Página 9

Tormentas invernales e inflación disparan precios del pescado en EE. UU. y el auge de conservas

0

Las tormentas invernales que azotaron amplias zonas de Estados Unidos en enero han dejado un efecto muy reconocible en los lineales: más compra “de despensa”, menos restauración y una subida del valor de ventas en prácticamente todas las categorías de productos del mar. El fenómeno, además, llegó acompañado de un segundo factor decisivo: una aceleración de la inflación específica del seafood, más intensa que la inflación general de alimentos.

Los datos de Circana analizados por 210 Analytics muestran hasta qué punto el mal tiempo puede reordenar el consumo en pocas jornadas. En la semana que terminó el 25 de enero, el volumen de ventas minoristas de alimentación y bebidas subió un 18%, mientras las transacciones en restaurantes cayeron un 6%. El mensaje es claro: cuando el temporal aprieta, el consumidor se refugia en el hogar y prioriza productos de fácil almacenamiento y preparación.

En ese contexto, las conservas y formatos estables (latas y pouches) vivieron un impulso notable. Según los mismos datos, las ventas en valor del seafood “ambient” aumentaron un 13,5% interanual, hasta 389,1 millones de dólares en enero de 2026, y el volumen creció un 5,1%.

La lectura sectorial es doble. Primero, las tormentas funcionan como un acelerador de compras de “stock” y, por tanto, disparan el flujo hacia el canal retail. Segundo, el crecimiento en valor supera con holgura al de volumen, lo que apunta a un entorno de precios más exigente incluso en categorías tradicionalmente “refugio”.

Fresco y congelado también suben… pero por caminos distintos

El efecto temporal no se quedó en la despensa. En congelado, las ventas en valor aumentaron un 4,5% (860,7 millones de dólares), aunque el volumen cayó un 3,8%. En fresco, el valor creció un 3,7% (856,6 millones), con un volumen plano. En ambos casos, la fotografía sugiere que la inflación sostuvo el crecimiento en caja más que un aumento real de kilos comprados.

Los indicadores de precios refuerzan esa idea: la inflación de enero fue del 4,1% en fresco, del 8,5% en congelado y del 8% en shelf-stable, de acuerdo con Circana.

Cuando el precio sube, la demanda se “mueve” dentro del mostrador

El detalle por especies ayuda a entender la elasticidad del consumidor. En fresco, el precio del langostino/camarón se disparó un 17,3% interanual, y ahí sí se vio un frenazo: el valor de ventas bajó un 4,3% y el volumen se desplomó un 18,4%. En cambio, el salmón fresco —con un +3% en precio— logró crecer: +8% en valor y +4,9% en volumen. El bacalao fresco subió un 11% y el cangrejo fresco un 8,6%. La langosta, por su parte, destacó con fuerza: +14,5% en valor y +38,2% en volumen.

En congelado se repite el patrón: el camarón subió un 16% en precio y perdió un 10,7% en volumen, aunque el valor aún creció un 3,8%. El salmón congelado (+5,5% en precio) consiguió elevar volumen (+9%) y valor (+15%). El cangrejo congelado, con un +15% en precio, cedió en volumen (-5%) pero subió en valor (+9,4%). Y el abadejo/pollock fue la excepción: bajó un 2,5% en precio y creció tanto en volumen (+7%) como en valor (+4,3%).

Traducido al negocio: en un entorno de precios tensos, el consumo no desaparece necesariamente, pero se reacomoda. Unas especies “aguantan” mejor (por hábito, percepción saludable o versatilidad culinaria), mientras otras se vuelven más sensibles al ticket final.

Seafood por encima de la inflación general de alimentos

El contraste con la inflación alimentaria general también es significativo. El IPC de EE. UU. registró en enero un aumento del 2,1% interanual en “food at home” (alimentos en el hogar) y del 4,0% en “food away from home” (restauración). En ese marco, los incrementos del seafood —especialmente en congelado y shelf-stable— se sitúan por encima del promedio, lo que explica por qué crece el valor mientras el volumen se estanca o cae.

En paralelo, el comercio minorista mantuvo un arranque de año sólido: el indicador CNBC/NRF Retail Monitor reportó un +5,72% interanual en ventas totales (excluyendo automoción y gasolina) en enero. La resiliencia del consumo ayuda a amortiguar el golpe de los precios, pero no elimina el riesgo: cuando la cesta se encarece, la rotación depende cada vez más de promociones, marcas de distribuidor y segmentación por ocasión de consumo.

Qué puede significar esto para el sector internacional (y para Europa)

Para la cadena global del seafood, la foto de enero deja varias pistas útiles:

  1. El clima extremo ya no es solo un “problema logístico”; también altera la demanda. Temporales fuertes empujan al retail y, dentro del retail, favorecen formatos de larga vida, preparados y de cocción sencilla.
  2. El “mix” importa tanto como el precio. La categoría puede crecer en valor mientras cae el volumen si el consumidor migra hacia especies o presentaciones más “eficientes” para su bolsillo.
  3. Oportunidad para conservas y formatos estables (atún, sardina, salmón en lata/pouch) cuando el hogar se convierte en el centro del consumo durante episodios meteorológicos.
  4. Riesgo de contracción en especies con inflación más agresiva, como se vio con el camarón en enero, donde el precio terminó “rompiendo” ventas y kilos.

En definitiva, la combinación de tormentas e inflación no solo eleva el valor del mercado: redefine qué se compra, cómo se compra y con qué frecuencia. Para los operadores —productores, transformadores y distribuidores— la clave será anticipar estos picos, asegurar disponibilidad en categorías refugio y proteger la competitividad de especies sensibles al precio.

2.874 millones para levantar el campo y sostener la mar, tras las borrascas de Andalucía y Extremadura

0

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete específico de ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por 2.874,1 millones de euros para agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores golpeados por el “tren de borrascas” del último mes. La medida se integra en un real decreto-ley de respuesta urgente a daños por inundaciones y episodios climáticos adversos ocurridos desde el 1 de enero de 2026, con especial foco en Andalucía y Extremadura, las comunidades con mayor siniestralidad.

Para el sector marítimo-pesquero, el anuncio llega con un mensaje doble: por un lado, ayudas directas para armadores que han visto caer su actividad por cierres de puerto, temporales y pérdida de jornadas; por otro, un esquema de reconstrucción de infraestructuras y financiación que busca evitar que el golpe de la meteorología termine traduciéndose en cierres empresariales, pérdida de empleo y descapitalización en las zonas costeras.

El corazón del plan: 2.174 millones en ayudas directas “de oficio”

El MAPA cifra en 2.174 millones de euros el bloque de ayudas directas para pérdida de renta y apoyo extraordinario, con una característica que el Gobierno subraya como clave: se concederán de oficio, sin que el beneficiario tenga que iniciar trámites, en 619 municipios de Andalucía y Extremadura.

Dentro de esa cuantía, el reparto se estructura en tres carriles:

  • 2.121 millones para compensar la pérdida de renta de titulares de explotaciones (agricultura, ganadería y también acuicultura), con una ayuda entre 5.000 y 25.000 euros, calculada como el 30% de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.
  • 43,1 millones adicionales para quienes tengan seguro agrario, con una subvención complementaria que puede alcanzar el 70% del coste de la prima (máximo permitido por la normativa europea) y cobertura de la franquicia en pólizas con daños parciales.
  • 10 millones en ayudas directas a armadores de buques pesqueros con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva, con compensación cuando se acrediten pérdidas superiores al 40%.

En clave estrictamente pesquera, la dotación de 10 millones sitúa el foco en el litoral andaluz más expuesto a los cierres y a la pérdida de operatividad, en plena temporada de alta sensibilidad para muchas flotas artesanales y de litoral.

600 millones para “coser” caminos y regadíos… y rearmar la logística del territorio

El segundo gran bloque moviliza 600 millones de euros para reparar caminos e infraestructuras agrarias dañadas y para recuperar instalaciones de regadío, con ejecución a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa. Aunque el titular es agrario, el efecto es transversal: reconstruir accesos, servicios y sistemas de apoyo en territorios donde el temporal ha tensionado también la cadena logística que conecta producción, transporte y mercados.

Financiación con “colchón” público: 100 millones vía ICO-MAPA-SAECA

Además de la ayuda directa, el Gobierno habilita una línea de financiación especial dotada con 100 millones de euros, articulada a través del ICO-MAPA-SAECA, que bonificará el 15% del principal de los créditos solicitados y asumirá el 100% del coste del aval. Está abierta a agricultores, pescadores y acuicultores en el conjunto de Andalucía y Extremadura.

Para el sector pesquero y acuícola, esta palanca puede ser determinante en un contexto de tensión de tesorería: no solo por días sin salir a faenar, sino por costes que siguen corriendo (energía, mantenimiento, piensos en acuicultura, logística, reparaciones y seguros).

Fiscalidad y empleo: ayudas exentas y “fuerza mayor” para evitar penalizaciones

El real decreto-ley incorpora medidas fiscales y laborales complementarias: las ayudas estarán exentas de IRPF y de Impuesto de Sociedades, y se contemplan herramientas como exención del IBI rústico y ajustes tributarios (reducción de módulos), además de una reducción extraordinaria de peonadas de 35 a 5 para acceder a prestaciones agrarias en zonas afectadas.

En paralelo, el Gobierno establece que estos temporales se consideren causa de fuerza mayor ante posibles incumplimientos de determinadas obligaciones, citando expresamente el marco de la PAC como ejemplo.
Aunque el texto del MAPA pone el foco en lo agrario, el mensaje político es relevante: en un clima cada vez más volátil, la administración empieza a reconocer que no se puede exigir “normalidad” cuando el mar y el territorio no la permiten.

¿Qué lectura deja para la pesca y la acuicultura?

El plan tiene un valor inmediato —parar la hemorragia— y un valor estratégico: acelerar mecanismos de respuesta cuando el temporal golpea la economía azul. En el comunicado oficial, el MAPA reconoce que el tren de borrascas ha afectado al litoral, causando perjuicios importantes a la actividad pesquera y acuícola.

En lo inmediato, la clave estará en dos elementos prácticos:

  1. Acreditación de pérdidas en el caso de armadores (umbral del 40%).
  2. Velocidad real de la ayuda “de oficio” para explotaciones y actividades con daños: que llegue antes de que el coste financiero y la caída de ingresos obliguen a recortar empleo o parar producción.

Y a medio plazo, la discusión de fondo seguirá abierta: estos episodios extremos, cada vez más frecuentes, obligan a revisar el equilibrio entre seguros, prevención, infraestructuras resilientes y ayudas públicas. La propia agenda estatal de ayudas se está moviendo en esa dirección, enmarcada en un paquete más amplio de respuesta a las borrascas que supera los 7.000 millones de euros y que incluye apoyos a personas y municipios afectados.


Claves del plan (cifras rápidas)

  • 2.874,1 M€: presupuesto total MAPA para sector agrario y pesquero.
  • 2.174 M€: ayudas directas (de oficio) + seguro agrario + armadores.
  • 10 M€: armadores con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva (pérdidas > 40%).
  • 600 M€: reparación de caminos e infraestructuras agrarias y regadíos (Tragsa/Seiasa).
  • 100 M€: línea ICO-MAPA-SAECA (15% del principal + avales).

INTERFISH-España aporta 855 millones y 4.813 empleos para la cadena del palangre de superficie

0

Un informe de la Cátedra ARDÁN (Zona Franca de Vigo–Universidade de Vigo) cuantifica el “efecto total” de las empresas asociadas a la interprofesional en torno a la tintorera, el marrajo y el pez espada.

La fotografía económica que el sector llevaba tiempo reclamando ya tiene contabilidad. La presentación en Vigo del informe “Impacto económico y social de las empresas pesqueras asociadas a Interfish-España”, elaborado por la Cátedra ARDÁN e impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Universidade de Vigo, sitúa a Interfish-España como un actor de primer orden dentro de la economía pesquera y de la cadena alimentaria ligada a grandes pelágicos.

La conclusión que más ha trascendido —por su potencia comunicativa y por lo que implica en debate público— es clara: la cadena de valor asociada a Interfish-España genera 855 millones de euros de producción total y 289 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB), sosteniendo 4.813 puestos de trabajo.

La cifra no se limita a lo que ocurre “a bordo” o en primera venta. El informe mide también lo que sucede alrededor: proveedores, servicios auxiliares, logística, comercialización, consumo e inversión derivados de las rentas del sector. En otras palabras, intenta explicar cuánto “tira” este segmento del resto de la economía.

Interfish-España se define como la única organización interprofesional pesquera de España que integra producción, transformación y comercialización en torno a tres especies: tintorera (Prionace glauca), marrajo (Isurus oxyrinchus) y pez espada (Xiphias gladius).

En su estructura aparecen como socios, por la rama productora, OPP-07 (Burela), OPP-08 OPROMAR (Marín) y OPP-49 ORPAGU (A Guarda); y por la rama industrial-comercial, CONXEMAR.

Varios medios han subrayado, además, el peso específico de estas organizaciones dentro del volumen nacional: en la presentación se recordó que concentran en torno al 75% de la producción española de estas especies dentro del ámbito de Interfish.


Las cifras clave: del barco al conjunto de la economía

Más allá del titular, el documento desgrana el impacto en tres capas (directa, indirecta e inducida).

Capa de impactoQué mideProducción / VAB / empleo (principales magnitudes)
DirectoActividad extractiva y comercializadora asociada115,68 M€ (extractiva) + 257,12 M€ (comercializadora); 691 empleos; 54,24 M€ VAB; 29,99 M€ retribuciones; 4,06 M€ impuestos
IndirectoEfecto sobre proveedores y sectores vinculados172 M€ producción; 83,51 M€ VAB; 1.523 empleos
InducidoConsumo e inversión ligados a las rentas generadas311,01 M€ producción; 151,61 M€ VAB; 2.598 empleos
TotalSuma de los tres855 M€ producción; 289 M€ VAB; 4.813 empleos

En ese “total”, el informe también atribuye a la cadena de valor de Interfish un impulso de 161 millones en consumo, 79 millones en inversión y 72 millones en exportaciones, además de 165 millones en salarios y 51 millones en impuestos vinculados al bienestar social.


Un sector que también habla de soberanía alimentaria

El enfoque del acto no fue solo contable. En el argumentario público, Interfish y los promotores del estudio quisieron encuadrar el palangre de superficie como un activo estratégico en términos de suministro alimentario, aportando proteína marina y actividad estable vinculada a puertos y empresas. En esa línea, se citó una aportación alimentaria de más de 26.000 toneladas de pescado asociadas a la actividad del sector analizado.

Es un punto relevante porque sitúa el debate más allá del “cuánto vale” y lo lleva al “para qué sirve”: empleo, tejido industrial y disponibilidad de producto, en un contexto europeo en el que la pesca compite con importaciones, cambios de consumo y una presión regulatoria creciente.


Quiénes intervinieron y qué mensajes dejaron

La presentación reunió a un abanico institucional y sectorial que ayuda a entender por qué el informe se interpreta como un documento de posicionamiento, además de análisis económico. Entre los participantes citados en crónicas locales figuraron:

  • David Regades, delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo.
  • Abel Caballero, alcalde de Vigo.
  • Teresa Molina, subdirectora general de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca (MAPA).
  • Juan Carlos Martín Fragueiro, gerente de OPROMAR y vocal de la directiva de Interfish-España.
  • Xavier Martínez Cobas, profesor y autor del informe.

En cuanto al mensaje político-sectorial, una de las ideas más repetidas fue la necesidad de explicar mejor en España y en Bruselas qué es el palangre de superficie y qué estándares sociales y ambientales cumple. En ese sentido, se llegó a calificar a esta flota como una de las “joyas de la corona” de la pesca española y se apeló a reforzar la comunicación frente a debates europeos y presión de organizaciones medioambientales.

Las comunidades frenan el blindaje nacional de la anguila

0

La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para incluir a la anguila europea (Anguilla anguilla) —y, por extensión, su alevín la angula— en la categoría de “En peligro de extinción” dentro del marco estatal de protección no ha salido adelante. El Comité de Flora y Fauna, que reúne a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, no ha alcanzado la mayoría necesaria para activar un blindaje que habría supuesto, en la práctica, cerrar la puerta a la pesca y a la comercialización salvo excepciones regladas.

El resultado deja una fotografía política conocida —es el tercer intento fallido, tras los precedentes de 2020 y 2024— pero abre, a la vez, un nuevo carril: la reunión ha acordado crear un grupo de trabajo para elaborar un plan estratégico que aborde causas, planes de gestión existentes y posibles medidas adicionales de conservación, incorporando también la dimensión socioeconómica.

La inclusión en “En peligro de extinción” en el paraguas estatal (LESRPE/Catálogo) es una decisión de alto voltaje: eleva el listón de protección y, con ello, estrecha al máximo el margen para capturas, comercio y consumo. El MITECO venía defendiendo que la medida era proporcional al estado de la especie y a su declive —respaldado por la actualización del Comité Científico que mantiene la recomendación de catalogación—, y recordaba que la anguila se captura en aguas interiores y continentales, donde las competencias autonómicas son determinantes para que la decisión prospere.

Las comunidades costeras con actividad angulera y gestión en marcha han defendido, en cambio, que una prohibición nacional “de golpe” puede resultar injusta para territorios con control y, además, insuficiente si no se acompaña de una acción coordinada a escala internacional y de medidas estructurales (conectividad fluvial, calidad del agua, barreras). Esa tesis —con matices— ha pesado lo suficiente como para bloquear la mayoría.

Un mapa de posiciones: el “no” explícito y la abstención condicionada

Según la información difundida tras la reunión, varias autonomías manifestaron oposición explícita —entre ellas, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares—, mientras que otras optaron por no apoyar la propuesta y vincular cualquier avance al trabajo técnico posterior.

En paralelo, el debate ha dejado un dato que subraya la complejidad territorial: Andalucía mantiene desde hace años una prohibición autonómica de pesca de anguila, con soporte normativo propio, mientras que en otras comunidades el esfuerzo se concentra en planes de gestión, cupos, días, control y trazabilidad.

La ciencia aprieta: ICES insiste en “capturas cero”

Fuera del tablero político interno, el diagnóstico científico europeo continúa endureciéndose. El ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) repite el consejo de “cero capturas” para todos los estadios vitales y hábitats, y lo proyecta también para 2026 bajo un enfoque precautorio.

A este marco se suma la arquitectura normativa comunitaria: el Reglamento (CE) 1100/2007 obliga a planes de gestión con el objetivo de alcanzar, a largo plazo, una “escapada” mínima hacia el mar de al menos el 40% de la biomasa respecto a un escenario sin influencia humana. Y, en el plano de las posibilidades de pesca, el Reglamento (UE) 2026/249 mantiene y contextualiza medidas restrictivas sobre la anguila en aguas marinas y salobres del Atlántico nororiental, incluyendo referencias a vedas ampliadas en la UE.

Un pez, una sola población: la “trampa” del ciclo del Sargazo

La anguila europea es el ejemplo perfecto de especie que desborda fronteras administrativas. Se reproduce en el mar de los Sargazos y sus juveniles colonizan ríos y estuarios europeos y norteafricanos, con un ciclo vital complejo y sensible a múltiples presiones: barreras fluviales, turbinas, contaminación, parásitos, pérdida de hábitat, pesca legal e ilegal y comercio internacional. En la Lista Roja de la UICN, la especie figura como “En Peligro Crítico” desde hace años, un sello que ha acabado convertiéndose en argumento compartido incluso entre quienes discrepan sobre el “cómo” de la respuesta.

Ese es, precisamente, el nudo del desacuerdo: la urgencia es ampliamente reconocida, pero no hay consenso sobre si el instrumento más eficaz es el blindaje nacional inmediato o una batería de medidas más amplia —y sincronizada— que actúe sobre las mortalidades no pesqueras y la conectividad de cuenca a cuenca.

En la antesala del Comité, APROANG y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) impulsaron un manifiesto reclamando una gestión integral: sostienen que la pesca profesional ya opera bajo un marco de control estricto en varios territorios y piden que cualquier decisión se base en datos científicos, experiencia territorial y una evaluación completa de causas y efectos, incluyendo impacto social y económico.

En términos de mensaje, la patronal angulera intenta ocupar un espacio intermedio: reconoce el problema de conservación, pero rechaza que la solución se limite a prohibir la actividad regulada sin atacar, al mismo tiempo, los factores estructurales que siguen penalizando la recuperación.

En el otro lado, organizaciones como WWF han respaldado públicamente el intento del MITECO de elevar la protección y han pedido medidas urgentes. Desde su óptica, la ausencia de mayoría en el Comité no cambia el hecho de que el estado de la especie requiere decisiones contundentes y coherentes con el consejo científico.

¿Y ahora qué? Un grupo de trabajo con reloj

La creación del grupo de trabajo pactado hoy traslada la discusión a un terreno más técnico, con tres tareas que, si se toman en serio, pueden marcar diferencia:

  1. Revisar resultados reales de los planes de gestión (qué ha funcionado y qué no).
  2. Jerarquizar causas del declive con evidencia y métricas (mortalidad por barreras, calidad del agua, presión pesquera, furtivismo, etc.).
  3. Alinear escalas: medidas nacionales/autonómicas que encajen con la gobernanza europea (ICES, reglamentos y vedas) y con la dimensión internacional del ciclo biológico.

La pregunta de fondo es si ese grupo de trabajo servirá para construir una hoja de ruta con medidas verificables —y plazos— o si será, simplemente, una manera de aplazar una decisión políticamente incómoda. Por ahora, el desenlace deja una certeza: la anguila seguirá siendo un campo de batalla donde ciencia, territorio, mercado y cultura gastronómica chocan… y donde la gestión “en solitario” tiene cada vez menos recorrido.

El atún rojo busca aguas más frías: el calentamiento del océano empuja la especie hacia el norte

0

Un estudio internacional liderado por AZTI proyecta que, a lo largo del siglo XXI, el “mapa” del atún rojo del Atlántico se desplazará progresivamente hacia latitudes altas, mientras que sus grandes áreas de puesta —Mediterráneo y golfo de México— podrían perder idoneidad en escenarios de altas emisiones.

Pasaia mira al mar con una pregunta incómoda para la pesca del futuro: ¿qué ocurre cuando una de las especies de mayor valor económico del planeta cambia de “dirección” en el Atlántico? La respuesta empieza a perfilarse en un trabajo científico recién publicado en Fish and Fisheries que apunta a un patrón cada vez más documentado en los océanos: a medida que el agua se calienta, muchas especies se desplazan buscando condiciones térmicas y tróficas más favorables. En el caso del atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus), el estudio anticipa un movimiento sostenido hacia el norte, con pérdidas de hábitat potencial en regiones tropicales y templadas y un aumento de condiciones adecuadas en áreas como el Atlántico nororiental y entornos de latitudes altas.

La investigación —titulada Navigating future waters: The resilience of the Atlantic bluefin tuna under climate change (doi:10.1111/faf.70061)— combina modelos que integran condiciones ambientales, presencia del atún, distribución de presas y actividad pesquera, y proyecta distintos escenarios climáticos hasta finales de siglo. El objetivo: entender cómo se reordenarán, en el tiempo, las zonas donde el atún puede alimentarse, reproducirse y ser capturado.

Mediterráneo y golfo de México: el talón de Aquiles de la reproducción

La señal más sensible del estudio no está solo en el “nuevo norte”, sino en el sur que pierde fuelle. Las dos grandes áreas de reproducción del atún rojo —mar Mediterráneo y golfo de México— aparecen como puntos críticos. Según las proyecciones difundidas por AZTI, la idoneidad del hábitat para los ejemplares adultos podría disminuir de forma notable, especialmente en un escenario pesimista de emisiones: hasta un 27% menos en el Mediterráneo y hasta un 70% menos en el golfo de México. Un deterioro de estas zonas de puesta no es un simple cambio de postal: afecta al éxito reproductivo y, por extensión, a la estabilidad futura de la población.

Maite Erauskin-Extramiana, investigadora de AZTI y autora principal del trabajo, resume el corazón del problema: el atún rojo puede adaptarse, pero el cambio climático altera el equilibrio entre las áreas de alimentación, las de reproducción y las zonas donde opera la pesca. Traducido al lenguaje de gestión: lo que ayer era “normal” en el reparto espacial de la especie puede dejar de serlo en pocas décadas.

El estudio añade un matiz clave: no se mueve solo el depredador. También se desplazan sus presas principales —en el entorno atlántico, especies como sardina, caballa o calamar, entre otras—, empujadas por cambios térmicos y de productividad. Ese movimiento paralelo genera nuevas áreas de solapamiento, especialmente en regiones boreales, que podrían funcionar como “zonas refugio” o áreas relativamente más favorables en el futuro.

Esta idea del “refugio” es importante por dos razones. La primera, ecológica: sugiere que habrá espacios donde el sistema (atún + alimento) seguirá siendo viable. La segunda, socioeconómica: esas nuevas zonas pueden atraer esfuerzo pesquero, inversión y tensiones de acceso, porque cuando el recurso se desplaza, las reglas de reparto y control quedan desafiadas.

Un reto para la gestión: especies móviles, fronteras fijas

El atún rojo es, por definición, una especie de grandes desplazamientos y de alta conectividad oceánica. Pero una cosa es migrar y otra relocalizar gradualmente el “centro de gravedad” del hábitat. De consolidarse estas tendencias, la gestión pesquera tendrá que responder a preguntas muy concretas: ¿cómo se ajustan las estrategias de seguimiento científico, la vigilancia y los planes de explotación si el recurso se concentra cada vez más al norte? ¿Qué ocurre con las flotas y puertos que dependen de campañas históricas en áreas que pierden idoneidad? ¿Y con las zonas de reproducción si se estrechan o cambian sus ventanas de condiciones óptimas?

Los autores del estudio subrayan precisamente esa necesidad: integrar el cambio climático en los sistemas de gestión para anticipar movimientos, evitar respuestas tardías y sostener la explotación dentro de márgenes biológicos seguros. En otras palabras, pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, con modelos y reglas capaces de convivir con un océano menos predecible.

El trabajo se ha desarrollado con apoyo de programas y proyectos de investigación que, desde distintos ángulos, están incorporando la variable climática a la planificación marina y a la economía azul, entre ellos iniciativas europeas como FutureMares.

El mensaje de fondo conecta con debates ya presentes en la política marítima: la sostenibilidad no será solo “cuánto” se pesca, sino también “dónde” y “bajo qué condiciones cambiantes”. Y en especies de alto valor —como el atún rojo— esa adaptación no es un detalle técnico: es una cuestión estratégica para la competitividad, la conservación y la convivencia entre usos del mar.

Referencia científica: Erauskin-Extramiana, M. et al. (2026). Navigating future waters: The resilience of the Atlantic bluefin tuna under climate change. Fish and Fisheries. doi:10.1111/faf.70061.

Una onda Kelvin empuja calor hacia el Pacífico oriental y reabre el foco sobre un posible Niño Costero frente a Ecuador

0

El seguimiento del NOAA–CPC confirma el debilitamiento de La Niña y la expansión de anomalías cálidas subsuperficiales que ya afloran en parte del Pacífico oriental. En la franja Niño 1+2 —la más sensible para Perú y Ecuador— el escenario se juega en semanas: si el calentamiento costero se consolida, el impacto se notará en lluvias, mar y actividad productiva.

Por debajo de la superficie, el Pacífico ecuatorial está moviendo ficha. La señal cálida que viaja hacia el este —asociada a una onda Kelvin oceánica— aparece con claridad en los productos de vigilancia del Climate Prediction Center (CPC) de la NOAA, en un momento en el que La Niña sigue oficialmente activa, pero muestra signos de desgaste. El último resumen de evolución ENSO del CPC sitúa la anomalía semanal de la región Niño 1+2 (adyacente a la costa sudamericana) en valores positivos y describe un fenómeno clave: las temperaturas cálidas subsuperficiales se han expandido por el Pacífico ecuatorial y “han alcanzado la superficie en partes del Pacífico oriental”.

Ese detalle —el “afloramiento” parcial del calor acumulado bajo el océano— es el que alimenta las conversaciones sobre un posible Niño Costero en el entorno de Ecuador. No sería, necesariamente, un El Niño “global” (central), sino un calentamiento más localizado en la vecindad del litoral, capaz de amplificar la convección y reordenar el patrón de lluvias en la franja costera. La propia caracterización técnica del Niño Costero como fenómeno distinto (aunque relacionado) está ya normalizada por organismos regionales, que lo definen en función de anomalías cálidas persistentes en el Pacífico oriental cercano a la costa.

La Niña se mantiene… pero el océano cambia el guion

A escala del ENSO, el CPC mantiene el estatus de La Niña Advisory, aunque anticipa una transición a condiciones neutrales entre febrero y abril de 2026. En paralelo, el CIIFEN (Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño) venía describiendo desde su boletín regional un escenario de La Niña débil con señales de debilitamiento, destacando la propagación de anomalías cálidas subsuperficiales hacia el Pacífico central y centro-oriental, un patrón coherente con la dinámica típica de ondas Kelvin cálidas.

En lenguaje llano: aunque la “foto” superficial del ENSO todavía conserve rasgos fríos en el eje central, el “depósito” de calor bajo la superficie se está redistribuyendo, y eso puede traducirse en cambios rápidos en el Pacífico oriental si el viento acompaña.

Por qué importa el viento: el freno —o el acelerador— del calentamiento costero

El mecanismo es conocido por la oceanografía del ENSO: cuando los alisios se debilitan, el océano puede “deslizar” calor hacia el este en forma de onda Kelvin de hundimiento (downwelling), que desplaza la termoclina y favorece el calentamiento en el Pacífico oriental.

En el caso ecuatoriano, ese pulso no se traduce automáticamente en un Niño Costero: la clave es si el calentamiento superficial se sostiene frente a la costa (región Niño 1+2) y si el acoplamiento océano–atmósfera lo refuerza con lluvias. De ahí que los analistas miren con lupa el pulso de los vientos, el comportamiento del anticiclón del Pacífico Sur y la persistencia de anomalías cálidas cerca del borde continental.

Ecuador en el radar: de la señal oceánica al riesgo en tierra

En el plano institucional, Ecuador ha venido activando vigilancia y mensajes preventivos en torno a la evolución del Pacífico oriental. En declaraciones recogidas por medios del país, el INAMHI ha señalado recientemente que, aunque no se configure un El Niño “clásico” en el corto plazo, el calentamiento del mar y la atmósfera puede sostener episodios de lluvias intensas en la Costa y Galápagos, con atención a la evolución hacia marzo–abril.

Este punto es importante: un Niño Costero puede traducirse menos en un “título” y más en impactos (lluvia, deslizamientos, daños en infraestructura, afectación sanitaria), incluso cuando el ENSO global se mueve hacia neutralidad.

Pesca y acuicultura: el mar cálido no es neutro para el recurso

Para el sector pesquero y acuícola, el calentamiento costero cambia condiciones de operación y disponibilidad biológica:

  • Redistribución de especies: el aumento térmico puede desplazar cardúmenes, alterar agregaciones y modificar el equilibrio entre especies costeras y pelágicas (y, con ello, la planificación de mareas).
  • Productividad: si el calentamiento debilita la surgencia de aguas frías ricas en nutrientes, el “motor” trófico costero pierde rendimiento, con efectos en cadenas alimentarias.
  • Riesgo operativo: más convección y tormentas implican ventanas meteorológicas más inciertas para la flota artesanal y para logística portuaria.
  • Acuicultura: temperaturas altas y cambios en calidad del agua elevan la sensibilidad sanitaria y de manejo (oxígeno, estrés térmico, patógenos), especialmente en cultivos intensivos.

El mensaje que subrayan los centros de vigilancia es que el escenario debe leerse como gestión de riesgo, no como certeza: la misma señal cálida subsuperficial puede quedarse en un episodio moderado si el acoplamiento atmosférico no termina de activarse.

Agricultura: el precedente reciente que pone en guardia a las cadenas de suministro

El debate no es solo marítimo. En el último episodio cálido costero de 2023, medios especializados del ámbito agrario documentaron impactos diferidos en cultivos por exceso de calor (caída de floración y alteración de ciclos), con efectos que se reflejaron meses después en la cosecha. Para un territorio como la Costa ecuatoriana —donde lluvias, humedad y calor reordenan calendarios, sanidad vegetal y logística— el factor tiempo (cuándo llega y cuánto dura el calentamiento) es decisivo.

La clave: información técnica, no alarmismo

En el ecosistema ENSO, las etiquetas (“La Niña”, “neutral”, “Niño Costero”) a veces corren por detrás de lo que importa: la evolución de la temperatura del mar cerca de la costa y su traducción a lluvias. Por eso, el mejor antídoto contra el ruido es sostener el seguimiento de fuentes técnicas: NOAA–CPC para el pulso ecuatorial y el calor subsuperficial, y los organismos regionales (CIIFEN, servicios meteorológicos nacionales) para el aterrizaje local de impactos

FEAP impulsa desde Atenas una agenda “de granja a política” para una acuicultura mediterránea más sostenible

0

Más de 120 participantes —productores, administraciones, científicos y grupos técnicos— se reunieron en la capital griega en una consulta FEAP–CGPM/FAO, con apoyo financiero de la UE, para aterrizar en medidas operativas cuestiones clave: licencias, ordenación del espacio marítimo, bioseguridad, resiliencia climática y digitalización.

Acuicultura sostenible, sí, pero con los pies en la granja. Ese fue el mensaje que sobrevoló Atenas los días 11 y 12 de febrero, durante la Technical Consultation on Sustainable Aquaculture Practices, un encuentro híbrido coorganizado por la Federation of European Aquaculture Producers (FEAP) y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM/GFCM) de la FAO, con el respaldo de la Unión Europea.

En un momento en el que la acuicultura mediterránea y del mar Negro afronta a la vez presión ambiental, exigencias regulatorias y volatilidad de mercados, la reunión dejó una idea nítida: la gobernanza regional solo funciona si integra de forma estructurada a quienes producen. La CGPM aporta el marco intergubernamental, pero la ejecución —donde se decide si una medida es viable o no— se juega “abajo”, en las explotaciones, con sus condiciones reales de inversión, permisos, logística y mano de obra.

FEAP es, en la práctica, la voz federada de las asociaciones nacionales de acuicultura en Europa, creada para coordinar posiciones técnicas y de mercado y trasladarlas a los centros de decisión comunitarios e internacionales.

Para España, el encaje es directo: APROMAR participa en FEAP, lo que convierte este tipo de foros en una antena relevante para el sector nacional, especialmente en asuntos donde Bruselas y los marcos regionales acaban influyendo en licencias, estándares y financiación.

Atenas como “laboratorio” de prioridades: de las licencias a la IA

Según la información difundida por la propia federación, el encuentro reunió más de 120 participantes (con un núcleo presencial de en torno a 70 y un seguimiento online cercano a 50) y congregó a productores, grupos asesores técnicos de la CGPM, centros demostrativos, administraciones y personal investigador del arco mediterráneo y del mar Negro.

El programa fue deliberadamente práctico, centrado en los “cuellos de botella” que más se repiten país a país:

  • Claridad regulatoria y de licencias: qué simplificar, qué armonizar y cómo evitar que el calendario administrativo sea el primer freno al crecimiento sostenible.
  • Planificación espacial marina y Zonas Asignadas para Acuicultura (AZA): el debate sobre dónde se puede producir, con qué condiciones y con qué grado de aceptación social vuelve a situarse en primera línea.
  • Modelos “restaurativos” e innovación productiva: desde enfoques multitróficos (IMTA) a sistemas de recirculación (RAS) o el papel de los bivalvos en estrategias de menor huella.
  • Sanidad animal y bioseguridad: un bloque que gana peso con el calentamiento del agua, la movilidad de patógenos y la necesidad de protocolos comparables entre países.
  • Eficiencia de cadena de valor y reducción de pérdidas alimentarias, con foco en logística, transformación y mercado.
  • Digitalización y adopción responsable de herramientas basadas en datos e inteligencia artificial, donde, según FEAP, la práctica totalidad de asistentes mostró interés en aplicar soluciones digitales en sus operaciones.

De la conversación a la política: el “puente” CGPM 2030 y la Blue Transformation

Uno de los elementos más significativos del encuentro es su trazabilidad institucional: las conclusiones consolidadas alimentarán los trabajos del Comité de Acuicultura de la CGPM y sus debates posteriores a nivel de Comisión.

El movimiento no es aislado. Encaja con la Estrategia 2030 de la CGPM, que fija una visión común para sostenibilidad social, económica y ambiental en Mediterráneo y mar Negro, y con la hoja de ruta de la Blue Transformation de la FAO, que busca escalar sistemas alimentarios acuáticos sostenibles sin perder legitimidad ambiental.

En paralelo, la CGPM ha ido dotándose de guías específicas para orientar decisiones (por ejemplo, sobre procesos de licenciamiento y arrendamiento, o sobre aspectos sociales y ambientales), un marco que da contexto a por qué el debate de Atenas se concentró tanto en “condiciones habilitantes” y no solo en objetivos genéricos.

Lectura para el sector: “predictibilidad” y métricas, no solo discurso

Más allá de los titulares, el mensaje que interesa a las empresas es doble. Primero, que el crecimiento sostenible exige predictibilidad regulatoria y condiciones responsables de inversión, porque sin ellas la innovación (sanidad, eficiencia energética, digitalización) se convierte en un coste difícil de amortizar. Segundo, que la conversación regional se mueve hacia indicadores y desempeño medible, un terreno donde la coordinación entre productores y administraciones será determinante para evitar normas impracticables o asimetrías competitivas.

Atenas, en suma, funcionó como un recordatorio de que la acuicultura no se ordena solo desde los despachos: se gobierna con diálogo técnico y con el sector dentro de la sala, porque el último filtro —la viabilidad— siempre lo pasa la granja

Versemar impulsa sistemas autónomos de monitorización de parámetros oceanográficos para conocer el mar

0

Versemar consultora medioambiental especializada en medio marino, está impulsando el uso de sistemas autónomos de medición de parámetros fisicoquímicos con el objetivo de integrarlos en una base de datos digitalizada que esté disponible para futuros proyectos de acciones locales y para investigación medioambiental.

En los últimos años, las políticas ambientales marinas han avanzado significativamente hasta alcanzar un nivel de exigencia similar al de las terrestres. Sin embargo, su desarrollo sigue enfrentándose a importantes limitaciones de información fidedigna y al predominio de narrativas generalistas que limitan la objetividad del debate social sobre problemáticas concretas en el ámbito regional o local.

La investigación científica marina, pese a sus enormes avances en el conocimiento de aspectos generales y globales, sigue en muchos ámbitos geográficos en la fase de exploración y descripción, sin disponer apenas de registros históricos de datos ambientales. 

Por otra parte, la experiencia de los usuarios tradicionales del mar, pescadores y navegantes principalmente sólo contribuye con una visión parcial, desde la superficie, sin percibir lo que realmente ocurre en profundidad.

A partir de todos los estudios medioambientales marinos que Versemar lleva a cabo para cubrir distintas necesidades relacionadas con cualquier actuación costera o litoral, asociada a obras marítimas civiles o a procesos industriales, se genera una cantidad significativa de información técnica de gran valor que, gestionada adecuadamente, sería de excepcional utilidad para suplir esta carencia de información.

En respuesta a este reto, la consultora castellonense está proponiendo a administraciones públicas, y empresas constructoras especializadas en obras marítimas y portuarias la implementación de sistemas autónomos de medición de parámetros fisicoquímicos (temperatura, salinidad, turbidez, concentración de clorofila, oxígeno disuelto, nutrientes inorgánicos, etc.), mediante instrumentación alojada en boyas oceanográficas, con registro digital de los datos en continuo y transmisión en tiempo real. 

Además de cumplir los requisitos regulatorios de los programas de vigilancia, los datos obtenidos se incorporan a una base de datos digitalizada, concebida como un recurso de información previa para plantear futuros proyectos locales y como registro de datos históricos para el estudio y seguimiento de fenómenos generales que también afectan a los mares y océanos, como el cambio climático y la eutrofización.

“Nuestra intención es transformar los datos obtenidos en los Programas de Vigilancia Ambiental que llevamos a cabo en nuestra actividad habitual, en conocimiento útil y disponible para otros fines de interés general.   Los sistemas autónomos de monitorización de parámetros oceanográficos no solo permiten cumplir con los requisitos exigibles en cada trabajo, sino multiplicar la disponibilidad de datos marinos fiables para analizar con rigor fenómenos ambientales generales como el cambio climático y otros procesos de alteración no tan renombrados” señala José Luis Esteban, biólogo especializado en ecología marina de Versemar.

Acerca de Versemar

Versemar con sede Oropesa del Mar (Castellón), es la marca líder de Tineverse que encabeza la transición de la consultoría marina tradicional a un modelo de vanguardia. Heredera de un equipo con más de 20 años de experiencia, ofrece servicios de evaluación ambiental, gestión sostenible e inspección subacuática, apostando por gemelos digitales e inteligencia de datos para garantizar una toma de decisiones más eficiente y sostenible.

Acerca de Tineverse

Tineverse, con sede en Oropesa del Mar (Castellón), es una compañía de base tecnológica perteneciente al Grupo FUCSA. Nace para albergar y potenciar unidades de negocio altamente especializadas, siendo Versemar su marca de referencia en el sector de la consultoría y tecnología para el medio marino. Su sede se encuentra en el centro de innovación de Bellver Blue Tech Zone

Eólica marina en España: arranca la carrera de las subastas, con Canarias en la pole… y la pesca en pie de guerra

0

España entra —por fin— en la fase decisiva de su eólica marina: la de poner reglas, fijar ubicaciones y abrir la primera subasta. Lo hace, sin embargo, con una ecuación incómoda desde el minuto uno: prisa industrial y climática frente a conflicto social y territorial, con el sector pesquero reclamando freno y garantías científicas antes de ocupar caladeros.

El punto de partida oficial lo marca el Ministerio para la Transición Ecológica con la consulta pública previa para diseñar el primer procedimiento competitivo, enmarcada en la hoja de ruta que sitúa el objetivo español en 1–3 GW de eólica marina para 2030. 

Dentro del propio sector energético se abre paso una idea: empezar por Canarias con una subasta “piloto” en el entorno de 250 MW, apoyándose en dos argumentos recurrentes:

  • El mayor coste de generación eléctrica en un sistema insular no conectado a la red peninsular, donde cada MWh renovable puede tener más valor sistémico. 
  • Condiciones técnicas y de recurso que, según análisis sectoriales, pueden favorecer un primer despliegue, además de proyectos ya en cartera en el archipiélago. 

Esa “ventaja comparativa” canaria no significa ausencia de fricciones; al contrario: el arranque en islas concentra presión política y social por el uso del espacio marítimo.

Las comunidades autónomas quieren “salir primero” en las pujas

La eólica marina se ha convertido también en competencia territorial: varias autonomías quieren ser las primeras en la foto de la subasta por lo que implica en cadena de valor industrial, puertos, logística, ensamblaje, mantenimiento y empleo.

Galicia, por ejemplo, ha verbalizado públicamente su intención de estar en la primera convocatoria, defendiendo la oportunidad industrial, aunque reclamando compatibilidad con los usos actuales del mar. 

Este pulso autonómico añade otra capa al debate: no solo es “dónde hay viento”, sino dónde se captura más retorno económico y político por ser territorio pionero.

El estreno llega bajo la sombra del rechazo pesquero

En paralelo al entusiasmo industrial, la respuesta del sector pesquero se endurece. En las últimas semanas, organizaciones y plataformas han elevado el tono hasta exigir la paralización del proceso, argumentando afecciones sobre caladeros y reclamando que no se avance sin certidumbre ambiental y socioeconómica. 

El conflicto tiene un componente de fondo: la planificación espacial (zonas propuestas para renovables en el mar) se percibe en parte de la flota como un rediseño “desde arriba”, donde la pesca entra a negociar tarde o en posición defensiva. Y eso, en un sector ya tensionado por costes, control, y margen empresarial, se traduce en movilización.

El papel del IEO: estudios, método… y una demanda clara de diálogo

En esta disputa, la ciencia pública aparece en un rol incómodo: ser árbitro, pero también ser herramienta en el debate político. El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el ICM han impulsado espacios de diálogo con participación de pescadores, científicos y técnicos, subrayando la necesidad de integrar al sector pesquero en la planificación. 

Además, el propio MITECO ha encuadrado trabajos del IEO dentro de las medidas asociadas a la ordenación del espacio marítimo, presentando análisis específicos sobre la afección potencial al sector pesquero vinculados a la eólica marina. 

Para la pesca, el listón es claro: no basta con mesas de diálogo; piden secuencia (primero evidencia y garantías, después subasta). Para la industria y administraciones energéticas, el riesgo es el contrario: que la ventana tecnológica y de inversión —especialmente en flotante— se cierre o se desplace a otros países si España no activa mercado.

Qué nos jugamos en 2026: tres decisiones que marcarán la década

  1. Dónde empieza España: si habrá “subasta-isla” (Canarias) como piloto o si se fuerza un arranque con varias demarcaciones a la vez. 
  2. Qué se subasta realmente: potencia, calendario, criterios de compatibilidad, exigencias ambientales y modelo de conexión/evacuación. 
  3. Cómo se gestiona la coexistencia: compensaciones, corredores de navegación, protocolos de seguridad, seguimiento científico y gobernanza con el sector pesquero dentro, no como invitado final. 

La eólica marina española, en suma, nace con una paradoja: tiene ambición industrial, pero su licencia social está por construir. Y en el mar —como en los puertos— cuando no hay confianza, cualquier calendario se convierte en temporal.

Mar simplifica el acceso a la formación pesquera para atraer a más jóvenes y extranjeros

0

La pesca española afronta uno de sus mayores desafíos en décadas: garantizar el relevo generacional y atraer talento joven en un momento en que el sector muestra un marcado envejecimiento de su plantilla. En este contexto, las administraciones y agentes vinculados a la actividad pesquera están impulsando cambios destacados para facilitar el acceso a la formación profesional marítimo-pesquera, con el objetivo de hacerla más accesible para jóvenes, así como para personas extranjeras interesadas en desarrollarse profesionalmente en este ámbito tradicional y estratégico. 

En Galicia —referente nacional en actividad pesquera— la Xunta aprobó recientemente una orden que simplifica los requisitos formativos para obtener títulos profesionales vinculados al trabajo en la mar. El ejemplo más llamativo es la reducción de la duración del curso de marinero pescador, que pasa de 50 a 23 horas —la carga mínima establecida por la normativa estatal—, facilitando así que quienes desean embarcar puedan completar la formación básica en menos tiempo. 

Además, la reforma contempla que parte de la formación pueda cursarse antes de alcanzar la edad mínima legal de examen: los aspirantes podrán iniciar el proceso formativo antes de cumplir los 16 años en el caso de marinero pescador y antes de los 18 años para otras titulaciones náuticas. Esta flexibilización no solo allana el camino a los jóvenes, sino que también abre espacios para captar a personas de otras regiones o países con interés en profundizar en la actividad marítima. 

Un sector que busca nueva savia

Con una flota con muchos profesionales próximos a la jubilación y una proporción reducida de jóvenes en sus filas, el sector pesquero español —al igual que otras marinas tradicionales en Europa— enfrenta la urgencia de incorporar nuevas generaciones. Las medidas formativas se integran dentro de una estrategia más amplia de dinamización, que apuesta por resaltar el carácter tecnificado y profesionalizado de la pesca contemporánea, rompiendo estereotipos de una profesión dura y aislada para mostrarla como una opción con perspectivas reales de empleo. 

Este enfoque forma parte también de acciones complementarias en otras comunidades, así como de proyectos orientados a acercar el mar a centros educativos y ferias de empleo, con experiencias prácticas que acercan al alumnado a la vida a bordo y a la importancia económica, social y cultural de la pesca. 

Más allá de las fronteras

La simplificación de los requisitos no solo beneficia a los jóvenes españoles, sino que también tiene potencial para atraer a personas extranjeras interesadas en la formación marítimo-pesquera, un factor que puede dinamizar la internacionalización de un sector que tradicionalmente ha sido local pero que cada vez opera en un entorno global. El reconocimiento de experiencias previas, la flexibilidad en la formación y la apertura de puertas a estudiantes internacionales pueden convertirse en estímulos adicionales para reforzar la competitividad del sector y aportar diversidad de talento. 

Retos y perspectivas

No obstante, los retos persisten: la pesca sigue siendo una actividad con condiciones exigentes y estacionales que requieren no solo formación técnica sino también acompañamiento social y profesional para quienes se incorporan, especialmente si provienen de contextos extranjeros. Impulsar programas de orientación laboral, facilitar la integración cultural y ofrecer apoyos adicionales en la inserción profesional serán claves para que este esfuerzo formativo se traduzca en un verdadero relevo generacional sostenible.

La UE se juega su credibilidad en la pesca del atún con el acuerdo con Seychelles

0

Entre la misión de eurodiputados a Seychelles (17–19 de febrero) y el Consejo “Agricultura y Pesca” del 23, Bruselas enlazará acuerdos exteriores, trazabilidad y reglas de mercado en un mismo tablero.

La política pesquera europea vuelve a mirarse al espejo esta semana en tres palabras que, juntas, definen su margen de maniobra en el atún: control, datos y acceso a los recursos. No es una consigna de despacho, sino una secuencia de citas que obliga a la Unión a demostrar coherencia entre lo que exige a sus flotas, lo que negocia con terceros países y lo que regula en su mercado interior.

El calendario es preciso. Del 17 al 19 de febrero, una delegación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo se desplaza a Victoria (Seychelles) para evaluar sobre el terreno el impacto de los acuerdos de asociación pesquera y el funcionamiento de los sistemas de control y recopilación de datos, en plena negociación del acuerdo vigente.
Y el 23 de febrero, en Bruselas, se reúne el Consejo de la UE en formación “Agricultura y Pesca”, con un orden del día que cruza política de cadena alimentaria (prácticas comerciales desleales) y posicionamiento internacional (prioridades estratégicas ante la FAO para 2026–2027).

Victoria: un socio clave en el Índico y un punto neurálgico del atún

Seychelles no es un socio cualquiera en el Índico: es uno de los nodos más relevantes de la industria global del atún y un actor central en la gobernanza regional a través de la Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). En ese contexto, el viaje de los eurodiputados tiene un objetivo operativo: verificar cómo se traduce, en puerto y en cadena, la promesa europea de “pesca sostenible” cuando el eslabón clave no está en la UE, sino en un Estado socio donde se descargan, transforman y reexpiden volúmenes estratégicos.

El Parlamento lo plantea sin rodeos: la delegación viaja “para revisar el impacto” de los acuerdos y, con el protocolo UE–Seychelles en negociación, discutir progresos en sostenibilidad, mejoras de control y recopilación de datos y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR/IUU). El programa combina reuniones políticas (Presidencia, Asamblea Nacional, ministerio competente) y visitas técnicas a puntos donde se decide la trazabilidad real: instalaciones vinculadas a cerqueros, una conservera de atún del Índico, operador de pesaje, frío industrial y, especialmente, la Seychelles Fisheries Authority y su centro de monitorización.

La lógica es clara: si la UE quiere que sus acuerdos sean algo más que “acceso por pago”, debe poder demostrar que el dinero y las cláusulas se convierten en capacidad de control y calidad del dato: qué se captura, dónde, con qué arte, cómo se desembarca, cómo se transforma y cómo se audita.

El acuerdo UE–Seychelles: el más relevante para el atún europeo

El propio Parlamento recuerda que el acuerdo con Seychelles es el más significativo, financieramente, en la red atunera de la UE. La Comisión Europea detalla el armazón: protocolo vigente del 24 de febrero de 2020 al 23 de febrero de 2026, con una contribución anual de 5,3 millones de euros, de los que 2,8 millones son “apoyo sectorial” para desarrollar la política pesquera sostenible del país.

Ese apoyo sectorial no es neutro: está orientado —entre otras prioridades— a monitorización, control y vigilancia contra la IUU y a construcción de capacidad científica y de datos, incluyendo recopilación, análisis y compartición de información de capturas. En paralelo, el acuerdo fija un tonelaje de referencia de 50.000 toneladas/año y habilita a buques de España, Francia, Italia y Portugal a faenar especies tuneras y afines en aguas seychellenses.

Sobre el papel, el triángulo está completo: acceso, dinero y obligaciones. En la práctica, el reto es medir el retorno: si el acuerdo fortalece de verdad la gobernanza local —y con ella la trazabilidad— o si el control queda por detrás de la intensidad industrial que pasa por el puerto.

Control y dato: donde la sostenibilidad deja de ser un eslogan

Hay un motivo por el que el programa de la misión pone el foco en el centro de monitorización y en el eslabón del pesaje, frío y transformación. En el atún, el conflicto rara vez está en el objetivo “pescar menos o más”, sino en cómo se prueba lo que se pesca, lo que se desembarca y lo que se comercializa.

La UE quiere comprender —y, en la práctica, validar— el trabajo de Seychelles para aplicar el Reglamento europeo de control pesquero en su dimensión externa: inspecciones portuarias, controles documentales, trazabilidad y coherencia entre el dato declarado y el producto que entra en la cadena. Por eso la misión incluye también un encuentro con el secretario ejecutivo de la IOTC, el organismo regional que enmarca las reglas biológicas y de gestión del atún en el Índico.

En términos de política pública, el mensaje es simple: sin dato verificable no hay sostenibilidad defendible, y sin sostenibilidad defendible no hay legitimidad para exigir al mercado —consumidores incluidos— que confíe en el sistema.

Bruselas: el eslabón de mercado entra en la ecuación

El segundo capítulo llega el 23 de febrero, cuando los ministros europeos se sienten en el Consejo “Agricultura y Pesca”. La agenda oficial incluye dos puntos que, a primera vista, parecen alejados del atún tropical, pero que impactan de lleno en su cadena:

  • Intercambio de opiniones sobre el informe de evaluación de la Directiva de prácticas comerciales desleales (UTP), presentado por la Comisión.
  • Almuerzo ministerial sobre prioridades estratégicas de la UE en la FAO para 2026–2027, conectando la política interna con la gobernanza global de alimentación y recursos.

La UTP entra aquí como “política de filiera”: equilibrio contractual, poder de negociación y transparencia en la formación de precios. En un producto como el atún —marcado por transformación industrial, marcas, distribución y estándares privados— el modo en que se reparte el valor a lo largo de la cadena puede condicionar decisiones aguas arriba: desde qué caladeros se priorizan hasta qué exigencias de trazabilidad se trasladan (o no) al origen.

Y el debate FAO no es decorativo: cuando la UE define prioridades en el principal foro multilateral de alimentación y agricultura, está fijando el tono de su diplomacia alimentaria y su narrativa sobre sostenibilidad, IUU y coherencia normativa.

Un “test” de coherencia con tres respuestas obligadas

Visto en conjunto, el “doble escenario” Victoria–Bruselas funciona como examen práctico de la política atunera europea:

  1. Acceso con condicionalidad real: los acuerdos no pueden ser solo “cheque por licencias”; deben demostrar retorno en capacidad de control y dato.
  2. Dato que viaje con el producto: la trazabilidad debe resistir auditoría desde el mar hasta el mercado, especialmente en nodos portuarios y de transformación.
  3. Mercado alineado con la gobernanza: si la UE refuerza reglas sobre prácticas comerciales y posicionamiento multilateral, debe evitar que el coste de la sostenibilidad se “pierda” entre eslabones sin llegar a quien asume las obligaciones.

La semana deja, además, un subtexto que el Parlamento ha colocado explícitamente: Seychelles es socio clave y actor estratégico del atún global; el diálogo debe reforzar una relación “mutuamente beneficiosa”. En el lenguaje de la gobernanza, eso significa una cosa: la UE quiere seguir accediendo —y seguir siendo creíble—, pero sabe que su credibilidad dependerá de que la sostenibilidad no se proclame, sino que se mida.

Críticas a los FADs por convertirse «en herramientas de residuos»

0

Francisco Blaha (consultor y analista en gobernanza pesquera del Pacífico) lo plantea sin rodeos en una reflexión publicada el 16 de febrero de 2026: los dFAD (dispositivos de concentración de peces a la deriva, equipados con boyas ecosonda) ya no pueden tratarse solo como “artes” o “tecnología de eficiencia”, sino como un problema de residuos a gran escala que termina golpeando a arrecifes y comunidades costeras.

Blaha escribe tras participar en Papeete (Tahití) en el International Workshop on Mitigation of FAD Loss and Abandonment in the Pacific Ocean, un encuentro impulsado por la SPC (Pacific Community) y la ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) ha abordado por qué se pierden, cómo derivan y qué se puede hacer —con mecanismos prácticos— para recuperar dFAD y reducir abandonos.

La paradoja que describe Blaha es incómoda para una industria que presume (con razones) de avances en control: stocks estables, mejoras graduales en estándares laborales y niveles relativamente contenidos de pesca INDNR. Pero, a la vez, la proliferación de dFAD empuja a la pesquería hacia lo que él llama un “choque a cámara lenta”: la factura ambiental y social de un sistema hiper-eficiente que externaliza costes en el litoral.

En números, el fenómeno ya es de escala industrial. En el Pacífico se manejan estimaciones de 46.000 a 65.000 dFAD desplegados anualmente, con 30.000–40.000 en el Pacífico occidental y central (WCPO) en algunos cálculos presentados en foros científicos regionales. En su reflexión, Blaha sitúa el orden de magnitud “entre 40.000 y 60.000” artefactos derivando de este a oeste en la franja ecuatorial, y admite el primer gran agujero del sistema: nadie sabe con precisión cuántos hay.

Cuando el dFAD toca costa, deja de ser “equipo” y se convierte en daño crónico

El relato del taller en Tahití va más allá del “littering”. La deriva termina, muchas veces, en playas, lagunas y arrecifes. Y ahí aparece el impacto más persistente: las “colas” o apéndices —a menudo redes sintéticas y elementos lastrados— siguen rasgando coral, enredando fauna y degradando hábitats cuando el buque que lo largó ya está a cientos de millas.

A esa escena se suma otro factor: las baterías y componentes electrónicos de algunas boyas, que pueden acabar deterioradas en costa. En el taller se mostraron ejemplos gráficos (boyas rotas, elementos varados, apéndices en el arrecife) que, según Blaha, evidencian que las “externalidades” de la pesca industrial de atún no se quedan mar adentro: también afectan turismo, pesca de subsistencia y valores culturales de islas con recursos limitados para retirar y gestionar esos residuos.

El núcleo del argumento de Blaha es económico. La competencia y el salto tecnológico han abaratado el sistema: el dFAD moderno combina estructura flotante + apéndice + boya ecosonda satelital, y con una sola captura “modesta” puede amortizarse.

En esa cadena, el papel de las boyas es clave —y conecta directamente con Europa— porque una parte relevante del mercado de ecosondas para dFAD se apoya en fabricantes con fuerte huella española, como Marine Instruments, Zunibal y Satlink, citados en literatura técnica y en documentación de pesquerías atuneras. (De hecho, el propio esquema de “type approval” de PNA lista modelos de Satlink y Zunibal para operar en sus aguas).

El resultado, sostiene Blaha, es un incentivo perverso: el coste de combustible y tiempo de pesca para ir a recuperar un dFAD que se aleja suele ser mayor que el coste de reemplazarlo. En la práctica, cuando el arte “se sale” del radio operativo rentable, la recuperación deja de ser prioridad y el océano “absorbe” el residuo.

A eso se añade una trampa regulatoria: en determinadas jurisdicciones, recuperar o recolocar un FAD puede computar como actividad de pesca, de modo que si el dFAD deriva hacia un área sin licencia (o sin días asignados) el buque puede exponerse a sanciones incluso “haciendo lo correcto”. Blaha apunta que, probablemente, este sería el elemento más fácil de corregir si hay voluntad normativa.

De “gestionar residuos” a “logística inversa”: la propuesta de Blaha

El giro conceptual que propone el autor es claro: no basta con retirar basura al final de la cadena (y cargar el problema a quien no lo generó). Hay que diseñar logística inversa: mecanismos que creen un valor económico por recuperar el dFAD y que alineen responsabilidades con el principio —reconocido en el derecho del mar— de que el Estado del pabellón responde por las acciones del buque (incluidos los residuos que produce).

Su idea central es un “waste-bond” o sistema de depósito + pago por recuperación:

  • Depósito al registrar el dFAD (y/o su boya), aportado de forma compartida por armadores/operadores y por fabricantes de boyas.
  • Pago por recuperación para retiradas verificadas (varado o recuperado en mar), con una escala que pague más por extracciones en arrecife/costa —más costosas y con mayor beneficio ecológico— y menos por recuperaciones en mar abierto.
  • Fondo en custodia (escrow), con penalización para operadores reincidentes y reasignación a programas de recuperación.

Blaha cita que análisis discutidos en el entorno SPC manejan órdenes de magnitud del pago por recuperación “en torno a 1.000–2.000 USD” dependiendo del escenario.

Para sostenerlo, el esquema exige trazabilidad: ID único, registro central, pruebas de recuperación (foto geolocalizada, registros de transferencia de la boya, evidencia de observador o entrega en puntos autorizados) y “hubs” de recepción donde separar electrónica reutilizable y encaminar materiales a reciclaje/valorización.

El autor no esquiva el debate de mercado: involucrar a conserveras y traders sería ideal, pero “hay poco apalancamiento” para obligarlos. En cambio, sugiere dos vías: trasladar parte del coste al precio o incentivar compras FAD-free donde exista demanda.

En su texto menciona referencias de primas orientativas: FAD-free de 50–100 USD/tonelada cuando requiere separación a bordo, y primas MSC más bajas (o incluso irrelevantes) en un contexto donde la certificación se ha convertido, en muchos casos, en requisito de mercado.

El ángulo europeo: WEEE, responsabilidad ampliada y diligencia debida

Europa aparece en la reflexión por una razón directa: si las boyas y parte del hardware se comercializan desde la UE, los marcos de responsabilidad ampliada del productor pueden ganar peso en los próximos años. Blaha cita expresamente la normativa de residuos eléctricos/electrónicos (WEEE) y el enfoque de ciclo de vida. La Directiva WEEE (2012/19/UE) establece obligaciones de recogida y gestión para aparatos eléctricos y electrónicos.

Además, enlaza este debate con la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa (CSDDD), que fija un marco para que grandes compañías identifiquen y gestionen impactos negativos sobre derechos humanos y medioambiente en sus “cadenas de actividades”.

Y recuerda que existen precedentes internacionales para elevar el listón: en el ámbito marítimo, el tratamiento del arte perdido y su registro aparece en guías y resoluciones asociadas a MARPOL (Anexo V), que subrayan que la pérdida de artes puede dañar el medio y crear peligros para la navegación, y que debe registrarse y reportarse en determinados supuestos.

Un debate que ya no es técnico: es legitimidad

La tesis de Blaha —y la fuerza del taller de Tahití— es que el problema de los dFAD no se resolverá solo con “mejores materiales” o con pilotos de reciclaje al final del camino. El desafío es de diseño de incentivos: hacer que recuperar valga más que abandonar.

En el WCPO, el sector ya ha demostrado que puede convertir una idea en arquitectura real de gestión: el Vessel Day Scheme (VDS) de PNA nació como concepto y hoy estructura el control del esfuerzo cerquero mediante días de pesca comerciables entre países. Blaha lo menciona como recordatorio de que los sistemas regionales pueden evolucionar cuando la presión y el consenso se alinean.

Su conclusión es, en el fondo, una advertencia estratégica: si la industria quiere mantener credibilidad como “responsable”, tendrá que mirar al dFAD no como herramienta efímera, sino como producto con ciclo de vida y, por tanto, con residuo asignable, trazable y financiable.