La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala las 87 vedas a la pesca de fondo establecidas por la Comisión Europea ha generado un intenso debate en el sector pesquero y entre expertos en política comunitaria. Más allá de sus efectos inmediatos en la flota española y de otros países, el fallo plantea interrogantes sobre el papel de la ciencia en la toma de decisiones y sobre la solidez democrática del proceso legislativo en materia pesquera.

El tribunal dio la razón a la Comisión Europea al considerar que no era estrictamente necesaria la existencia de una “evidencia científica” plena para justificar las medidas restrictivas. Bastaba, señaló, con la presencia “verificada o posible” de especies protegidas o la vulnerabilidad de los ecosistemas afectados. De este modo, se aplicó el principio de precaución y se desestimaron los recursos interpuestos por España y por representantes del sector.

Una interpretación controvertida

El fallo implica que la Comisión no está obligada a evaluar de forma detallada la fragilidad de los ecosistemas en función de cada arte de pesca, ni a estudiar las consecuencias sociales y económicas de las medidas de conservación sobre las comunidades costeras. Este razonamiento ha despertado críticas, ya que podría interpretarse como una flexibilización en los requisitos de justificación científica de las normas.

En contraste, el tribunal también señaló que España y el sector no habían aportado pruebas suficientes para demostrar que las artes fijas carecen de efectos negativos sobre los ecosistemas marinos vulnerables. En ese sentido, hizo referencia a la metodología del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), cuyos dictámenes sirvieron de base a la Comisión.

Críticas a la gestión española

Para expertos en política pesquera, la sentencia evidencia carencias en la estrategia española en los foros comunitarios y científicos. La ausencia de una actuación más proactiva desde las fases iniciales de las propuestas, tanto en el Parlamento Europeo como en el propio CIEM, habría limitado la capacidad del Estado para defender los intereses de la flota nacional.

“Lo que se observa es una falta de planificación y de medios en la acción política y científica, que deja a los científicos con recursos escasos y reduce la capacidad de respuesta del país”, advierte Jaime Mejuto, investigador jubilado del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en un análisis sobre el fallo.

Más allá de la sentencia

El caso pone de relieve un dilema recurrente en la política ambiental y pesquera de la UE: la tensión entre la aplicación del principio de precaución y la necesidad de justificar las medidas con datos científicos sólidos, así como el equilibrio entre la protección de los ecosistemas y el impacto socioeconómico en las comunidades pesqueras.

La sentencia, además, marca un precedente sobre cómo la Comisión puede fundamentar sus decisiones en el futuro, lo que podría tener repercusiones en otros ámbitos regulatorios. “No se trata solo de lo que implica la sentencia, sino del tipo de razonamientos que valida y de lo que está por venir en la gestión de la pesca en Europa”, concluye Mejuto.

La Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha decretado el cierre de la pesquería de sardina (Sardina pilchardus) en aguas del Cantábrico Noroeste para los buques de cerco, racú y piobardeira en aguas ibéricas de las zonas CIEM VIIIc y IXa. La medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del 18 de agosto de 2025 (hora peninsular).

La decisión se adopta apenas unos días después de que la administración anunciara una reducción de los topes semanales de capturas, medida que ya anticipaba la necesidad de ajustar el esfuerzo pesquero ante el estado del recurso.

Contexto biológico y gestión pesquera

La sardina ibérica es una de las especies más sensibles a las variaciones ambientales y al impacto de la presión pesquera. Los informes científicos recientes han alertado de la necesidad de establecer medidas de control más estrictas para garantizar la sostenibilidad del stock, que sigue mostrando signos de fragilidad pese a las mejoras de los últimos años.

El cierre busca, según fuentes ministeriales, proteger el recurso en un momento clave del ciclo biológico de la especie, con el fin de favorecer su recuperación y asegurar la viabilidad a medio y largo plazo de una de las pesquerías más emblemáticas de la fachada atlántica.

Impacto en la flota y el mercado

La decisión afecta de manera directa a la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste, que depende en gran medida de esta especie para su actividad durante los meses de verano. El sector advierte de que el cierre tendrá repercusiones económicas inmediatas, especialmente en las cofradías gallegas y cantábricas, así como en las conserveras que dependen de la sardina como materia prima.

En paralelo, se prevé que el mercado de pescado fresco registre un incremento de precios, dada la reducción de la oferta en lonja, aunque el impacto final dependerá de la capacidad de sustitución con otras especies pelágicas.

Una pesquería en la encrucijada

El cierre de la sardina en aguas ibéricas refleja la complejidad de gestionar un recurso sometido tanto a la presión pesquera como a las variaciones ambientales del Atlántico. El Gobierno ha reiterado su compromiso con los principios de la Política Pesquera Común y la necesidad de garantizar el equilibrio entre la actividad económica del sector y la conservación de los ecosistemas marinos.

Con esta medida, España se alinea con las recomendaciones comunitarias y científicas, pero deja en evidencia la fragilidad de un recurso tradicional que forma parte de la identidad cultural, gastronómica y económica de las comunidades costeras del noroeste peninsular.

La campaña del bonito del norte vive estos días uno de sus momentos más intensos en las aguas del Cantábrico. Un nutrido banco de Thunnus alalunga ha atraído a decenas de barcos cañeros a las proximidades de A Mariña lucense, donde desde hace días la flota ha concentrado su actividad a entre 33 y 50 millas de la costa.

Al amanecer de este viernes, los puertos de Celeiro y Burela veían zarpar a decenas de boniteros rumbo a la zona de pesca, acompañados por el buque hospital Juan de la Cosa, del Instituto Social de la Marina (ISM), que presta apoyo sanitario a los marineros.

Tres frentes de captura en el Atlántico
El banco, en constante desplazamiento hacia el norte, ha provocado que parte de la flota se redistribuya. Un segundo contingente de barcos españoles faena a unas 208 millas al oeste de Brest (Francia) y a 186 millas al sur de Castletownbere (Irlanda), asistido por el otro buque hospital español, el Esperanza del Mar. Un tercer grupo sigue al bonito a unas 154 millas al noroeste de La Rochelle (Francia), en plena ruta migratoria del túnido hacia el Cantábrico para alimentarse durante el verano.

Abundancia y buenos precios
La abundancia del bonito se refleja en las cotizaciones. En las lonjas gallegas, el precio medio que reciben los pescadores ronda los 4 euros por kilo, sin incluir el 10% de IVA ni tasas portuarias cercanas al 3%. En las pescaderías, esta disponibilidad también se traduce en una amplia oferta para los consumidores.

En el conjunto nacional, la campaña avanza a buen ritmo. Según el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, hasta el 4 de agosto se habían capturado 12.150 toneladas, lo que representa un 47% de la cuota nacional fijada en 26.000 toneladas para 2025. La flota vasca acumula 7.100 toneladas, cerca del 60% del total, con un precio medio en lonja de 3,90 euros/kilo.

Pesquería estacional clave
Cada verano, la campaña del bonito del norte se convierte en una de las citas más relevantes para la flota del Cantábrico y Noroeste, que adapta sus artes y rutas para aprovechar la presencia del túnido. Este año, la abundancia del recurso y la estabilidad en las cotizaciones auguran un cierre de temporada positivo para el sector.