La pesca europea, por medio de Cepesca, demanda transparencia a la Comisión Europea, tras conocerse una investigación independiente sobre la financiación de ONGs para promover el Pacto Verde. Según una información de un periódico holandés, la Comisión Europea pagó a grupos ecologistas para apoyar su Pacto Verde y al excomisario Timmermans.

La prensa holandesa ha desvelado que una oficina europea habría destinado durante años fondos económicos para que esas asociaciones apoyasen las políticas ambientales y las propuestas climáticas de Bruselas.

En concreto, el periódico holandés De Telegraaf ha publicado una información donde revela que la Comisión Europea ha estado otorgando subvenciones a diferentes grupos ecologistas con la condición de que hagan campaña a favor de los planes verdes de Bruselas y del excomisario europeo Frans Timmermans, que fue vicepresidente primero de la Comisión Europea (2014-2023) y principal impulsor del Pacto Verde europeo. 

Según esta información, la Comisión Europea habría subvencionado durante años a grupos medioambientales con el objetivo de presionar a favor de los planes verdes del excomisario europeo Frans Timmermans. 

Aclaraciones inmediatas

El sector pesquero europeo, representado por la organización Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha solicitado a la Comisión Europea (CE) aclaraciones inmediatas sobre las recientes acusaciones, fruto de una investigación periodística , de que fondos públicos se destinaron a financiar organizaciones no gubernamentales (ONG) con el objetivo de influir en la adopción del Pacto Verde. Europêche ha pedido también a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que, junto con la CE, inicie una investigación independiente con el fin de proteger la integridad y la credibilidad de las instituciones europeas y garantizar plena transparencia e independencia en sus interacciones con ONG y otros actores interesados.

La organización muestra su profunda preocupación ante unas averiguaciones que considera
especialmente alarmantes por su impacto potencial en sectores como el pesquero, que ya enfrenta enormes presiones regulatorias y económicas. A su juicio, políticas vinculadas al Pacto Verde, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, tienen consecuencias profundas para las comunidades pesqueras europeas, exigiendo medidas drásticas como el cierre adicional de caladeros tradicionales. Según Europêche, si se confirmara que se han utilizado fondos públicos para apoyar campañas destinadas a influir en estas políticas, tales acciones podrían haber comprometido la imparcialidad e integridad democrática del proceso de decisión dentro de la Unión Europea. A este respecto, el sector pesquero europeo apunta concretamente al crecimiento en los últimos años de las campañas contra la pesca de fondo, lideradas por ONG que abogan por la prohibición total de un método de pesca legal, certificado y estrictamente regulado en Europa, en lugar de buscar mejoras o colaborar con el sector pesquero.

Para restaurar la confianza en el proceso de toma de decisiones, la investigación independiente solicitada por Europêche debería, a su juicio, identificar las organizaciones implicadas, sus objetivos y la financiación recibida. Este proceso debe, según el sector pesquero, esclarecer los hechos, determinar si se han producido vulneraciones de los principios democráticos y proponer medidas correctivas para evitar problemas similares en el futuro.

Objetivos específicos a Lobbys

A estas organizaciones incluso se les asignaron objetivos específicos para lograr resultados concretos en las actividades de lobby ante los eurodiputados y los estados miembros. Todo se centró principalmente en impulsar una política europea verde aún más ambiciosa. 

Uno de los ejemplos mencionados por el citado diario es la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), organización que agrupa más de 185 entidades ambientalistas ciudadanas en Europa, incluidas Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) y la sociedad para la preservación de los monumentos de la naturaleza (Natuurmonumenten). 

La EEB (por sus siglas en inglés de European Environmental Boreau) se define como «la red más grande de Europa de organizaciones ciudadanas medioambientales, con más de ciento ochenta y cinco organizaciones adheridas en cuarenta y un países, que representan a unos treinta millones de miembros individuales y simpatizantes». 

Creada en 1974, la oficina se estableció en Bruselas «con el propósito de ofrecer un centro de atención para sus miembros, para así controlar y responder a la política medioambiental emergente de la UE». Entre las entidades federadas en la EEB, figuran nueve organizaciones españolas que aparecen en su página web como miembros de pleno derecho o asociados.

700.000 euros para la EBB

Según el periódico holandés, el contrato con este grupo menciona instrucciones explícitas de proporcionar al menos dieciséis ejemplos de cómo, gracias a su labor, el Parlamento Europeo ha hecho que la legislación verde sea más ambiciosa. 

La EEB, que habría recibido 700 000 euros, promovió la Ley de la Restauración de la Naturaleza y tuvo que influir en el debate sobre la agricultura en una dirección más verde, según el contrato en posesión del diario. 

Según indica la noticia, el eurodiputado neerlandés Dirk Gotink está investigando junto a varios colegas del comité de control presupuestario los contratos de subvenciones otorgados a grupos ambientalistas en los últimos cinco años, y asegura que «incluso había listas de grupos con nombres de políticos que debían ser contactados». 

Frans Timmermans fue comisario de Política de Acción por el Clima, vicepresidente primero de la Comisión Europea entre 2014 y 2023, formó parte de los ejecutivos comunitarios presididos por Juncker y Von der Leyen, y fue responsable del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia ‘De la granja a la mesa’./

Hasta que se proporcionen estas aclaraciones, Europêche aboga por suspender cualquier decisión que pueda haber sido influida por estas prácticas presuntamente irregulares, ya que, en su opinión, continuar implementando políticas adoptadas bajo un sistema potencialmente comprometido supone respaldar prácticas que las instituciones de la UE, particularmente la CE, critican habitualmente cuando ocurren en otros Estados o instituciones.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “si se confirman estas acusaciones, representarían una grave vulneración de los principios democráticos y una traición a la confianza depositada en las políticas medioambientales europeas adoptadas en la legislatura anterior. Nuestros pescadores, que ya enfrentan enormes desafíos para adaptarse a las políticas del Pacto Verde, merecen procesos de decisión transparentes, imparciales y responsables. El sector –continua Garat–, que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria de Europa y a las economías costeras, no puede soportar el peso de políticas moldeadas por propuestas ambientales
radicales impulsadas mediante esfuerzos de lobby no declarados”.
Por último, Europêche reitera su apoyo a la sostenibilidad medioambiental, pero subraya que la formulación de políticas debe ser equilibrada, basada en evidencias y respetuosa con las realidades socioeconómicas de las comunidades europeas.

El conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, participa en el consejo de ministros europeos celebrado en Bruselas. El objetivo es representar Catalunya en el encuentro para defender el futuro de la pesca.

Ordeig ha pactado con el ministro español, Luis Planas, pedir un punto en el orden del día para abrir un proceso de modificación del reglamento de pesca. Para el conseller lo más importante es que se modifique el método que se utiliza para calcular los stocks en el Mediterráneo. Según Ordeig, el sistema que se utiliza no es correcto, ya que solo tiene como referencia la merluza. «Hay que tener en cuenta que, actualmente, se pescan más de un centenar de especies», explica Ordeig al Diari.

De esta manera, la Generalitat volverá a presentar los estudios elaborados por Icatmar, que demuestran que la regeneración y los stocks en el mar Mediteráneo se encuentran dentro de los niveles requeridos.

Además, el conseller también pedirá que se revise y modifique el personal que configura el Comité Científico de la Comisión Europea. Según parece, una ámplia mayoría la ocupan representantes de entidades ecologistas, dejando a la mínima expresión el sector pesquero.

No es habitual que una representación catalana pueda acudir al consejo de ministros de pesca. Por eso, el conseller asegura que aprovechará la visita. «La idea es conseguir amplios consensos y que nuestras opiniones sean mayoritarias en los ámbitos de decisiones», añade Ordeig.

El encuentro tiene lugar después de unos meses muy duros para los pescadores del arrastro. Europa presentó a finales de año una propuesta para reducir los días de pesca al 80%. Aseguran que no hay stock en el mar. La medida, que indignó a los pescadores, pretendía que el colectivo saliera a pescar tan solo un mes al año.

Tras unas duras negociaciones con los ministros de España e Italia, se llegó a un acuerdo. El sector podría mantener los días de este año, unos 130 de medía, siempre que se cambiaran las mallas que se utilizan para pescar. Las nuevas deben ser más selectivas, para dejar los peces pequeños en el mar.

El acuerdo no convence al colectivo, aunque aseguran que es la mejor solución teniendo en cuenta el escenario que tenían delante.

Pese a ello, Catalunya y el Mediterráneo no se rinden y, ahora, el conseller Ordeig tiene una oportunidad de oro para representar a los pescadores.

En el ámbito de la pesca, la Presidencia polaca prestará atención a la competitividad de la flota de la UE, garantizando sus intereses en las negociaciones en el marco de las organizaciones regionales de gestión pesquera y en los acuerdos de la UE con terceros países.

La Presidencia hará todo lo posible para garantizar que las decisiones relativas a las poblaciones de peces se tomen teniendo en cuenta los mejores dictámenes científicos disponibles y los aspectos socioeconómicos de la pesca.

En esta dirección, la Presidencia polaca haanunciado que negociará modificaciones de las posibilidades de pesca para 2025 en el Mar del Norte, el Mediterráneo, el Mar Negro y el Atlántico, así como las posibilidades de pesca para las poblaciones de aguas profundas.

También negociará con el Reino Unido y Noruega sobre las poblaciones de peces para las que se están debatiendo estas cuestiones en el primer semestre del año. En materia de cooperación multilateral y bilateral con terceros países costeros y acuerdos de colaboración en materia de pesca sostenible, la Presidencia hará hincapié en la cooperación con Noruega, Islandia y las Islas Feroe.

La Presidencia también trabajará en la transposición al Derecho de la UE de las conclusiones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y en la modificación del Reglamento sobre determinadas medidas destinadas a la conservación de las poblaciones de peces en relación con los países que permiten una pesca no sostenible, con vistas a reforzar la cooperación en materia de gestión sostenible de las poblaciones de peces con terceros países. También iniciaremos debates preliminares sobre la revisión de la Política Pesquera Común (PPC).

El sector agroalimentario es uno de los fundamentales de Cantabria, de ahí que el Gobierno haya decidido aumentar las ayudas al sector para favorecer su continuidad e impulsar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. En concreto, este año se van a movilizar 7,3 millones que se destinarán a 53 proyectos de inversión en este ámbito. La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, pretende también con la ampliación de estas ayudas, fijar población en los núcleos rurales, apoyando iniciativas vinculadas a las agroalimentación en el entorno rural.

Se van incrementar los porcentajes de ayudas para las empresas agroalimentarias, tanto para las pequeñas y medianas empresas, que pasarán de percibir un 30 a un 35%, como para las empresas de mayor tamaño, que pasarán de un 18 a un 25%.

Así lo ha anunciado la consejera María Jesús Susinos durante la visita que ha realizado a las instalaciones de Clavo Food Factory, en el polígono industrial de La Vega en Campoo de En medio. Esta empresa agroalimentaria, cuya facturación ya alcanza los 80 millones de euros anuales, está dedicada a la fabricación de productos congelados, y desde su llegada a Reinosa en 2023 ha generado ya más de 15 puestos de trabajo directos.

«Creemos en el sector agroalimentario porque se trata de una actividad estratégica con grandes posibilidades y una gran capacidad para contribuir al desarrollo rural, a la fijación de la población y a la diversificación de la actividad económica», ha subrayado Susinos, quien ha trasladado a los responsables de Clavo Food Factory que Cantabria cuenta con unos productos agroalimentarios de una «excelente» calidad en los que «merece la pena invertir».