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jueves, febrero 12, 2026
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FEDEPESCA vuelve a San Valentín con una campaña para reivindicar la pescadería tradicional

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“El match perfecto empieza en la pescadería” y “Querer también es cuidar. Díselo con pescado y marisco” son los dos lemas con los que la federación impulsa el consumo de productos pesqueros españoles

FEDEPESCA, la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados, lanza un año más su campaña con motivo de la celebración de San Valentín, con el objetivo de reforzar el papel de las pescaderías tradicionales como punto de compra de referencia para quienes buscan producto fresco, asesoramiento experto y opciones prácticas para una cena especial.

La acción se enmarca en el convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y FEDEPESCA 2025-2026, orientado a la promoción de los productos pesqueros y acuícolas españoles en el canal tradicional, un ámbito que la federación considera clave por su cercanía al consumidor y su capacidad para trasladar valor añadido más allá de la alimentación.

La campaña de este año incorpora dos creatividades diferenciadas, pensadas para conectar con públicos distintos. La primera, bajo el lema “El match perfecto empieza en la pescadería”, apuesta por un diseño más dinámico y visual, con un enfoque claramente orientado a su difusión en redes sociales y a la conexión con consumidores jóvenes. La segunda, titulada “Querer también es cuidar. Díselo con pescado y marisco”, propone una línea más emocional, vinculando la celebración con la idea de cuidar a través de una alimentación saludable.

Desde FEDEPESCA destacan que ambos modelos buscan recordar que la pescadería no es solo un lugar de compra, sino un espacio donde se encuentra calidad, frescura y confianza, además de soluciones adaptadas a momentos especiales. En este sentido, subrayan que muchas pescaderías ofrecen packs específicos para fechas señaladas y una gama creciente de productos listos o semilistos para consumir, pensados para facilitar una cena de San Valentín sin renunciar al producto del mar.

El mensaje central de la iniciativa es doble: por un lado, impulsar el consumo de pescado y marisco de origen nacional en una fecha asociada a la celebración; por otro, poner en valor el canal tradicional, donde el trato cercano y el asesoramiento ayudan a elegir especies, cantidades y preparaciones, ajustadas al gusto y al presupuesto de cada cliente.

Con esta campaña, FEDEPESCA busca que el 14 de febrero sea también una oportunidad para que el consumidor vuelva a mirar a la pescadería de barrio como un aliado cotidiano: “para celebrar”, sí, pero también para incorporar de forma regular alimentos asociados a una dieta equilibrada y a la cultura gastronómica del país.

La cadena pesquera europea pide a Bruselas “correcciones urgentes” al nuevo control por su impacto “desproporcionado”

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Europêche y sus socios de transformación, comercio y acuicultura reclaman al comisario Costas Kadis más flexibilidad, una moratoria técnica y ajustes en tolerancias para evitar sanciones involuntarias y disrupciones logísticas

El sector pesquero europeo ha elevado el tono ante la aplicación del nuevo Reglamento de Control de la Pesca y ha pedido a la Comisión Europea medidas correctoras “inmediatas” para frenar lo que considera consecuencias desproporcionadas sobre la flota, la cadena comercial y las administraciones nacionales. La advertencia llega por carta dirigida al comisario Costas Kadis y suscrita por Europêche —de la que forma parte la española Cepesca— junto a entidades representativas de transformadores, acuicultura y comercio, como Seafood Europe, Copa-Cogeca y la EAPO.

El núcleo del conflicto está en la entrada en vigor progresiva del Reglamento (UE) 2023/2842 —la reforma del marco comunitario de control— y, sobre todo, en la capa digital que lo acompaña. Desde el 10 de enero de 2026 se ha hecho obligatorio el uso del sistema europeo de certificación electrónica para determinadas operaciones vinculadas a los certificados de captura, un salto tecnológico que la Comisión defiende como pieza clave contra la pesca ilegal y para reforzar la trazabilidad.

Según las organizaciones firmantes, la nueva arquitectura regulatoria está disparando las obligaciones administrativas y operativas sin que exista una correspondencia clara con las necesidades reales de control, lo que —afirman— vulnera el principio de proporcionalidad. En el foco sitúan la aplicación práctica de los artículos 14 y 58 y el funcionamiento del sistema digital asociado, sobre los que varios Estados miembros ya trasladaron preocupaciones en el último Consejo AGRIFISH, con España liderando la alerta sobre dificultades “en condiciones reales de pesca”.

Uno de los puntos más sensibles es la obligación de declarar capturas “desde cero kilogramos” y la aplicación estricta del margen de tolerancia. El sector sostiene que, en pesquerías mixtas y especialmente en buques de menor tamaño, ese nivel de exactitud resulta técnicamente imposible de cumplir a bordo, y que convierte el cumplimiento en una carrera de obstáculos donde aumenta el riesgo de infracciones involuntarias. A su juicio, el efecto colateral no es menor: además de distorsionar el análisis de riesgos, puede afectar a la seguridad en la navegación y complicar el acceso a determinadas ayudas comunitarias.

La segunda gran alarma se sitúa tierra adentro: las “deficiencias técnicas” del sistema están provocando —según el sector— retrasos, sobrecostes y fricciones en la cadena de suministro, con un traslado de carga administrativa a los operadores europeos incluso cuando los exportadores y autoridades de terceros países no están en condiciones de operar de forma homogénea. En las últimas semanas, distintas compañías han denunciado bloqueos y cuellos de botella en puertos por incidencias informáticas y por la necesidad de introducir manualmente grandes volúmenes de datos, con mercancía retenida y riesgo de pérdidas por calidad.

A ello se suma, advierten, una zona gris jurídica: quién responde de qué y cómo deben cumplimentarse ciertos certificados de captura. Esa falta de claridad, señalan, está generando inseguridad legal y prácticas desiguales entre Estados miembros, con conflictos evitables durante los controles. Para un mercado tan integrado como el europeo, la consecuencia es doble: incertidumbre operativa para las empresas y una aplicación asimétrica que puede acabar creando ventajas o penalizaciones según el país de entrada o el criterio de la autoridad competente.

En su carta, la cadena pesquera pide correcciones concretas: tolerancias razonables para desviaciones inferiores a 100 kilos en estimaciones, evitar que errores técnicos menores se traten como infracciones graves, aplazar la plena implantación del sistema digital hasta enero de 2027 permitiendo la coexistencia con mecanismos actuales, y retrasar la trazabilidad digital del artículo 58 —en especial para productos del capítulo 03— al menos hasta 2029. El mensaje, en suma, es que la lucha contra la pesca ilegal y el refuerzo de la trazabilidad son objetivos compartidos, pero no “a costa” de la seguridad, la competitividad y la viabilidad de miles de empleos.

En Bruselas, el comisario Kadis ha reconocido públicamente las dificultades de implementación trasladadas por varios gobiernos y operadores, y ha apuntado a la necesidad de ajustes técnicos, en un equilibrio complejo entre ambición regulatoria y aplicabilidad. La batalla, sin embargo, se juega ahora en el terreno práctico: si la Comisión logra estabilizar los sistemas, aclarar responsabilidades y modular exigencias sin erosionar el objetivo de control, o si, por el contrario, la transición digital termina convirtiéndose —como advierte el sector— en un freno competitivo y logístico para la pesca y la industria alimentaria del mar en Europa.

El acuerdo UE-India mete presión al pescado europeo: un posible “shock” de precios en los segmentos más sensibles

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La rebaja de aranceles a productos marinos indios —hoy gravados en algunos casos hasta el 26%— podría abaratar entradas de cefalópodos y crustáceos y reordenar referencias de precio en toda la UE, en un mercado ya tensionado por oferta irregular y demanda resistente

El anuncio no se hizo en Bruselas, sino en Nueva Delhi: la Comisión Europea y el Consejo Europeo comunicaron que la UE e India han concluido las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio tras la cumbre del 27 de enero de 2026, un pacto llamado a tener impacto sistémico en flujos comerciales. António Costa lo presentó como un paso “histórico” para abrir un nuevo capítulo de relación económica y estratégica.

En pesca y productos del mar, la clave no está solo en “vender más”, sino en cómo se mueve el precio de referencia. Según detalles adelantados por Reuters, el acuerdo contempla recortes a cero en exportaciones indias “clave” hacia la UE, incluyendo productos marinos, hoy sujetos en algunos casos a aranceles “de hasta el 26%”. Eso, de materializarse en los calendarios definitivos, abarata de golpe el producto importado y empuja a la baja (o frena subidas) en los mercados mayoristas comunitarios.

La repercusión potencial es europea porque India ya pesa en la cesta de importación: EUMOFA cifró en 164.000 toneladas y 851 millones de euros las importaciones comunitarias procedentes de India en 2024, con una mezcla muy significativa de camarón/gamba y cefalópodos (calamar, sepia y pulpo). En otras palabras: no hablamos de un proveedor marginal, sino de un origen capaz de mover el “precio pantalla” en categorías concretas.

El mecanismo de transmisión al precio es directo. Si el arancel cae, el importador tiene margen para ofrecer más barato sin perder margen —o para mantener precio y capturar rentabilidad—. En el caso del camarón, medios especializados del sector han subrayado que el gravamen actual de entrada a la UE puede rondar el 12% para determinadas partidas, por lo que el incentivo comercial es evidente. El efecto no será uniforme: dependerá de contratos, del grado de competencia entre importadores y de si el ahorro se traslada al canal Horeca y a la distribución.

El punto más sensible puede estar en los cefalópodos, porque llegan con tensión previa. Las lecturas de EUMOFA sobre primeras ventas en la UE venían mostrando, en 2025, un patrón de volúmenes más ajustados y valores al alza en varias especies, una señal típica de mercado “apretado”. Si entra más producto indio con mejores condiciones arancelarias, el resultado puede ser doble: alivio de precios para restauración y retail (mejorando el acceso al producto) pero también presión competitiva sobre flotas y lonjas europeas, especialmente en el Mediterráneo y el Atlántico sur europeo, donde el fresco y el congelado compiten por el mismo consumidor.

Aquí aparece el debate del “shock”: asociaciones como Confcooperative Fedagripesca han proyectado que una liberalización progresiva podría elevar importaciones desde India entre un 20% y un 30%, hasta superar los 220 millones de euros anuales (estimación asociativa, no cifra oficial). Aunque el aviso nace en Italia, la lógica es comunitaria: si se abaratan calamar, sepia y crustáceos en el mercado único, el ajuste de precios no se queda en un país.

Ahora bien, hay un freno que también es europeo: las nuevas exigencias de control y trazabilidad. Desde el 10 de enero de 2026 está en vigor la certificación digital de capturas para productos pesqueros que entren en la UE (sistema CATCH), diseñada para reforzar el combate contra la pesca INDNR. En el arranque ya se están reportando fricciones operativas en frontera, lo que puede añadir costes y demoras que amortigüen parte del efecto “arancel cero”, al menos durante la curva de aprendizaje.

Qué mirar desde una óptica europea (y de precios), más allá del titular:

  • Calendarios reales de desarme arancelario (qué baja a cero, cuándo y con qué listas).
  • Reglas de origen (para evitar triangulaciones) y cláusulas de salvaguardia si un segmento se desestabiliza.
  • Capacidad de control y cumplimiento documental (si el filtro anti-INDNR funciona, cambia el volumen “real” que llega).
  • Efecto acumulativo con otros procesos comerciales (por ejemplo, Mercosur) sobre categorías donde manda el precio.

En síntesis: el acuerdo UE-India es geopolítica y macroeconomía, sí, pero en pescado puede convertirse en algo mucho más tangible: un reajuste de precios de referencia en los productos más import-dependientes de Europa. Beneficia a quien compra y transforma; inquieta a quien captura y vende en origen. Y en el medio, el nuevo control digital decidirá si la apertura se convierte en competitividad ordenada… o en una guerra de precios.

El atún impulsa a Ecuador como potencia exportadora y sube el listón contra la pesca ilegal

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Entre nuevos mercados, certificaciones de sostenibilidad y más exigencias documentales, la cadena atunera crece… pero su gran desafío sigue siendo la confianza.

Ecuador, tradicionalmente asociado al camarón en el mapa mundial de productos del mar, está consolidando un segundo motor exportador: el atún. Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones de pescado y enlatados —principalmente atún— alcanzaron US$ 1.733 millones y 357.213 toneladas, con un salto de US$ 181 millones y 34.860 toneladas frente al mismo periodo de 2024, según cifras oficiales.

Detrás del crecimiento hay una combinación de mercado y política pública: apertura comercial, nuevos destinos y un relato cada vez más centrado en la sostenibilidad y la trazabilidad. El Gobierno ecuatoriano atribuye el avance a acuerdos comerciales, a la emisión e impulso de certificaciones, a iniciativas de transparencia y a la actualización de normas para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Uno de los hitos del último año ha sido el acceso al mercado chino con mejores condiciones arancelarias. Diversas informaciones sectoriales han señalado el inicio de envíos de atún enlatado a China con arancel cero, apoyados en un acuerdo comercial que redujo el gravamen previo.

La apuesta, sin embargo, no se limita a vender más: pasa por vender “mejor”, con cadenas más auditables. Y ahí aparece el principal riesgo reputacional. En Unión Europea sigue pesando la “tarjeta amarilla” vinculada al control de la INDNR, impuesta en 2019. En consultas bilaterales, la UE ha reconocido mejoras y ha expresado su aspiración de levantarla cuando se resuelvan los puntos pendientes.

Organizaciones de la sociedad civil sostienen que el proceso continúa abierto y que el aviso no se ha cerrado aún, lo que mantiene la presión sobre controles, sanciones y documentación a lo largo de la cadena. En paralelo, Bruselas refuerza su arquitectura de control: la certificación digital de capturas (CATCH) pasa a ser obligatoria para importaciones de productos pesqueros en la UE desde el 10 de enero de 2026, un cambio que eleva la exigencia de trazabilidad y verificación en frontera.

Para la industria ecuatoriana, el tablero se juega en varios frentes a la vez. Por un lado, Europa sigue siendo mercado clave y un termómetro de exigencias regulatorias. Por otro, se exploran oportunidades en Estados Unidos, con expectativas de alivio arancelario, y se mira a destinos como Venezuela y Oriente Medio como vías de expansión.

El impacto doméstico explica la prioridad política: la cadena pesquera —artesanal e industrial, desde captura hasta procesamiento y comercialización— concentra actividad en la costa y se estima que genera alrededor de 250.000 empleos directos e indirectos. En ese contexto, el atún no es solo una mercancía: es una apuesta de competitividad país.

El mensaje que deja 2025 es claro: Ecuador está creciendo en volumen y valor, y está ganando espacio en la conversación global del atún. Pero el siguiente salto —el que consolida mercados premium y contratos estables— dependerá menos de la capacidad de producción que de la capacidad de demostrar, con datos y controles, que cada kilo exportado es legal, trazable y sostenible

El CSIC refuerza su apuesta científica desde Galicia: 14 proyectos hasta 2028 para rías, pulpo, océano

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La convocatoria estatal “Generación de Conocimiento” financia investigaciones con fuerte peso en biotecnología vegetal, digitalización industrial y cambio global marino, lideradas desde Misión Biológica de Galicia, Instituto de Investigaciones Marinas, INCIPIT y Centro Oceanográfico de A Coruña

La ciencia que se cuece en Galicia vuelve a ganar músculo en la gran liga estatal. Los institutos gallegos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas impulsan 14 proyectos seleccionados en la convocatoria “Proyectos de generación de conocimiento y actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral”, una de las líneas troncales del Plan Estatal 2024-2027 gestionado por la Agencia Estatal de Investigación. La hoja de ruta es clara: investigaciones de alto nivel que, además, incorporen formación de nuevos doctores y orienten parte del esfuerzo hacia retos concretos de sociedad y economía.

El reparto de liderazgo sitúa el foco en cuatro sedes: cinco proyectos desde la Misión Biológica de Galicia (en Pontevedra y Santiago de Compostela), seis desde el Instituto de Investigaciones Marinas (Vigo), uno desde INCIPIT (Santiago) y dos desde el Centro Oceanográfico de A Coruña (A Coruña). En algunos casos, los centros gallegos coordinan consorcios con otras instituciones; en otros, lideran subproyectos dentro de iniciativas coordinadas desde fuera.

Bosques y cultivos: biotecnología “de frontera” para resistir enfermedades y clima

En la Misión Biológica de Galicia, el acento se pone en el campo y en el monte, donde el cambio climático aprieta y las enfermedades avanzan. El proyecto NEWtoREFOREST, liderado por Elena Corredoira Castro, apuesta por cultivar, regenerar y conservar genotipos de castaño y encina con mayor tolerancia a Phytophthora cinnamomi combinando embriogénesis somática, edición genética CRISPR/Cas9 y criopreservación.

La agricultura aparece como otro gran laboratorio de soluciones: CORNWALLUSE, con Rogelio Santiago Carabelos al frente, busca rasgos de la pared celular del maíz útiles para resistir estrés y reducir el uso de pesticidas y agua. Y SUREBRASH, dirigido por Pilar Soengas Fernández, conecta dos mundos: defensas de la planta frente a plagas, sequía o salinidad… y el potencial impacto de sustancias derivadas de brásicas en la salud humana.

La viticultura también entra en el paquete de innovación: FERTVIÑA, liderado por José Manuel Mirás Avalos, propone optimizar fertilización en viñedos con sensores, modelos y compost de bagazo (orujo) para mejorar salud del suelo, producción y calidad de uva y vino, reutilizando subproductos de bodega. Completa el quinteto 3ReGen, con Mª Concepción Sánchez Fernández y Nieves Vidal González, que busca “reprogramar” tejidos adultos de árboles recalcitrantes (castaño y roble) para mejorar su regeneración y facilitar protocolos transferibles a la industria.

Rías, pulpo y “tropicalización”: el mar como laboratorio de decisiones

En el Instituto de Investigaciones Marinas, la ciencia mira al océano con dos objetivos: entender cambios y convertir datos en herramientas de decisión. MAGIC, encabezado por Jesús Pedreira Dubert y Antón Velo Lanchas, combina datos históricos y actuales con modelización hidrodinámica y biogeoquímica e integración mediante IA para mejorar predicciones sobre productividad y floraciones de algas tóxicas en las Rías Baixas, en coordinación con un subproyecto liderado por Beatriz Mouriño Carballido en la Universidade de Vigo.

La dimensión industrial del IIM llega con DSINVAR: Carlos Vilas Fernández y Luis Taboada Antelo exploran técnicas para gestionar variabilidad e incertidumbre en procesos, apoyándose en gemelos digitales y herramientas de optimización; el texto subraya aplicaciones como esterilización de alimentos envasados y valorización de productos del mar. En clave de bienestar animal y acuicultura, CEMiO-D, con Josep Rotllant Moragas, quiere identificar biomarcadores de bienestar en pulpo (microARNs exosomales circulantes) y desarrollar test rápidos tipo LFA para diagnóstico temprano y monitorización no invasiva.

La fermentación vínica se reinventa con Tailored-Wine: Eva Balsa Canto impulsa un modelado multi-ómico híbrido basado en aprendizaje automático y conocimiento para optimizar metabolismo de levaduras y mejorar robustez de procesos en un contexto de materias primas variables y clima cambiante. Y en conservación marina, IMMERSE —dirigido por Lucía Pita Galán— se centra en cómo el microbioma influye en inmunidad y adaptación de esponjas marinas, una pieza poco visible pero clave del puzle ecológico.

El último bloque del IIM amplía el mapa hacia el sur: InvaTropic, con Enrique González Ortegón y Carmen Gonzalez Sotelo, estudia la llegada futura de fauna marina africana al sur de la Península Ibérica y las implicaciones de la “tropicalización” —el llamado “African Creep”— con colaboración internacional en Mauritania, Marruecos, Túnez, Egipto, Portugal, Reino Unido, Bélgica y Alemania, alineándose con prioridades de observación oceánica como el Global Ocean Observing System.

Patrimonio, carbono y microplásticos: ciencia de largo alcance

La lista incorpora también humanidades y ciencias sociales con NetHorn, liderado por Alfredo González Ruibal y Jorge de Torres Rodríguez desde INCIPIT: un estudio interdisciplinar de redes, movilidad e intercambios en el Cuerno de África entre los siglos I y XV, conectando rutas y actores —urbanos y no urbanos— con el sistema del océano Índico.

Y el Centro Oceanográfico de A Coruña remata la apuesta oceánica con dos proyectos de escala mayor. GYROVAGO, con Airam Nauzet Sarmiento Lezcano y Alfredo Izquierdo González (Universidad de Cádiz), propone un análisis integral del giro subtropical del Atlántico nororiental: carbono, dinámica trófica, contaminación por microplásticos y variabilidad física en era de cambio global. MiSaO, liderado por Marta M. Varela Rozados y Gema Casal Pascual, abordará la diversidad de comunidades planctónicas procariotas y carbono orgánico disuelto en afloramientos costeros combinando satélite y ómicas.

En conjunto, el paquete dibuja una Galicia científica que trabaja en dos escalas a la vez: la de los problemas inmediatos (enfermedades forestales, eficiencia agrícola, procesos industriales, bienestar en especies de interés) y la de los cambios lentos pero decisivos (tropicalización, crisis climática, carbono oceánico, microplásticos, redes históricas de intercambio). Un catálogo de proyectos que, si cumple calendario, irá entregando resultados hasta 2028… y que refuerza la idea de que la innovación no siempre nace donde hace más ruido, sino donde hay equipos capaces de sostener preguntas complejas durante años

Bureau Veritas y Astilleros Murueta estrechan lazos para acelerar el PERTE Naval

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La alianza se apoya en el proyecto tractor INNCODIS, centrado en digitalizar la construcción naval y mejorar el intercambio seguro de datos con las sociedades de clasificación

En la carrera por modernizar la construcción naval española, la competitividad ya no se mide solo en acero y plazos de entrega: se mide en datos, trazabilidad y documentación sin fricciones. Con ese telón de fondo, Bureau Veritas y Astilleros de Murueta han reforzado su colaboración tras un encuentro estratégico celebrado a finales de enero, con el foco puesto en identificar sinergias dentro del PERTE Naval y, en particular, en el proyecto tractor INNCODIS. 

Según la información difundida por Bureau Veritas, en la reunión participaron Jaime Pancorbo y Ricardo Iparraguirre por parte de la compañía de inspección y certificación, junto a Miguel Martín en representación del astillero vizcaíno. El objetivo: pasar de la declaración de intenciones a un mapa de oportunidades concretas que permita aterrizar, en procesos reales de astillero, las palancas de digitalización que promueve el PERTE. 

El proyecto INNCODIS se ha convertido en una de las vías más observadas del PERTE Naval por su ambición: transformar los procesos tradicionales mediante metodologías y herramientas que faciliten un intercambio más eficiente y estandarizado de información entre astilleros y entidades de verificación. En la práctica, esto implica reducir “cuellos de botella” documentales, mejorar la coherencia técnica y reforzar la trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del buque, desde el diseño hasta la supervisión y las modificaciones. 

La lógica industrial es clara: cuando la documentación técnica viaja tarde, incompleta o con versiones cruzadas, el riesgo se multiplica (retrabajos, demoras, dudas de conformidad). El planteamiento de INNCODIS apunta justo al punto sensible: crear entornos colaborativos donde el dato sea único, verificable y compartible con garantías, acortando tiempos de revisión y disminuyendo riesgos operativos derivados de inconsistencias. 

Este impulso encaja con el marco general del PERTE. El Ministerio de Industria y Turismo recuerda que el PERTE Naval, aprobado en 2022, se orienta a diversificar el sector, avanzar en digitalización, mejorar la sostenibilidad y reforzar capacidades y empleo en toda la cadena de valor. 

En términos de escala, el Plan de Recuperación del Gobierno de España sitúa el PERTE Naval en una inversión total prevista de 1.460 millones de euros (con 310 millones de contribución pública y 1.150 millones de inversión privada), y fija como horizonte mejorar competitividad y empleo en un mercado global especialmente exigente. 

INNCODIS, además, se apoya en un ecosistema de empresas tecnológicas e industriales. Una de las referencias públicas del proyecto, difundida por el ámbito de ingeniería participante, señala un equipo con compañías como Scipedia, Oktics, COMPASS Ingeniería y Sistemas, junto a Bureau Veritas y Astilleros de Murueta, para desplegar soluciones orientadas a la interoperabilidad y al seguimiento digital del avance productivo. 

Más allá del anuncio, el movimiento tiene lectura sectorial: sociedades de clasificación y astilleros están llamados a entenderse mejor si España quiere ganar velocidad sin perder rigor. Y la colaboración reforzada entre Bureau Veritas y Astilleros de Murueta apunta a un objetivo tan simple como decisivo: que la digitalización deje de ser un “proyecto paralelo” y pase a ser la forma normal de construir, verificar y documentar un buque en la nueva década del naval español.  

Europêche aplaude el nuevo “listón” europeo del atún en salmuera: –18 ºC al corazón y control digital en tiempo real

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PHOTO FRANCOIS DESTOC / LE TELEGRAMME LORIENT (56) arrivée d une campagne de peche au thon au port de pêche de Keroman poisson

La norma, aplicable desde el 27 de enero de 2026, exige procesos validados en los atuneros congeladores y busca cerrar la puerta a fraudes que elevan el riesgo de histamina y distorsionan la competencia.

La flota atunera europea de cerco tropical se apunta una victoria regulatoria —y un mensaje al mercado global— con la entrada en escena de un nuevo marco comunitario para la congelación en salmuera. Europêche ha celebrado la adopción del Reglamento Delegado (UE) 2025/1449, que endurece las condiciones técnicas para que el atún congelado a bordo pueda comercializarse en la Unión, presentándolo como un avance relevante para la seguridad alimentaria y la competencia leal.

El texto legal —que modifica el anexo III del Reglamento (CE) 853/2004 sobre higiene de alimentos— fija una exigencia central: los buques deberán demostrar un proceso continuo, validado y capaz de alcanzar –18 ºC en el núcleo del pescado. Y no bastará con una declaración: la normativa impone requisitos medibles, con procedimientos de verificación y disponibilidad de datos para las autoridades competentes.

La medida incorpora además una capa de control que la industria llevaba tiempo anticipando: la temperatura de la salmuera deberá monitorizarse y registrarse electrónicamente en tiempo real, con opción de seguimiento desde tierra por el operador, y con acceso a esos registros cuando lo soliciten los servicios oficiales. El reglamento obliga también a disponer de un plan de validación (con estudios cinéticos y correlación entre temperatura de la salmuera y temperatura en el centro del atún) y a utilizar sondas certificadas conforme a estándares internacionales.

Donde la norma se vuelve quirúrgica es en los plazos: si la congelación en salmuera es directa, el proceso para llegar a –18 ºC “al corazón” no puede superar 96 horas desde que el primer atún se coloca en salmuera, y el pescado debe bajar de 0 ºC en menos de 24 horas. Si se realiza un preenfriado en agua de mar limpia antes de pasar a salmuera, se establecen límites específicos para esa etapa y para el tramo final de 0 a –18 ºC.

El objetivo declarado es cerrar un agujero que, según distintas inspecciones y auditorías citadas en el proceso normativo, permitía prácticas de “recongelación” o colocación en mercado de atún inicialmente congelado a temperaturas más altas, con el consiguiente incentivo para venderlo como producto apto para consumo directo en condiciones que no siempre garantizan la misma seguridad. En la lectura de Europêche, el nuevo marco alinea el acceso al mercado con el nivel de inversión y control que —sostiene— ya aplica la flota comunitaria.

La presión sanitaria no es abstracta. La propia patronal recuerda alertas recientes vinculadas a histamina en atún (un riesgo asociado al “scombroid”), un parámetro que puede dispararse si la cadena de frío y los procesos no son adecuados. En octubre de 2025, por ejemplo, el sistema europeo de alertas rápidas registró notificaciones por niveles elevados de histamina en productos de atún procedentes de terceros países.

En ese contexto, Anne-France Mattlet, directora del grupo atunero de Europêche, enmarca la reforma como una cuestión de “suelo común” para todos los orígenes: si el mercado europeo exige determinados estándares a su flota, esa vara de medir —defiende— debe ser la misma para cualquier operador que quiera vender en la UE.

La batalla, en todo caso, se traslada ahora al terreno práctico: capacidad real de control, auditorías, listas de buques validados y adaptación de terceros países y operadores. Para la industria europea, el reglamento es un sello de “excelencia” tecnológica; para el consumidor, una promesa simple: que el atún que llega al lineal cumpla —sin atajos— las condiciones que dice cumplir.

Davos 2026 se reafirma que el futuro del sistema alimentario pasa por el mar

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Entre la geopolítica crispada y la economía en modo “resiliencia”, la gran conclusión que dejó el foro es que la comida ya se mide en seguridad… y los productos del mar ganan peso con una condición: trazabilidad y reglas iguales para todos

En Davos, el gran termómetro anual del World Economic Forum cerró su edición 2026 con una imagen doble: ruido arriba —tensiones comerciales, incertidumbre estratégica, fragmentación— y un mensaje de fondo que se coló en muchos debates sin necesidad de titulares estridentes: el sistema alimentario ha dejado de ser solo “mercado” para convertirse en “infraestructura crítica”.

En esa lectura encaja el análisis trasladado por la Fundación Europea para la Innovación y la Tecnología INTEC: gobiernos, reguladores e inversores están revalorizando la alimentación por su capacidad de garantizar suministro y estabilidad a largo plazo, no solo por precio o volumen. Y, dentro de ese giro, los productos del mar se colocan en el centro del tablero por su papel como proteína clave y por su conexión directa con la “economía azul” que Davos decidió subrayar este año.

El propio Foro empujó esa agenda con “Blue Davos” y la idea de 2026 como “Year of Water”: más foco en el ciclo del agua, los océanos y su vínculo con prosperidad, clima y seguridad. No fue un guiño estético; fue una señal política y económica: sin gestión del agua y del mar, no hay resiliencia alimentaria creíble.

En paralelo, varias sesiones pusieron nombre a lo que muchos actores del sector llevan años advirtiendo: cuando la comida se convierte en seguridad, la cadena ya no puede permitirse opacidad. En el programa oficial, ese enfoque se tradujo en conversaciones sobre estabilidad, riesgos climáticos y volatilidad logística como factores que pueden tensionar precios, abastecimiento y cohesión social.

Ahí es donde el mar gana protagonismo: el Foro viene insistiendo en que la producción de “blue foods” (pesca, acuicultura, algas, etc.) puede ser un vector de crecimiento y de soberanía alimentaria —especialmente si se combina innovación, inversión y gobernanza—. Pero la tesis tiene una condición: el valor del producto del mar se consolida solo si la cadena “mar-industria” funciona con coherencia y credibilidad, desde el origen hasta el consumidor.

La palabra clave, por tanto, no es “producir más”, sino “producir mejor” y documentar mejor. Y ahí Davos conectó con una tendencia regulatoria que ya está aterrizando en los mercados: la digitalización del cumplimiento como nueva columna vertebral del comercio alimentario. En la Unión Europea, por ejemplo, 2026 arrancó con la entrada en vigor del certificado de captura digital para importaciones a través del sistema CATCH, precisamente para reforzar el cerco a la pesca INDNR (IUU) y mejorar la trazabilidad.

La Comisión Europea sitúa ese salto digital como parte de una modernización más amplia del control pesquero. Y, además, el calendario de trazabilidad “de lote” se vuelve más exigente: requisitos digitales desde enero de 2026 para productos frescos y congelados, con extensión a preparados y conservas en 2029, según documentación técnica difundida en el marco de la reforma.

En ese punto aparece la otra gran idea que deja Davos para el sector: el “efecto espejo” y el level playing field ya no pueden quedarse en discurso. Si la trazabilidad y el cumplimiento son la base de la confianza, las mismas obligaciones y controles deben aplicarse al producto europeo y al importado; de lo contrario, la sostenibilidad se convierte en desventaja competitiva. Esa tensión —cómo proteger estándares sin romper el mercado— está en el radar de análisis institucionales recientes del Parlamento Europeo y de coaliciones que vigilan la aplicación de normas contra la pesca ilegal.

En la parte operativa, Davos también deja una lectura para empresas: la digitalización del cumplimiento empieza a ser “infraestructura”, no “papel”. En ese terreno se mueven plataformas que buscan convertir la obligación documental en ventaja de gestión —interoperabilidad, auditoría, verificación—, como TRACKLINE, citada por INTEC y desarrollada por Code Contract.

El balance final, en suma, no es una consigna grandilocuente sino una hoja de ruta: si el mundo entra en una etapa de más competencia geopolítica y más volatilidad, el sistema alimentario se mide por su capacidad de resistir. Y ahí el mar tiene un papel protagonista… siempre que haya trazabilidad real, reglas justas y un consumidor con información fiable para elegir con responsabilidad.

Argentina denuncia la incursión de un pesquero español en su Zona Económica Exclusiva

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La autoridad marítima detectó al “Playa Da Cativa” navegando a baja velocidad dentro de la milla 200, un patrón que la normativa argentina considera compatible con pesca de arrastre sin autorización

La Prefectura Naval Argentina informó de la detección de un buque pesquero de bandera España dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina, en un episodio que vuelve a colocar bajo el foco la presión de flotas extranjeras sobre los recursos del Atlántico Sur. Según el parte oficial difundido por diversos medios locales, el arrastrero “Playa Da Cativa” fue identificado electrónicamente el domingo 1 de febrero durante su tránsito en aguas jurisdiccionales argentinas.

El dato que activó la alerta no fue solo la posición, sino el comportamiento: los registros del sistema de vigilancia reflejaron que el buque permaneció aproximadamente 45 minutos en el área a una velocidad inferior a cuatro nudos, un rango que se asocia a maniobras compatibles con operaciones de arrastre. En la lectura de la autoridad marítima, ese patrón constituye una presunción de actividad pesquera realizada sin permiso dentro de la ZEE, donde los buques extranjeros no pueden operar salvo autorización expresa.

La incursión, siempre en términos de “presunta infracción”, encajaría en el marco de la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca), que regula la explotación, conservación y administración de los recursos en aguas bajo jurisdicción nacional, además de establecer criterios de control y sanción. En estos casos, la investigación suele apoyarse en trazas electrónicas y en la documentación de seguimiento para sustentar un expediente administrativo.

Prefectura recordó, además, un antecedente inmediato: el jueves 29 de enero el capitán del “Playa Da Cativa” ya habría sido notificado por operar muy próximo al límite exterior de la ZEE. En aquella comunicación —según la versión oficial— se le indicó mantener un margen de seguridad para evitar ingresos involuntarios ante imprevistos, advertencia que habría sido recibida por el responsable de la nave.

El buque citado por la autoridad argentina figura en bases de datos marítimas como un pesquero de 55,8 metros de eslora y 9,5 de manga, construido en 1989 (IMO 8802349). En el registro oficial español de flota aparece con puerto base en Vigo, mientras que su actividad operativa en el Atlántico suroccidental se vincula con escalas y logística regional, con Montevideo como referencia habitual en la zona.

En el plano empresarial, distintas publicaciones asocian la titularidad o explotación del barco a Moradiña S.L., un dato relevante para trazar responsabilidades si el caso avanza en sede administrativa. Conviene subrayar, no obstante, que la detección describe una presunción por patrón de navegación: no implica por sí misma que exista prueba directa de captura, sino un indicio considerado suficiente para activar el procedimiento de control.

El episodio se suma a otros reportes recientes en el borde de la “milla 200”, una franja de alta sensibilidad por el valor de los recursos y por la proximidad de flotas que operan en aguas internacionales. El 10 de enero, por ejemplo, Prefectura informó de la detección del “Bao Feng” con navegación compatible con pesca ilegal dentro de la ZEE durante más de una hora, un caso citado como antecedente en el inicio de la temporada.

En el centro del dispositivo de vigilancia está el Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra múltiples fuentes de información para monitorear tráfico marítimo y apoyar decisiones operativas. El sistema es operado por áreas especializadas de Prefectura y se presenta como una herramienta clave tanto para seguridad de la navegación como para protección ambiental y control de actividades no autorizadas.

Más allá del caso concreto, la señal de fondo es política y económica: la Argentina insiste en que el control permanente es indispensable para resguardar recursos estratégicos y reforzar la disuasión ante incursiones puntuales, mientras que el sector pesquero internacional observa con atención cómo se usan los datos electrónicos (AIS, satélite, patrones de velocidad) como evidencia en procedimientos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En ese cruce de soberanía, tecnología y presión sobre los caladeros, cada “traza” cuenta.

Perú abre la mano en la pota a la pesca artesanal sin topes diarios a cambio de control satelital

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Produce mantiene la cuota global de 76.324 toneladas para enero-febrero de 2026, pero elimina los límites por faena a las embarcaciones con SISESAT operativo para acelerar desembarques bajo monitoreo

El calamar gigante —la pota— vuelve a marcar el pulso del mar peruano al inicio de 2026. El Gobierno ha decidido “pisar el acelerador” en la primera ventana del año: mantener la cuota nacional, pero flexibilizar las reglas de operación para quien acepte ser seguido en tiempo real. El resultado es un mensaje directo al muelle: más libertad para faenar, pero con un requisito tecnológico que se convierte en llave de acceso.

La medida se formaliza con la Resolución Ministerial N.° 00018-2026, que modifica un literal de la norma que fijaba el esquema de capturas de inicio. En la práctica, las embarcaciones artesanales que cuentan con SISESAT instalado y operativo quedan exceptuadas de los topes diarios o límites por faena que antes ordenaban el reparto de la pota; quienes no tengan el sistema siguen sujetos a los límites y tolerancias previos.

El candado, en todo caso, no se mueve: el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero se mantiene en 76.324 toneladas, aplicable a la flota artesanal con permiso vigente. Pero el termómetro de la temporada explica el giro: a 23 de enero, el propio sector admitía que solo se había aprovechado el 36,66% del máximo permitido; una semana después, un comunicado oficial reportó 43.463,8 toneladas descargadas (56,95%), señal de que la dinámica se estaba acelerando.

El trasfondo es tanto productivo como de control. El SISESAT —según define Ministerio de la Producción (PRODUCE)— permite rastrear ubicación, rumbo y velocidad de las naves, y se presenta como pieza clave para fiscalización, trazabilidad y respuesta ante emergencias. La apuesta oficial es clásica: incentivar adopción tecnológica ofreciendo flexibilidad operativa, a cambio de supervisión permanente.

También hay un argumento biológico detrás del “sí, pero”. La decisión se enmarca en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso, aprobado en 2025, que habilita un manejo adaptativo en función de evidencia y condiciones ambientales. Y aunque los informes técnicos citados por medios apuntan a una primavera de 2025 favorable —con presencia relevante de paralarvas y juveniles—, el Gobierno amarra el discurso a un escenario ambiental “neutral” y propicio para sostener la cuota y ajustar reglas.

En el muelle, la letra pequeña tiene consecuencias grandes. Sin topes por faena, la flota con SISESAT puede planificar viajes más largos, buscar zonas más alejadas o concentrar esfuerzo cuando el recurso “está”, sin tener que cortar actividad por un límite diario. Eso, sobre el papel, mejora competitividad y reduce ineficiencias logísticas. El riesgo, en cambio, es el de siempre en cuotas globales: una carrera por capturar más rápido que el vecino hasta que se cierre la ventana nacional, con tensiones sobre equidad y capacidad de las caletas si el esfuerzo se concentra.

Para que el esquema no se convierta en un “sálvese quien pueda”, el control es el otro pilar. En la arquitectura de fiscalización peruana, la señal satelital no es un adorno: la propia plataforma de seguimiento contempla impedimentos y alertas cuando una embarcación deja de emitir o presenta cortes prolongados, y el ministerio ha reforzado en los últimos años el marco técnico para ampliar y abaratar equipos, buscando cerrar la brecha de implementación en la flota artesanal.

La transparencia, además, empieza a jugar en público. En un comunicado reciente, Produce difundió el avance oficial de descargas y enlazó un listado de desembarques para su consulta, intentando blindar el proceso con datos abiertos en plena campaña. En un recurso tan sensible —por empleo, divisas y presión internacional—, el mensaje es claro: flexibilidad sí, pero con trazabilidad, vigilancia y números sobre la mesa.

España mira al exterior: menos kilos en lonja, más compras a terceros países

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El mercado pesquero español cerró los diez primeros meses de 2025 con una paradoja cada vez más habitual: cae el volumen en primera venta, pero el valor aguanta; y, al mismo tiempo, se intensifica la dependencia de las importaciones procedentes de fuera de la UE. Es una doble fotografía que emerge del último “Monthly Highlights” del Observatorio Europeo del Mercado de la Pesca y la Acuicultura (EUMOFA), y que dibuja un tablero marcado por el encarecimiento selectivo de especies clave, la presión de la demanda y la necesidad de abastecimiento. 

Menos volumen en primera venta, pero el valor resiste

Entre enero y octubre de 2025, España registró 1.217,9 millones de euros en primera venta (+2%), pese a que el volumen bajó a 325.637 toneladas (-7%). En términos de “especies que tiran del mercado”, el informe señala que el crecimiento de valor se apoya especialmente en bonito del norte/atún blanco (albacore tuna), “miscellaneous shrimps” (gamba/langostino en agregados EUMOFA) y caballa, mientras que por volumen destacan bacaladilla (blue whiting), rabil (yellowfin tuna) y anchoa. 

Ese desacople entre valor y kilos se entiende mejor al mirar precios específicos en primera venta que recoge el propio informe. En “crustáceos”, por ejemplo, España registra un salto del +25% en el precio medio de “miscellaneous shrimp” (de 21,90 a 27,38 €/kg) en el periodo enero–octubre.  En “túnidos”, en cambio, los precios medios muestran una corrección: rabil 2,53 €/kg (-7%), pez espada 4,87 €/kg (-3%) y listado 1,54 €/kg (-4%) (enero–octubre, comparación interanual). 

El gran motor: importaciones extra-UE en máximos de la serie reciente

Donde el mercado español acelera con claridad es en el comercio exterior de aprovisionamiento. Entre enero y octubre de 2025, España importó desde terceros países 1.087.523 toneladas por 5.231,38 millones de euros, con un precio medio de 4,81 €/kg. Frente al mismo periodo de 2024, supone +8% en volumen y +11% en valor. 

En términos prácticos, el “salto” equivale a unos 76.335 toneladas más y unos 526,68 millones de euros adicionales en compras extra-UE respecto a 2024 (cálculo a partir de las tablas del informe).  Y, además, España se consolida como un actor central del mercado comunitario: con esos datos, concentra casi una quinta parte del total de importaciones extra-UE de la UE-27 en el periodo analizado (aprox. 19,8% del volumen y 19,9% del valor, a partir del total UE). 

El “efecto pulpo”: España domina la entrada de cefalópodos

El capítulo donde España sobresale de forma más contundente es el de cefalópodos. Entre enero y octubre de 2025, España fue el principal importador comunitario: 1.811,7 millones de euros (+23%) y 295.000 toneladas (+9%), con el pulpo como especie comercial dominante. 

EUMOFA subraya, además, que España, Italia y Grecia concentran el 88% del volumen importado extra-UE de cefalópodos, y que España aporta el 62% del total comunitario en volumen en ese grupo.  En paralelo, a escala UE, el informe apunta que el aumento de valor de las importaciones extra-UE se ve empujado por gamba/langostino de aguas cálidas (+22%) y pulpo (+30%), mientras que en volumen destacan salmón (+7%) y abadejo de Alaska (+27%). 

¿Y las exportaciones españolas? Lo que sí aparece en este número

Este “Monthly Highlights” se centra, en comercio, sobre todo en importaciones extra-UE por Estados miembros. Para exportaciones, la información más concreta vinculada a España aparece en el estudio de caso de la cigala (Norway lobster/Nephrops) dentro del mercado UE: en el comercio intra-UE de este producto (enero–octubre de 2025), España figura entre los principales exportadores con un 7% del valor, y también como un gran destino: España absorbe el 23% del valor exportado intra-UE, solo por detrás de Italia (48%). 

El mensaje implícito es relevante: incluso en un producto de alto valor y muy “europeo” en su circuito comercial, España actúa a la vez como plaza de distribución y mercado de consumo.

Costes y consumo: combustible a la baja, inflación del pescado al alza en la cesta

El informe añade dos piezas de contexto que ayudan a interpretar márgenes y precios finales. En diciembre de 2025, el precio medio del diésel marino en puertos de A Coruña y Vigo se sitúa en 0,65 €/litro, con descensos del -6% mensual y -14% interanual.  Y, en el plano del consumidor, el índice armonizado de precios de “fish and seafood” en la UE marca en noviembre de 2025 una subida del +3,6% interanual (con el pescado fresco/chilled creciendo un +5,2%). 

Claves en cifras del mercado español (enero–octubre 2025)

  • Primera venta en España: 1.217,9 M€ (+2%) y 325.637 t (-7%). 
  • Importaciones extra-UE (España): 5.231,38 M€ (+11%) y 1.087.523 t (+8%); 4,81 €/kg. 
  • Cefalópodos (España, extra-UE): 1.811,7 M€ (+23%) y 295.000 t (+9%); España, 62% del volumen UE en cefalópodos. 
  • Precios en primera venta (ejemplos): “miscellaneous shrimp” 27,38 €/kg (+25%); rabil 2,53 €/kg (-7%).
  • Exportaciones (lo que recoge este número, caso cigala intra-UE): España, 7% del valor exportado; España destino, 23%. 
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Castellón soporta una década de recortes y suma 5.377 toneladas en 2025

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Las lonjas de la provincia cerraron 2025 con 5.377 toneladas desembarcadas —un 10% menos que el año anterior y un 48% por debajo de hace diez años— en un sector que sigue atrapado entre la reducción del esfuerzo pesquero, el alza de costes y una normativa cada vez más exigente.

En los muelles, la estadística se traduce en un paisaje repetido: menos cajas en subasta, mareas más cortas y una sensación de “ir al límite” que ya no es coyuntural, sino estructural. En Comunidad Valenciana, la pesca de arrastre —clave para la primera venta— lleva años encajando recortes de actividad y medidas de selectividad que, aunque persiguen mejorar el estado de los caladeros, tienen un impacto directo sobre la cuenta de resultados de barcos y cofradías.

Del “hachazo” anunciado a la continuidad… pero sin recuperación

El trasfondo europeo explica parte del desgaste. La propuesta comunitaria que llegó a plantear una drástica reducción de días de faena (y que en 2024 ya provocó rechazo institucional y del propio sector ante el escenario de bajar de 130 a 27 días en 2025) alimentó durante meses la incertidumbre en la costa castellonense. 

A finales de 2025, el acuerdo para 2026 evitó un nuevo recorte: la flota mediterránea podrá mantener 143 días de actividad, los mismos que en 2025, después de que se descartara la propuesta inicial de dejar la faena en torno a los 9–10 días por buque. Es, en palabras repetidas en el sector, “un respiro”… pero no un punto de inflexión. 

Mucho coste, poco margen: la lonja aprieta

A esa tensión se suma la economía pura y dura. El arranque de 2025 ya dejó un aviso: representantes de cofradías y federaciones provinciales denunciaron una caída notable de precios en lonja (se habló de descensos del entorno del 25%) mientras los costes —combustible, materiales, mantenimiento y mano de obra— seguían por encima de los niveles de años previos. 

Con ese cóctel, incluso cuando hay pescado, el ingreso no acompaña. Y cuando el esfuerzo se limita, la ecuación se vuelve todavía más frágil: menos días para amortizar gastos fijos y más dependencia de que “salga” la marea adecuada.

La normativa también pesa: huelgas y protestas

En enero de 2026, el malestar volvió a hacerse visible con paros y movilizaciones vinculadas a nuevas obligaciones de control (registro de capturas, comunicaciones y operativa a bordo) que las cofradías consideran poco realistas para el Mediterráneo y para la operativa diaria de embarcaciones pequeñas y medianas. 

El mensaje del sector es claro: la sostenibilidad no se discute, pero piden que los cambios sean aplicables y no acaben convirtiéndose —en la práctica— en otra capa de presión sobre un oficio con márgenes cada vez más estrechos.

Menos barcos, menos relevo y un puerto que intenta modernizarse

La consecuencia más silenciosa de esta década es la pérdida de músculo: reducción de flota, envejecimiento y dificultades para asegurar relevo generacional. En Castellón se habla desde hace tiempo de una flota menguante y de un sector que necesita un mínimo de estabilidad para planificar inversiones y tripulaciones. 

En paralelo, el puerto trata de reforzar infraestructuras vinculadas a la actividad pesquera. PortCastelló ha impulsado la licitación de asistencia técnica para la reforma de la lonja y la fábrica de hielo, dentro de un paquete inversor orientado a mejorar condiciones de trabajo e imagen de la dársena pesquera. 

El reto de 2026: sostener la actividad sin que la estadística siga cayendo

Con 143 días asegurados sobre el papel, el sector afronta 2026 con una pregunta incómoda: si la actividad “no baja”, ¿por qué las capturas siguen retrocediendo? La respuesta apunta a un conjunto de factores —caladeros, selectividad, meteorología, precios y estructura de costes— en el que ya no sirve una sola palanca.

Lo que sí parece compartido es el diagnóstico final: la pesca de Castellón necesita certidumbre (normativa y calendarios), rentabilidad en primera venta y modernización logística para que la sostenibilidad no sea, también, una vía rápida hacia la desaparición.

Si quieres, puedo adaptarlo a un estilo “de diario local” (más corto y con más declaraciones) o a un enfoque “reportaje” con testimonios tipo cofradías/armadores y un recuadro de claves e impacto por puertos (Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Grau de Castelló y Burriana).

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