Durante cinco intensos días, Bruselas se convirtió en el epicentro de la reflexión y la acción por la sostenibilidad marina con la celebración de los EU Ocean Days 2025. El evento, que reunió a más de 1.800 participantes, congregó a responsables políticos europeos, líderes de proyectos, jóvenes, investigadores y pescadores bajo un mismo objetivo: construir un futuro sostenible para el océano.

Innovación y soluciones circulares

Los proyectos de la Misión Ocean y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (EMFAF) presentaron nuevas herramientas y soluciones vinculadas a la economía circular y a la capacitación profesional en el ámbito marítimo. Estas iniciativas buscan dotar a comunidades costeras y al sector pesquero de recursos que fortalezcan su resiliencia ante los desafíos climáticos y económicos.

EU4Ocean: ciudades en acción

La coalición EU4Ocean aprovechó el marco del congreso para lanzar su campaña #MakeEUBlue – Cities in Action, con la que busca involucrar a las ciudades europeas en compromisos concretos para reducir la contaminación marina y promover hábitos sostenibles entre la ciudadanía.

El protagonismo juvenil

Las voces juveniles también tuvieron un espacio destacado. Grupos de jóvenes de distintos Estados miembros intervinieron en debates y talleres, planteando propuestas para reforzar el Pacto por el Océano, una hoja de ruta común que busca garantizar la salud de los mares en las próximas décadas.

Un pacto basado en innovación y colaboración

En el corazón de las jornadas, una idea se repitió de manera transversal: la economía azul del futuro debe sustentarse en la innovación, las habilidades y la colaboración multilateral. Los EU Ocean Days se consolidan así como una plataforma de referencia para alinear políticas, proyectos y ciudadanía en torno a la protección del mar, una de las prioridades estratégicas de la Unión Europea.

Con más de 1.800 participantes y cinco días de intercambio, el congreso deja un mensaje claro: la sostenibilidad de los océanos europeos no es solo un desafío ambiental, sino también una oportunidad económica y social que exige unidad de acción.

Personal científico y técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y del Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA) comenzó ayer, a  bordo de buque Ángeles Alvariño, la campaña de investigación IBERAS 0925, cuyo objetivo principal será estimar la fuerza del reclutamiento de sardina y anchoa.Es decir, la abundancia de individuos nacidos en el presente año y que se incorporarán, a partir del próximo año, a la población adulta de ambas especies.

La campaña, que se prolongará hasta el 04 de septiembre, cubrirá el área entre Fisterra y Cabo Espichel y contará con el apoyo de un buque de cerco en aguas portuguesas; como novedad este año se van a sumar buques de la Cooperativa de Santa Uxía de Ribeira (OPP) para realizar pescas identificativas en las Rías Baixas, en especial en la de Arousa.

La cooperación entre el IEO y su homólogo portugués IPMA con este fin se inició en el año 2018, durante el punto álgido de la reciente crisis de la sardina, con el objetivo de tener una estima precisa de la abundancia de juveniles. Un dato clave para poder mejorar el conocimiento de la dinámica poblacional y, con ello, ajustar mejor el consejo y la gestión pesquera de estos recursos.

Los resultados de las campañas IBERAS han servido para constatar la exitosa recuperación de la población de sardina gracias a los buenos reclutamientos observados en septiembre de 2019 y 2022. En 2024, el reclutamiento para sardina fue bueno, el tercero más alto de la serie histórica. Se encontraron además cardúmenes densos de sardina adulta cerca del fondo y cardúmenes epipelágicos de anchoa cerca de la costa. El buen reclutamiento de sardina se confirmó en la campaña de primavera de este año.

Este año, con un diseño similar a años anteriores, la campaña cubrirá el área potencial de distribución de juveniles de sardina y anchoa, sobre la plataforma continental del oeste de Galicia y Portugal, sobre una parrilla de muestreo con radiales cada ocho millas excepto entre Matosinhos (Oporto) y Figueira da Foz, donde se incrementará el esfuerzo para cubrir con más detalle la principal zona de alevines. En total, se tienen previsto prospectar unas 813 millas efectivas distribuidas en 38 radiales en la plataforma, así como otros 22 en el interior de las Rías Baixas, previendo realizar, además, entre 20 y 30 pescas para identificación de especies y determinar la estructura de edades y tallas de las poblaciones de peces.

Los resultados de esta campaña se analizarán durante el mes de septiembre y se presentarán en el seno del International Council for the Exploration of the Sea (ICES) en noviembre. Estos resultados serán usados para optimizar la gestión del stock iberoatlántico de sardina, al ser el instrumento más eficaz para estimar la fuerza del reclutamiento del presente año que se incorporará a la población como edad 1 en el año 2026, permitiendo determinar de forma más eficiente las posibilidades de pesca para el próximo año. Un valor fundamental para poder comprender mejor la dinámica de la población como base para establecer el mejor asesoramiento científico posible para la gestión de la pesquería de sardina, objetivo común de científicos, pescadores y administraciones de ambos países.

Esta campaña está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) dentro del Programa Nacional de recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala las 87 vedas a la pesca de fondo establecidas por la Comisión Europea ha generado un intenso debate en el sector pesquero y entre expertos en política comunitaria. Más allá de sus efectos inmediatos en la flota española y de otros países, el fallo plantea interrogantes sobre el papel de la ciencia en la toma de decisiones y sobre la solidez democrática del proceso legislativo en materia pesquera.

El tribunal dio la razón a la Comisión Europea al considerar que no era estrictamente necesaria la existencia de una “evidencia científica” plena para justificar las medidas restrictivas. Bastaba, señaló, con la presencia “verificada o posible” de especies protegidas o la vulnerabilidad de los ecosistemas afectados. De este modo, se aplicó el principio de precaución y se desestimaron los recursos interpuestos por España y por representantes del sector.

Una interpretación controvertida

El fallo implica que la Comisión no está obligada a evaluar de forma detallada la fragilidad de los ecosistemas en función de cada arte de pesca, ni a estudiar las consecuencias sociales y económicas de las medidas de conservación sobre las comunidades costeras. Este razonamiento ha despertado críticas, ya que podría interpretarse como una flexibilización en los requisitos de justificación científica de las normas.

En contraste, el tribunal también señaló que España y el sector no habían aportado pruebas suficientes para demostrar que las artes fijas carecen de efectos negativos sobre los ecosistemas marinos vulnerables. En ese sentido, hizo referencia a la metodología del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), cuyos dictámenes sirvieron de base a la Comisión.

Críticas a la gestión española

Para expertos en política pesquera, la sentencia evidencia carencias en la estrategia española en los foros comunitarios y científicos. La ausencia de una actuación más proactiva desde las fases iniciales de las propuestas, tanto en el Parlamento Europeo como en el propio CIEM, habría limitado la capacidad del Estado para defender los intereses de la flota nacional.

“Lo que se observa es una falta de planificación y de medios en la acción política y científica, que deja a los científicos con recursos escasos y reduce la capacidad de respuesta del país”, advierte Jaime Mejuto, investigador jubilado del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en un análisis sobre el fallo.

Más allá de la sentencia

El caso pone de relieve un dilema recurrente en la política ambiental y pesquera de la UE: la tensión entre la aplicación del principio de precaución y la necesidad de justificar las medidas con datos científicos sólidos, así como el equilibrio entre la protección de los ecosistemas y el impacto socioeconómico en las comunidades pesqueras.

La sentencia, además, marca un precedente sobre cómo la Comisión puede fundamentar sus decisiones en el futuro, lo que podría tener repercusiones en otros ámbitos regulatorios. “No se trata solo de lo que implica la sentencia, sino del tipo de razonamientos que valida y de lo que está por venir en la gestión de la pesca en Europa”, concluye Mejuto.

La Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha decretado el cierre de la pesquería de sardina (Sardina pilchardus) en aguas del Cantábrico Noroeste para los buques de cerco, racú y piobardeira en aguas ibéricas de las zonas CIEM VIIIc y IXa. La medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del 18 de agosto de 2025 (hora peninsular).

La decisión se adopta apenas unos días después de que la administración anunciara una reducción de los topes semanales de capturas, medida que ya anticipaba la necesidad de ajustar el esfuerzo pesquero ante el estado del recurso.

Contexto biológico y gestión pesquera

La sardina ibérica es una de las especies más sensibles a las variaciones ambientales y al impacto de la presión pesquera. Los informes científicos recientes han alertado de la necesidad de establecer medidas de control más estrictas para garantizar la sostenibilidad del stock, que sigue mostrando signos de fragilidad pese a las mejoras de los últimos años.

El cierre busca, según fuentes ministeriales, proteger el recurso en un momento clave del ciclo biológico de la especie, con el fin de favorecer su recuperación y asegurar la viabilidad a medio y largo plazo de una de las pesquerías más emblemáticas de la fachada atlántica.

Impacto en la flota y el mercado

La decisión afecta de manera directa a la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste, que depende en gran medida de esta especie para su actividad durante los meses de verano. El sector advierte de que el cierre tendrá repercusiones económicas inmediatas, especialmente en las cofradías gallegas y cantábricas, así como en las conserveras que dependen de la sardina como materia prima.

En paralelo, se prevé que el mercado de pescado fresco registre un incremento de precios, dada la reducción de la oferta en lonja, aunque el impacto final dependerá de la capacidad de sustitución con otras especies pelágicas.

Una pesquería en la encrucijada

El cierre de la sardina en aguas ibéricas refleja la complejidad de gestionar un recurso sometido tanto a la presión pesquera como a las variaciones ambientales del Atlántico. El Gobierno ha reiterado su compromiso con los principios de la Política Pesquera Común y la necesidad de garantizar el equilibrio entre la actividad económica del sector y la conservación de los ecosistemas marinos.

Con esta medida, España se alinea con las recomendaciones comunitarias y científicas, pero deja en evidencia la fragilidad de un recurso tradicional que forma parte de la identidad cultural, gastronómica y económica de las comunidades costeras del noroeste peninsular.