El Consejo de la Unión Europea ha aprobado este 18 de diciembre nuevas sanciones contra 41 buques vinculados a la denominada “flota fantasma” de Rusia, una red de petroleros y cargueros que, según Bruselas, resulta clave para sostener los ingresos energéticos del Kremlin y, con ellos, su esfuerzo bélico en Ucrania. Con la decisión, el número total de embarcaciones incluidas en la lista europea asciende a 597.
La medida golpea de lleno a una operativa marítima que, de acuerdo con fuentes comunitarias y con el seguimiento realizado en el entorno del Estrecho de Gibraltar, se apoya en prácticas de transporte “irregulares y de alto riesgo” y utiliza este corredor como autopista estratégica hacia el Mediterráneo y destinos fuera de Europa. En el Campo de Gibraltar, donde el tráfico de grandes petroleros es constante, el anuncio vuelve a poner el foco en los riesgos ambientales y de seguridad marítima asociados a buques de bandera opaca o registros de conveniencia.
Veto de puertos y servicios: el núcleo de las sanciones
Los 41 buques añadidos a la lista quedan sujetos a una prohibición de acceso a puertos de la UE y a la prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo. La UE explica que el objetivo es cortar vías de elusión del régimen sancionador y limitar la capacidad de Rusia para generar ingresos por exportaciones, en particular de crudo.
Según el Consejo, las medidas se dirigen a petroleros y embarcaciones extracomunitarias que eluden el mecanismo de limitación del precio del petróleo, apoyan al sector energético ruso o están implicadas en actividades ilícitas, como el transporte de equipo militar o el traslado de grano y bienes culturales robados en Ucrania.
Entre los barcos citados por fuentes locales figura, por ejemplo, el Matros Koshka o el Kapitan Gotsky, junto a otras unidades que —según el Consejo— operan en esa zona gris del transporte marítimo que Bruselas quiere desactivar.
Una ofensiva más amplia: facilitadores y “derecho del mar”
La nueva lista no llega sola. El Consejo vincula esta decisión a iniciativas adoptadas en las últimas semanas para estrechar el cerco sobre toda la cadena de valor que sostiene la flota paralela: desde operadores y estructuras societarias hasta el entramado logístico y asegurador que permite mover el petróleo.
En paralelo, la UE y sus Estados miembros han lanzado una declaración política para “aprovechar plenamente” el marco del derecho internacional del mar frente a las amenazas asociadas a la flota encubierta y reforzar la protección de infraestructuras submarinas críticas. El texto menciona expresamente el análisis de opciones que podrían facilitar la “interceptación o el abordaje” cuando proceda, siempre dentro del marco jurídico aplicable.
Gibraltar, punto sensible en el mapa de riesgos
El Estrecho vuelve a emerger como escenario de especial sensibilidad. En esta franja marítima —entre las costas del Campo de Gibraltar y Marruecos— se concentra el paso de buques que transportan crudo hacia terceros países, con maniobras y prácticas que las instituciones europeas consideran problemáticas y que elevan la preocupación por incidentes en una de las puertas marítimas más transitadas del planeta.
La UE insiste en que su estrategia, reforzada desde febrero de 2022, busca debilitar la base económica rusa, restringiendo tecnologías y mercados críticos y reduciendo su capacidad de sostener la guerra. La ampliación de la lista de buques sancionados apunta, precisamente, a ese objetivo: hacer más costosa y difícil la exportación energética rusa por vías opacas.
Con el nuevo paquete, Bruselas deja un mensaje claro: la presión continuará y, si es necesario, se ampliará. En el horizonte inmediato, el reto será traducir la lista negra en eficacia real —control portuario, servicios y trazabilidad— en un tablero marítimo donde cada resquicio operativo puede convertirse en un atajo para sortear sanciones.
