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sábado, diciembre 6, 2025
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Siete gigantes japoneses del mar crean una mesa de sostenibilidad para impulsar la compra responsable

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Kyokuyo, Marubeni Seafoods, Maruha Nichiro, Mitsubishi, Nichirei, Nissui y Seven & i Holdings han lanzado la Japan Responsible Seafood Roundtable, una mesa sectorial con la que aspiran a coordinar políticas y estándares comunes de debida diligencia ambiental y en derechos humanos, además de avanzar en trazabilidad interoperable a lo largo de la cadena de suministro pesquera.

El anuncio se realizó en el Sustainable Seafood Summit celebrado recientemente en Osaka, bajo el impulso de la organización con sede en Tokio Seafood Legacy, que ejercerá de catalizador para alinear a fabricantes, distribuidoras y grandes minoristas en torno a objetivos medibles.

Por qué importa: peso global y problemas comunes

Las siete empresas fundadoras figuran entre los mayores actores del mundo por ingresos: Mitsubishi, Marubeni y Maruha Nichiro están entre las cinco primeras a nivel global, mientras Kyokuyo y Nissui se sitúan en el top 20. Ese músculo industrial confiere capacidad para influir aguas arriba (pesquerías, granjas marinas, flotas y procesadores) y aguas abajo (retail y restauración), justo donde la sostenibilidad tropieza en la práctica.

El diagnóstico compartido es claro: la cadena del mar encara riesgos ambientales (sobrepesca, impactos en hábitats, emisiones, descartes) y sociales (trabajo forzoso, condiciones precarias a bordo o en plantas), además de retos sistémicos como la pesca INDNR (IUU) y la fragmentación de sistemas de trazabilidad que impide seguir el producto desde el caladero al lineal.

El mar es una proteína vital que los consumidores valoran, pero el sector se enfrenta a cuestiones difíciles”, destacó Yusuke Sato, director de Sostenibilidad de Maruha Nichiro. “Para resolverlas es esencial que las empresas comprometidas con la compra responsable piensen, debatan y actúen juntas en un marco no competitivo”.

Tres frentes de trabajo

La Japan Responsible Seafood Roundtable ha arrancado formalmente en octubre y organizará su labor en tres grandes líneas:

  1. Derechos humanos: armonizar sistemas y prácticas de debida diligencia, desde evaluaciones de riesgo por país/arte de pesca hasta mecanismos de verificación y remedio.
  2. Medio ambiente: criterios comunes para debida diligencia ambiental, cubriendo trazas de carbono, estado de stocks, selectividad de artes y salvaguardas de ecosistemas.
  3. Trazabilidad: esfuerzos conjuntos para interoperar plataformas y estandarizar datos críticos (origen legal, especie, zona FAO, método de captura/cultivo, eslabón de proceso), de modo que la información fluya con garantías hasta el consumidor.

Como primer hito, el foro está elaborando un conjunto de principios guía que pretende consolidar en 2026 y trasladar a hojas de ruta corporativas y requisitos a proveedores.

“Como fabricante de alimentos del mar, Nissui tiene la responsabilidad de legar la riqueza de los océanos a las próximas generaciones mediante una compra sostenible”, señaló Akihiko Nishi, director del Departamento de Sostenibilidad de la compañía. “Esperamos que esta mesa sirva de plataforma de colaboración intersectorial y genere acciones concretas que creen una nueva tendencia en la distribución responsable”.

De la teoría a la práctica

Aunque Japón ha avanzado en certificaciones y códigos voluntarios, el sector reconoce que muchos desafíos no se resuelven empresa a empresa. La mesa busca, por tanto, economías de escala en auditorías, alineación de requisitos para evitar “multiplicar formularios” a un mismo proveedor y pilotos compartidos (por ejemplo, trazabilidad digital y verificaciones en origen) que generen evidencia pública de mejora.

“Con el lanzamiento de esta mesa, Seafood Legacy se compromete a apoyar avances tangibles hacia cadenas de suministro de mariscos responsables y sostenibles en Japón”, subrayó su vicepresidenta ejecutiva, Aiko Yamauchi.

Lo que viene

A corto plazo, los miembros trabajarán en:

  • Mapa de riesgos común por especie, origen y método de producción.
  • Glosario y métricas compartidas (KPIs) para medir progreso.
  • Pilotos de trazabilidad con intercambio de datos seguro y verificable.
  • Guías de compra para categorías prioritarias y cronograma de despliegue.

Si el plan prospera, Japón podría marcar un nuevo estándar nacional de “compra responsable de productos del mar” que combine competitividad, seguridad de suministro y credenciales ESG verificables. En un mercado cada vez más sensible al origen y a las condiciones de producción, mover el centro de gravedad del sector japonés hacia prácticas consensuadas puede convertirse en una ventaja estratégica dentro y fuera de sus fronteras.

Hacia una acuicultura sin plásticos: Francia desarrolla la primera red de engorde biodegradable para mejillones

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El proyecto FILL, impulsado por el sector conchylicultor de Normandía y el Canal de la Mancha, busca sustituir las tradicionales redes plásticas por materiales biodegradables y resistentes

Francia se prepara para dar un paso decisivo hacia una acuicultura más sostenible y libre de plásticos. El sindicato mixto Synergie Mer et Littoral (SMEL), junto con el Comité Regional de la Conchyliculture (CRC) de Normandía y Mancha Mer du Nord, ha lanzado el proyecto FILL (Filet Innovant pour la culture des Moules), una iniciativa pionera que desarrolla una red de “catinage” biodegradable destinada al cultivo de mejillones de bouchot —una de las joyas gastronómicas del litoral francés—.

El objetivo es doble: reducir drásticamente la contaminación por plásticos derivada de la acuicultura y ofrecer a los productores una alternativa viable que mantenga la resistencia y durabilidad de los materiales actuales sin comprometer la productividad.


Un cambio estructural en la conchylicultura francesa

En los criaderos tradicionales de mejillones , los productores utilizan redes hechas de polímeros sintéticos para sostener las cuerdas donde los moluscos crecen durante varios meses. Con el paso del tiempo y la exposición al mar, muchos de estos materiales se fragmentan o se pierden en el medio marino, contribuyendo a la acumulación de microplásticos en los ecosistemas costeros.

El proyecto FILL surge precisamente como respuesta a este problema. Financiado por fondos públicos y con el apoyo técnico de centros de investigación en materiales sostenibles, la iniciativa persigue diseñar una red innovadora, biodegradable y compostable al final de su vida útil, que cumpla los estándares de resistencia, elasticidad y durabilidad que exige la actividad mytilícola.

Según los promotores, el nuevo material permitirá que, una vez finalizado su ciclo productivo, la red se degrade de forma natural, evitando que fragmentos plásticos queden dispersos en el mar o en los sedimentos litorales.


Una innovación al servicio de la transición ecológica

El desarrollo de la red biodegradable encaja dentro del compromiso asumido por Francia de eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso antes de 2040, meta que incluye a todos los sectores productivos, desde la alimentación hasta la pesca y la acuicultura.

La acuicultura debe ser parte activa de esta transición, no solo por una cuestión de imagen ambiental, sino porque dependemos directamente de la calidad del medio marino”, ha señalado un portavoz del CRC Normandie. “Los productores de mejillón son conscientes de que proteger el ecosistema costero es también proteger su futuro económico”.

El proyecto FILL se inscribe asimismo en la estrategia europea de economía azul circular, que busca sustituir materiales sintéticos persistentes por soluciones biobasadas y biodegradables procedentes de recursos renovables como el almidón, la celulosa o el ácido poliláctico (PLA).


Ensayos técnicos y validación en mar abierto

El SMEL y el CRC han confirmado que, durante 2025 y 2026, se realizarán ensayos experimentales a gran escala en las costas de Normandía y Bretaña, con la participación de productores locales. Los primeros prototipos de red ya han sido probados en laboratorio, con resultados prometedores en cuanto a resistencia a la tracción, durabilidad en agua salada y capacidad de biodegradación controlada.

El siguiente paso será evaluar su comportamiento real en condiciones de cultivo, donde factores como las corrientes, la salinidad o la adherencia de los moluscos determinarán su éxito final. “La clave es encontrar el equilibrio perfecto entre resistencia y degradabilidad”, explican los técnicos del SMEL. “Debe soportar todo el ciclo de cultivo —unos 12 a 18 meses— y luego degradarse sin dejar residuos”.


Un desafío industrial y económico

El reto no es únicamente tecnológico, sino también económico e industrial. Los materiales biodegradables suelen tener costes de producción más elevados que los plásticos convencionales, por lo que la viabilidad comercial dependerá de su escalabilidad y apoyo institucional.

En este sentido, el proyecto FILL se beneficiará de mecanismos de financiación regional, nacional y europea, destinados a acelerar la innovación en materiales sostenibles para el sector pesquero y acuícola. Si los resultados son positivos, Francia podría convertirse en referente mundial en la sustitución de plásticos en la acuicultura, marcando un precedente replicable en otros países con fuerte tradición mytilícola, como España, Italia o los Países Bajos.


Impacto ambiental y trazabilidad

Más allá del cambio material, los impulsores del proyecto subrayan que esta transición permitirá mejorar la trazabilidad ambiental del producto, aportando un valor añadido a las etiquetas de calidad y a la comercialización internacional del mejillón de bouchot, reconocido con denominaciones de origen y apreciado por su sabor y textura.

Según estudios del IFREMER (Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar), el sector mytilícola francés genera cada año cientos de toneladas de residuos plásticos, entre redes, cuerdas y material de soporte. La sustitución por materiales biodegradables podría reducir hasta un 90 % esa huella y contribuir a una mejor conservación de los fondos marinos y de la fauna bentónica.


De Normandía al mundo: un modelo replicable

El éxito del proyecto FILL podría tener alcance internacional. Francia, uno de los mayores productores de mejillón de Europa junto con España, Italia y los Países Bajos, podría exportar la tecnología y el modelo de cooperación público-privado a otros países que buscan soluciones frente a la contaminación plástica en el mar.

Además, el modelo de innovación del SMEL y del CRC —basado en la colaboración entre científicos, empresas locales y administraciones— representa un ejemplo de gobernanza sostenible aplicable a otros ámbitos de la economía azul.


Un horizonte libre de plásticos

En última instancia, el proyecto FILL no solo es una apuesta tecnológica, sino un símbolo del cambio de paradigma que vive la acuicultura europea: pasar de una lógica extractiva y dependiente del plástico a un modelo regenerativo y circular, donde la innovación se pone al servicio de la naturaleza.

Si la nueva red biodegradable logra cumplir sus promesas, las costas de Normandía y del Canal de la Mancha podrían ser, en pocos años, el escenario de una revolución silenciosa: la de un mar que, sin renunciar a la productividad, empieza a liberarse del lastre plástico que lo ha acompañado durante décadas.

Y con ello, la mytilicultura francesa daría un paso firme hacia un futuro donde la sostenibilidad y la rentabilidad ya no se excluyen, sino que se refuerzan mutuamente.

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Hacia una acuicultura sin plásticos: Francia desarrolla la primera red de engorde biodegradable para mejillones de bouchot

El proyecto FILL, impulsado por el sector del marisqueo y la acuicultura de Normandía y el Canal de la Mancha, busca sustituir las tradicionales redes plásticas por materiales biodegradables y resistentes

Francia se prepara para dar un paso decisivo hacia una acuicultura más sostenible y libre de plásticos. El sindicato mixto Synergie Mer et Littoral (SMEL), junto con el Comité Regional de la Acuicultura (CRC) de Normandía y Mancha Mer du Nord, ha lanzado el proyecto FILL (Filet Innovant pour la culture des Moules), una iniciativa pionera que desarrolla una red de “catinage” biodegradable destinada al cultivo de mejillones de bouchot —una de las joyas gastronómicas del litoral francés—.

El objetivo es doble: reducir drásticamente la contaminación por plásticos derivada de la acuicultura y ofrecer a los productores una alternativa viable que mantenga la resistencia y durabilidad de los materiales actuales sin comprometer la productividad.


Un cambio estructural en la acuicultura francesa

En los criaderos tradicionales de mejillones de bouchot, los productores utilizan redes de catinage hechas de polímeros sintéticos para sostener las cuerdas donde los moluscos crecen durante varios meses. Con el paso del tiempo y la exposición al mar, muchos de estos materiales se fragmentan o se pierden en el medio marino, contribuyendo a la acumulación de microplásticos en los ecosistemas costeros.

El proyecto FILL surge precisamente como respuesta a este problema. Financiado por fondos públicos y con el apoyo técnico de centros de investigación en materiales sostenibles, la iniciativa persigue diseñar una red innovadora, biodegradable y compostable al final de su vida útil, que cumpla los estándares de resistencia, elasticidad y durabilidad que exige la actividad acuícola.

Según los promotores, el nuevo material permitirá que, una vez finalizado su ciclo productivo, la red se degrade de forma natural, evitando que fragmentos plásticos queden dispersos en el mar o en los sedimentos litorales.


Una innovación al servicio de la transición ecológica

El desarrollo de la red biodegradable encaja dentro del compromiso asumido por Francia de eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso antes de 2040, meta que incluye a todos los sectores productivos, desde la alimentación hasta la pesca y la acuicultura.

La acuicultura debe ser parte activa de esta transición, no solo por una cuestión de imagen ambiental, sino porque dependemos directamente de la calidad del medio marino”, ha señalado un portavoz del CRC Normandie. “Los productores de mejillón son conscientes de que proteger el ecosistema costero es también proteger su futuro económico”.

El proyecto FILL se inscribe asimismo en la estrategia europea de economía azul circular, que busca sustituir materiales sintéticos persistentes por soluciones biobasadas y biodegradables procedentes de recursos renovables como el almidón, la celulosa o el ácido poliláctico (PLA).


Ensayos técnicos y validación en mar abierto

El SMEL y el CRC han confirmado que, durante 2025 y 2026, se realizarán ensayos experimentales a gran escala en las costas de Normandía y Bretaña, con la participación de productores locales. Los primeros prototipos de red ya han sido probados en laboratorio, con resultados prometedores en cuanto a resistencia a la tracción, durabilidad en agua salada y capacidad de biodegradación controlada.

El siguiente paso será evaluar su comportamiento real en condiciones de cultivo, donde factores como las corrientes, la salinidad o la adherencia de los moluscos determinarán su éxito final. “La clave es encontrar el equilibrio perfecto entre resistencia y degradabilidad”, explican los técnicos del SMEL. “Debe soportar todo el ciclo de cultivo —unos 12 a 18 meses— y luego degradarse sin dejar residuos”.


Un desafío industrial y económico

El reto no es únicamente tecnológico, sino también económico e industrial. Los materiales biodegradables suelen tener costes de producción más elevados que los plásticos convencionales, por lo que la viabilidad comercial dependerá de su escalabilidad y apoyo institucional.

En este sentido, el proyecto FILL se beneficiará de mecanismos de financiación regional, nacional y europea, destinados a acelerar la innovación en materiales sostenibles para el sector pesquero y acuícola. Si los resultados son positivos, Francia podría convertirse en referente mundial en la sustitución de plásticos en la acuicultura, marcando un precedente replicable en otros países con fuerte tradición en el cultivo de moluscos, como España, Italia o los Países Bajos.


Impacto ambiental y trazabilidad

Más allá del cambio material, los impulsores del proyecto subrayan que esta transición permitirá mejorar la trazabilidad ambiental del producto, aportando un valor añadido a las etiquetas de calidad y a la comercialización internacional del mejillón de bouchot, reconocido con denominaciones de origen y apreciado por su sabor y textura.

Según estudios del IFREMER (Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar), el sector acuícola francés genera cada año cientos de toneladas de residuos plásticos, entre redes, cuerdas y material de soporte. La sustitución por materiales biodegradables podría reducir hasta un 90 % esa huella y contribuir a una mejor conservación de los fondos marinos y de la fauna bentónica.


De Normandía al mundo: un modelo replicable

El éxito del proyecto FILL podría tener alcance internacional. Francia, uno de los mayores productores de mejillón de Europa junto con España, Italia y los Países Bajos, podría exportar la tecnología y el modelo de cooperación público-privado a otros países que buscan soluciones frente a la contaminación plástica en el mar.

Además, el modelo de innovación del SMEL y del CRC —basado en la colaboración entre científicos, empresas locales y administraciones— representa un ejemplo de gobernanza sostenible aplicable a otros ámbitos de la economía azul.


Un horizonte libre de plásticos

En última instancia, el proyecto FILL no solo es una apuesta tecnológica, sino un símbolo del cambio de paradigma que vive la acuicultura europea: pasar de una lógica extractiva y dependiente del plástico a un modelo regenerativo y circular, donde la innovación se pone al servicio de la naturaleza.

Si la nueva red biodegradable logra cumplir sus promesas, las costas de Normandía y del Canal de la Mancha podrían ser, en pocos años, el escenario de una revolución silenciosa: la de un mar que, sin renunciar a la productividad, empieza a liberarse del lastre plástico que lo ha acompañado durante décadas.

Y con ello, la acuicultura francesa daría un paso firme hacia un futuro donde la sostenibilidad y la rentabilidad ya no se excluyen, sino que se refuerzan mutuamente

Fincantieri apuesta por la nueva generación de drones navales junto a la startup Defcomm

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El gigante italiano acelera su transición hacia la automatización marítima y refuerza la soberanía tecnológica europea en defensa y seguridad marítima

El grupo naval italiano Fincantieri, uno de los mayores constructores de buques del mundo, ha dado un paso decisivo hacia la autonomía naval inteligente al firmar una alianza estratégica con la startup Defcomm, especializada en sistemas no tripulados. Ambas compañías cooperarán en el desarrollo e industrialización de drones de superficie no tripulados (USV, por sus siglas en inglés), un campo en plena expansión que redefine el futuro de la defensa marítima y la vigilancia civil.

El acuerdo, anunciado el 21 de octubre, se inscribe en la tendencia global de adoptar tecnologías de uso dual, es decir, plataformas aplicables tanto a misiones militares como a operaciones civiles —desde la seguridad portuaria hasta la monitorización medioambiental—. Fincantieri, que ya acumula experiencia en buques de combate, submarinos y cruceros de última generación, amplía así su espectro de innovación hacia un ámbito clave en la digitalización naval y la autonomía operativa.

Según fuentes del grupo, la alianza prevé coinvertir en la fase de industrialización de los vehículos diseñados por Defcomm, tras superar con éxito pruebas de resistencia, navegación de larga duración y capacidad de operación en entornos marítimos adversos. Los nuevos drones podrán funcionar de manera autónoma, remota o manual, ofreciendo una versatilidad estratégica para misiones de patrullaje, inteligencia, rescate y vigilancia costera.

Integración en unidades navales y visión modular

Una de las claves del acuerdo radica en la integración directa de estos sistemas en las unidades construidas por Fincantieri, lo que permitirá ofrecer a los clientes una solución integral —buque madre y vehículo autónomo— plenamente interoperable. Esto facilitará misiones combinadas, en las que los drones puedan desplegarse desde plataformas mayores para realizar tareas específicas, reduciendo riesgos humanos y costes operativos.

Además, el pacto incluye un plan de formación especializado para personal técnico y militar, con el fin de asegurar una transición fluida hacia la operación de flotas híbridas en las que convivan buques tripulados y no tripulados.

Innovación y soberanía industrial

Para Federico Zarghetta, director de Defcomm y uno de los principales expertos italianos en automatización naval, la colaboración con Fincantieri representa “la culminación de décadas de trabajo en soluciones no tripuladas”. A su juicio, la combinación de la agilidad tecnológica de Defcomm con la infraestructura y la capacidad industrial de Fincantieri permitirá “llevar los drones de superficie al siguiente nivel, combinando rendimiento, sostenibilidad y soberanía tecnológica europea”.

Por su parte, Fincantieri subraya que esta iniciativa forma parte de su estrategia de reforzar la soberanía industrial italiana y su liderazgo en la transición tecnológica del sector marítimo, un objetivo alineado con los planes de innovación de la Unión Europea en materia de defensa, seguridad y transición digital.

Una tendencia imparable en los mares

El desarrollo de USV (Uncrewed Surface Vehicles) se ha convertido en una prioridad global. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Noruega o Japón ya despliegan unidades autónomas capaces de realizar tareas de patrullaje o de control de fronteras marítimas. En el Mediterráneo, Italia aspira a posicionarse como referente tecnológico, integrando innovación civil y defensa bajo un enfoque sostenible.

Los nuevos sistemas también representan un impulso para la industria de astilleros y componentes navales, que deberá adaptarse a la producción de estructuras ligeras, sistemas de inteligencia artificial, sensores de alta precisión y software de navegación autónoma.

Perspectivas de futuro

En los próximos meses, Fincantieri y Defcomm prevén iniciar la fase de pruebas conjuntas en entornos reales, posiblemente en el Adriático, con vistas a iniciar la producción en serie en 2026. La empresa italiana estudia también su participación en programas europeos de cooperación en defensa marítima, que fomentan el uso de plataformas no tripuladas interoperables entre los estados miembros.

En un contexto de creciente competencia global, esta alianza no solo refuerza el papel de Italia como potencia naval tecnológica, sino que anticipa un cambio estructural en la forma de entender el mar: una nueva era en la que los barcos no tripulados convivirán con flotas tradicionales, transformando las operaciones marítimas y ampliando los límites de la ingeniería naval europea.

Europêche advierte que los recortes de financiación y las propuestas de “captura cero” pondrían en jaque a la pesca europea

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La patronal pide un Marco Financiero Plurianual (MFP) “justo”, reglas comerciales equilibradas y una gestión pesquera viable, ante la posibilidad de un recorte del 67% en los fondos específicos para el sector y en plena negociación de las posibilidades de pesca de 2026.

La industria pesquera europea ha encendido de nuevo las alarmas. En nombre del sector comunitario, Europêche ha trasladado una petición urgente a las instituciones de la UE para que eviten recortes drásticos de financiación, rechacen propuestas de captura cero sin alternativas viables y garanticen reglas comerciales que no penalicen a la flota europea frente a la competencia global. El llamamiento llega cuando se acelera el debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028–2034 y los Estados miembros encaran la recta final de las cuotas de pesca para 2026.

La organización sectorial elevó sus preocupaciones tras una reunión con el comisario de Pesca, Costas Kadis, y agregados de pesca de una docena de países de la UE, en la que se abordaron financiación, oportunidades de pesca 2026, negociaciones internacionales y nuevas medidas regulatorias.

Un tijeretazo del 67% que “paralizaría inversiones”

El punto más espinoso para Europêche es la propuesta de presupuesto comunitario para 2028–2034, que en su redacción actual reduciría en un 67% los fondos finalistas para la pesca, dejándolos en 2.000 millones de euros para todo el periodo. A juicio del sector, el golpe llegaría en el peor momento: costes operativos al alza, presión regulatoria creciente, competencia internacional y escasez de mano de obra.

Un recorte profundo, unido a la necesidad de competir con otros sectores por los mismos recursos, asestaría un serio golpe a la inversión en pesca sostenible y baja en carbono”, alerta Daniel Voces, director general de Europêche, en declaraciones a SeafoodSource. “Riesga frenar el progreso en la gestión marina y la protección de los ecosistemas, a la vez que socava los esfuerzos por atraer a jóvenes trabajadores y mejorar las competencias y las condiciones laborales. En definitiva, la competencia por la financiación de la UE podría retrasar o cancelar proyectos esenciales para la transición verde y la competitividad del sector”.

Captura cero: el sector pide ciencia, gradualidad y alternativas

Además del presupuesto, la industria vuelve a poner el foco en las propuestas de captura cero que la Comisión ha barajado en algunos caladeros o stocks en situación delicada. Europêche admite la necesidad de recuperar poblaciones y mejorar el estado de los ecosistemas, pero reclama que las decisiones se basen en la mejor evidencia científica disponible, tengan en cuenta la realidad socioeconómica de las comunidades costeras y ofrezcan herramientas transitorias (selectividad, cierres temporales y espaciotemporales, planes de adaptación) que eviten impactos irreversibles en empleo y tejido productivo.

Lo que pide la industria

  • Financiación estable y suficiente en el próximo MFP, con una línea específica para modernización sostenible de la flota, descarbonización (eficiencia energética, combustibles alternativos) y seguridad laboral.
  • Gestión pesquera equilibrada, que combine objetivos biológicos con evaluaciones de impacto socioeconómico y calendarios realistas para alcanzar las metas ambientales.
  • Reglas comerciales equitativas, de modo que los productos importados cumplan estándares comparables a los exigidos a la flota europea.
  • Políticas de empleo y formación para atraer relevo generacional y cubrir perfiles en puertos, a bordo y en la cadena de valor.

Qué se juega la UE

Para Europêche, lo que está en juego no es solo la cuenta de resultados del sector, sino tres vectores estratégicos de la política europea:

  1. Soberanía alimentaria y seguridad de suministro de proteína marina de alta calidad;
  2. Transición energética de una flota que necesita inversión para reducir emisiones y consumo;
  3. Cohesión social de millares de empleos en regiones costeras dependientes de la pesca y de su industria auxiliar.

Próximos pasos

Con el calendario apretando —negociaciones de posibilidades de pesca para 2026 y discusión del MFP 2028–2034— la industria quiere que los Estados miembros y la Comisión introduzcan salvaguardas en el presupuesto y flexibilidades en la regulación que permitan planificar inversiones y evitar parones en proyectos críticos de sostenibilidad.

La pesca europea ya está en una senda de reducción de impactos y mejora de la gestión”, concluye Voces. “Lo que necesitamos no son golpes de timón que vacíen los puertos, sino estabilidad para culminar la transición verde sin dejar a nadie atrás”.

El Puerto de Algeciras consolida su liderazgo y crece un 2,5% pese a la incertidumbre global

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El enclave andaluz supera los 85 millones de toneladas y refuerza su papel estratégico como nodo logístico del sur de Europa

El Puerto de Algeciras continúa demostrando su fortaleza en un contexto global marcado por la inestabilidad geopolítica y las disrupciones en las cadenas de suministro. Según los últimos datos publicados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), el enclave cerró los primeros nueve meses de 2025 con un tráfico total de 85,6 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,54 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento se sostiene en un comportamiento equilibrado de todos los segmentos de actividad, especialmente en el tráfico de contenedores, graneles líquidos y operaciones de avituallamiento, consolidando al puerto como referente logístico del Mediterráneo occidental y principal plataforma de conexión marítima entre Europa, África y América.

Contenedores y mercancía general, pilares del crecimiento

El tráfico de contenedores, principal motor de la actividad, alcanzó 3,88 millones de TEU, lo que representa un aumento del 1,83 % en comparación con 2024. Este avance cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la reorganización de servicios marítimos este–oeste y las tensiones comerciales que han afectado a los principales puertos europeos.

En el ámbito de la mercancía general, el puerto movió 57,8 millones de toneladas, un 3,2 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este crecimiento refleja tanto la recuperación del tráfico de contenedores como el dinamismo de las cargas rodadas en la línea Algeciras–Tánger Med, uno de los corredores ro-ro más activos del Mediterráneo.

Fuerte impulso en graneles líquidos y en servicios de bunkering

El comportamiento más destacado en términos porcentuales corresponde a los graneles líquidos, que experimentaron un crecimiento del 6,36 %, impulsados por el aumento en los movimientos de combustibles y productos energéticos. En un contexto de inestabilidad energética global, Algeciras sigue siendo un punto clave para el abastecimiento y redistribución de hidrocarburos entre Europa, África y América Latina.

Las operaciones de avituallamiento (bunkering y provisiones) también avanzaron, con un incremento del 3,6 %, consolidando al puerto como líder nacional en suministro de combustible a buques. Este segmento se mantiene como uno de los más dinámicos de la dársena andaluza, gracias a su posición estratégica en el Estrecho de Gibraltar y a la creciente demanda de servicios marítimos de valor añadido.

Resiliencia ante la incertidumbre internacional

La APBA ha destacado la resiliencia del puerto frente a un escenario global complejo, marcado por el conflicto en Oriente Medio, los desvíos de rutas en el canal de Suez y las tensiones logísticas en Asia. Pese a estos retos, Algeciras ha sabido mantener su capacidad operativa y competitiva, ofreciendo soluciones ágiles a las navieras y operadores que buscan eficiencia y fiabilidad.

En palabras de su presidente, Gerardo Landaluce, los resultados “reflejan la fortaleza de un ecosistema logístico y empresarial que ha sabido adaptarse a las transformaciones del comercio internacional sin perder dinamismo”. Landaluce subrayó además el papel del puerto como “punto neurálgico para el abastecimiento energético y la transición hacia combustibles más sostenibles en el transporte marítimo”.

Compromiso con la sostenibilidad y la digitalización

Paralelamente al crecimiento de tráficos, el puerto avanza en su estrategia de transformación verde y digital, pilares de la Agenda Algeciras Smart Port 2030. Entre las actuaciones en curso figuran el despliegue de sistemas inteligentes de gestión portuaria, la promoción del GNL y biocombustibles en el bunkering, y la mejora de la eficiencia energética de las terminales.

Asimismo, la APBA colabora con las administraciones públicas y las principales navieras en proyectos piloto de corredores marítimos verdes, así como en la incorporación progresiva de energías renovables en sus instalaciones.

Un puerto con visión internacional

El enclave algecireño, primer puerto español en tráfico total y entre los cinco primeros del Mediterráneo, mantiene un perfil crecientemente internacional. Más del 60 % de sus tráficos tienen origen o destino fuera de la Unión Europea, con una red que supera los 200 puertos conectados en más de 70 países.

Además, el puerto refuerza su papel como nodo clave del Corredor Mediterráneo ferroviario, con nuevas conexiones intermodales hacia Madrid, Zaragoza y Toulouse, lo que amplía su capacidad de distribución terrestre y mejora su competitividad frente a los grandes hubs europeos.

Mirando hacia 2026

De cara a los próximos meses, la Autoridad Portuaria prevé mantener la tendencia de crecimiento moderado, apoyada en el tráfico energético, los contenedores y la diversificación de servicios logísticos. Los proyectos de nuevas terminales, mejora de calados y ampliación ferroviaria continuarán siendo los ejes estratégicos para consolidar el liderazgo del puerto.

En un mundo donde la geopolítica sacude las rutas y el comercio se reconfigura, Algeciras emerge como símbolo de estabilidad y eficiencia. Su evolución en 2025 no solo confirma su importancia para la economía andaluza y española, sino también su papel en el futuro del transporte marítimo global: un puerto que crece con visión, se adapta con inteligencia y navega con rumbo firme hacia la sostenibilidad.

Asia impulsa un megaproyecto eólico marino que conectará Vietnam, Malasia y Singapur

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El consorcio prevé generar 2.000 MW en 2034 y marca un nuevo hito en la expansión energética del Sudeste Asiático, con importantes implicaciones para la industria marítima mundial

El Sudeste Asiático se prepara para dar un salto estratégico en la transición energética con la puesta en marcha de un proyecto eólico marino conjunto entre Vietnam, Malasia y Singapur, cuya primera fase —de 2.000 megavatios (MW)— está prevista para completarse en 2034, según ha confirmado el ministro de Energía de Malasia, Fadillah Yusof.

El plan, considerado uno de los más ambiciosos de la región, contempla la construcción de un parque eólico offshore interconectado, capaz de suministrar energía limpia a los tres países a través de una red eléctrica submarina regional. Este megaproyecto refuerza la apuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por reducir su dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético sostenible y compartido.

Un proyecto estratégico en el corazón del Sudeste Asiático

El consorcio, integrado por empresas energéticas estatales y privadas de los tres países, trabaja ya en los estudios técnicos, ambientales y logísticos necesarios para determinar las ubicaciones óptimas de los aerogeneradores y la trazabilidad de los cables submarinos. Se prevé que la infraestructura se extienda por el mar de la China Meridional, una de las zonas más transitadas del planeta, lo que plantea tanto desafíos tecnológicos como geopolíticos.

El ministro Yusof destacó que el proyecto “no solo permitirá diversificar las fuentes energéticas y reducir las emisiones regionales, sino también fortalecer la cooperación económica y tecnológica entre los países participantes”. Además, señaló que Malasia aspira a convertirse en un centro logístico y de mantenimiento de la energía eólica marina del Sudeste Asiático, aprovechando su infraestructura portuaria y su posición estratégica.

Impacto sobre la industria marítima y naval

Aunque se trata de un proyecto energético, su ejecución tendrá un efecto directo sobre la industria marítima y de construcción naval. La instalación de los parques eólicos offshore requerirá flotas especializadas de buques de instalación, transporte y mantenimiento, así como plataformas, tuberías y sistemas de cableado submarino.

Astilleros de la región —como los de Hyundai-Vinashin (Vietnam) o Boustead Heavy Industries (Malasia)— ya han mostrado interés en participar en la fabricación de estructuras y embarcaciones asociadas al proyecto. No obstante, los expertos apuntan que la magnitud de la obra obligará a recurrir a la cooperación internacional, abriendo la puerta a la participación de astilleros europeos y japoneses, líderes en buques de instalación de aerogeneradores y tecnología offshore.

Para los astilleros europeos, el avance de este proyecto representa tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, confirma la creciente competencia asiática en el sector de energías marinas renovables; por otro, ofrece la posibilidad de exportar know-how, tecnología y componentes hacia una región en plena expansión.

Una apuesta por la interconexión eléctrica regional

El plan también contempla la creación de un “corredor verde energético” que conectará la producción eólica vietnamita con los grandes centros de consumo de Malasia y Singapur. Este sistema de interconexión eléctrica submarina permitirá compartir excedentes de energía entre los tres países, estabilizando la red y reduciendo los costes energéticos.

Singapur, altamente dependiente del gas natural importado, se perfila como el principal beneficiario de este corredor energético. Según el Gobierno de la ciudad-Estado, el proyecto podría cubrir hasta el 15 % de su demanda eléctrica total para 2035, fortaleciendo su seguridad energética y contribuyendo a sus objetivos de neutralidad climática.

Retos tecnológicos y medioambientales

Entre los principales desafíos se encuentran la complejidad del entorno marino —con fuertes corrientes, tifones y gran profundidad— y la necesidad de minimizar el impacto sobre la biodiversidad. Para ello, el consorcio prevé adoptar estándares internacionales de sostenibilidad y tecnologías de última generación, como aerogeneradores flotantes y sistemas inteligentes de monitoreo.

Asimismo, los gobiernos implicados trabajan para establecer marcos regulatorios armonizados que garanticen la seguridad jurídica de las inversiones y la protección medioambiental.

Un modelo para futuras alianzas

El proyecto eólico Vietnam-Malasia-Singapur no solo transformará el mapa energético regional, sino que también puede servir de modelo para la cooperación internacional en energías marinas. Según analistas del sector, este tipo de acuerdos “marca el paso de la competencia nacional a la colaboración transfronteriza como eje de la transición verde”.

Para la industria marítima global, el avance de este megaproyecto confirma la convergencia entre energías renovables, construcción naval y servicios offshore, tres ámbitos que en los próximos años estarán estrechamente ligados.

En definitiva, Asia se posiciona como nuevo motor mundial de la eólica marina, con proyectos de enorme escala que redefinirán tanto el mercado energético como la logística marítima internacional. Europa, pionera en el sector, observa el desarrollo con atención: el futuro de los océanos —como fuente de energía y cooperación— se juega, cada vez más, en el mar de la China Meridional.

Greenpeace desafía la minería submarina en las Islas Cook: un pulso entre economía y biodiversidad oceánica

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La protesta contra el buque “Nautilus” reaviva el debate sobre la explotación del fondo marino y el impacto de la transición energética en los ecosistemas profundos

El regreso del buque de exploración Nautilus al puerto de Rarotonga, en las Islas Cook, se convirtió el pasado 21 de octubre en el escenario de una de las protestas medioambientales más simbólicas del año. Decenas de activistas de Greenpeace, apoyados por organizaciones locales y líderes comunitarios maoríes, bloquearon pacíficamente la entrada del navío utilizando kayaks, pancartas y banderas con el lema “Don’t Mine the Moana” (“No excaves el océano”).

La acción, que se desarrolló sin incidentes violentos, fue la culminación de una campaña internacional que busca detener la minería en aguas profundas —una actividad que, según los defensores del medio ambiente, amenaza hábitats marinos desconocidos, destruye ecosistemas irreversibles y vulnera los derechos tradicionales de los pueblos isleños del Pacífico.

El Nautilus, buque de investigación oceanográfica con bandera de las Islas Cook, había completado una expedición de tres semanas en áreas concesionadas para la extracción de nódulos polimetálicos, un recurso de enorme interés para la industria tecnológica por su contenido en níquel, cobalto, cobre y manganeso, minerales críticos para la fabricación de baterías eléctricas y sistemas de almacenamiento energético.

Un conflicto entre la transición energética y la protección marina

La protesta pone de relieve una de las grandes paradojas ambientales del siglo XXI: mientras los países promueven la transición hacia energías limpias, crece la presión sobre los fondos oceánicos, considerados por algunos como una “nueva frontera” minera. Según Greenpeace, esta lógica “verde extractivista” reproduce los mismos patrones de sobreexplotación y colonialismo económico, pero trasladados a los océanos.

“El océano no necesita más cicatrices; necesita tiempo para sanar”, declaró en Rarotonga Lisa Williams, portavoz de Greenpeace Pacific. “Las Islas Cook deben liderar la defensa del Pacífico y no abrir la puerta a una industria que puede destruir para siempre ecosistemas que ni siquiera hemos estudiado”.

En contrapartida, el Gobierno de las Islas Cook defiende que la minería en aguas profundas, si se desarrolla bajo protocolos científicos y de monitoreo ambiental, puede proporcionar ingresos sostenibles a una nación dependiente del turismo y vulnerable al cambio climático. El primer ministro Mark Brown ha insistido en que la política de licencias busca “equilibrar la conservación con el desarrollo”, garantizando que los beneficios económicos repercutan directamente en las comunidades locales.

Sin embargo, las organizaciones ecologistas y varios científicos alertan de que no existe tecnología capaz de extraer nódulos del fondo oceánico sin causar un daño ecológico irreversible. Estudios de la Universidad de Hawái y de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) advierten que las operaciones de minería submarina pueden generar plumas de sedimentos que se expanden cientos de kilómetros, alterando la biodiversidad y la fotosíntesis marina.

Presiones internacionales y repercusiones económicas

El caso de las Islas Cook no es aislado. En el Pacífico central, países como Papúa Nueva Guinea, Tonga o Nauru también han firmado licencias de exploración con empresas vinculadas a consorcios estadounidenses, canadienses y chinos. En particular, el grupo The Metals Company (TMC) y su filial NORI mantienen concesiones activas en la zona de Clarion-Clipperton, un espacio del océano Pacífico controlado parcialmente por la ISA.

El bloqueo al Nautilus se produce precisamente cuando varios Estados insulares —entre ellos Fiyi, Samoa y Palau— han pedido una moratoria internacional sobre la minería en aguas profundas, apelando al principio de precaución.

Las protestas también ponen bajo presión a los países industrializados, acusados de promover la extracción oceánica mientras se presentan como líderes climáticos. Greenpeace y otras ONG exigen que el Consejo de la ISA, que se reúne este mes en Kingston (Jamaica), adopte un compromiso legal de no autorizar nuevas licencias hasta disponer de suficiente conocimiento científico sobre el impacto de estas actividades.

Impacto sobre la industria naval y la regulación internacional

Más allá del activismo ambiental, este episodio tiene consecuencias directas para la industria marítima y los astilleros implicados en la construcción de buques de investigación y apoyo a la minería submarina. Las acciones de bloqueo, litigios ambientales y presiones diplomáticas podrían ralentizar inversiones millonarias y afectar a empresas europeas y asiáticas que fabrican estos buques especializados.

Analistas del sector señalan que el caso de las Islas Cook marca un punto de inflexión en la relación entre sostenibilidad y minería marina, y podría acelerar la adopción de normativas internacionales más restrictivas, similares a las que ya existen en pesca o transporte marítimo.

En definitiva, la imagen de los kayaks bloqueando un barco científico simboliza el dilema de una época: cómo lograr una transición energética sin convertir el océano en la nueva mina del planeta. Las Islas Cook, una pequeña nación en medio del Pacífico, se han convertido así en epicentro del debate mundial sobre los límites ecológicos del progreso verde.

La OMI retrasa un año el acuerdo mundial para descarbonizar el transporte marítimo

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Estados Unidos logra posponer la adopción del texto tras intensas presiones diplomáticas en Londres, pese a la urgencia climática del sector naval

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido aplazar por un año la adopción del acuerdo global para la descarbonización del transporte marítimo, una decisión que supone un revés significativo en los esfuerzos internacionales por reducir las emisiones del sector. La medida, tomada en la madrugada del viernes tras intensas negociaciones en la sede de la organización en Londres, fue impulsada principalmente por Estados Unidos, que ejerció una fuerte presión diplomática para bloquear el texto y ganar tiempo en las negociaciones.

El acuerdo, que debía sentar las bases regulatorias y económicas para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de los buques a nivel mundial, ni fue aprobado ni rechazado, sino simplemente pospuesto hasta octubre de 2026. Según fuentes de la delegación europea, el retraso “frena el impulso alcanzado desde la adopción de la Estrategia Revisada de la OMI en 2023”, que fijaba el objetivo de cero emisiones netas para 2050 y establecía una ruta intermedia de reducción del 30 % de emisiones para 2030.

Las negociaciones se extendieron hasta las 3:30 de la madrugada del viernes 17 de octubre, tras una jornada descrita como “caótica” por varios delegados. El bloqueo estadounidense se centró en cuestiones de procedimiento, impidiendo avanzar hacia el debate de fondo sobre los mecanismos financieros y regulatorios del nuevo marco climático marítimo. La propuesta inicial de aplazamiento, planteada por Arabia Saudí, fue finalmente respaldada por una mayoría de países en desarrollo y por la propia delegación estadounidense, que defendió la necesidad de “profundizar en el análisis de los impactos económicos del acuerdo”.

Durante la sesión plenaria, Brasil criticó abiertamente la actitud de Estados Unidos, acusando a Washington de utilizar tácticas dilatorias “que ponen en riesgo la credibilidad del sistema multilateral”. Delegados de la Unión Europea, Japón, Canadá y varios Estados insulares del Pacífico lamentaron el aplazamiento, al considerar que “cada año perdido en regulación climática supone más emisiones y menos posibilidades de cumplir los objetivos del Acuerdo de París”.

El texto en debate incluía medidas clave como la creación de un fondo internacional para la transición energética marítima, financiado a través de un impuesto sobre el carbono aplicado al combustible de los buques, y la obligación de emplear combustibles de bajas emisiones como metanol, amoníaco verde o biocombustibles avanzados. Este fondo, estimado inicialmente en más de 80.000 millones de dólares anuales, debía destinarse a ayudar a los países en desarrollo y a las flotas más pequeñas a adaptarse al nuevo marco ecológico.

Sin embargo, Estados Unidos, junto con China y algunos países productores de hidrocarburos, expresó su rechazo a los aspectos financieros del texto, argumentando que una tasa global sobre el carbono podría perjudicar a las economías emergentes y a los consumidores. En cambio, propusieron un sistema voluntario de reducción de emisiones, basado en incentivos tecnológicos y acuerdos bilaterales, opción que la mayoría de países europeos consideró insuficiente.

Para las organizaciones ambientalistas, la decisión supone una “derrota moral y climática”. Greenpeace y Transport & Environment denunciaron que “los intereses económicos de unos pocos países han prevalecido sobre la urgencia de actuar contra la crisis climática”. Según ambas entidades, el aplazamiento retrasará la entrada en vigor de medidas concretas de reducción de emisiones hasta, como mínimo, 2027, lo que podría implicar decenas de millones de toneladas adicionales de CO₂ emitidas por la flota mundial.

El transporte marítimo internacional, responsable de casi el 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, enfrenta uno de los mayores retos en su historia reciente. La OMI, con sede en Londres y 176 Estados miembros, es el organismo encargado de regular la navegación y las emisiones del sector marítimo global, en un contexto en el que la presión social y económica por avanzar hacia la descarbonización se intensifica.

A pesar del fracaso temporal, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, llamó a la calma y defendió que el aplazamiento permitirá alcanzar un consenso más amplio. “No hemos perdido el rumbo. Necesitamos construir un marco equitativo y viable para todos los países, especialmente para los más vulnerables”, declaró.

En la práctica, el aplazamiento implicará que los nuevos objetivos y mecanismos económicos —incluyendo el precio al carbono marítimo y el fondo climático— no se aprobarán antes de 2026, dejando el liderazgo climático del sector en manos de iniciativas regionales, como el Régimen de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea, que ya grava las emisiones de los buques que operan en puertos europeos.

El resultado de Londres deja en evidencia la fractura entre los grandes emisores y los países más afectados por el cambio climático, y pone a prueba la capacidad de la OMI para actuar como mediadora global en un sector crucial para el comercio mundial.

Mientras tanto, la flota internacional seguirá navegando con el lastre de un acuerdo pendiente, en un océano donde las promesas de descarbonización parecen, por ahora, varadas un año más en puerto.

Marruecos y Rusia firman un nuevo acuerdo pesquero que impulsa la cooperación, pero genera dudas sobre transparencia y control

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El pacto de cuatro años contempla cuotas, zonas reguladas y programas científicos para “preservar el ecosistema marino”, aunque organizaciones señalan la necesidad de mayor supervisión

El Reino de Marruecos y la Federación de Rusia anunciaron este viernes un nuevo acuerdo bilateral de cooperación pesquera marítima, que sustituye al convenio anterior expirado en diciembre de 2024 y que tendrá una duración de cuatro años. El pacto fue firmado en Moscú por el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y el jefe de la Agencia Federal de Pesca rusa, Ilya Shestakov.

Según los términos oficiales divulgados por medios marroquíes, el acuerdo establece un marco jurídico que permite a los buques rusos operar en aguas atlánticas marroquíes, bajo la normativa de Marruecos, con límites anuales de captura, zonas autorizadas de pesca, periodos de descanso biológico y una doble apuesta por la participación científica y la protección del ecosistema.

Principales elementos del convenio

  • El texto fija cuotas de capturas anuales para los buques rusos que operen en aguas marroquíes, sin que en la comunicación pública se precise la cifra exacta, aunque algunas fuentes mencionan que la flota rusa podría aspirar a unos 80.000 toneladas.
  • Las “zonas de pesca autorizadas” son delimitadas a lo largo de la costa atlántica de Marruecos, y se establece que la actividad pesquera se ajustará a la normativa marroquí vigente en materia de protección y gestión de los recursos.
  • Se hace expresa mención a la protección del ecosistema marino, a la prevención de la sobrepesca y al combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
  • El acuerdo promueve la cooperación técnica y científica entre el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras (INRH) marroquí y su equivalente ruso, mediante programas de investigación conjunta, monitoreo del ecosistema y formación de profesionales.

Implicaciones económicas y estratégicas

Para Marruecos, el acuerdo permite reforzar su rol como actor clave en el Atlántico noroccidental y mantener una fuente de ingresos vinculada al acceso de flotas extranjeras en sus aguas. Según datos recogidos en el contexto del acuerdo, Marruecos generó cerca de 1.700 millones de dólares en 2024 por exportaciones de productos pesqueros —aunque esto no se vincula exclusivamente a esta flota rusa—.

Desde la perspectiva rusa, el pacto refuerza sus relaciones marítimas con África y aumenta el acceso de su flota a zonas clave de pesca, en un contexto global en el que los recursos marinos están bajo presión.

Retos y debates pendientes

A pesar del marco anunciado, el acuerdo suscita preguntas en torno a la transparencia y el control efectivo de los recursos. Organizaciones de vigilancia internacional y medios especializados han señalado que convenios anteriores entre Marruecos y flotas extranjeras han sido objeto de escrutinio por parte de países vecinos o por falta de plena rendición de cuentas.

Asimismo, el hecho de que los detalles concretos de las cuotas o de los buques admitidos no se hayan desvelado públicamente agrava la incertidumbre sobre el grado real de beneficio que obtendrá la pesca artesanal local, así como la capacidad para supervisar el cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Contexto geopolítico

El acuerdo llega en un momento en que Marruecos negocia la renovación de su asociación pesquera con la European Union (UE), lo que añade un componente estratégico a la firma con Rusia. Además, el pacto pone de relieve el uso que hacen Marruecos y otros países del Atlántico de sus aguas como plataforma de alianzas internacionales en materia marítima.

El nuevo convenio Marruecos-Rusia de pesca marítima representa un paso significativo en la cooperación bilateral y en la política pesquera de ambos países. Con cláusulas que reivindican la sostenibilidad, la protección del ecosistema y la ciencia, el acuerdo ofrece una visión avanzada —al menos en papel— de una gestión responsable. Sin embargo, el desafío real estará en su implementación y en que se asegure que las comunidades pesqueras locales, el medio marino y la transparencia institucional salgan realmente reforzadas. En este sentido, los próximos meses serán decisivos para comprobar si el acuerdo se traduce en beneficios concretos y verificables.

La Administración Trump paraliza el desarrollo de la eólica marina en Estados Unidos

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El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto un golpe severo para la industria eólica marina, con la suspensión de permisos, la anulación de 49 gigavatios de proyectos y la parálisis del mercado energético.

Las grandes expectativas generadas durante la presidencia de Joe Biden para convertir a Estados Unidos en una potencia mundial de la energía eólica marina se han desvanecido. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el sector ha entrado en un estado de hibernación que amenaza con frenar el desarrollo de una de las principales apuestas de la transición energética.

Ninguno de los promotores de parques eólicos marinos que operaban en el mercado estadounidense mantiene ya ilusiones. Las depreciaciones de activos reflejadas en sus balances muestran el alcance de la crisis. Según explican los operadores, se han topado con un auténtico muro anti-eólico, alentado desde la propia administración federal, que ha multiplicado los obstáculos administrativos y legales.

La orden ejecutiva firmada el 20 de enero, el mismo día de la investidura de Trump, no solo prohibió conceder nuevos permisos para proyectos eólicos marinos, sino que también puso en cuestión autorizaciones previamente concedidas. Como consecuencia, “se han cancelado 49 gigavatios (GW) de energía eólica marina”, señala Yvan Gelbart, analista de la empresa francesa Spinergie, especializada en datos marítimos. Gelbart detalla que estas anulaciones afectan a 31 proyectos o zonas ya adjudicadas para la instalación de parques eólicos en el mar.

Uno de los casos más representativos es el del proyecto Revolution Wind, desarrollado por la danesa Ørsted. Pese a estar construido en un 80 %, la compañía se vio obligada por la administración Trump a detener las obras, hasta que una resolución judicial permitió retomar los trabajos. El parón supuso importantes pérdidas económicas y puso en evidencia la fragilidad del marco regulatorio actual.

Las consecuencias no se limitan a las empresas afectadas. Los Estados costeros como Massachusetts, Nueva York o Nueva Jersey, que habían apostado por el viento marino para diversificar su matriz energética, temen ahora un colapso de sus planes climáticos y una pérdida significativa de empleos e inversiones.

El giro político de Washington contrasta radicalmente con la estrategia de la anterior administración. El presidente Joe Biden había fijado el objetivo de alcanzar 30 GW de potencia eólica marina instalada en 2030, apoyándose en fuertes incentivos públicos y en la colaboración con compañías europeas.

Hoy, ese horizonte se desvanece. La combinación de incertidumbre regulatoria, litigios judiciales y un clima político hostil ha devuelto a la industria eólica marina estadounidense a una situación de bloqueo. Para muchos expertos, el sueño americano del viento marino se ha convertido en un espejismo.

Natura 2000 y pesca: la nueva guía de la Comisión traza un mapa práctico para compatibilizar conservación y actividad en el mar

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El documento, de carácter orientativo, explica cómo aplicar los artículos clave de las Directivas de Hábitats y Aves a la pesca —comercial y recreativa—, fija pasos, ejemplos y medidas y conecta la gestión de Natura 2000 con la Política Pesquera Común.

La Comisión Europea ha publicado una nota-guía sobre “Natura 2000 y pesca” que aterriza, con detalle operativo, cómo deben los Estados miembros prevenir el deterioro de hábitats, evitar perturbaciones significativas a especies y establecer medidas de conservación en los espacios marinos protegidos, sin dejar de lado la viabilidad del sector. No es vinculante, pero sistematiza obligaciones legales ya vigentes y ofrece un itinerario uniforme para toda la UE.

Un marco jurídico claro… y exigente

El texto pivota sobre el artículo 6 de la Directiva Hábitats —con sus apartados 1 (medidas de conservación), 2 (evitar deterioro/perturbación), 3 (evaluación apropiada de planes y proyectos) y 4 (excepciones con compensaciones)— y el artículo 4 de la Directiva Aves para las ZEPAs. La guía recuerda que estas normas se aplican de forma permanente a LIC/ZEC y ZEPAs, y que no cabe eximir categorías enteras de actividades.

La Comisión enlaza la guía con la Estrategia de Biodiversidad 2030, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y el Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos, subrayando que más de 3.000 sitios marinos de Natura 2000 cubren ya más del 9 % de las aguas de los Estados miembros. La pesca es una presión relevante y, a la vez, depende de ecosistemas sanos; de ahí el foco en compatibilizar. natura 2000 and fishing-KH01240…

Dos pasos obligados (y un tercero cuando toca)

Paso 1 (art. 6.2): identificar —con la mejor información científica disponible, datos DCF y control pesquero— qué artes o esfuerzos pueden causar deterioro o perturbación y adoptar medidas preventivas sin esperar a que se produzca el daño.
Paso 2 (art. 6.1): fijar objetivos de conservación específicos por sitio y desplegar medidas necesarias (planes, normas, contratos) para alcanzarlos. Deben aplicarse de verdad, no solo aprobarse.
Cuando hay planes o proyectos (art. 6.3): cribado y evaluación apropiada “en función de los objetivos del lugar”, descartando efectos adversos sobre la integridad del sitio; si no hay certezas, no se autorizan, salvo recurso al 6.4 con razones imperiosas de interés público y medidas compensatorias.

Qué se entiende por “deterioro” y “perturbación significativa”

“Deterioro” es reducción de superficie, pérdida de estructura y funciones del hábitat o merma del estado de las especies asociadas; la referencia es la condición al declarar el sitio o la mejor alcanzada desde entonces. “Perturbación significativa” es la que contribuye al declive de una población o reduce su área/recursos. Se evalúa contra los objetivos del lugar y en clave dinámica.

Medidas que la guía pone sobre la mesa

  • Cierres espaciotemporales y zonas de exclusión para artes de contacto con el fondo en arrecifes o bancos de arena.
  • Adaptaciones de artes (selectividad, tamaños mínimos, alternativas) y gestión del esfuerzo.
  • Seguimiento y control robustos (VMS, observadores, inspección) y monitorización ecológica para ajustar medidas.
  • Participación temprana de pescadores y partes interesadas para dar propiedad y mejorar el cumplimiento.
  • Apoyo financiero (EMFAF y LIFE) para mitigar impactos socioeconómicos y acelerar la transición.

Si faltan datos o hay incertidumbre, se actúa preventivamente: restricciones o prohibiciones pueden ser necesarias hasta disponer de evidencia suficiente. La ausencia de datos no justifica aplazar medidas cuando hay riesgo para los valores del lugar. natura 2000 and fishing-KH01240…

Cómo integrar la guía con la Política Pesquera Común

La PPC obliga a una gestión ecosistémica y ofrece vías nacionales (medidas técnicas) y regionalización para medidas adoptadas por la UE, con responsabilidad compartida entre Estados que operan en la misma cuenca. La guía alinea objetivos de conservación con instrumentos de la PPC para que Natura 2000 no quede en el papel. natura 2000 and fishing-KH01240…

La nota compila fallos del TJUE que exigen medidas vinculantes (no bastan códigos voluntarios), prevención y evaluaciones rigurosas; también recoge ejemplos bálticos donde se cerraron áreas a artes de fondo para proteger arrecifes y bancos mediante reglamentos delegados. El mensaje: la obligación es efectiva, no declarativa. natura 2000 and fishing-KH01240…

Qué cambia para administraciones y flotas

  • Más planificación: objetivos por sitio bien definidos, con atributos y metas medibles. natura 2000 and fishing-KH01240…
  • Más evidencia: cartografiar hábitats a escala EUNIS fina y cruzarlos con patrones de esfuerzo a nivel métier para matrices de riesgo. natura 2000 and fishing-KH01240…
  • Más coherencia: coordinar conservación, ordenación del espacio marítimo y gestión pesquera. natura 2000 and fishing-KH01240…
  • Más control: aplicación y vigilancia como parte inseparable de las medidas. natura 2000 and fishing-KH01240…

Ejemplos que orientan la práctica

La guía ilustra, por ejemplo, cómo regular dragas en arrecifes designados, ordenar la pesca en áreas de alimentación de mamíferos marinos o someter permisos a evaluación apropiada si pueden tener efectos significativos; también muestra recorridos de recuperación cuando cesa una presión que degradaba un hábitat. natura 2000 and fishing-KH01240…

El papel de los datos: de la cabina al expediente

Los Estados deben facilitar datos a los usuarios científicos bajo el marco DCF y usar técnicas in situ y remotas —satélites, seguimiento de buques, modelos— para diagnosticar riesgos y medir resultados. Sin datos, precaución; con datos, gestión adaptativa. natura 2000 and fishing-KH01240…

Aunque el art. 6.1 es propio de Hábitats, la guía recuerda que las ZEPAs tienen obligaciones equivalentes de objetivos y medidas bajo el art. 4 de Aves, interpretadas de forma coherente con Hábitats para formar una red única que asegure el estado favorable.

Si un plan o proyecto no es necesario para la gestión del sitio y puede afectarlo significativamente, debe evaluarse; solo se autoriza si no perjudica su integridad. Si, pese a todo, prosigue por interés público imperioso, deberá compensar y no hay atajos. natura 2000 and fishing-KH01240…

La nota anima a cuantificar impactos y beneficios socioeconómicos, activar incentivos, apoyar cambios de arte, formación y proyectos de restauración, y comunicar con transparencia para legitimar las decisiones. Sin recursos, la obligación no se cumple. natura 2000 and fishing-KH01240…

Claves para España

Con una amplia costa y numerosos LIC/ZEC marinos, España deberá actualizar objetivos, reforzar cartografías y seguimientos, ajustar medidas técnicas (por ejemplo, cierres para artes de fondo en hábitats sensibles), alinear planes con PPC y EMFAF, y medir resultados ecológicos y sociales. La guía da plantillas y anexos útiles para hacerlo. natura 2000 and fishing-KH01240…

La guía “Natura 2000 y pesca” no reescribe la ley: la ordena, la acerca a la práctica y eleva el listón de coherencia y exigencia. Para el sector, supone reglas más claras y la posibilidad de participar desde el diseño; para las administraciones, método y respaldo jurídico; para el mar, una hoja de ruta para que hábitats y especies mejoren su estado sin expulsar a la pesca, sino haciéndola parte de la solución. natura 2000 and fishing-KH01240…

Las cuotas pesqueras y transición energética marcan un invierno decisivo para el sector español

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La Comisión Europea ultima las negociaciones sobre los TAC y prepara una revisión profunda de la Política Pesquera Común y del marco financiero en clave climática

La Comisión Europea afronta unas semanas de intensa actividad en el ámbito marítimo y pesquero, con dos grandes frentes sobre la mesa: las negociaciones de diciembre sobre los TAC y cuotas —que definirán los límites de captura de 2026— y el inicio de una revisión estructural de la Política Pesquera Común (PPC) y del marco financiero plurianual en un contexto marcado por el cambio climático y la transición energética.

En el primer bloque, Bruselas trabaja ya en los documentos preparatorios para las negociaciones del Consejo de Ministros de Pesca, que se celebrarán en diciembre y que volverán a ser determinantes para la flota española, especialmente para las del norte peninsular y las del Golfo de Vizcaya. La cuota de caballa se perfila como el elemento más sensible de la negociación, tanto por su impacto económico directo en las flotas de Euskadi, Cantabria y Galicia como por el conflicto latente con Noruega y las Islas Feroe, acusadas de sobreexplotar la población sin un acuerdo equitativo de reparto.

En este sentido, el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, y el nuevo responsable de Energía y Pesca, Stavros Kadis, deberán fijar una posición firme frente a los Estados ribereños que mantienen cuotas unilaterales, defendiendo el principio de sostenibilidad y el equilibrio económico de las flotas comunitarias. También se espera una atención especial a la gestión de los gádidos en el Mar Céltico, donde las recomendaciones científicas del CIEM han sido especialmente restrictivas y podrían poner en riesgo la rentabilidad de numerosas embarcaciones.

Por otro lado, el debate sobre la Política Pesquera Común (PPC) entra en una fase clave. La Comisión ha confirmado que la evaluación general del marco actual concluirá a comienzos de 2026, y que los resultados serán presentados en la reunión ministerial de mayo en Chipre, para su posterior debate en el Consejo de Agricultura y Pesca. Esta revisión pretende integrar mejor las consecuencias del cambio climático en la gestión de recursos marinos y en las ayudas a las flotas, reforzando las dimensiones ambiental, social y económica de la política.

El sector pesquero español, a través de sus principales organizaciones, ha insistido en que la PPC actual no ofrece herramientas suficientes para afrontar los retos que plantea el calentamiento de los océanos, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión de otros usos del mar, como la energía eólica marina o la minería submarina. En palabras de fuentes del sector, “es imprescindible adaptar la política pesquera a una realidad donde el cambio climático ya condiciona los calendarios, las zonas de pesca y las propias especies”.

En esta dirección, la Comisión Europea presentará a principios de 2026 una hoja de ruta para la transición energética del sector pesquero, con recomendaciones concretas para reducir emisiones, promover la eficiencia energética en buques y favorecer el acceso a combustibles alternativos. Esta estrategia, que se discutirá en una conferencia de alto nivel durante el primer trimestre de ese año, pretende servir de base para una nueva generación de ayudas a la modernización de flota, orientadas a la descarbonización y la competitividad.

Sin embargo, el nuevo marco financiero plurianual propuesto por Bruselas ha generado decepción y malestar en el sector, especialmente en España. La reducción de más de 4.000 millones de euros en los fondos destinados a pesca y acuicultura respecto al actual período se percibe como un retroceso injustificado, más aún cuando otros sectores han incrementado sus dotaciones para afrontar la transición verde. “Resulta incoherente pedir una flota más sostenible y eficiente si se recortan los recursos que lo harían posible”, denuncian desde las organizaciones pesqueras.

La revisión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) será, por tanto, uno de los temas más debatidos de los próximos meses. España, junto a Francia, Portugal e Irlanda, presionará para reforzar las líneas de financiación dirigidas a la renovación de buques, digitalización y formación profesional, elementos considerados esenciales para el relevo generacional y la viabilidad económica de las flotas.

Por su parte, la Comisión defiende que la reorientación de fondos europeos responde a la necesidad de un enfoque más transversal, donde la pesca forme parte de un ecosistema azul integrado que combine sostenibilidad, innovación y cohesión social. No obstante, fuentes del Parlamento Europeo advierten que sin inversión real en tecnología limpia y reconversión energética, las buenas intenciones “corren el riesgo de quedarse en papel mojado”.

En paralelo, Bruselas ha puesto sobre la mesa un calendario político que marcará la agenda pesquera europea. Además de la presentación del balance de la PPC en mayo, se prevén consultas técnicas con los Estados miembros en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de consensuar nuevas metas de sostenibilidad y transición energética antes de 2027.

De fondo, el sector afronta un momento de redefinición. La convergencia entre los debates sobre TACs, política climática y financiación europea dibuja un escenario en el que la pesca ya no puede entenderse aislada, sino integrada en la estrategia azul del Pacto Verde Europeo.

En definitiva, Bruselas encara un invierno de decisiones determinantes. Las cuotas de 2026, la relación con Noruega, la revisión de la PPC y la transición energética del sector pesquero serán los cuatro ejes de una agenda decisiva para el futuro del mar europeo. España, como potencia pesquera y país ribereño, aspira a desempeñar un papel protagonista en un proceso que marcará el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la supervivencia económica de miles de familias del litoral atlántico y cantábrico.