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sábado, diciembre 6, 2025
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“Ocean Act”: la palanca del Pacto Europeo de los Océanos (2026–2027)

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La Comisión Europea perfila para 2026 el desarrollo de una Ley del Océano que, basada en la revisión de la Directiva de Planificación Espacial Marítima (MSPD), se adoptará en 2027 para coordinar la gobernanza marina “de cuenca a cuenca”, compatibilizando pesca, eólica marina, conservación y otros usos; en paralelo, avanza la “Visión 2040 para la pesca y la acuicultura” para reforzar competitividad y sostenibilidad del sector.


Un marco único para “ordenar” el mar

El Pacto Europeo de los Océanos (adoptado en junio de 2025) es la nueva brújula que integra todas las políticas oceánicas de la UE bajo un marco estratégico único. Para alcanzar sus metas, la Comisión presentará en 2027 una “Ocean Act” (Ley del Océano) que recortará solapamientos normativos y acelerará la aplicación de los objetivos del Pacto. La base técnica-jurídica de esa ley será una MSPD revisada, con la que se pretende reforzar la coordinación intersectorial y la gestión por cuencas marinas.

La MSPD —vigente desde 2014— es el instrumento comunitario que planifica los usos del espacio marino (pesca, acuicultura, transporte, energía, conservación, turismo, etc.) reduciendo conflictos y generando sinergias. La propia página de la Comisión sobre MSP confirma que la revisión de la Directiva está ligada a la futura Ocean Act, e incluye entre sus objetivos identificar oportunidades de usos múltiples del espacio (multi-use), clave para compatibilizar actividades como parques eólicos y maricultura o rutas marítimas y áreas sensibles. Además, la hoja de ruta sitúa en 2026 el segundo informe de implementación de la MSPD, paso previo lógico a su actualización.

De la “visión” a la ejecución: prioridad 2026

El Pacto estructura la acción en seis prioridades —desde salud del océano hasta gobernanza y seguridad marítima— y dentro del bloque de economía azul competitiva incorpora explícitamente el desarrollo de una “Visión 2040 para la pesca y la acuicultura”. Esta hoja de ruta a largo plazo aspira a impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector mediante innovación, relevo generacional, descarbonización y mayor resiliencia de las comunidades costeras. La Visión 2040 figura como entrega programada del Pacto y alimenta el trabajo de 2026 de la Comisión en este ámbito.

¿Qué cambiará con la Ocean Act?

  • Planificación “de cuenca a cuenca”: la ley consolidará un enfoque por regiones marinas (Mediterráneo, Atlántico, Báltico, etc.) para optimizar el uso del espacio y alinear políticas (energía marina, pesca, conservación, transporte) evitando decisiones aisladas país a país.
  • Coordinación intersectorial reforzada: la MSP revisada situará a la planificación espacial como herramienta estratégica de la política oceánica de la UE, facilitando zonificaciones compatibles y usos múltiples cuando sea posible.
  • Tablero de seguimiento y gobernanza: el Pacto prevé un Ocean Board de alto nivel y un panel público de indicadores para monitorizar avances, mejorar la transparencia y ajustar políticas según evidencia.
  • Sinergias con ciencia y datos: el impulso a la observación oceánica y al Gemelo Digital del Océano aportará datos consistentes para evaluar compatibilidades, impactos acumulados y escenarios de usos múltiples en los planes.

Implicaciones para pesca y acuicultura

  1. Zonificación más predecible: al integrar necesidades de eólica marina, áreas marinas protegidas, corredores de navegación y caladeros, las flotas y la acuicultura ganarán certidumbre espacial a medio y largo plazo. Oceans and fisheries
  2. “Multi-use” como opción por defecto: la Comisión subraya que las prácticas de uso múltiple ofrecen un futuro prometedor para maximizar el espacio y reducir conflictos; la MSPD ya incluye el mandato de identificar oportunidades de co-localización y sinergias entre actividades. Oceans and fisheries
  3. Competitividad y sostenibilidad (Visión 2040): el trabajo durante 2026 en la Visión 2040 abordará descarbonización, innovación tecnológica, habilidades y relevo generacional, con el foco en comunidades costeras resilientes y en reforzar el papel de la pesca y la acuicultura dentro de la economía azul. Oceans and fisheries+1

Calendario político y próximos hitos

  • 2025: adopción del Pacto Europeo de los Océanos; se anuncian la Ocean Act (2027) y la revisión de la MSPD como pilares de implementación.
  • 2026: informe de implementación de la MSPD y trabajo de la Comisión para desarrollar la Ocean Act y la Visión 2040.
  • 2027: presentación/adopción de la Ocean Act, que actualizará la MSPD y consolidará la gobernanza europea del océano en un marco único.

Un cambio de método: del “caso a caso” a la planificación estratégica

El salto cualitativo que propone la UE no es multiplicar normas, sino racionalizarlas: llevar las decisiones sobre dónde y cómo se pesca, se instala un parque eólico o se protege un hábitat al plano de la ordenación espacial basada en datos y escenarios. La Ocean Act pretende así desatascar cuellos de botella, reducir litigios y alinear inversiones —públicas y privadas— con una visión de largo plazo para el océano europeo.

El aumento del precio del bacalao crea una crisis en la cadena de comercialización

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El precio del bacalao Atlántico eviscerado y descabezado (H&G) de origen noruego superó la cota psicológica de 10.000 dólares por tonelada CIF China esta semana, tras una nueva revisión al alza de las evaluaciones de precios. El diferencial frente al producto de origen ruso se ensancha, alimentado por la percepción de escasez y la incertidumbre sobre los cupos 2026 en el mar de Barents, lo que mantiene a los compradores convencidos de que “los precios solo pueden seguir subiendo”.

El futuro de la cuota

El factor clave es la falta de claridad sobre la cuota 2026 de bacalao del mar de Barents. En los últimos meses, la señal científica dominante ha sido de recortes —con propuestas del IMR noruego que sitúan la recomendación en el nivel más bajo en décadas—, al tiempo que el instituto ruso VNIRO ha defendido, en sentido contrario, un aumento para 2026. Esa disonancia y las tensiones noruego-rusas elevan la prima de riesgo y sostienen la escalada de precios.

A corto plazo, la disponibilidad en Europa sigue ajustada y China mantiene un tirón de compra constante de materia prima para sus plantas de reprocesado, lo que empuja el mercado CIF. Ya en septiembre se rozaban los máximos históricos y se anticipaba el salto a 10.000 $/t. Esta semana se ha confirmado

Impacto en la cadena

Con el H&G por encima de 10.000 $/t, los márgenes de los procesadores con contratos pre-vendidos a Europa/EE. UU. se estrechan salvo que se repercutan precios aguas abajo. Entre las estrategias de compra están que los Importadores e industriales acortan vencimientos y adelantan coberturas mientras esperan una decisión sobre el TAC 2026; un recorte significativo prolongaría la crisis y un acuerdo más holgado podría aliviarlo parcialmente.

La Secretaría de Pesca abrirá a nuevos segmentos de flota la captura de atún rojo si aumenta la cuota

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La secretaria general de Pesca esta expectante con la revisión de la cuota de atún rojo en una reunión se ha abordado cuestiones de interés en el marco del ICCAT relativas a las pesquerías de esta especie y atún blanco, especies tropicales y pesquerías de pez espada y tiburones El organismo internacional celebrará su reunión anual en Sevilla, entre el 17 y el 14 de noviembre.

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, se ha reunido con más de 60 representantes del sector pesquero, entre asociaciones y empresas, y comunidades autónomas, para preparar la 29ª Reunión Ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que se celebrará en Sevilla del 17 al 24 de noviembre.

Uno de los puntos principales que se abordarán en la reunión será la revisión de la cuota de atún rojo para el trienio 2026-2028. La secretaria general ha recordado que la exitosa recuperación de esta emblemática especie ha sido posible gracias al compromiso con la sostenibilidad que han realizado tanto el sector pesquero como las administraciones. 
Ante el probable incremento de la cuota de atún rojo, Artime ha avanzado que el ministerio trabaja ya en la futura modificación del real decreto que regula la pesquería de esta especie en el Atlántico Oriental y en el Mediterráneo.

En la reunión, la secretaria general ha indicado que “en el supuesto de un aumento de la actual cuota, estaríamos en el momento idóneo para abrir la pesquería a nuevos segmentos de flota que no han podido acceder a la misma,  debido a la situación del recurso”.

De este modo, la propuesta prevé aprovechar un posible incremento de la cuota de atún rojo para atender las necesidades y peticiones recibidas de la flota, con especial atención a las flotas artesanales y al aumento de las capturas accidentales que se producen en los diferentes caladeros.


El Foro Marítimo Vasco pone en marcha un curso de Tecnología Marina y Energía Offshore

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El Foro Marítimo Vasco, en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Bilbao (EHU) y empresas socias, ha puesto en marcha una formación pionera sobre Tecnología Marina y Energía Offshore que tendrá una duración de dos meses. La iniciativa busca fortalecer el ecosistema marítimo-industrial de Euskadi, combinando conocimientos técnicos avanzados con una visión práctica dirigida tanto a trabajadores en activo, personas que ya tienen experiencia en el sector o profesionales que se acercan al sector por primera vez. 

El programa, que se enmarca dentro del proyecto europeo LeaderSHIP, cubrirá desde fundamentos de operación y mantenimiento de buques, hasta conocimientos en tecnologías emergentes como la propulsión con hidrógeno. Así, un total de 9 alumnos adquirirán todas las competencias necesarias para enfrentar los retos operativos, normativos y tecnológicos del sector, teniendo el foco puesto en la innovación y la sostenibilidad. 

Este curso, además de ofrecer una enseñanza integral sobre la ingeniería básica del buque, proporciona una comprensión práctica de las normativas internacionales aplicables al sector, además de dotar a los participantes de conocimientos básicos de navegación y combustibles alternativos. 

La industria marítima necesita profesionales con formación operativa especializada de alto nivel; por ello, el Foro Marítimo Vasco está impulsando la formación sectorial mediante diversos cursos y programas de especialización de la mano de DFB, el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (FP Vasca), y las universidades de Euskadi.

Nuevo portal de talento 

En busca de dar respuesta a una alta demanda de personal cualificado, enriquecer la competitividad con la que actualmente cuenta este sector estratégico para Euskadi y facilitar la conexión entre empresas, y profesionales cualificados, FMV ha desarrollado una plataforma digital que visibiliza las ofertas de empleo dentro de la industria marítima.

Además, en este Portal de Talento, se promocionan diversas ofertas formativas que están alineadas directamente con las necesidades del mercado para mejorar la cualificación de los profesionales.

Fomento de empleabilidad en sectores estratégicos

El Foro Marítimo Vasco, a través del programa 3R Empresa —una iniciativa impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia— trabaja en la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas en la industria marítima, un sector estratégico para el desarrollo económico y social del territorio.

Bajo esta iniciativa, el FMV diseña y elabora acciones de acompañamiento, recualificación y recolocación de personas desempleadas, orientadas a fortalecer la empleabilidad, mejorar la alineación entre la oferta formativa y las necesidades reales del mercado laboral, y dinamizar el ecosistema empresarial marítimo.

En colaboración con Lanbide, Diputación Foral de Bizkaia y el tejido empresarial, el Foro Marítimo Vasco identifica perfiles con potencial para el sector, desarrolla píldoras formativas personalizadas, refuerza la preparación a través de talleres y dinámicas grupales, y acompaña a cada persona en su incorporación dentro de la industria. Con todo ello, logra elevar la cualificación profesional, facilitar la inserción laboral y potenciar la competitividad del sector marítimo.

Sobre el Foro Marítimo Vasco

El Foro Marítimo Vasco es el clúster de industrias marítimas de Euskadi compuesto por 160 socios. Su misión consiste en representar, promover y prestar servicios para mejorar la competitividad y crecimiento de las empresas del sector. 

El sector marítimo en Euskadi reinvirtió el 5% de la facturación del ejercicio 2023 en I+D+i. Además de dar empleo directo e indirecto a más de 28.000 personas, aporta 100 millones de euros a las arcas públicas y tiene un peso del 4.7% en el PIB vasco. Asimismo, cuenta con una actividad fuertemente internacionalizada, ya que exporta el 70% de sus productos. 

El Foro Marítimo Vasco y sus asociados cuentan con tecnología ‘Made in Euskadi’ que se sitúa en la vanguardia mundial y garantiza la calidad y la innovación de sus productos. 

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima

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El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de adaptar la normativa española a las últimas modificaciones europeas y reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la flota pesquera española es pionera en esta lucha,  que “defiende y practica el mayor nivel de sostenibilidad y seguridad de todas las actividades pesqueras que se llevan a cabo en el mundo” y que inspección pesquera es la única de Europa que cuenta con la certificación ISO 9001, desde el año 2015.  

El proyecto legislativo, que inicia ahora su tramitación parlamentaria en Congreso y Senado, establece un marco sólido para el control y la inspección, que garantice el cumplimiento de la Política Pesquera Común y refuerce la sostenibilidad de la actividad pesquera. Entre sus medidas destacan la aprobación de un Plan Nacional de Control e Inspección y la promoción de la cooperación con otras administraciones y con el propio sector, al objeto de asegurar una gestión coordinada y eficaz.

Se incorporan medidas de control, con el Centro de Seguimiento de Pesca como herramienta fundamental, y se refuerzan las acciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada para reforzar la protección de los ecosistemas marinos y el mercado legal de los productos pesqueros.

La ley introduce un nuevo régimen de infracciones y sanciones, con tipificaciones claras y flexibles y una graduación según la gravedad de las conductas. Se crea una nueva categoría de infracciones leves, al objeto de guardar proporcionalidad con el acceso a las ayudas, dado que su percepción está vinculada a la ausencia de determinados antecedentes sancionadores.

La ley trata de garantizar un régimen más transparente, justo y adaptado a cada infracción, en línea con los estándares europeos. La norma también prevé la responsabilidad, en determinados casos, de armadores, patrones y titulares de licencias, y busca promover una cultura de prevención y cumplimiento en toda la actividad pesquera, tanto profesional como recreativa.

Disposiciones en materia de pesca

El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy tres reales decretos que modifican cuatro normas clave del sector pesquero. Uno de ellos adapta la regulación de la reserva marina y de pesca de la isla de Alborán para consolidar un espacio estratégico para la conservación de los ecosistemas y la gestión sostenible de los recursos, y otro armoniza la talla mínima del pulpo en todos los caladeros nacionales.

El tercer decreto, en materia de ordenación de la flota pesquera, reduce la carga administrativa al simplificar los trámites, por ejemplo, en los cambios de propiedad en buques con varios propietarios al registrarse automáticamente, sin gestiones adicionales, ni interrupción de la actividad pesquera y facilita la regularización de motores, entre otras. Además, simplifica el procedimiento para la obtención de títulos profesionales del sector pesquero para apoya el relevo generacional mediante la reducción de la eslora mínima para obtener la habilitación de patrón costero polivalente.

El Foro Eólico Marino y la Asociación Empresarial Eólica reclaman acciones urgentes para impulsar la eólica marina flotante

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El Foro Eólico Marino y la Asociación Empresarial Eólica reclaman acciones urgentes para impulsar la eólica marina flotante y no perder una oportunidad industrial para España. Ambas organizaciones advierten de que la falta de avances en el desarrollo de eólica marina está generando perjuicios al tejido industrial y pérdida de competitividad, además de ayudar a perpetuar un sobrecoste de generación de la energía electricidad en zonas como en Canarias.
El sector reclama acciones inmediatas para no perder una oportunidad industrial para España. La falta de planificación y señales regulatorias amenaza el actual liderazgo tecnológico e industrial de España en esta tecnología disruptiva.

Para ello, es necesario aprobar la Orden Ministerial que regule la primera subasta de eólica marina flotante y avanzar en un mercado piloto en España. La eólica marina flotante es un proyecto de país que requiere visión sistémica, voluntad política y colaboración decidida.

La puesta en marcha urgente de una subasta de eólica marina en Gran Canaria con una capacidad entre 200 y 250 MW ahorrará al contribuyente más de 116 M€ al año, a partir de la entrada en servicio de la instalación.

El sector está comprometido con la protección ambiental, el diálogo con la pesca, el desarrollo regional y local y la transparencia. Los parques estarán situados a una distancia de la costa con impacto visual mínimo o imperceptible y en aquellas zonas identificadas para ello, donde la coexistencia con otras actividades marítimas será posible.

España se encuentra en un momento decisivo para el desarrollo de la energía eólica marina flotante, una de las grandes oportunidades estratégicas de la transición energética y un motor industrial de alto valor añadido. El Foro Eólico Marino y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) alertan de que la falta de avances regulatorios y de planificación para las primeras subastas y disponer de un mercado «piloto» a nivel nacional pone en riesgo el posicionamiento industrial ganado en España durante los últimos 10 años en una tecnología disruptiva como es la eólica flotante. Por ello, es necesario aprobar ya la Orden Ministerial que regule la primera subasta de eólica marina flotante.


El mercado «piloto» a nivel nacional implica la instalación del equivalente a 3 ó 4 parques eólicos marinos (1.000 MW aproximadamente), que estarían disponibles a partir de 2033. Los parques eólicos flotantes tendrán una capacidad de generación que mejorará en un 30-40% a sus equivalentes terrestres y cumplirán con los avances tecnológicos, habilitaciones y protocolos necesarios para garantizar una operación segura del sistema eléctrico.

El lugar idóneo para el primer parque eólico es Canarias por el extra-coste de la generación actual de electricidad que multiplica por cinco el de la península, y por el consenso político y el tejido industrial existente en el archipiélago. Teniendo en cuenta los datos más recientes publicados por el Operador del Sistema a través del portal ESIOS sobre el coste medio reconocido de generación con combustibles fósiles en Gran Canaria, y comparando con el rendimiento de generación de un parque eólico marino flotante que contase con la última tecnología y dimensiones adecuadas para Gran Canaria, el ahorro para el contribuyente ascendería a más de 36 M€ (1) anuales, sólo en términos de diferencia de coste de generación.

Hay que tener en cuenta que en 2024 los precios del petróleo Brent fueron relativamente estables entre los 70 y los 80 €/barril, por lo que existe una vulnerabilidad evidente para el sistema energético canario respecto al potencial encarecimiento o volatilidad de los precios de combustibles fósiles, que la eólica marina ayudará a mitigar.

Por otra parte, el mismo parque eólico flotante evitaría la emisión de más de 570.000 toneladas de CO2 al año. De acuerdo con las previsiones de los expertos en cuanto a la futura evolución del precio de los ETS, el ahorro anual en concepto de derechos ETS podría ser holgadamente superior a 80 M€ anuales.

Por tanto, la puesta en marcha urgente de una subasta de eólica marina en Gran Canaria y una capacidad entre 200 y 250 MW, podría ahorrar al contribuyente más de 116 M€ al año, a partir de la entrada en servicio de la instalación[2]. Cada año que pase sin avanzar será una pérdida de ahorro para todos.

Estrategia de país


La eólica marina flotante es un proyecto país que requiere visión sistémica, voluntad política y colaboración decidida.  Países como Francia, UK, Italia, ya nos han adelantado, formando también parte del mercado integrado europeo de electricidad y avanzado en las infraestructuras portuarias y astilleros para la eólica flotante. Otros países como Portugal o Marruecos también están dando pasos decididos.

«España cuenta con las empresas, la tecnología y los puertos necesarios, pero una vez aprobado el marco regulatorio general, necesitamos seguir dando los siguientes pasos para que la industria pueda invertir y planificar. Lanzar la consulta pública sobre la Orden Ministerial es un trámite necesario y urgente.», subraya Juan Virgilio Márquez, director general de AEE.

La eólica marina flotante es una oportunidad para consolidar una cadena de valor nacional con alto potencial exportador. España dispone del 75% de la cadena industrial necesaria —ingeniería, construcción naval, fabricación, logística y operación de parques— y lidera el desarrollo tecnológico mundial de eólica flotante: 11 de las 13 plataformas flotantes instaladas en el mundo y 14 de los 50 prototipos globales son de diseño español.

El desarrollo de esta tecnología requiere una visión coordinada entre tecnología, fabricación, puertos y la capacidad en la red eléctrica, con una elevada intensidad inversora y tecnológica. Un mercado interno sólido – aunque sea con dimensión tipo «piloto» – permitirá mantener la base industrial española, crear empleo cualificado, impulsar la innovación y evitar la fuga de capital tecnológico e industrial hacia otros países que avanzan más rápido. Por ello, el sector considera crítico y urgente disponer de una planificación para las primeras subastas, comenzando por las zonas con mayor consenso —como Canarias—, y de una estrategia nacional que marque los pasos para los próximos años. La aprobación de una Orden Ministerial que regule la primera subasta en 2026 y un calendario indicativo son esenciales para activar los proyectos y garantizar la competitividad de la industria española.

«España tiene la oportunidad de convertirse en uno de los grandes polos europeos de la eólica flotante, pero si no se actúa con decisión, esa oportunidad se desvanecerá. El despliegue de los primeros 1.000 MW previstos por el PNIEC podría generar más de 4.000 empleos, dinamizar las regiones costeras y posicionar a España como referente internacional en economía azul y sostenibilidad. Pero la inacción también tiene consecuencias ya que múltiples empresas que han invertido en nuestro país durante los últimos años por los avances que se han venido realizando tendrán que reorientar sus actividades.«, advierte la AEE.

La tecnología solar en el transporte marítimo interior marca nuevos hitos

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La tecnología solar en transporte marítimo interior (Blue Marlin) marca un nuevo paradigma de sostenibilidad, y los astilleros europeos deben prepararse para competir en esa transición. Por otro lado, el segmento de “pequeños buques especializados” (como el American Patriot) sigue ganando importancia frente al tradicional “megabuque”, lo cual redefine el mercado de construcción naval. Los astilleros offshore y de energía marina enfrentan un entorno de alto riesgo contractual y de mercado, lo que exige diversificación, flexibilidad en diseño y gestión de riesgo. Los eventos negativos (explosiones, retrasos, arbitrajes) resaltan la necesidad de robustecer cadena de suministro, estándares de seguridad y modelos financieros en la industria naval.

La compañía alemana HGK Shipping, dedicada al transporte fluvial de mercancías secas, ha dado un paso tecnológico relevante con la entrega del buque Blue Marlin, que se presenta como el primer barco de carga interior del mundo capaz de integrar energía solar directamente en su sistema de propulsión.
Equipado con 192 paneles solares, el sistema puede generar hasta 35 kW en condiciones óptimas y opera junto a cuatro generadores diésel, permitiendo maniobras de “peak shaving” (ahorro de picos) y la posibilidad de navegar parcialmente sólo con energía solar en trayectos descendentes o carga ligera.
Este avance técnico tiene implicaciones importantes: por un lado, reduce la huella de carbono en transportes interiores de Europa; por otro, marca una tendencia hacia buques más autónomos energéticamente. El reto ahora será demostrar la fiabilidad operativa en rutas reales y la economía de mantenimiento frente a barcos convencionales.
De cara al futuro, el sector marítimo interior europeo vigilará el desempeño del Blue Marlin como test-case para replicar el modelo en otras flotas interiores, lo que podría abrir mercado para renovaciones navales y sistemas híbridos.

Nueva catamarán costero de crucero: American Patriot de American Cruise Lines (EE.UU.)

La naviera estadounidense American Cruise Lines ha puesto en servicio su nuevo catamarán American Patriot, perteneciente a la clase Patriot, construida por Chesapeake Shipbuilding. El buque apunta al segmento de itinerarios costeros y fluviales en la costa Este de EE.UU., especialmente Nueva Inglaterra.
Con capacidad para aproximadamente 125–130 pasajeros, amplios camarotes con balcón privado y un diseño adaptado a puertos pequeños, el American Patriot se inscribe en la tendencia de “cruceros boutique” donde la experiencia, la comodidad y la cercanía predominan frente al volumen.
El impacto para la industria naval es doble: muestra que hay demanda para barcos de menor tamaño pero alta especialización, y abre oportunidades para astilleros que trabajen en este nicho. En Europa, aunque el mercado de cruceros lo domine buques grandes, segmentos similares podrían replicarse para costas más pequeñas o ríos.

Contrato para astillero de Singapur Seatrium por terminación de contrato de construcción de buque para Maersk Offshore Wind

La empresa singapurense Seatrium ha recibido un aviso de arbitraje por parte de una filial de Maersk Offshore Wind, tras la terminación anticipada del contrato para la construcción de un buque de instalación de parques eólicos marinos.
Este litigo revela los riesgos contractuales en la industria naval vinculada a renovables: cambios de especificación, retrasos en licencias, exigencias técnicas y variaciones en los mercados pueden convertir proyectos lucrativos en litigiosos.
Para los astilleros europeos especialistas en offshore, esta noticia invita a ser más cautos en la gestión de contratos, diseño modular, provisión de riesgo y renegociaciones ante nuevas normativas o requisitos.

Retraso en entrega de buque de apoyo a la construcción para Eidesvik Agalas (Noruega)

El astillero encargado de construir la nueva unidad de apoyo a la construcción (Construction Support Vessel – CSV) para la empresa noruega Eidesvik Agalas ha pospuesto su entrega al tercer trimestre de 2026.
Los retrasos en entregas navales son habituales por dificultades de financiación, retrasos en equipos, cambios de especificación o cadenas de suministro. En este caso, representa riesgo para la planificación de operaciones navales y offshore, y para los astilleros socios que deberán absorber costes adicionales y posibles penalidades.

Un marco para “sentir” a los peces: el IATS-CSIC propone medir el bienestar emocional en acuicultura

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El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC) publica en Proceedings of the Royal Society B un marco que integra condición física y estado afectivo, incorporando pruebas de sesgo cognitivo para evaluar si los peces experimentan emociones positivas o negativas.

La acuicultura afronta un crecimiento sostenido y sistemas de producción cada vez más intensivos, un contexto que ha situado el bienestar animal en el centro del debate científico y social. Un equipo del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC) plantea ahora un nuevo marco conceptual que va más allá de los indicadores clásicos —salud, estrés o conducta— y combina métricas físicas, fisiológicas y comportamentales con la valoración del estado afectivo de los peces. El trabajo, liderado por María Victoria Alvarado, José Miguel Cerdá-Reverter y Felipe Espigares, se ha publicado en Proceedings B (Royal Society) y propone estandarizar cómo se capta y se interpreta esa dimensión emocional.

El punto de inflexión es incorporar protocolos ya consolidados en otros sectores ganaderos: los paradigmas de sesgo cognitivo. En esencia, los peces aprenden a asociar una señal con una recompensa positiva (comida o interacción social) y otra con una experiencia aversiva o menos deseable. Ante una señal ambigua —mezcla de ambas—, la rapidez con que se acercan o su vacilación permite inferir su estado emocional (más “optimista” o “pesimista”), ofreciendo una ventana objetiva e indirecta a su bienestar.

Los autores sostienen que la lectura multidimensional —condición física, estrés, comportamiento y afecto— reduce sesgos y evita depender de un único indicador, un problema habitual cuando se extrapolan métricas aisladas a conclusiones generales sobre bienestar. El enfoque se apoya en material suplementario metodológico y en la propuesta de baterías de pruebas adaptables a especies y fases de cultivo, con el fin de armonizar la evaluación entre granjas, proyectos de I+D y auditorías.

“Este nuevo enfoque sitúa el estado emocional en el centro de la evaluación del bienestar y combina medidas físicas, fisiológicas y de comportamiento”, subraya el investigador Felipe Espigares. Para Alvarado, primera firmante, el marco “supera las limitaciones de los indicadores clásicos y actualiza las metodologías de investigación y gestión del bienestar de peces” que demanda la sociedad y ya exploran reguladores e industria. Las conclusiones de la nota institucional del CSIC inciden en que medir emociones no sustituye a la vigilancia sanitaria: la complementa para describir experiencias positivas/negativas y orientar mejoras de manejo.

La implicación práctica es directa: empresas y autoridades pueden diseñar protocolos que integren lecturas fisiológicas de bajo estrés (p. ej., cortisol en matrices no invasivas), observación estandarizada de conductas y tests de sesgo cognitivo en checklists compatibles con certificaciones y auditorías. El resultado sería una radiografía más fina del bienestar, útil para tomar decisiones sobre densidades, estructuras de tanque, enriquecimiento ambiental, alimentación o momentos de manipulación.

El equipo del IATS-CSIC enmarca este avance en una línea de investigación más amplia sobre estrés y bienestar en especies clave de la acuicultura mediterránea (dorada, lubina, corvina), que busca trasladar ciencia útil a granja y responder a expectativas sociales crecientes sobre el trato a los animales de cultivo. Para el sector, incorporar el estado afectivo puede ser también un activo reputacional y de mercado en un momento de mayor escrutinio regulatorio y del consumidor.

Referencia científica:
Alvarado, M. V., Cerdá-Reverter, J. M., & Espigares, F. (2025). A functional framework for a comprehensive study of welfare in fishes. Proceedings of the Royal Society B, 292(2056), 20251833. https://doi.org/10.1098/rspb.2025.1833. Royal Society Publishing

Más información y materiales (CSIC): versión en español y en valenciano con infografías y recursos divulgativos. iats.csic.es+1

La Xunta apuesta por la producción y comercialización del mejillón

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El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Cándido Rial, mantuvo este martes sendas reuniones con representantes de dos de los colectivos más representativos del sector miticultor de Galicia, la Denominación de Origen Protegido Mejillón de Galicia y la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega). El objetivo, seguir ahondando en el impulso de la producción y comercialización de este producto, tal y como viene avanzando en distintos foros la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

La DOP cuenta con 18 años de existencia y hoy en día constituye un elemento claramente diferenciador que aglutina al sector, suponiendo, en paralelo, nuevas oportunidades de negocio. Por eso, en el transcurso del encuentro, se analizaron las distintas acciones de la Administración autonómica para contribuir a poner en valor este producto de origen 100% de las rías gallegas. Es el caso del convenio suscrito, a través del que la Administración autonómica aporta 200.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), y dirigido a la mejora de la comercialización de este producto.

En 2024 la certificación Mejillón de Galicia se incrementó un 56% hasta alcanzar las 18.700 toneladas. En la actualidad, hace más de 2.000 viveros para la producción bajo este distintivo, que representa el 61% de las bateas instaladas en el litoral gallego. A esto hay que añadir 12 centros de depuración, 39 empresas transformadoras y más de 120 entidades y marcas autorizadas o en proceso de autorización para comercializar este molusco bajo su amparo.

Por lo que respecta a la reunión con Opmega, se abordaron los últimos datos de producción de esta OPP -la única de la comunidad que cuenta con esta consideración en el ámbito de la producción de mejillón-, al tiempo que se analizaron vías de trabajo de cara a promover medidas que reviertan en el desarrollo y potenciación de esta actividad tanto en términos económicos como de empleo.

En la actualidad, Opmega está integrada por 579 bateas y 312 socios agrupados en 11 delegaciones distribuidas en las rías de Muros y Noia, Arosa, Pontevedra, Vigo y Portugal.

Chile abre un frente global contra la cría de pulpos: una propuesta de ley enciende el debate sobre ética y sostenibilidad

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Chile se ha convertido en el primer país de América Latina en plantear la prohibición del cultivo intensivo de pulpos, un movimiento que sitúa al país andino en el centro de la discusión internacional sobre los límites éticos y ambientales de la acuicultura. La iniciativa, presentada por la diputada Marisela Santibáñez con el apoyo de otros siete parlamentarios, introduce el principio de precaución en un terreno aún incipiente: si se aprueba, vetaría el establecimiento de granjas de pulpo en territorio chileno. El proyecto se encuentra actualmente bajo análisis de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso.

La propuesta llega en un momento de redefinición del modelo acuícola a escala global. Defensores del texto sostienen que avanzar hacia nuevas especies de cultivo sin resolver impactos del pasado sería un error estratégico. En esa línea, el proyecto apela a razones ambientales, sanitarias y de seguridad alimentaria, con énfasis en la protección de ecosistemas marinos vulnerables y en la salud pública. Uno de los argumentos centrales es de balance ecológico: los pulpos son carnívoros y su engorde depende de insumos proteicos derivados de stock silvestre, lo que elevaría la presión sobre pesquerías ya tensas y desplazaría alimento clave para otras especies.

La trama internacional aporta contexto: en distintos países ganan terreno las restricciones al cultivo de pulpos, tanto por dudas sobre su bienestar —se trata de animales solitarios e inteligentes, sensibles al estrés— como por los altos requerimientos de proteína marina que implicaría su engorde a escala industrial. En Estados Unidos, estados como Washington y California han dado pasos en la misma dirección, y otras jurisdicciones debatieron o debaten medidas similares. Para los promotores chilenos, este clima refuerza la oportunidad política de marcar un estándar preventivo antes de que la actividad eche raíces.

El impacto sectorial de la medida sería, por ahora, acotado: la acuicultura chilena orbita principalmente en torno a la salmonicultura y el cultivo de mitílidos (chorito), por lo que el veto a los pulpos operaría como cláusula de contención ante la posible irrupción de un nuevo subsector intensivo. Lejos de leerse como freno a la innovación, sus impulsores lo presentan como una señal de política pública: orientar la inversión hacia soluciones tecnológicas y productivas más compatibles con los límites ecológicos, y proteger a la pesca artesanal y a las comunidades costeras de eventuales impactos en la competencia por insumos o por espacio marítimo.

El texto, no obstante, abre interrogantes de aplicación. ¿Cómo tipificar y fiscalizar la prohibición? ¿Qué criterios sancionadores se aplicarían ante eventuales proyectos piloto o pruebas de investigación? ¿Cómo armonizar la medida con regímenes de concesiones acuícolas ya otorgadas y con la agenda de innovación universitaria y privada? El debate, admiten los actores, no es solo jurídico: reclama criterios científicos para el bienestar animal en cefalópodos, así como estándares de certificación y trazabilidad que hoy no están consolidados para esta especie al nivel de otras producciones.

Detrás de la discusión late un conflicto de modelos. Los defensores del cultivo de nuevas especies arguyen que la demanda mundial de proteína empuja a diversificar; los críticos responden que hacerlo con especies carnívoras intensifica la huella ecológica al convertir peces silvestres en alimento para granja, encareciendo además la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de esos recursos. A esto se suman posibles externalidades locales: desde la carga orgánica en aguas cercanas a centros de cultivo hasta riesgos sanitarios por enfermedades asociadas a sistemas intensivos.

En términos políticos, el proyecto coloca a Chile en una posición de liderazgo normativo en América Latina al establecer un límite ex ante a una industria aún no desplegada. Sus partidarios creen que el país puede evitar errores sufridos en otras ramas de la acuicultura aprendiendo antes de expandir; sus detractores temen cerrar puertas a posibles desarrollos científicos y productivos. La comisión parlamentaria deberá sopesar estos argumentos, escuchar a expertos en ecología marina, sanidad de animales acuáticos, ética y economía pesquera, y trazar un dictamen que luego pasará al pleno.

Sea cual sea el desenlace legislativo, la señal ya ha surtido efecto: el cultivo de pulpos se ha instalado como caso test de hasta dónde puede —y debe— avanzar la acuicultura sin comprometer ecosistemas, biodiversidad y cohesión social en las costas. En un país cuya identidad marítima es innegable, y que busca reconciliar producción con conservación, la iniciativa funciona como punto de inflexión: obliga a reimaginar la innovación no como expansión ilimitada, sino como selección responsable de qué producir, cómo y para quién. Chile, al abrir este debate, envía un mensaje nítido a la región y al mundo: la sostenibilidad no es un adorno regulatorio, sino la condición de posibilidad para cualquier futuro de la economía azul.

Los astilleros del norte ante el “muro” del acero: Bruselas recorta cupos y duplica aranceles

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La construcción naval queda condicionada por la situación de l acero. La propuesta de la Comisión reduce a 18,3 Mt las importaciones libres y eleva al 50% el gravamen fuera de cuota: Galicia, más expuesta por su dependencia extracomunitaria; Asturias y Euskadi, con impacto por tensión de precios y plazos.

Los astilleros del noroeste peninsular encaran un otoño de incertidumbre por el brusco giro que prepara Bruselas en el comercio del acero: la Comisión Europea ha planteado recortar casi a la mitad las cuotas de importación libres de arancel —hasta 18,3 millones de toneladas anuales— y elevar del 25% al 50% el gravamen sobre cualquier tonelaje adicional. La medida, concebida para frenar el desvío de excedentes globales —con China como gran origen— y apuntalar a la siderurgia europea, llega en un momento de carga de trabajo relevante para la construcción naval en Galicia, Asturias y el País Vasco y reabre una vieja brecha: quién compra acero fuera y quién se abastece en el mercado europeo.

En Galicia, buena parte de los cascos en curso se nutren de chapas y perfiles importados —por precio, disponibilidad de calidades y plazos—, de modo que un arancel del 50% cuando se supere la cuota libre tensaría las hojas de costes de los programas que no tengan el material ya asegurado. A diferencia de otras subcontrataciones, el acero es crítico y temprano en el cronograma: fija espesores, condiciona cortes y curvados, y determina la logística de acopio. El nuevo sistema no solo encarecería los excedentes, sino que estrecharía el “colchón” de cupos, con acceso más competitivo a la parte libre de arancel durante el trimestre; si ese cupo común se agota antes, la penalización entra en juego y el diferencial de precio puede desbaratar márgenes en buques de baja serie o en contratos firmados a precio fijo.

Asturias vive la foto desde la otra orilla. Allí, los constructores y talleres que compran mayoritariamente acero europeo —con ArcelorMittal Asturias como referencia— están menos expuestos al salto arancelario, porque su dependencia de cupos extracomunitarios es reducida. El impacto les llegaría, sobre todo, por efectos de segunda ronda: si las importaciones extracomunitarias se encarecen y escasean, el acero de la UE puede subir de precio por tensión de demanda y por la propia estrategia de protección de la producción comunitaria, que incluye cambios como la reducción del ritmo de liberalización (del 1% al 0,1% trimestral) y límites al uso de cuotas no consumidas de terceros. En ese escenario, el reto para los astilleros asturianos será amarrar contratos de suministro con antelación y cláusulas de revisión que amortigüen volatilidad.

En el País Vasco, donde conviven grandes casas de casco de acero, astilleros especializados y una potente industria auxiliar de calderería y equipos, el mapa es mixto: quienes importan aceros específicos para proyectos “a la carta” —grados, anchos o espesores menos habituales— ven con preocupación que el cupo libre de arancel se reduzca un 47% respecto a 2024; los que trabajan con suministro europeo reaccionan con mayor calma, aunque advierten de que la trazabilidad “melt & pour” que quiere introducir la Comisión endurecerá controles y documentación, y cualquier cuello de botella en laminación comunitaria podría trasladarse en plazos al corte y montaje de bloques. En ambos casos, la planificación de compras y la diversificación de orígenes certificados pasan de ser una buena práctica a convertirse en factor de viabilidad de propuestas comerciales.

El argumento de fondo de Bruselas es conocido: la capacidad ociosa global y las desviaciones de comercio tras los aranceles de EE. UU. han presionado el mercado europeo, con plantas operando por debajo del 70% de utilización. De ahí un paquete que, además del hachazo a los cupos, duplica el recargo fuera de cuota al 50% y refuerza la trazabilidad para evitar elusión (por ejemplo, mediante transformaciones mínimas en terceros países). Think tanks y analistas avalan el diagnóstico, aunque alertan de que un cierre excesivo puede trasladar inflación a cadenas que dependen del acero —naval, automoción, bienes de equipo— si no se calibra bien la transición.

Para los astilleros gallegos, el riesgo inmediato es doble: precio y plazo. La construcción de barcos de trabajo (offshore, pesqueros, oceanográficos) compite globalmente euro a euro; un sobrecoste de materia prima que no esté cubierto en oferta puede comerse el margen o forzar reaperturas con el armador. En el País Vasco y Asturias, el desafío se centra en blindar disponibilidad y contratos marco con acerías y centros de servicio, y en revisar cláusulas de revisión de precios. En los tres territorios, además, la ingeniería deberá sopesar sustituciones posibles de grado o optimización de “nesting” para reducir desperdicio de chapa, mientras que compras y logística explorarán entregas escalonadas para encajar en las ventanas trimestrales de cupo sin arancel.

El calendario también cuenta. La Comisión ha abierto consultas y prepara el reemplazo del actual sistema de salvaguardias —que caduca en junio de 2026— por un régimen más estricto de cuotas y aranceles; los borradores en circulación fijan la nueva “línea roja” de 18,3 Mt como tope anual libre de arancel y dan por hecho el 50% fuera de cupo. Mientras tanto, los ajustes intermedios (recortes en liberalización y fin de algunos “carry-overs” entre trimestres) ya estrechan el pasillo por el que se mueven importadores y transformadores. Para la construcción naval, que vive de hitos (corte de chapa, puesta de quilla, botadura), el riesgo de choque entre hitos y cupos se vuelve un asunto de gestión diaria.

¿Qué puede hacer el sector? Primero, revisar ofertas vigentes y en curso con escenarios de acero +10% / +20% y validar cláusulas de ajuste por “cambio normativo”. Segundo, bloquear toneladas con cartas de crédito o opciones de compra antes de los picos de consumo de chapa gruesa. Tercero, abrir alternativas dentro de la UE —incluida compra a centros de servicio con cupo asignado—, y fuera, asegurando que el proveedor puede entrar en cuota y cumplir con requisitos de origen y trazabilidad. Cuarto, reforzar el diálogo con armadores para explicar el entorno regulatorio y evitar sorpresas. La Comisión, por su parte, sostiene que la salvaguarda ampliada es imprescindible para devolver capacidad y estabilidad a las acerías europeas y, con ello, a las cadenas industriales que dependen de ellas, entre ellas la naval. El equilibrio entre protección y competitividad marcará la diferencia entre un encarecimiento pasajero y un cambio estructural en los costes de construir barcos en el norte de España.

«El planeta en el filo: claves del Global Tipping Points Report 2025»

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El reciente informe Global Tipping Points Report 2025, elaborado por un consorcio internacional de científicos y organizaciones de conservación, constituye una de las alertas más claras que se han emitido hasta la fecha sobre los riesgos que afronta la Tierra. Aquí se expone en qué consiste, qué cuestiones aborda y por qué resulta de vital importancia para el futuro del planeta.


El informe fue elaborado por 160 autores procedentes de 23 países y 87 instituciones, y se presenta justo antes de la COP30 (cumbre del clima de la ONU). 

Su objetivo es sintetizar los avances del conocimiento científico sobre los denominados «puntos de inflexión» (tipping points) en el sistema terrestre —es decir, los umbrales más allá de los cuales un cambio en el sistema se vuelve abrupto, difícil o imposible de revertir—. 

Se analiza tanto los riesgos —tipificación de lo que podría colapsar o cambiar drásticamente— como las oportunidades, llamados “tipping positivos”, es decir los momentos en que se podría generar un cambio virtuoso que se auto-refuerce. 


¿Qué significa un “punto de inflexión” global?

Un punto de inflexión es un umbral dentro de un sistema terrestre (como los hielos polares, los bosques tropicales, las corrientes oceánicas) que, si se sobrepasa, puede llevar a una transformación rápida y posiblemente irreversible del sistema, aun si las causas que lo provocaron cesan o disminuyen. 

En términos prácticos: por ejemplo, un casquete polar que se derrite por encima de cierto nivel podría desencadenar pérdidas de superficie de hielo que ya no se recuperan; un arrecife de coral sometido a temperaturas demasiado elevadas podría entrar en muerte masiva y dejar de funcionar como ecosistema viable. El informe señala que ya algunos de estos umbrales podrían estar siendo cruzados. 


Principales conclusiones del informe

Entre los mensajes clave que lanza el informe destacan los siguientes:

  • El planeta ya está entrando en una “nueva realidad”: el calentamiento global ha alcanzado aproximadamente 1,4 °C por encima del nivel preindustrial, lo que implica que varios sistemas están muy cerca —o ya han sobrepasado— sus puntos de inflexión. 
  • Se destaca que los riesgos crecen rápidamente cuando se sobrepasa la barrera de 1,5 °C, situando al mundo en una “zona de peligro” donde los puntos de inflexión múltiples podrían activarse. 
  • Es fundamental minimizar el sobrepaso de 1,5 °C: cada fracción de grado y cada año cuenta para evitar que se activen estos umbrales. Para ello, el informe insta a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 (respecto a 2010), alcanzar “cero emisiones netas” hacia 2050, y luego adoptar la remoción de carbono de la atmósfera. 
  • La acción ya no puede esperar: los compromisos nacionales actuales (las famosas “Contribuciones Nacionalmente Determinadas”, NDCs) no son suficientes para evitar los puntos de inflexión. Se requiere una aceleración sin precedentes en las políticas climáticas. 
  • La acción local también es vital: más allá del gran debate climático, hay que abordar los “impulsores no-climáticos” de vulnerabilidad de ciertos sistemas —por ejemplo, sobrepesca, contaminación de nutrientes en arrecifes, deforestación en la Amazonía—, pues mejorar la resiliencia local puede hacer la diferencia. 
  • El informe introduce también la idea de finanzas habilitadoras para los “tipping positivos”: por ejemplo, reducir el coste del capital en el Sur global para activar modelos de gestión comunitaria de recursos marinos que tengan efectos multiplicadores. 

Cuestiones específicas que aborda

El informe aborda varias dimensiones concretas :

  1. Sistemas del planeta en riesgo. Se identifican más de 25 partes del sistema terrestre que tienen potencial de punto de inflexión: hielos polares, corrientes oceánicas, bosques tropicales, permafrost, arrecifes de coral, etc.
    • Por ejemplo, los arrecifes de coral de aguas cálidas están ya cruzando su umbral térmico, lo que podría causar su colapso irreversible. 
    • El bosque amazónico se encuentra en riesgo de transformación (de bosque a sabana) por debajo de los 2 °C de calentamiento si continúa la deforestación y degradación. 
    • La circulación atlántica de vuelco meridional (AMOC) —una gran corriente oceánica que regula el clima en el Atlántico Norte— está considerada como vulnerable y el informe advierte que podría colapsar, con implicaciones globales. 
  2. Probabilidad de activación. El informe y estudios asociados analizan las probabilidades de que estos puntos de inflexión se activen bajo distintos escenarios de emisiones (conocidos como SSP – Shared Socioeconomic Pathways). Por ejemplo, en un escenario intermedio-alto, la media de probabilidad de activar uno o más puntos de inflexión supera el 60 %. 
  3. Impactos humanos y sociales. No se limita a la ciencia física: el documento aborda cómo esos cambios podrían afectar a la estabilidad social, la seguridad alimentaria, la migración, los derechos humanos y la gobernanza global. Se subraya que cuando un sistema terrestre “ya no puede recuperarse”, se convierten en cuestiones de derechos humanos. 
  4. Oportunidades de cambio (“tipping positivos”). Un apartado relevante es la exploración de cómo pueden generarse cambios rápidos y auto Refuerzos en sentido positivo (por ejemplo, transición energética acelerada, modelos de gestión comunitaria de recursos, tecnologías que bajan de coste), de modo que se invierta la trayectoria. 
  5. Recomendaciones de gobernanza. Se incluyen marcos de gobernanza, finanzas, políticas de mitigación y adaptación, escenarios de riesgo y oportunidad, además de la coherencia con la agenda de la COP30. El mensaje es que se espera acción global coordinada, localmente adaptada, y con plazos urgentes. 

¿Por qué es especialmente relevante para 2025?

  • El informe llega en un momento crítico: las temperaturas globales ya superan de hecho los 1,5 °C por encima del nivel preindustrial en algunas mediciones, lo cual coloca al planeta en un terreno de mayor riesgo de activación de múltiples puntos de inflexión. 
  • La COP30 debe fijar políticas que eviten el sobrepaso prolongado de 1,5 °C y establezcan medidas robustas para los próximos diez años; el informe plantea que el margen para actuar se está cerrando. 
  • Es un aviso a los países de que los compromisos actuales no bastan: aunque muchas naciones se han comprometido a ser “neto cero” hacia 2050, los expertos señalan que incluso esos horizontes pueden dejar activar puntos de inflexión si no se actúa con rapidez. 

Riesgos y controversias que conviene tener presentes

  • Aunque el informe es contundente, aún persisten amplias incertidumbres científicas sobre los umbrales precisos de activación de muchos puntos de inflexión —qué nivel de calentamiento, qué ritmo, qué interacciones— lo cual dificulta determinar con certeza cuándo ocurrirán. 
  • Algunos críticos advierten del riesgo de que la narrativa de “punto de no retorno” provoque parálisis o fatalismo, en lugar de movilización. Pero el informe recalca que la acción aún puede marcar la diferencia. 
  • También hay dimensión de gobernanza: pasar de advertencia a implementación real requiere voluntad política, financiación, capacidades locales y equidad —y ahí están los mayores desafíos.

Qué implicaciones tiene para España y Europa

Desde la perspectiva europea y española, el informe impone varias reflexiones:

  • La menor distancia del umbral de 1,5 °C incrementa el riesgo de fenómenos extremos en el sur europeo (olas de calor, sequías, incendios), lo que hace que la adaptación sea urgente.
  • Europa debe liderar —y asegurarse de que la transición energética, la reducción de emisiones y la financiación climática global avancen— para evitar que otros sistemas globales (como la selva amazónica o la AMOC) colapsen y repercutan indirectamente en Europa.
  • A nivel local, la resiliencia de ecosistemas mediterráneos, costas e infraestructuras críticas debe reforzarse —el informe subraya que la acción local puede mitigar o retrasar puntos de inflexión para ciertos sistemas vulnerables.
  • Desde la política de la Unión Europea, el informe refuerza la necesidad de que el Green Deal, los fondos de reconstrucción y la financiación climática se orienten no solo a la mitigación sino también a evitar los puntos de inflexión —y a movilizar lo que se llama “tipping positivos”.