Hubo concentraciones en todos los puertos com mar, lonjas sin subasta que abren un pulso con Bruselas y el Gobierno
El mar se quedó en silencio después de que cientos de armadores, patrones y tripulantes secundaran el paro estatal, en protesta por la aplicación del nuevo marco de control de capturas derivado del Reglamento (UE) 2023/2842 y su despliegue operativo en España. La Federación Nacional de Cofradías (FNCP) habló de obligaciones “peligrosas e inaplicables”, especialmente para la flota artesanal, de bajura y costera, que trabaja a pocas millas del puerto y en mareas cortas.
La fotografía del conflicto fue doble: por un lado, movilización en Madrid —con concentración ante la Secretaría General de Pesca coincidiendo con una reunión técnica— y, por otro, protestas descentralizadas ante delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Costa da Morte: paro total y 700 convocados
Las concentraciones en apoyo de la pesca de bajura artesanal reunieron este lunes en Celeiro, en Viveiro, y Burela a los pescadores, pero también a ciudadanos y políticos que secundaron su demanda «fronte aos despropósitos e disparates normativos que a Unión Europea quere impoñer a través do seu regulamento de control, unhas normas totalmente afastadas da realidade do sector», resumió Máximo Díaz, secretario de la cofradía celeirense, que leyó el manifiesto de los afectados del puerto.
Desde Celeiro y desde todo el municipio de Viveiro, los asistentes reivindicaron mucho más que una actividad económica. “Defendemos una forma de vida, una cultura marinera centenaria y el futuro de cientos de familias que dependen directamente de la pesca de bajura”, señalaron durante el acto. La de Celeiro fue una de las movilizaciones más madrugadoras de todo el litoral español.
Un reglamento que pone en jaque al sector
La alarma saltó días atrás en toda la flota costera de bajura del litoral español, que llegó a convocar paros ante la inminente aplicación de varias medidas incluidas en el Reglamento (UE) 2023/2842. Según el sector, su redacción supone una amenaza real y directa para la continuidad de esta modalidad pesquera.
Entre las obligaciones más controvertidas figuran la exigencia de comunicar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto y el registro obligatorio de todas las capturas desde el primer kilogramo, eliminando la actual exención de hasta 50 kilos. Para los profesionales del mar, estas medidas son “absurdas, inviables y ajenas por completo al trabajo diario de la flota artesanal”.
Normas alejadas de la realidad del mar
Los pescadores denuncian que el reglamento ignora las particularidades de la pesca de bajura: embarcaciones de pequeño porte, mareas cortas, capturas variables, descargas múltiples con gran diversidad de especies y volúmenes reducidos, así como la dependencia absoluta de unas condiciones meteorológicas cambiantes que hacen imposible prever con exactitud la hora de llegada a puerto.
“Pretender aplicar a la pesca artesanal los mismos criterios que a la gran flota industrial no solo es injusto, sino profundamente erróneo”, advirtieron. A su juicio, la normativa no mejora el control ni la sostenibilidad, sino que incrementa la carga burocrática, eleva los costes, genera inseguridad jurídica y empuja a muchos profesionales a abandonar la actividad.
El riesgo de desaparición de la pesca artesanal
El sector alertó de que, si el reglamento se mantiene sin modificaciones, las consecuencias serán devastadoras: desaparición progresiva de la flota de bajura y artesanal, pérdida de empleo directo e indirecto, empobrecimiento económico y social de las zonas costeras, ruptura del relevo generacional y pérdida de un conocimiento tradicional transmitido durante generaciones.
Lejos de ser el problema, los manifestantes defendieron que la pesca de bajura es parte esencial de la solución hacia un modelo pesquero sostenible, selectivo y respetuoso con el medio marino.
Un sector estratégico para el litoral
La pesca costera de bajura es clave en todo el litoral español. Garantiza producto fresco, de proximidad y de alta calidad; fija población en el territorio; mantiene viva la identidad marinera de los pueblos costeros y actúa como motor económico en comarcas con escasas alternativas laborales. “Defender la pesca artesanal es defender la soberanía alimentaria, la cohesión territorial y una economía azul verdaderamente sostenible”, subrayaron.
Unidad del sector y papel de las cofradías
Durante la movilización se insistió en la necesidad de unidad del sector, articulada a través de las cofradías de pescadores y sus federaciones, como representantes legítimos de los profesionales del mar. “No se puede legislar de espaldas al sector y desde el desconocimiento. Las decisiones deben tomarse con los pescadores, no contra ellos”, reclamaron.
Petición al Gobierno de España
Los participantes exigieron al Gobierno de España, como Estado miembro de la Unión Europea, un apoyo firme y claro para defender en Bruselas una adaptación realista del Reglamento de Control, excluir a la pesca costera de bajura y artesanal de obligaciones desproporcionadas y garantizar la continuidad de este sector estratégico.
Asimismo, expresaron su confianza en que la reunión prevista esa misma tarde entre la Secretaría General de Pesca Marítima y las cofradías permitiera alcanzar una solución satisfactoria. De no ser así, advirtieron de que los paros podrían convertirse en indefinidos.
El acto concluyó con un agradecimiento a los profesionales del mar, a las cofradías, a las instituciones de apoyo y, especialmente, a la vecindad de Viveiro y Celeiro, cuyo respaldo consideran “imprescindible”. Entre consignas y aplausos, el mensaje fue rotundo: la pesca de bajura no se rinde, no se criminaliza y se defiende. Porque —recordaron— sin pesca artesanal no hay costa viva, sin marineros no hay futuro y el mar no puede gobernarse desde un despacho.
Cantábrico, Asturias y Cantabria: cierre de lonjas y “kilo cero”
En el Cantábrico, el paro apuntó a impacto directo en la cadena diaria del pescado fresco. Asturias llevó a cabo la paralización de actividad y cierre de lonjas autonómicas un gesto que busca visibilizar que la presión ya no es solo económica, sino también operativa: menos manos a bordo y más exigencias administrativas.
En Cantabria, las cofradías subrayaron dos puntos de fricción: el registro desde el llamado “kilogramo cero” y la rigidez de los plazos de aviso de llegada, que —según el sector— comprometen logística y seguridad en embarcaciones pequeñas. La FNCP reclama al Gobierno margen para ajustar la aplicación: excepciones para jornadas cortas y una reducción transitoria del preaviso.
Mediterráneo: autobuses a Madrid y lonjas que paran
En el Mediterráneo, la movilización se tradujo en un movimiento coordinado: “con autobuses” desde diversos puertos hacia Madrid, al tiempo que se planteó el cierre de lonjas si no hay rectificación.
En la Comunitat Valenciana, las cofradías de la Marina Alta (Dénia, Xàbia, Calp) y otros puertos como Villajoyosa se sumaron al amarre: denunciando que pesar a bordo, clasificar por especies y notificar con antelación la llegada era una carga difícil de asumir en bajura. En Cataluña, la federación de cofradías alertó de que las nuevas exigencias son “inasumibles” y ponen en riesgo la continuidad de la actividad. En la Región de Murcia, las lonjas pararon y elevaron el tono: si no hay cambios, algunas modalidades contemplan ir más allá de una jornada.
Baleares y Canarias: paro simbólico en islas y concentraciones en puertos
En Baleares, el sector se sumó al paro con el argumento de la desproporción para la pesca artesanal, aunque en áreas como Ibiza y Formentera se reconocía que el impacto puede ser menor por el menor número de barcos de determinadas modalidades; aun así, las cofradías llevaron a cabo una movilización conjunta.
En Canarias, la protesta incluía concentraciones y cierres anunciados en islas como Lanzarote, en solidaridad con el paro estatal y con el objetivo de presionar a la reunión de Madrid.
Qué se discute: tolerancias, avisos previos y control electrónico
El sector no cuestiona la necesidad de control, sino cómo se ejecuta. La normativa europea establece, por ejemplo, un margen de tolerancia del 10% en las estimaciones del diario de pesca para cada especie (y del 20% cuando la cantidad no supera 100 kg), un punto que las cofradías citan para advertir del riesgo de sanciones cuando el mar no permite precisión milimétrica.
En cuanto a la notificación previa, el propio marco europeo contempla que el Estado ribereño pueda fijar un plazo más breve para determinadas categorías de buques, atendiendo a distancia a caladeros y tipo de producto, siempre que no se perjudique la capacidad inspectora. Esa puerta es, precisamente, la que el sector pide abrir para la bajura.
El impacto se notará rápido: menos pescado fresco, tensión en precios —ya elevados en muchas plazas tras semanas de temporales— y un trasvase hacia producto congelado o importado para sostener hostelería y comercio minorista. En lonjas, mayoristas y transporte, un día sin descarga significa un engranaje que se para: cajas, hielo, camiones, clasificadoras, subastas y ventas en tiempo real.
La huelga también tiene una derivada menos visible: la de la seguridad marítima. El argumento que más se repite en los puertos es sencillo: cuando el patrón debe “mirar la pantalla” para cumplir con registros y avisos en momentos críticos de navegación y maniobra, el riesgo aumenta.
Con los barcos amarrados y las lonjas en silencio, la pesca española no solo protestó por una norma, sino que protestó por el choque entre burocracia y oficio. Y lo hace desde todos los mapas del litoral, con la certeza de que, sin ajustes, el control puede acabar teniendo un coste que no se mide en formularios, sino en viabilidad.
FENAPA pide derogar el nuevo control pesquero de la UE y alerta de “burocracia inasumible” en la bajura
La federación de pesca artesanal denuncia riesgos de seguridad por el pesaje y los avisos previos y respalda el amarre
La tensión ha subido del muelle a la cubierta. La Federación Nacional de Pesca Artesanal (FENAPA) ha hecho público su “malestar” por la entrada en fase operativa de nuevas obligaciones vinculadas al Reglamento (UE) 2023/2842, que modifica el sistema europeo de control pesquero y despliega su aplicación por etapas. Según la organización, el paquete de exigencias “lleva a la flota a una situación límite”, especialmente a la bajura y a los barcos a partir de 12 metros de eslora, y abre un escenario de “burocracia” que, sostienen, no debería recaer en patrones y tripulaciones.
El reglamento —aprobado en 2023— entró en vigor en enero de 2024, pero su calendario de aplicación es gradual, con hitos que se activan en distintos años y fechas. Entre esos hitos figura la intensificación de requisitos que, en la práctica, han reavivado el conflicto en los puertos españoles en enero de 2026, con jornadas de cierre de lonjas y paros convocados por el sector en distintos puntos del litoral.
“Desde los despachos no se puede legislar el trabajo en la mar”
En su nota, FENAPA argumenta que el trabajo pesquero se desarrolla “bajo presión” por las condiciones propias del mar y por mareas de pocas horas, un contexto —señala— incompatible con el nivel de detalle administrativo que se pretende exigir a bordo. El núcleo de la queja se centra en dos obligaciones que se han convertido en símbolo del choque entre norma y operativa diaria: la necesidad de pesar y registrar capturas durante la faena y los preavisos de llegada a puerto con horas de antelación.
Para la federación, imponer estas tareas en barcos pequeños y con habitáculos reducidos introduce un factor de riesgo: “falta de personal cualificado” para labores administrativas e informáticas y, sobre todo, una distracción del patrón en momentos críticos de navegación y maniobra. En puertos donde la bajura trabaja “a minutos” de costa, añaden, exigir avisos rígidos puede suponer pérdida de tiempo efectivo de pesca y complicaciones añadidas en jornadas ya ajustadas.
La denuncia conecta con lo que vienen señalando cofradías y armadores en distintas comunidades desde que comenzaron a aplicarse escalones del reglamento: que la norma exige un grado de precisión y reporte “difícil de cumplir” en condiciones reales de mar, y que el riesgo de sanciones agrava la inseguridad jurídica.
Por qué el reglamento ha reabierto el conflicto ahora
El Reglamento (UE) 2023/2842 actualiza y endurece el marco de control comunitario para modernizar el seguimiento de capturas, notificaciones y trazabilidad, con un despliegue por fases que se extiende varios años. Ese diseño escalonado es, precisamente, lo que explica el “choque” de enero: durante 2024 y 2025 el debate se instaló en el plano político y técnico; en 2026 aterriza en el día a día de parte de la flota, con obligaciones que pasan del BOE y el DOUE al cuaderno de bitácora.
Desde el Ministerio, la defensa del nuevo marco se ha apoyado en la idea de digitalización y modernización: la Secretaría General de Pesca ha señalado que el reglamento busca incorporar tecnologías y armonizar el control entre Estados miembros, con un objetivo explícito de reforzar la lucha contra la pesca ilegal y actualizar procedimientos. En paralelo, el propio Ministerio impulsó ya en años anteriores proyectos piloto de herramientas digitales para segmentos artesanales, como el desarrollo de aplicaciones móviles testadas en embarcaciones para facilitar el envío de información.
La disputa, sin embargo, no se libra sobre el “qué” —control y trazabilidad— sino sobre el “cómo” y el “quién”. FENAPA insiste en que muchas de esas tareas son propias de la administración y que trasladarlas a bordo, en barcos pequeños, erosiona la seguridad, la productividad y la viabilidad de la actividad.
La federación pide “modificación y derogación” y respalda el amarre
El posicionamiento de FENAPA va un paso más allá de la petición de ajustes: solicita a las “formaciones políticas” que han respaldado la norma que impulsen su modificación y, en su planteamiento, su derogación mientras persistan los perjuicios que, a su juicio, provoca. La federación interpreta el conjunto como una presión que acelera el declive de una flota ya reducida y advierte de responsabilidades añadidas para los patrones.
En ese contexto, FENAPA apoya la parada de la flota “en tanto que no se solucione la grave situación”, sumándose al clima de movilización en el litoral español, donde las protestas han tomado forma de amarre, cierres de lonjas y desplazamientos a Madrid para presionar al Ministerio en busca de flexibilizaciones y soluciones operativas.
El conflicto deja, en suma, una imagen clara: Bruselas quiere más control digital y más uniformidad; la bajura reclama que el control no se convierta en un segundo oficio a bordo. Entre ambos, el margen de solución parece pasar por adaptar requisitos, plazos y herramientas a la realidad de mareas cortas, tripulaciones reducidas y navegación con meteorología cambiante. Y ahí, advierte FENAPA, se juega algo más que un trámite: se juega la continuidad del pescado fresco de proximidad y de un modelo de pesca que sostiene puertos y comunidades costeras.
Mediterráneo: autobuses a Madrid y lonjas que paran
En el Mediterráneo, la movilización se traduce en un movimiento coordinado: “saldrán autobuses” desde diversos puertos hacia Madrid, anuncian representantes de cofradías, al tiempo que se plantea el cierre de lonjas si no hay rectificación.
En la Comunitat Valenciana, las cofradías de la Marina Alta (Dénia, Xàbia, Calp) y otros puertos como Villajoyosa se suman al amarre: denuncian que pesar a bordo, clasificar por especies y notificar con antelación la llegada es una carga difícil de asumir en bajura. En Cataluña, la federación de cofradías alerta de que las nuevas exigencias son “inasumibles” y ponen en riesgo la continuidad de la actividad. En la Región de Murcia, las lonjas también anuncian paro y elevan el tono: si no hay cambios, algunas modalidades contemplan ir más allá de una jornada.
Baleares y Canarias: paro simbólico en islas y concentraciones en puertos
En Baleares, el sector se suma al paro con el argumento de la desproporción para la pesca artesanal, aunque en áreas como Ibiza y Formentera se reconoce que el impacto puede ser menor por el menor número de barcos de determinadas modalidades; aun así, las cofradías planean movilización conjunta.
En Canarias, la protesta incluye concentraciones y cierres anunciados en islas como Lanzarote, en solidaridad con el paro estatal y con el objetivo de presionar a la reunión de Madrid.
