Ursula von der Leyen propone una alianza internacional y destina 50 millones de euros para reforzar el monitoreo oceánico global mediante tecnología avanzada y datos abiertos.

La Comisión Europea ha dado un paso estratégico para reforzar el conocimiento científico y la gobernanza de los mares con el lanzamiento de OceanEye, una iniciativa destinada a crear una infraestructura tecnológica avanzada para la observación de los océanos. Presentada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante las Jornadas Europeas de los Océanos, la propuesta incluye la creación de una Alianza Internacional para la Observación Oceánica y una primera financiación comunitaria de 50 millones de euros a través del programa Horizon Europe para el periodo 2026-2027.

La Unión Europea quiere consolidar su liderazgo mundial en la vigilancia y el conocimiento de los océanos mediante el desarrollo de OceanEye, un sistema que combinará satélites, sensores marinos, inteligencia artificial y modelos digitales para ofrecer una visión integral y en tiempo real del estado de los mares.

Durante su intervención, la presidenta de la Comisión Europea subrayó que el proyecto permitirá reforzar la ciencia marina, impulsar la competitividad de la economía azul, mejorar la seguridad marítima y proteger la salud de los ecosistemas oceánicos. Von der Leyen destacó que el conocimiento detallado de los océanos es esencial para anticipar los efectos del cambio climático, gestionar los recursos marinos de forma sostenible y apoyar las actividades económicas que dependen del mar.

OceanEye se construirá sobre dos pilares tecnológicos ya existentes en la estrategia europea de datos marinos: el programa Copernicus Marine Service, que proporciona información satelital sobre los océanos, y el Digital Twin of the Ocean (EDITO), un gemelo digital del océano que integra datos y modelos científicos para simular escenarios ambientales, climáticos y operativos.

La iniciativa forma parte del Pacto Europeo por los Océanos, adoptado por la Comisión en junio de 2025, y pretende convertir a Europa en uno de los principales nodos de un futuro sistema global de observación oceánica. Este sistema permitirá recopilar y compartir datos de forma abierta, mejorando la cooperación científica y tecnológica entre países.

Una alianza internacional para ampliar la observación oceánica

Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de una Alianza Internacional para la Observación de los Océanos, que reunirá a los Estados miembros de la UE y a socios internacionales con el objetivo de coordinar inversiones, compartir infraestructuras científicas y garantizar el acceso libre a los datos marinos.

La alianza trabajará en estrecha colaboración con el Sistema Global de Observación del Océano (GOOS) y con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, reforzando la red mundial de sensores, boyas y plataformas de observación que permiten estudiar los cambios físicos, biológicos y químicos en los océanos.

El objetivo es establecer una estructura coordinada que permita mejorar la predicción de fenómenos extremos, seguir la evolución de los ecosistemas marinos y proporcionar información clave para sectores estratégicos como la pesca, el transporte marítimo, la energía offshore o la protección del medio marino.

Un sistema europeo plenamente operativo en 2030

La Comisión Europea prevé adoptar formalmente la iniciativa OceanEye a lo largo de 2026, tras un proceso de consulta pública en el que participan centros de investigación, administraciones y actores de la economía azul. Además, está previsto que en septiembre se celebre un evento internacional de compromisos financieros para reforzar la nueva alianza global.

Bruselas se ha marcado como meta que el sistema europeo de observación oceánica esté plenamente operativo en 2030, integrando datos científicos, tecnológicos y operativos que permitan mejorar la gestión sostenible de los mares.

La dimensión económica del proyecto es igualmente relevante. La economía azul europea genera cerca de 250.000 millones de euros de valor añadido bruto y alrededor de cinco millones de empleos, mientras que aproximadamente el 40 % de la población europea vive en regiones costeras o insulares.

En este contexto, el desarrollo de infraestructuras avanzadas de observación oceánica se perfila como un elemento clave para reforzar la resiliencia climática, mejorar la seguridad marítima y garantizar una gestión sostenible de los recursos marinos en las próximas décadas.

Cepesca y OPPAO trasladan al PNV una agenda que mezcla control, soberanía alimentaria, relevo de tripulaciones, renovación de flota y defensa del futuro del sector

La reunión celebrada en Sabin Etxea entre representantes de Cepesca, la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO) y responsables institucionales y políticos del PNV ha vuelto a poner sobre la mesa una idea que gana peso en el discurso del sector: la pesca quiere dejar de ser tratada en Bruselas como una actividad bajo sospecha permanente y pasar a ser considerada una pieza estratégica de la seguridad alimentaria, la economía azul y la autonomía productiva europea. Al encuentro asistieron, según la información trasladada por las organizaciones participantes, el presidente del EBB, Aitor Esteban; la eurodiputada Oihane Agirregoitia; el presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, Joseba Agirretxea; y el viceconsejero vasco de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, junto a Julio Morón, Javier Garat, Iván López van der Veen y Mikel Ortiz. Los cargos institucionales de Esteban, Agirregoitia, Agirretxea y Azkue coinciden con sus responsabilidades públicas actuales.

El núcleo del mensaje sectorial fue claro: la flota considera que la aplicación del nuevo marco de control comunitario está avanzando con exigencias que, en algunos segmentos, resultan desproporcionadas frente a la operativa real de los barcos y frente a la presión regulatoria que soportan flotas extracomunitarias competidoras. Esa queja no nace en el vacío. La propia Comisión Europea explica que el nuevo Reglamento de Control empezó a desplegar sus principales obligaciones en 2024 y 2026, pero reserva para el 10 de enero de 2028 algunas de las medidas más sensibles, entre ellas la monitorización electrónica remota con cámaras a bordo, el seguimiento de buques de menor tamaño y el control continuo de potencia de motor para determinadas categorías de riesgo. Bruselas lo presenta como un salto en trazabilidad, armonización y lucha contra la pesca ilegal; el sector, en cambio, teme que una parte de esa arquitectura se traduzca en más carga, más coste y más inseguridad jurídica para una flota europea que ya compite en condiciones exigentes.

Ahí es donde la reunión de Bilbao adquiere una dimensión que va más allá del País Vasco. La patronal y los armadores de Ondarroa no discuten solo cuestiones técnicas como la potencia de motor o las cámaras; están planteando una batalla política sobre el lugar que debe ocupar la pesca en la agenda europea. Su tesis enlaza con un argumento que Cepesca viene repitiendo con insistencia: en un contexto geopolítico cada vez más inestable, deteriorar la capacidad productiva de la flota europea equivale a aumentar la dependencia alimentaria de terceros países. No es casual que esa queja conviva con otra demanda simultánea: reforzar los controles sobre las importaciones pesqueras para evitar que el mercado comunitario se convierta en un espacio donde a la flota europea se le exigen estándares cada vez más altos mientras compite con producto exterior sometido a marcos laborales, ambientales o de control menos rigurosos. De hecho, desde el 10 de enero de 2026 está operativo el nuevo sistema digital de certificados de captura para todas las importaciones pesqueras a la UE, una herramienta que Bruselas presenta precisamente como refuerzo frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

La segunda gran preocupación compartida en la reunión fue el futuro del FEMPA y, en realidad, del marco financiero pesquero posterior a 2027. La Comisión Europea presentó el 16 de julio de 2025 su propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, basada en una profunda reorganización del presupuesto comunitario y en la integración de diversos instrumentos en un gran National and Regional Partnership Fund. En paralelo, una propuesta sectorial específica fija las condiciones del apoyo de la Unión a la Política Pesquera Común, al Pacto Europeo por los Océanos y a la política marítima y acuícola. El temor del sector es que, en esa arquitectura más amplia y flexible, la pesca pierda peso político y financiero, precisamente cuando necesita recursos para modernizar buques, descarbonizar operaciones, introducir innovación y sostener la actividad en puertos dependientes del mar.

Ese debate conecta directamente con otra de las cuestiones abordadas: la renovación de la flota. La demanda de modernización no es solo una reivindicación empresarial; responde a una realidad estructural. Un estudio encargado por el Parlamento Europeo sobre el futuro de la flota pesquera concluye que la flota española supera de media los 35 años y necesita renovación para ganar en seguridad, eficiencia energética, confort laboral y capacidad de descarbonización. Sin barcos más modernos, advierte el sector, será muy difícil cumplir los objetivos ambientales europeos, atraer relevo generacional y mantener competitividad frente a terceros países. La modernización ya no se presenta únicamente como una inversión productiva, sino como una condición de supervivencia.

En ese mismo plano se sitúan las cuestiones laborales llevadas a Sabin Etxea: las dificultades de aplicación del Convenio OIT 188, la imposibilidad práctica —según los armadores— de trasladar a la pesca el registro horario en los mismos términos que en tierra, la necesidad de coberturas privadas para tripulantes extranjeros y la reclamación de un registro especial de flota con incentivos fiscales y laborales. España ratificó el Convenio 188 en 2023 y este entró en vigor el 29 de febrero de 2024; desde entonces, el marco estatal exige certificaciones e inspecciones específicas para determinados buques. Pero la aplicación efectiva de esos estándares en una actividad marcada por campañas, mareas, turnos variables y trabajo embarcado sigue generando fricciones operativas que el sector quiere resolver con excepciones o adaptaciones concretas.

A todo ello se suma el problema de las tripulaciones. La escasez de personal cualificado ha abierto un debate especialmente sensible sobre el acceso de nacionales de terceros países a puestos de responsabilidad a bordo. Hoy, el artículo 162 de la Ley de Navegación Marítima establece que el capitán y el primer oficial de cubierta de los buques nacionales deben tener nacionalidad de un Estado del Espacio Económico Europeo. Pero el Congreso tramita desde finales de 2025 una reforma de la legislación portuaria y marítima en la que se han presentado enmiendas para flexibilizar esa exigencia, precisamente por la dificultad creciente para cubrir esos puestos. Junto a ese frente, el Gobierno mantiene también en tramitación el proyecto de ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, otra norma de gran impacto para el sector y uno de los vectores de inquietud que sobrevolaron el encuentro bilbaíno.

La foto de Sabin Etxea deja, por tanto, un mensaje doble. Por un lado, la pesca vasca y española busca aliados políticos para modular una regulación europea que considera cada vez más intensa, costosa y desconectada de la realidad de los buques. Por otro, quiere colocar en el centro del debate una idea de fondo: si Bruselas aspira a autonomía estratégica, seguridad alimentaria y transición ecológica ordenada, no puede permitirse una política pesquera que controle mucho, financie poco y renueve tarde. La batalla de los próximos meses no será solo sobre cámaras, motores o certificados: será sobre si Europa decide tratar a su pesca como un problema a vigilar o como una capacidad estratégica que merece ser preservada

La Consejería de Pesca ha convocado las ayudas destinadas a apoyar las inversiones realizadas por las Cofradías de Pescadores de la Comunidad Autónoma, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), por un importe global de 230.000 euros.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento.

Podrán ser beneficiarias las Cofradías de Pescadores de Cantabria legalmente constituidas que cumplan con las condiciones y obligaciones previstas en la normativa en materia de subvenciones.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que esta convocatoria «refuerza el compromiso del Gobierno con el sector pesquero de Cantabria, un pilar económico y social fundamental para nuestras zonas costeras».

Además, ha subrayado que estas ayudas permiten a las Cofradías modernizar sus instalaciones y adaptarse a los nuevos retos ambientales, tecnológicos y de mercado, «mejorando la competitividad del sector y garantizando su sostenibilidad a largo plazo«.

INVERSIONES SUBVENCIONABLES

Serán objeto de subvención las inversiones que mejoren las infraestructuras, equipos y maquinarias de los puertos pesqueros, lonjas, lugares de desembarque, pantalanes y fondeaderos.

Entre los gastos subvencionables se encuentran la modernización o acondicionamiento de bienes inmuebles, la adquisición de maquinaria, instalaciones y equipos de primer uso; equipos y programas informáticos vinculados a actividades de producción y comercialización; y elementos de transporte interno integrados en el proyecto presentado.

Mientras que no serán subvencionables la construcción de nuevos puertos o lonjas, la adquisición de terrenos, la compra de materiales y equipos usados, los elementos de transporte externo, el IVA recuperable, el mobiliario de oficina o la elaboración de páginas web, entre otros.

La ayuda no podrá superar el 75% de los gastos subvencionables, debiendo aportar el beneficiario el 25% restante como contribución privada, en cumplimiento de la normativa europea reguladora del FEMPA para el período 2021-2027.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), es decir, este miércoles 4 de marzo.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y presentarse a través de los registros electrónicos habilitados por la Administración autonómica.

Las primeras descargas en puertos vascos fueron modestas y  se pagaron entre 3 y 4 euros el kilo por una anchoa de unos 50 granos o piezas en el kilo

La costera de la anchoa arrancó esta medianoche en la costa vasca con un primer día de actividad marcado por la cautela. La apertura oficial de la campaña quedó fijada finalmente para las 00.00 horas del martes 3 de marzo, después del retraso de un día en el calendario inicial, y la temporada se prolongará hasta el 30 de noviembre. España contará este año con 30.485 toneladas, una cuota un 7,8% superior a la de 2025.

Con el reloj ya en marcha, la mayor parte de la flota se concentró en aguas próximas a Donostia, donde comenzaron las primeras maniobras. Las descargas llegaron a lo largo de la mañana a puertos de Gipuzkoa y Bizkaia, pero el balance de esta jornada inaugural fue discreto: poco volumen y una talla demasiado corta como para hablar todavía de un arranque brillante.

El dato más significativo de la mañana se registró en Ondarroa, donde entre varios barcos se descargaron cerca de 25.000 kilos de anchoa mezclada con sardina. La talla media rondó los 50 granos por kilo, es decir, una anchoa pequeña, y la cotización en lonja se movió entre los 3 y los 4 euros por kilo. Son cifras que reflejan movimiento en el mar, pero también una realidad muy conocida por el sector: no basta con que haya pescado, hace falta que tenga el tamaño adecuado para sostener buenos precios y una campaña rentable.

De hecho, esa era una de las advertencias que ya venían haciendo los propios pescadores antes de abrir la costera. En los días previos, voces del sector insistían en que si la anchoa aparecía pequeña sería necesario actuar con cabeza para no gastar cuota demasiado pronto y llevar a puerto un producto de poco valor. El temor no era menor: una entrada abundante de pescado pequeño con sardina puede hundir la cotización en lonja y condicionar el tono económico de todo el inicio de campaña. Para evitar sobresaltos, las OPPs del Cantábrico han decidido establecer unos topes iniciales de desembarque diarios de 8.000 kg y 6.400 kg por buque y día, en función de una serie de criterios. En principio 8.000 kilogramos por buque y día, para las embarcaciones de más de 120 Gts o que tengan 12 o más tripulantes enrolados y dados de alta en la Seguridad Social, o de 6.400 kilogramos por buque y día, para el resto de embarcaciones.Estos topes serán revisados una vez se modifique la resolución actual en vigor. El objetivo es la protección de la especie y tratar de establecer unos precios sostenibles.Por ahora, lo visto en esta primera jornada invita a la prudencia. La anchoa está ahí, la flota la ha localizado cerca de la costa guipuzcoana y la campaña ya ha empezado de forma efectiva, pero el mercado y el tamaño del pescado todavía no acompañan con claridad. El estreno, más que lanzar las campanas al vuelo, deja una idea sencilla: la costera ha comenzado, sí, pero aún tiene que encontrar su verdadero pulso.

Si en los próximos días mejora el calibre, la campaña podrá tomar velocidad con rapidez. Si no, la flota tendrá que seguir midiendo muy bien cada salida. Porque en una costera larga, con más cuota disponible sobre el papel, el primer objetivo no es solo pescar, sino pescar bien y con buenos precios.

La campaña de la anchoa del Cantábrico quedó oficialmente abierta desde las 00.00 horas de este martes, 3 de marzo, y se prolongará, en principio, hasta el 30 de noviembre. La apertura llega tras varios días de expectativa en el sector y después de informaciones previas que apuntaban a un inicio el lunes 2, finalmente corregido por la resolución firmada el 2 de marzo por la Secretaría General de Pesca, que fija el calendario definitivo y las reglas de explotación para la zona CIEM 8 durante 2026.

El arranque de la costera se produce, además, con un respaldo biológico más favorable que el año pasado. La recomendación científica del ICES de 12 de diciembre de 2025 situó en 33.000 toneladas el umbral máximo de capturas para este stock, al constatar una biomasa reproductora superior a la evaluada previamente y un alto reclutamiento en 2025. Sobre esa base, el TAC de 2026 quedó fijado en 33.000 toneladas y, de acuerdo con la estabilidad relativa entre ambos países, España partía de una cuota inicial de 29.700 toneladas, frente al 10 % asignado a Francia. A esa cifra se añaden los ajustes del llamado Acuerdo de Guetaria y la incorporación de 3.163 toneladas de flexibilidad interanual procedentes de 2025, con lo que la cuota total disponible para España se eleva finalmente a 30.485 toneladas.

Pero el dato de cuota, por sí solo, no define la campaña. El Ministerio ha optado por una orden diseñada para evitar tensiones prematuras sobre el recurso y repartir el esfuerzo extractivo a lo largo del año. Durante el primer semestre, entre marzo y junio, los buques de más de 120 GT podrán capturar y desembarcar hasta 10.000 kilos diarios, mientras que el resto tendrá un tope de 8.000 kilos por día. En el segundo semestre, del 1 de julio al 30 de noviembre, esos límites bajarán a 5.000 y 4.000 kilos diarios, respectivamente. La propia resolución deja abierta la puerta a revisar esos topes en función de cómo evolucione la pesquería.

La regulación incorpora, además, un matiz con evidente lectura laboral y operativa. Las cofradías representativas podrán certificar, en un plazo máximo de tres días hábiles desde la apertura, qué embarcaciones de menos de 120 GT faenan a la anchoa con 12 o más tripulantes enrolados y dados de alta en la Seguridad Social. Esos barcos podrán acceder al tramo superior de capturas. Junto a ello, todos los cerqueros del Cantábrico y Noroeste deberán respetar, entre marzo y junio, una talla mínima equivalente a 60 piezas por kilo, con una tolerancia del 10 %. Y si el consumo de la cuota española alcanza el 90 %, la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura podrá ordenar el cierre anticipado de la campaña.

La lectura de fondo es clara: 2026 arranca con mejores perspectivas biológicas, pero también de control que busca contener el clásico riesgo de una campaña demasiado acelerada en sus primeras semanas. En la práctica, la Administración intenta acompasar tres variables que no siempre conviven con facilidad: la sostenibilidad del stock, la rentabilidad de la flota y la necesidad de evitar una sobreoferta temprana que deprima precios o favorezca capturas de calibre insuficiente. No es casual que, en los días previos al inicio, desde el sector se apuntara ya a la presencia de anchoa, aunque con dudas sobre su tamaño comercial en algunos caladeros.

Para la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste, esta costera vuelve a citas económicas del primer tramo del año, pero lo hace bajo un modelo de gestión cada vez más afinado y con más palancas de intervención administrativa. La campaña de 2026 no solo medirá la abundancia del bocarte en el mar, sino también la capacidad del sistema para transformar una mejora biológica en valor estable para los barcos, las lonjas y la cadena transformadora. La anchoa vuelve con más cuota, sí, pero también con un mensaje nítido de gobernanza: aprovechar mejor el recurso será tan importante como capturarlo.

Un estudio encargado por los atuneros revela una paradoja del consumidor español: casi seis de cada diez dicen que pagarían más por pescado “no esclavista”, pero los derechos laborales apenas pesan hoy en la decisión de compra. La jornada en Madrid lanzó el movimiento internacional “Hands for the Oceans” y presentó la actualización de la norma UNE del Atún de Pesca Responsable, con un mensaje central: sin condiciones dignas a bordo, no hay pesca responsable.

La sostenibilidad pesquera ha vivido durante años pegada a un debate técnico —stocks, artes, trazabilidad, emisiones— que a menudo dejaba en segundo plano una realidad igual de decisiva: quién trabaja a bordo y en qué condiciones. Ese “ángulo muerto” fue el protagonista de la jornada celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) presentó el movimiento internacional “Hands for the Oceans” y dio a conocer las conclusiones del estudio “Qué sabemos de lo que comemos del mar”, elaborado a partir de una encuesta a consumidores.

Una paradoja que interpela al mercado

Los resultados del sondeo —realizado a un millar de consumidores adultos— dibujan una contradicción que el sector considera clave para la próxima etapa de la cadena de valor: una mayoría afirma estar dispuesta a pagar más por pescado que garantice condiciones laborales, pero esa variable tiene un peso marginal cuando se decide la compra.

Según el resumen difundido en la jornada, casi seis de cada diez españoles se muestran dispuestos a pagar un sobreprecio por pescado “no esclavista”. Sin embargo, cuando se pregunta por los criterios reales de elección, mandan el sabor y el precio, por delante de la claridad del origen. El respeto a los derechos laborales aparece relegado al último lugar.

Para OPAGAC, esa brecha no solo revela un déficit de información: también confirma que el mercado necesita herramientas comprensibles para que el consumidor pueda “traducir” en el lineal conceptos como diligencia debida, control a bordo o auditoría social. Y ahí es donde el sector quiere que entren las certificaciones.

“No hay pesca responsable sin derechos laborales”

La idea-fuerza del movimiento Hands for the Oceans se condensó en su lema: “la sostenibilidad no se entiende sin los derechos laborales”. En palabras del director general de OPAGAC, Julio Morón, el debate no admite atajos: “no podemos hablar de pesca responsable si no garantizamos condiciones laborales dignas y el respeto efectivo a los derechos humanos en el mar”.

La organización vinculó ese planteamiento con un elemento diferencial de su flota: el certificado Atún de Pesca Responsable (APR), que describe como un estándar con auditoría independiente de lo que sucede dentro del buque, y con controles asociados a la actividad y al cumplimiento de buenas prácticas.

En el trasfondo late una disputa comercial y reputacional: OPAGAC denunció que productos procedentes de terceros países con estándares más laxos pueden acceder al mercado europeo, mientras las flotas sometidas a mayores exigencias asumen costes adicionales. La respuesta que propone el colectivo es convertir el “factor humano” en ventaja competitiva, no en lastre.

La norma UNE se actualiza: de la sostenibilidad “clásica” a la diligencia debida

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la actualización de la norma UNE vinculada al Atún de Pesca Responsable. La Asociación Española de Normalización (UNE) ha explicado que la nueva edición refuerza precisamente las demandas actuales en ética, trazabilidad y garantías sociales, en línea con lo que la cadena —distribución incluida— empieza a pedir para afrontar obligaciones de diligencia debida.

En el encuentro, se presentó esa actualización como un marco que refuerza condiciones laborales y bienestar a bordo, integrándolos como parte evaluable de la sostenibilidad. Una evolución significativa: el lenguaje del sector empieza a hablar de sostenibilidad “integral” (ambiental, socioeconómica y laboral) y de transparencia verificable.

Distribución y expertos: transparencia para una cadena “larguísima”

La mesa redonda del acto —centrada en “Derechos laborales y transparencia de la pesca”— incorporó la visión de la distribución y del ámbito jurídico-laboral. Representantes de asociaciones empresariales de la distribución subrayaron que la pesca es una cadena larga y compleja y que, muchas veces, el consumidor da por hecho que el producto ya cumple requisitos, lo que hace aún más relevante explicar, acreditar y poner en valor el trabajo detrás del alimento.

También se apuntó a la dimensión internacional: en alta mar convergen jurisdicciones, banderas y marcos normativos distintos, lo que alimenta la necesidad de pactos y estándares que se cumplan y de mecanismos creíbles para verificar condiciones de trabajo.

Artime: cláusulas sociales y laborales, “imprescindibles”

La clausura institucional elevó el debate a mensaje político. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, defendió que incorporar cláusulas sociales y laborales es “imprescindible” para alcanzar una sostenibilidad integral y remarcó que garantizar condiciones justas, remuneración adecuada, protección social y seguridad en la mar no es solo una obligación ética, sino un requisito para que la industria sea verdaderamente sostenible.

Artime vinculó además el papel de España en organismos internacionales con una dimensión estratégica: proyectar estándares altos de control, sostenibilidad y seguridad alimentaria allí donde opera la flota. Un argumento que encaja con el objetivo de OPAGAC: convertir el cumplimiento verificable en un activo exportable.

Lo que deja el acto: del “pagaría más” al “entiendo y exijo”

La jornada de OPAGAC deja una conclusión útil para toda la cadena: la disposición declarada del consumidor existe, pero necesita traducción práctica. Entre el “pagaría más por pescado no esclavista” y el acto de compra se abre un espacio enorme para la información, la trazabilidad comprensible y las certificaciones con músculo social.

La apuesta de Hands for the Oceans es, en el fondo, un intento de reordenar el relato: que la sostenibilidad no se mida solo en biomasa o emisiones, sino también en derechos, dignidad y condiciones reales de trabajo. Y que esa sostenibilidad, para ser completa, tenga que poder demostrarse.

El taller sectorial del proyecto RED ECOMAR Cádiz refuerza el diálogo entre profesionales, comunidad científica y administraciones

El encuentro ha reunido a profesionales del sector pesquero, comunidad científica y representantes de distintas administraciones públicas con el objetivo de generar un espacio de diálogo y análisis sobre la situación actual de esta modalidad, así como sobre sus principales retos sociales, económicos y medioambientales.

A lo largo de la jornada, los participantes analizaron el estado de los recursos pesqueros, la adaptación a la normativa vigente, la sostenibilidad de la modalidad de arrastre y los principales desafíos económicos y sociales que afronta la flota del Golfo de Cádiz. Tras la bienvenida institucional, se abrió un espacio participativo en el que los asistentes intercambiaron experiencias y formularon propuestas orientadas a mejorar la comunicación y la transferencia de conocimiento entre sector, comunidad científica y administraciones.

Durante el taller también se presentaron los resultados de encuestas previas realizadas tanto a profesionales del sector como a personal investigador, que evidencian la necesidad de reforzar los canales de participación y avanzar hacia modelos de gobernanza más compartidos y ajustados a la realidad de la actividad pesquera.

La jornada concluyó con la puesta en común de las principales conclusiones y el compromiso de seguir impulsando nuevos espacios de participación en el marco del proyecto RED ECOMAR Cádiz, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad, modernizar la actividad y poner en valor el producto pesquero local del Golfo de Cádiz.

Expirado el protocolo 2020-2026, los cerqueros europeos quedan fuera de cuota en la ZEE seychellense mientras Bruselas y Victoria negocian a contrarreloj una renovación bajo presión social, ambiental y de transparencia.

Seychelles quiere reequilibrar un pacto histórico que, desde finales de los 80, ha garantizado acceso europeo al atún del Índico. Con el protocolo vencido el 23 de febrero de 2026, la actividad bajo ese marco queda suspendida y la negociación se atasca en una cifra: el archipiélago reclama una mejora del retorno económico acorde al valor real del recurso; la UE ofrece un incremento mucho menor. El debate ya no es solo financiero: FADs, condiciones laborales y propiedad real de los buques han colocado el acuerdo bajo los focos.

La relación pesquera entre la Unión Europea y Seychelles atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. El protocolo del Acuerdo de Asociación de Pesca Sostenible (SFPA) que cubría el periodo 24 de febrero de 2020–23 de febrero de 2026 ha expirado y, con ello, el engranaje jurídico que habilitaba el acceso de la flota comunitaria —principalmente atunera— a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país insular ha entrado en “modo espera”. 

La Comisión Europea recuerda que el SFPA se firmó en 2020 con una vigencia de seis años y posibilidad de renovación automática, pero esa continuidad depende, en la práctica, de cerrar un nuevo protocolo operativo (cuotas, contrapartida económica, apoyo sectorial y reglas de control).  En términos industriales, el vacío llega en un punto sensible: Seychelles es un nodo clave del atún del Índico por su papel como base logística y por su ecosistema de transformación, y el vencimiento del pacto amenaza con tensionar cadenas de suministro y planificación de mareas. 

El nudo: cuánto vale realmente el atún de Seychelles

Las negociaciones para un nuevo protocolo están en marcha, pero el principal punto de fricción es la compensación. El Gobierno seychellense plantea que los retornos deben reflejar el valor económico real de lo que en la conversación pública local se denomina “Blue Gold” (oro azul): un activo soberano, intergeneracional y estratégicamente ligado a la seguridad económica del archipiélago. La UE, por su parte, defiende una subida mucho más contenida. La distancia —un 30% frente a un 3% en las posiciones que se manejan en el debate público— se ha convertido en símbolo de un pulso mayor: equidad frente a estabilidad de acceso.

La discusión se alimenta de un dato estructural: el propio diseño del protocolo 2020-2026 contemplaba una contribución financiera anual de la UE vinculada a un tonelaje de referencia y al apoyo a la política pesquera del país socio.  Para Seychelles, esa arquitectura ya no captura el valor actual del recurso ni las externalidades de su explotación (control, seguimiento científico, vigilancia y costes ecológicos). Para Bruselas, una escalada de costes en el “anillo” de acuerdos atuneros del Índico puede tener efecto arrastre.

Política de alto nivel… y termómetro social al alza

En mitad de febrero, el presidente Patrick Herminie recibió a miembros de la Comisión de Pesca (PECH) del Parlamento Europeo para subrayar la importancia estratégica de la renovación y reforzar la interlocución política.  La visita parlamentaria —con agenda de reuniones institucionales y contactos con operadores— ha confirmado que el acuerdo se negocia ya bajo un escrutinio más intenso que en ciclos anteriores. 

Esa vigilancia tiene un componente interno evidente: en Seychelles crece una conversación pública más exigente, con críticas abiertas al modo en que anteriores gobiernos gestionaron el reparto de beneficios y la percepción de “asimetría” frente a los intereses comunitarios. El estancamiento posterior a la expiración del 23-F ha amplificado el debate. 

FADs, juveniles y reputación: la sostenibilidad ya no es un pie de página

La renovación se complica, además, por el frente ambiental. La flota europea se enfrenta a críticas recurrentes por el impacto de los dispositivos de concentración de peces (FADs), asociados por ONG y parte de la opinión pública a una mayor captura accidental y a la concentración de juveniles de atún, con implicaciones para el estado del stock y para la narrativa de sostenibilidad.

Aunque el SFPA incorpora capítulos de cooperación y medidas técnicas, el listón reputacional se ha elevado: ya no basta con “cumplir el protocolo”, sino con convencer de que el modelo reduce de forma verificable impactos y mejora el control. En la UE, además, el debate sobre la “nueva generación” de SFPAs empuja hacia más transparencia y condicionalidad. 

La cuestión más sensible: ¿quién está detrás de los barcos?

A esta ecuación se suma un elemento explosivo: la propiedad real (beneficial ownership) de parte de la flota. En el debate local ha cobrado fuerza la sospecha de que algunos cerqueros con bandera de Seychelles tendrían como beneficiarios finales a compañías europeas que, a su vez, operan buques con pabellón comunitario, lo que abre dudas sobre transparencia, equidad y beneficio nacional efectivo.

El asunto resulta especialmente delicado porque Seychelles ha avanzado en marcos de registro obligatorio de beneficiario final. Informes vinculados a iniciativas de transparencia en el país señalan que desde 2020 se han aprobado normas y regulaciones para el registro de beneficial ownership.  En la práctica, esta discusión trasciende el SFPA: apunta al corazón de cómo se captura valor en las pesquerías altamente globalizadas, donde el pabellón no siempre explica el control económico.

¿Qué escenarios se abren?

Con el protocolo expirado, la presión se concentra en cerrar un texto que permita retomar la operativa con un marco claro. A corto plazo, el coste del “impasse” lo pagan la planificación de la flota y la cadena industrial; a medio plazo, la negociación puede sentar precedente sobre cómo se revalorizan los recursos en países socios con más capacidad política y social para exigir retornos.

Para Europa, el expediente Seychelles se ha convertido en algo más que un acuerdo atunero: es una prueba de estrés de su política de partenariados en el Índico en un momento en que la sostenibilidad se mide por indicadores, la legitimidad se disputa en redes sociales y la transparencia deja de ser una cláusula decorativa para convertirse en condición de estabilidad.

Seychelles, por su parte, ha definido su línea roja con un mensaje que conecta con una sensibilidad creciente en los Estados costeros: soberanía, justicia económica y beneficio intergeneracional, sin renunciar a la sostenibilidad. Si el nuevo protocolo quiere durar, necesitará algo más que cifras: deberá ofrecer una narrativa creíble de reparto de valor, control y responsabilidad ambiental.