Las nuevas restricciones impuestas a la flota que faena en Gran Sol para reducir las capturas accidentales de delfines han encendido las alarmas en el sector pesquero vasco. Desde Ondarroa, el gerente de la Organización de Productores de Pesca de Ondarroa (OPPAO), Mikel Ortiz, lanza un mensaje claro: las medidas suponen “un castigo desproporcionado” para los barcos y sus tripulaciones, mientras que la relación entre la pesca y los varamientos de cetáceos “no está científicamente demostrada”.
El dirigente pesquero considera que las administraciones están exigiendo a la flota un esfuerzo económico “muy por encima” de su capacidad de resistencia, sin ofrecer un colchón suficiente para amortiguar el golpe en empresas que ya operan con márgenes estrechos.
Revisión de modelos y equilibrio entre conservación y empleo
Las declaraciones de Ortiz se producen en un contexto en el que el sector reclama una revisión de los modelos científicos que se han utilizado para estimar las capturas accidentales de cetáceos y fijar las medidas de emergencia en vigor. Desde distintas organizaciones se insiste en que, con los nuevos datos de observación y monitoreo a bordo, las cifras iniciales de mortalidad de delfines podrían estar sobreestimadas, y se pide ajustar los umbrales de mortalidad aceptable a la realidad actual.
La OPPAO y otras entidades del noroeste defienden que es posible compatibilizar la conservación de los cetáceos con la continuidad de la actividad pesquera. Para ello, plantean reforzar sistemas de monitorización electrónica, observadores a bordo y protocolos de liberación de animales, pero evitando cierres “automáticos” que, en su opinión, trasladan todo el peso del problema a la flota sin garantías de que vayan a resolverlo.
La flota española que faena en Gran Sol volverá a vivir un invierno marcado por las restricciones para proteger a los cetáceos. Por tercer año consecutivo, los barcos que operan en aguas del Atlántico nororiental deberán respetar una veda de un mes pensada para reducir las capturas accidentales de delfines y otros mamíferos marinos, en línea con las medidas de emergencia adoptadas por la Comisión Europea.
Según confirma Mikel Ortiz, gerente de la Organización de Productores de Ondarroa (OPPAO), el llamado plan cetáceos abarca los años 2024, 2025 y 2026 y mantiene en vigor la prohibición de pescar del 22 de enero al 20 de febrero en determinadas zonas, una veda que afecta de lleno a la flota de Gran Sol en aguas francesas.
“No está demostrado que sean los barcos pesqueros los causantes del varamiento de delfines”, subraya Ortiz, que reclama prudencia a la hora de señalar al sector como principal responsable de un fenómeno complejo, en el que también intervienen otros factores ambientales y antrópicos.
“Nunca ha habido tanto delfín en nuestras aguas”
El responsable de la OPPAO pone el foco en el estado de la población de delfines en el Atlántico nororiental y en el Cantábrico, muy alejado —según sostiene— de una situación de amenaza.
“El delfín no es una especie en riesgo de extinción ni mucho menos. De hecho, es una de las especies que presenta mayor abundancia de biomasa. Nunca se ha conocido tanto exceso de delfín en nuestras aguas; hay tanto delfín en el mar como jabalí en tierra”, afirma.
Con esta comparación, Ortiz trata de contrarrestar la percepción de que la especie se encontraría al borde del colapso y cuestiona que se impongan cierres recurrentes de zonas de pesca con el argumento de proteger una población que, a su juicio, “goza de muy buena salud”.
Menos merluza local, más pescado importado
El gerente de la OPPAO advierte también de las consecuencias que estas vedas pueden tener sobre el consumo de pescado fresco de proximidad, especialmente en especies como la merluza capturada por la flota de la cornisa cantábrica.
“Lo que sí es un hecho es que estamos privando a las familias de menos merluza de aquí, de nuestras aguas”, señala.
“Esa merluza se está sustituyendo por otras proteínas menos saludables o por pescado congelado de importación, posiblemente capturado en condiciones menos sostenibles”.
Según Ortiz, el efecto final puede ser paradójico: se reduce la oferta de pescado local, bien gestionado y con controles estrictos, mientras se abre más espacio en el mercado a productos procedentes de flotas y caladeros donde las garantías ambientales y laborales son, como mínimo, más difíciles de verificar.
Pescadores en tierra y ayudas insuficientes
Otro de los puntos que más preocupa en Ondarroa es el impacto directo sobre el empleo y la viabilidad de las empresas armadoras afectadas por el cierre temporal de la pesquería.
Mientras las instituciones europeas y estatales avanzan en la revisión de estos planes de acción, las palabras de Mikel Ortiz ponen voz al malestar de una parte del sector: una flota que se siente señalada como culpable, que ve cómo se restringe su acceso a caladeros históricos y que reclama que, en el equilibrio entre delfines y puestos de trabajo, la balanza no se incline siempre del mismo lado.Pensamiento ampliado
“Estas medidas dejan a unos 30 pescadores en tierra sin trabajar durante un mes, y a la empresa armadora sin ingresos, pero con la obligación de seguir pagando la seguridad social y las nóminas de los trabajadores”, denuncia Ortiz.
A ese desequilibrio entre obligaciones y facturación se suma, según el gerente de la OPPAO, el déficit de las ayudas públicas:
“Las ayudas prometidas no cubren ni el 30 % de las pérdidas reales y, para más inri, los trabajadores aún no han cobrado las ayudas del cierre de 2024”, lamenta.
Mientras las instituciones europeas y estatales avanzan en la revisión de estos planes de acción, las palabras de Mikel Ortiz ponen voz al malestar de una parte del sector: una flota que se siente señalada como culpable, que ve cómo se restringe su acceso a caladeros históricos y que reclama que, en el equilibrio entre delfines y puestos de trabajo, la balanza no se incline siempre del mismo lado.Pensamiento ampliado
El noroeste español evita un cierre generalizado a cambio de más cámaras y observadores, mientras el sector pide revisar los cálculos de mortalidad de delfines en el golfo de Vizcaya.
Veda en Francia y más control para el noroeste español
En concreto, ningún barco de más de ocho metros podrá pescar en las aguas jurisdiccionales francesas del Atlántico —subzonas 8a, 8b, 8c y 8d— con una serie de artes consideradas de mayor riesgo para los cetáceos:
- arrastre pelágico,
- arrastre de fondo en pareja,
- cerco con jareta,
- enmalle de fondo,
- trasmallos.
Para el noroeste español (Cantábrico y fachada atlántica gallega), la situación es diferente. El área se libra de una veda generalizada como la francesa, pero lo hace a cambio de aceptar un refuerzo sustancial de los controles sobre la actividad de las flotas que utilizan redes de enmalle, tanto en caladeros nacionales como comunitarios.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trasladó estas medidas a los representantes del sector el pasado 24 de noviembre, explicando que responden a una recomendación conjunta del Grupo de Alto Nivel de Aguas Suroccidentales, en el que participan España, Portugal, Francia, Países Bajos y Bélgica.
Más cámaras y observadores a bordo
El elemento central de este “trueque” regulatorio es la intensificación del monitoreo electrónico y de la presencia de observadores humanos a bordo. Entre enero y marzo se incrementará en un 7 % el control sobre los barcos que pescan con redes de enmalle, tanto en la costa como en Gran Sol.
Ese control se realizará de dos maneras:
- mediante cámaras de vídeo a bordo que graban las zonas por las que entra y sale el pescado (sistemas de monitoreo electrónico),
- o mediante observadores embarcados, que documentan las capturas, incluidas las accidentales de cetáceos.
En caladeros nacionales, entre Fisterra y la frontera con Francia, esta vigilancia reforzada será obligatoria para:
- la volanta,
- el rasco,
- y las artes menores de enmalle.
En aguas comunitarias, la obligación se centrará en la volanta. El objetivo declarado es obtener datos mucho más precisos sobre cuándo, dónde y en qué condiciones quedan atrapados delfines en los aparejos, y ajustar en consecuencia las medidas de gestión.
Además, a lo largo del año, los pescadores deberán declarar de forma sistemática las interacciones con cetáceos: localización, arte de pesca utilizado, circunstancias del incidente y resultado final (liberación, muerte, etc.).
Opciones para los armadores: desplazarse o amarrar
La veda invernal en aguas francesas obliga a la flota de Gran Sol a reorganizar sus campañas. Los armadores disponen básicamente de dos opciones:
- Trasladar su esfuerzo pesquero a otros caladeros, siempre que la normativa y las cuotas lo permitan.
- Amarrar los barcos durante el periodo de prohibición.
En este último caso, los buques de bandera o capital español que operen bajo pabellón de países como Francia podrán acceder a ayudas para compensar el paro forzoso, en función de los esquemas de apoyo que aprueben las autoridades correspondientes.
Desde el sector se insiste en el coste económico que supone concentrar la veda en un mes clave de la campaña, pero también se subraya que el mantenimiento de la medida por tercer invierno consecutivo ofrece al menos cierta previsibilidad, frente a la incertidumbre de las primeras decisiones de emergencia.
Más datos, menos muertes estimadas
Mientras se aplican las restricciones, el debate científico y político sobre su diseño continúa abierto. El Consejo Consultivo de Aguas del Sur (CC-Sur) prepara un informe en el que pide a la Comisión Europea que encargue al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y al Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC) una revisión de los dictámenes que sirvieron de base para las medidas de emergencia hoy en vigor.
La petición se apoya en varios argumentos:
- En estos tres años se ha generado mucha más información sobre la abundancia de cetáceos y sobre las capturas accidentales, gracias a campañas específicas y programas de observación.
- Se han actualizado los modelos de evaluación, y el nuevo método de cálculo rebaja en torno a un 23 % las estimaciones de muertes por pesca accidental.
Para el sector, este cambio de escenario científico justifica una revisión de los umbrales de extracción biológica potencial (PBR), es decir, de los límites de mortalidad aceptables para garantizar la conservación de las poblaciones de delfines sin bloquear innecesariamente la actividad pesquera.
Gestionar por ecorregiones y mirar al cerco pelágico
El CC-Sur también plantea que el futuro análisis se realice por ecorregiones, diferenciando de forma clara:
- la zona 8 (Cantábrico),
- y la 9a (golfo de Cádiz).
La idea es adaptar mejor las medidas a la realidad de cada área, en lugar de aplicar soluciones uniformes para todo el golfo de Vizcaya y aguas ibéricas. De igual modo, el Consejo reclama que se preste atención específica a las redes de cerco pelágicas, un arte con un comportamiento diferente en cuanto a interacciones con cetáceos.
Las organizaciones del sector se muestran convencidas de que es posible encontrar un equilibrio entre:
- la preservación efectiva de los delfines,
- y la viabilidad socioeconómica de las flotas que dependen de estos caladeros.
Entre la presión ambiental y la supervivencia económica
La continuidad de la veda de un mes para la flota de Gran Sol ilustra la tensión creciente entre las exigencias de conservación de la fauna marina y la necesidad de mantener la actividad pesquera en zonas históricas de trabajo para la flota vasca, gallega y asturiana.
Por un lado, las instituciones europeas y estatales se ven presionadas por la opinión pública y por organizaciones ambientalistas para reducir al mínimo las capturas accidentales de cetáceos en el Atlántico nororiental. Por otro, los armadores alertan de que encadenar cierres y restricciones sin ajustar los modelos a los nuevos datos puede lastrar la competitividad de las flotas del noroeste, empujar a algunas empresas al límite y desplazar el esfuerzo a otras zonas menos controladas.
En este contexto, el refuerzo de la monitorización electrónica y de los observadores a bordo se convierte en una pieza clave: más allá de la vigilancia, aporta la materia prima imprescindible para recalibrar las medidas en el futuro inmediato.
A corto plazo, la realidad es clara: en el invierno de 2026, la flota de Gran Sol seguirá obligada a parar un mes en aguas francesas por los cetáceos, mientras el noroeste español intenta demostrar, con cámaras, observadores y declaraciones detalladas, que es posible proteger a los delfines sin condenar a la flota que vive de esas mismas aguas.
