La Dirección General de Pesca responde a los Consejos Consultivos del Noroeste, Pelágico y Mar del Norte y asegura que incorporó sus aportaciones en los actos delegados y de ejecución aprobados antes de la entrada en vigor de enero de 2026
La Comisión Europea ha contestado, con retraso pero con tono conciliador, a la carta remitida el 23 de mayo de 2025 por tres de los principales Consejos Consultivos (ACs) —NWWAC, PelAC y NSAC— sobre la aplicación del Reglamento de Control de la Pesca revisado. En la misiva, firmada por Charlina Vitcheca, Bruselas agradece el “compromiso sostenido” del sector, pide disculpas por la demora y subraya que las recomendaciones trasladadas por los ACs “fueron debidamente tenidas en cuenta” en la preparación de los actos de ejecución y delegados ya adoptados y publicados, con la vista puesta en la entrada en vigor de determinadas obligaciones en enero de 2026.
El intercambio no es menor: los ACs habían trasladado a la Comisión un diagnóstico muy amplio tras un taller conjunto celebrado el 5 de febrero de 2025, que reunió a varios consejos consultivos (del Báltico, Mediterráneo, Larga Distancia, Regiones Ultraperiféricas y Aguas Sudoccidentales, además de los tres firmantes). El objetivo era despejar dudas de interpretación y, sobre todo, anticipar problemas prácticos en la implantación de medidas clave previstas para 2026 y 2028.
En su respuesta, la Comisión reivindica precisamente ese taller como prueba de que el enfoque colaborativo “funciona” y se muestra dispuesta a participar en una segunda sesión si los ACs vuelven a convocarla. Pero, al mismo tiempo, deja claro que algunos de los grandes anhelos del sector no dependen directamente de la DG MARE. Un ejemplo simbólico: la petición de publicar una versión consolidada del reglamento revisado —con todas las modificaciones integradas— para facilitar la seguridad jurídica a pescadores, operadores y administraciones.
Sobre ese punto, Bruselas comparte el interés por la “claridad y accesibilidad” del texto, pero recuerda que la elaboración de consolidados corresponde a la Secretaría del Consejo y a la Oficina de Publicaciones, y que la “próxima actualización” se espera en 2026, una vez entren en vigor las disposiciones pendientes. Es decir: la herramienta que el sector reclama para navegar el nuevo marco normativo seguirá sin estar plenamente disponible, al menos, hasta que el calendario comunitario lo permita.
Once frentes técnicos que marcan el pulso de la reforma
La carta conjunta de NWWAC, PelAC y NSAC no se limitaba a una queja genérica: ordenaba las dudas por capítulos y ponía el foco en un riesgo central para la competitividad: que el reglamento, en lugar de armonizar, acabe creando un mosaico de interpretaciones nacionales. Entre los asuntos destacados figura el REM (Remote Electronic Monitoring), el control con cámaras y sensores para vigilar el cumplimiento de la obligación de desembarque. Los ACs piden que la definición de “alto riesgo de incumplimiento” se realice con criterios homogéneos —idealmente con un papel claro de la Comisión y de la EFCA— para evitar que cada Estado miembro aplique el listón a su manera.
En el mismo paquete aparece la carga operativa de los diarios electrónicos. Los consejos consultivos alertan de que la obligación de completar el cuaderno por cada operación de pesca puede disparar el número de registros diarios en artes con alta rotación, elevando tiempos, errores y riesgos de seguridad a bordo (especialmente con mala mar). La receta que proponen es simple: ajustes estandarizados, simplificación y protocolos armonizados en toda la UE.
El reglamento también baja al detalle del segmento más sensible: la pesca artesanal. Los ACs expresan preocupación por el coste y el tamaño de los dispositivos de seguimiento para embarcaciones pequeñas y piden que la trazabilidad y el control se adapten a tipo de arte, pesquería y zona, evitando imponer un modelo único. Aquí, reconocen que la Comisión trabaja en un sistema de seguimiento simplificado, pero insisten en que debe diseñarse con el sector para que sea usable, accesible y no se convierta en otro “peaje” tecnológico.
Otro foco de fricción es el régimen de infracciones graves y el equilibrio entre disuasión y proporcionalidad. El sector reclama que no se sancione con dureza por errores administrativos menores o situaciones de fuerza mayor, defendiendo un enfoque basado en riesgo que preserve la cooperación y la cultura de cumplimiento. En paralelo, la carta entra en un terreno especialmente delicado: los protocolos de desembarque y pesaje. Se pide estandarización real entre Estados miembros y, a la vez, flexibilidad “debidamente justificada” para especies y circunstancias donde el pesaje puede comprometer la cadena de frío o encarecer de forma desproporcionada la operativa.
La Margen de Tolerancia (MoT) aparece como uno de los puntos más calientes. Los ACs describen la dificultad de aplicar muestreos representativos en grandes capturas de pequeños pelágicos sin clasificar, donde detectar pequeñas proporciones de especies acompañantes puede ser literalmente “buscar una aguja en un pajar”. El temor es doble: errores inherentes al muestreo que deriven en incumplimientos y que esos incumplimientos se clasifiquen como infracción grave, con consecuencias administrativas o incluso penales en algunos países.
También se cuestiona la implantación del control de potencia de motor mediante dispositivos tipo “caja negra”: quién paga, cómo se almacenan los datos, cómo se distingue navegación de pesca, qué significa “potencia real” frente a “capacidad máxima” y, sobre todo, cómo se gestiona el mantenimiento cuando cualquier ajuste puede requerir recertificación, con semanas de parada técnica. Los ACs piden un marco técnico claro para proveedores y operadores antes de que la medida eche a andar.
Y, por debajo de todo, late una pregunta que no es técnica sino financiera: ¿quién financia la transición? En su carta, los consejos consultivos piden un uso más homogéneo y accesible del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA/EMFAF) para sufragar equipos y obligaciones de control, reducir burocracia y evitar desigualdades entre Estados. Aportan incluso una estimación orientativa: instalar REM en un buque de 56 metros podría rondar 19.000 euros (sin sensores) más unos 1.500 euros anuales de costes de datos, cifras que se disparan en buques antiguos sin preinstalación.
La lista se completa con dos capítulos que afectan de lleno al día a día: la estiba separada de capturas demersales por stock (artículo 44), considerada poco práctica cuando la lista de stocks bajo planes plurianuales es amplia, y la trazabilidad digital a lo largo de la cadena, donde el sector denuncia incertidumbre sobre requisitos concretos y teme que cada país defina “lo suficiente” a su manera, generando distorsiones y problemas en mercados de exportación.
Qué responde la Comisión y qué queda por despejar
En su contestación, Bruselas evita entrar al detalle de cada punto —no resuelve uno por uno los interrogantes—, pero sí envía dos mensajes políticos: primero, que las aportaciones del sector se han incorporado en los actos adoptados antes de enero de 2026; y segundo, que la Comisión quiere mantener el canal abierto y está dispuesta a volver a sentarse en un nuevo taller. Para la flota y la industria, esa apertura es relevante, pero no sustituye a lo que se reclama desde hace meses: certeza operativa, armonización real y un calendario de implantación compatible con la capacidad técnica del mercado y con la economía de las empresas.
En el fondo, la reforma del control no se discute por su objetivo —más trazabilidad, más coherencia, más garantías frente a la competencia desleal—, sino por su ejecución. Y la ejecución, como muestran las cartas cruzadas, se juega en una frontera delicada: imponer lo necesario para que el sistema sea creíble sin convertirlo en una jungla de obligaciones que acabe golpeando a los operadores europeos… y dejando intactas las asimetrías con terceros países.
Para la pesca española, con una flota heterogénea y una cadena comercial extensa, el resultado de este pulso europeo tendrá traducción inmediata: costes, procedimientos, sanciones, digitalización y acceso a ayudas. La Comisión asegura que “toma nota”; el sector pide que esa nota se convierta en reglas claras, homogéneas y aplicables en cubierta, en lonja y en mercado.
