La pesca de cercp gala — costera que en Bretaña se asocia históricamente a la sardina— ha vivido en 2025 un giro de guion respecto a la mala campaña anterior. El balance del año deja un aumento superior al 50% de la producción, un alivio para una flota pequeña y muy especializada. Pero el mismo balance esconde una fragilidad creciente: la dependencia casi total de la sardina en un contexto de restricciones y de encaje regulatorio cada vez más estrecho.
Según cifras del propio sector bretón, la actividad se ha recuperado hasta situarse en torno a 16.500 toneladas, frente a las aproximadamente 10.000 toneladas de la campaña previa. En total operan 22 pesqueros en esta pesquería (la mayoría vinculados a la organización Les Pêcheurs de Bretagne y un pequeño número en Aquitania), y la sardina concentra el grueso de los desembarques: en el caso de los bolincheurs inscritos en Pêcheurs de Bretagne, representa el 96%.
La mejora no es solo de volumen. También lo ha sido de producto y de mercado: el año se ha caracterizado por una sardina “bien armada”, con tallas comerciales regulares —del orden de 24 a 28 sardinas por kilo, lo que suele traducirse en mejores rendimientos para la primera venta— y un precio medio que ha avanzado respecto a 2024, acercándose a los 0,81 €/kg (frente a unos 0,77 €/kg el año anterior), de acuerdo con las cifras difundidas en Francia.
Un rebote con letra pequeña: “monoespecie” por obligación
El problema es que el repunte llega acompañado de una señal de alarma: la pesca de cerco francesa se está convirtiendo, de facto, en una pesquería monoespecífica, con menos margen para compensar una mala temporada recurriendo a otras capturas pelágicas. El fenómeno se explica por una combinación de factores regulatorios y ambientales.
Por un lado, la campaña está fuertemente encuadrada. En 2025, por ejemplo, la regulación regional en Bretaña fija un tope diario de desembarque de sardina de 20 toneladas por buque y por día (incluida la venta directa), y en el perímetro del Parque Natural Marino de Iroise introduce referencias de estabilización histórica. Por otro, el acceso a la actividad está ligado a un sistema de licencias y a una organización temporal precisa de la pesquería, según prefectures-regions.gouv.fr
A ello se suma un elemento que ha marcado el calendario en el golfo de Vizcaya: la presión regulatoria vinculada a la protección de pequeños cetáceos, con decisiones que han afectado al perímetro de artes pelágicas y a la planificación de las salidas. Una decisión citada por el propio marco normativo regional recuerda el impacto del pronunciamiento del Conseil d’État sobre la inclusión de las “sennes pélagiques” en la prohibición temporal de pesca para proteger delfines comunes en el golfo de Vizcaya, indica bretagne-peches.org
Más volumen, más riesgo si falla la sardina
La conclusión es clara en los puertos: 2025 ha sido mejor, sí, pero la estructura productiva queda más expuesta. Si la sardina vuelve a fallar —por disponibilidad biológica, por distribución del recurso o por mercado—, a los pesqueros les queda menos “colchón” de alternativas. La recuperación de este año, por tanto, funciona como buena noticia inmediata y como recordatorio estratégico: una flota pequeña, con costes fijos y tripulaciones estables, necesita diversidad o mecanismos de resiliencia para no depender de un único pez.
En el corto plazo, el sector celebra haber salvado la campaña y haber recuperado actividad. En el medio, el debate ya está sobre la mesa en Bretaña: cómo sostener la rentabilidad de una pesquería tradicional cuando el marco de capturas y el contexto ambiental empujan hacia la especialización extrema. Y en esa ecuación, la sardina —este año salvavidas— es también el punto más vulnerable.
Reino Unido, Noruega, Islandia y las Islas Feroe pactaron un TAC de 299.010 toneladas para 2026, un 72% más que lo recomendado por el ICES; la Comisión Europea alerta de “riesgo” para el stock y el sector francés pide sanciones
La llamada “guerra de la caballa” en el Atlántico nordeste vuelve a tensar la gobernanza pesquera europea. El Reino Unido, Noruega, Islandia y las Islas Feroe cerraron el 15 de diciembre de 2025 un acuerdo de reparto y nivel de capturas para la caballa del Atlántico nordeste (maquereau), fijando un total admisible de capturas (TAC) de 299.010 toneladas para 2026. La cifra, sin embargo, se sitúa muy por encima del umbral aconsejado por la ciencia: el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES/CIEM) recomendó que las capturas no superen 174.357 toneladas en 2026 bajo el enfoque de rendimiento máximo sostenible.
El choque no es solo numérico, sino político. La Comisión Europea denunció que el acuerdo se firmó sin consulta previa con la UE y advirtió de que el stock ya está en una situación “insostenible” por años de sobrepesca. Bruselas subraya que el TAC pactado por los cuatro países es un 72% superior a la recomendación científica y, por tanto, agrava el problema de fondo: la explotación acumulada por encima de la ciencia.
Además, la Comisión introdujo un elemento especialmente sensible: el efecto combinado de capturas de otros actores. Según su comunicado, en años recientes Rusia habría superado las 100.000 toneladas anuales, y con el nuevo escenario la presión global sobre el stock en 2026 podría rebasar las 400.000 toneladas, muy lejos de lo recomendado. Bruselas anunció que pedirá aclaraciones, evaluará la compatibilidad del acuerdo con el derecho internacional y con el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido, y urgió a reconsiderar la decisión.
En Francia, la reacción fue aún más dura. El Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) calificó el pacto de “inadmisible” y denunció una “doble pena” para los pescadores europeos: por un lado, se les exige ajustarse a reglas y dictámenes científicos; por otro, compiten con producto procedente —según su denuncia— de prácticas no sostenibles que podrían seguir entrando en el mercado comunitario. El organismo reclama a la Comisión medidas firmes: sanciones a los Estados que incumplen la ciencia, medidas de reparación tras años de sobrepesca y posibles sanciones comerciales, incluida la limitación o prohibición de importaciones ligadas a esa sobreexplotación.
El conflicto tiene, además, una dimensión explícita de “reparto”. Medios especializados señalan que el acuerdo asigna, en términos iniciales, cuotas destacadas a los firmantes —con porcentajes en torno al 28,24% para Noruega, 25,36% para el Reino Unido, 13,35% para Feroe y 12,5% para Islandia—, lo que deja a la UE fuera del marco firmado y abre un nuevo pulso sobre derechos históricos y equilibrios económicos. En la misma línea, la patronal comunitaria Europêche sostiene que el pacto “formaliza” un terreno de juego desigual, reclama que la UE use su peso como principal mercado de destino y no descarta medidas comerciales si no se corrige la dinámica.
Los cuatro firmantes, por su parte, defienden el acuerdo como un paso de cooperación. Desde Escocia —donde la caballa es un recurso clave— el Gobierno escocés presentó el arreglo como una reducción “medible” de la presión pesquera y como un paso hacia un acuerdo más amplio, con límites al “banking and borrowing” y con la idea de pedir al ICES una estrategia de gestión a largo plazo. Y desde Noruega se ha insistido públicamente en que el objetivo final debería ser un acuerdo que también incluya a la UE y Groenlandia, ausentes en el pacto actual, un punto que también subraya el CNPMEM.
En el trasfondo está el diagnóstico científico y de sostenibilidad: organizaciones como el Marine Stewardship Council (MSC) han advertido de que el desajuste entre cuotas unilaterales y recomendación científica se arrastra desde hace años y que no respetar el recorte recomendado reduce las probabilidades de recuperación del stock.
El resultado inmediato es un nuevo episodio de confrontación en una pesquería compartida donde la ciencia marca un techo, pero la política —y el reparto— vuelve a empujar hacia arriba. Con la caballa en el centro del mapa, Bruselas se enfrenta ahora a una disyuntiva incómoda: defender el dictamen científico y la equidad competitiva sin romper los puentes de una negociación costera que, en la práctica, lleva años sin cerrarse del todo.
