Un estudio internacional revela avances en legitimidad y participación, aunque persisten desigualdades de capacidad y dudas sobre qué se hace con los consejos del sector

La Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea lleva más de dos décadas intentando resolver una paradoja: decisiones cada vez más técnicas y complejas, pero con una demanda social creciente de participación, transparencia y eficacia. La gran apuesta para acercar el gobierno de la pesca a la realidad de cada mar fue la regionalización: un modelo que, desde la reforma de 2002 y especialmente tras la de 2013, busca que las medidas se diseñen de forma más “a medida” por cuencas marinas y con más interlocución directa con el sector. Un nuevo trabajo académico, publicado en Maritime Studies, pone números y voces a esa promesa y concluye que el camino ha servido para mejorar la legitimidad interna del proceso… pero también ha dejado al descubierto fricciones estructurales que condicionan su credibilidad.

El artículo —firmado por Marloes Kraan, Sara Vandamme, Laura Lemey, Else Giesbers, Chris ten Napel, Noémi Van Bogaert, Martin Aranda, Nathalie A. Steins y Stephen C. Mangi— analiza cómo perciben la regionalización los actores que la viven por dentro: Consejos Consultivos (Advisory Councils, ACs), grupos de Estados miembros (Member States Groups, MSGs) y representantes de la Comisión Europea. 

Un marco que “funciona” sobre el papel, pero depende de su aplicación

La PPC, vigente desde 1983, se reformó varias veces (1992, 2002 y 2013) con un objetivo recurrente: corregir fallos de un sistema criticado por su enfoque demasiado centralizado y por producir medidas “de talla única” para realidades muy distintas. La reforma de 2002 introdujo la regionalización mediante los entonces Consejos Consultivos Regionales (RACs), hoy ACs, como espacios de cooperación donde el sector y otros grupos afectados pudieran influir en la toma de decisiones. 

En 2013, la regionalización dio un paso más: nacieron los MSGs, grupos de Estados con interés directo en una zona o pesquería que elaboran recomendaciones conjuntas y deben consultar a los ACs antes de elevar propuestas a Bruselas. El objetivo, según el estudio, era claro: reducir la “microgestión” desde la capital comunitaria y favorecer decisiones más pragmáticas y ajustadas a cada cuenca. 

Cómo se investigó: entrevistas, encuesta y grupos focales

Para medir el estado real del modelo, los autores aplican una metodología mixta basada en dos investigaciones realizadas en 2021: un estudio encargado por la Comisión (a través de CINEA) y un trabajo adicional ligado a un máster. El equipo combinó revisión documental, análisis de redes, entrevistas, encuesta online multilingüe y grupos focales. 

En cifras, el estudio recogió 36 entrevistas, 119 respuestas a la encuesta y tres grupos focales con perfiles diferenciados (miembros de ACs con trayectoria, representantes de MSGs/Comisión y equipos directivos de ACs). 

La pregunta clave: ¿ha ganado legitimidad la política pesquera?

El análisis se centra en la legitimidad interna: si quienes participan perciben el proceso como justo y funcional. Para ello, los autores separan dos dimensiones:

• Legitimidad de entrada (input): quién participa, accesibilidad e inclusividad.
• Legitimidad de proceso (throughput): calidad del “cómo”: representación, transparencia y rendición de cuentas. 

En conjunto, el veredicto es matizado: la regionalización se considera necesaria y ha cumplido “en parte” lo que prometía, pero con diferencias claras según el rol de cada actor. 

Lo que sí ha mejorado: acceso y espacios de diálogo

Una de las conclusiones más contundentes es que los ACs han abierto un canal estable para que una diversidad de actores tenga acceso directo al proceso de decisión. En palabras del artículo, los ACs han funcionado como “organizaciones frontera”: espacios donde se construye consenso, se media, se comparte información, se desarrolla capacidad y se co-produce conocimiento, algo especialmente relevante en un contexto de problemas “retorcidos” (wicked problems) asociados a la economía azul y al cambio climático. 

Ese es, de hecho, uno de los grandes logros prácticos: sentar en una misma mesa a flotas, transformadores, comercialización y otros grupos de interés (ONG ambientales, consumidores o pesca recreativa) para discutir medidas que, de otra forma, nacerían en circuitos más cerrados. 

El talón de Aquiles: capacidad desigual y plazos “imposibles”

Pero el estudio también subraya que el acceso no garantiza influencia. Muchos participantes describen un problema repetido: falta de tiempo, recursos y apoyo técnico para participar de forma efectiva. Los ACs, señalan los autores, a menudo reciben solicitudes de opinión con poco margen, lo que dificulta leer documentos, coordinar posiciones internas y asistir a grupos de trabajo. 

Además, hay una desigualdad de capacidades que pesa en el debate: algunos representantes de “otros grupos de interés” suelen contar con perfiles científicos, mientras que parte de las delegaciones de pesca no, lo que puede influir en discusiones técnicas. El acceso a expertos externos es posible, pero depende del presupuesto disponible. 

Representación: el 60/40 que no siempre se cumple

La regionalización quiso garantizar equilibrio: desde 2013, la referencia es que los ACs mantengan una proporción aproximada 60% sector / 40% otros grupos de interés. Sin embargo, el estudio constata que esa división a menudo no se alcanza, con presencia de “otros intereses” por debajo del umbral, lo que alimenta tensiones y hace más difícil atraer nuevos participantes: un círculo vicioso de insatisfacción y desenganche. 

Cuando los asuntos son políticamente sensibles, el consenso tampoco es fácil. Algunos actores consideran que buscar unanimidad puede derivar en recomendaciones “débiles”, basadas en el mínimo común denominador. Otros, incluidos representantes institucionales, sugieren que no siempre es imprescindible un consenso total y que visibilizar disensos puede aportar valor. 

Transparencia y rendición de cuentas: el gran agujero de los MSGs

Donde el estudio es más crítico es en la transparencia y la rendición de cuentas en la relación entre ACs, MSGs y Comisión. Mientras los ACs suelen tener procedimientos claros y publican su trabajo, los autores describen a los MSGs como estructuras con poca visibilidad externa: sin un registro formal completo, con presidencias rotatorias, sin secretarías permanentes y con información limitada sobre su funcionamiento y resultados. 

A ello se suma una queja repetida: para los ACs, no siempre queda claro qué se hace con sus recomendaciones. Esa falta de trazabilidad genera frustración, especialmente cuando los participantes no pueden identificar por qué su consejo no fue considerado o en qué fase se descartó. El propio artículo recuerda que la PPC establece que el asesoramiento de los ACs debe “tenerse en cuenta”, lo que eleva la exigencia de explicación.

El embudo se estrecha aún más en el tramo final: cuando se trabaja sobre actos delegados, los Estados participan en grupos de expertos de la Comisión, pero los ACs no están invitados, lo que refuerza la percepción de “caja negra” en el último metro de la decisión. 

¿Quién está más satisfecho? Los números del desacuerdo

La encuesta revela un contraste llamativo: aproximadamente el 75% de los encuestados de MSGs se declara satisfecho con la regionalización, frente a alrededor del 40% de los miembros de ACs; los equipos de gestión y expertos científicos se mueven en torno a la mitad. Dicho de otro modo: quienes están más cerca de la capacidad de decisión tienden a ver mejor el sistema que quienes aportan asesoramiento. 

La limitación jurídica: el “techo” del Tratado de Lisboa

El estudio introduce además un factor estructural que pesa sobre toda la regionalización: el Tratado de Lisboa mantiene la pesca como competencia exclusiva de la UE, lo que limita la cesión real de poder a niveles regionales. Esa restricción legal alimenta la sensación de que, pese a los mecanismos participativos, el margen decisorio sigue estando acotado, generando “incertidumbre y frustración” en parte de los actores. 

La sombra del lobby: cuando el atajo compite con el consenso

Un elemento especialmente delicado es la percepción de que el lobby por canales paralelos puede desdibujar el espíritu del sistema. Los ACs obligan a negociar y buscar compromisos; el lobby, en cambio, permite defender intereses sin transacción y con más opacidad. Según el artículo, esa dinámica puede desincentivar la inversión de tiempo en el trabajo deliberativo del consejo, sobre todo cuando los recursos son limitados y no se percibe retorno en forma de influencia real. 

Qué proponen los autores: más trazabilidad y más peso para el consejo

El trabajo no plantea abandonar la regionalización; al contrario, la reivindica como un avance institucional que debe fortalecerse. La clave, sostienen, pasa por reforzar justamente lo que hoy falla: orientaciones más claras para la participación de los MSGs, estructuras más visibles, y sobre todo transparencia sistemática sobre cómo se integra —o no— el asesoramiento de los ACs en recomendaciones conjuntas y en actos finales. 

La tesis final es que, ante la presión creciente sobre el mar (competencia espacial, energía, biodiversidad, clima), la UE necesitará decisiones cada vez más difíciles y discutibles. Y para que esas decisiones se acepten, no bastará con ciencia y control: hará falta un proceso legítimo, donde el sector perciba que sentarse a la mesa sirve.

La medida, ya en vigor, abre dudas operativas en los cerqueros: capacidad real, control de temperatura y coste de adaptación

La Unión Europea ha puesto en marcha desde hoy una nueva obligación para el atún destinado a consumo humano directo: deberá congelarse en salmuera a -18ºC en un plazo máximo de 72 horas a bordo de los cerqueros. El cambio normativo, que apunta a reforzar garantías de calidad y seguridad del producto, ha provocado un debate inmediato en el sector.

En la práctica, el punto crítico no es solo la cifra del termómetro, sino el “cómo” y el “cuándo”. En un cerquero, la captura puede concentrarse en pocas maniobras y generar picos de volumen que tensan la cadena de frío. El nuevo umbral de 72 horas obliga a reordenar prioridades: desde la estiba hasta la logística interna (clasificación, manipulación, carga en los tanques de salmuera), pasando por la disponibilidad de energía y el rendimiento real de los sistemas de congelación cuando el barco trabaja a plena capacidad.

Buena parte de los grandes cerqueros modernos ya operan con sistemas de congelación y conservación que incluyen salmuera, pero el grado de preparación no es homogéneo. El requisito comunitario puede convertirse en un filtro técnico para buques con equipos más antiguos o con configuraciones pensadas para otros mercados. Para algunos operadores, el desafío será demostrar el cumplimiento: registrar tiempos, asegurar trazabilidad del lote y disponer de evidencias verificables de temperatura y proceso, especialmente si las inspecciones o auditorías aumentan.

Los expertos consultados por Atuna plantean además una pregunta de fondo: si la exigencia se interpreta de forma estricta, no bastará con “meter el pescado en frío”, sino que habrá que garantizar condiciones de congelación efectivas en un plazo que, en operaciones complejas, puede coincidir con desplazamientos, meteorología adversa o limitaciones mecánicas. En ese escenario, la norma introduce un riesgo económico evidente: si no se llega al estándar, el producto puede quedar fuera del canal previsto o perder valor comercial.

El impacto también puede trasladarse a la relación entre flota, industria y mercados. El atún para consumo directo compite en un segmento donde la calidad, textura y estabilidad determinan el precio final. Congelar antes puede ayudar a mantener parámetros, pero también obliga a ajustar rutinas para no degradar el producto durante las horas posteriores a la captura. La exigencia de salmuera a -18ºC pretende, precisamente, aportar uniformidad, pero su aplicación real dependerá de cada barco, de cada marea y de cada punto de desembarque.

En el plano político, la medida se enmarca en una tendencia más amplia: más requisitos verificables en las cadenas alimentarias que abastecen al mercado europeo. Para las autoridades, el mensaje es claro: el estándar no debe depender de la “buena práctica” voluntaria, sino de una obligación común. Para el sector, en cambio, la discusión se centra en el calendario, la inversión necesaria y la viabilidad operativa en flotas diversas, con realidades técnicas muy distintas.

De aquí en adelante, el termómetro marcará algo más que la temperatura: marcará también la capacidad de adaptación de la flota a un marco regulatorio que pone el foco en procesos medibles. En ese pulso —seguridad alimentaria, trazabilidad y competitividad— se decidirá si la norma se convierte en una mejora asumible o en un nuevo cuello de botella para parte de los cerqueros.

Si me pegas el texto completo del enlace de Atuna (o el extracto donde aparecen los argumentos de los expertos), te preparo una versión más “de periódico” con citas atribuidas, contexto normativo y reacción del sector.

Primer round técnico tras el mandato del Consejo: Sahara Occidental, tarifas y trazabilidad marcan un protocolo clave para 120 barcos

Las dársenas de varios puertos europeos vuelven a mirar hacia el sur con expectación. Este martes 27 de enero de 2026 se ha puesto en marcha en Rabat el primer round técnico de negociación entre la Unión Europea y Marruecos para renovar el protocolo de pesca que permita recuperar el acceso a las aguas atlánticas marroquíes. No se trata solo de un gesto diplomático: el proceso busca devolver certidumbre operativa a más de 120 buques comunitarios que siguen parados desde la expiración del acuerdo anterior.

El desbloqueo político llegó hace apenas una semana. El 20 de enero, el Consejo de la UE otorgó a la Comisión el mandato formal para negociar un nuevo Acuerdo de Partenariado de Pesca Sostenible (SFPA), un paso jurídico imprescindible para salir del impasse que se prolongaba desde hacía casi tres años. En el trasfondo pesa el giro legal provocado por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que en 2024 cuestionaron la validez de los pactos anteriores por las implicaciones vinculadas al Sahara Occidental.

Con el encuentro de Rabat comienza, por tanto, una carrera contra el reloj. La estrategia que se pone sobre la mesa se mueve en un “doble carril”: por un lado, blindar un acuerdo marco con vocación de continuidad; por otro, concretar un protocolo operativo que permita volver a emitir licencias con seguridad jurídica y con reglas alineadas con las nuevas exigencias del derecho internacional.

El nudo de la negociación: dinero, control y sostenibilidad

El diálogo no se prevé sencillo. Marruecos llega con una petición clara: revisar al alza las tarifas de acceso. Rabat argumenta la inflación global y el aumento de los costes de vigilancia marítima para justificar un mayor retorno financiero, en un contexto en el que el protocolo anterior superaba los 100 millones de euros.

La delegación europea, en cambio, pone el acento en la llamada “condicionalidad verde”. Bruselas estaría dispuesta a mantener el esfuerzo económico, pero vinculándolo a criterios estrictos de gestión del recurso y a una trazabilidad total de las capturas. Ese enfoque no solo busca responder a la presión social y normativa sobre la sostenibilidad: también apunta a reforzar el posicionamiento europeo en un tablero geopolítico donde, según se señala, Rusia ha consolidado intereses marítimos en la zona, elevando la competencia y estrechando el margen para las flotas comunitarias.

Qué cambiaría para la flota y la cadena de valor

El protocolo 2026, de cerrarse en los términos planteados, llegaría con novedades estructurales para armadores y operadores:

• Digitalización: seguimiento satelital en tiempo real y diarios electrónicos de nueva generación.
• Etiquetado de origen: mecanismos más robustos para identificar la procedencia del pescado, con modelos ya aplicados en otros sectores.
• Blue Economy: cooperación que iría más allá del acceso al recurso, incluyendo investigación científica y protección de ecosistemas.

El calendario: firma en primavera, licencias en verano

El objetivo de las partes, si el proceso técnico avanza sin sobresaltos, es llegar a la firma del protocolo en primavera. Eso permitiría emitir las primeras licencias para la temporada de verano de 2026, reabriendo el flujo de producto atlántico marroquí hacia los mercados europeos bajo un marco que aspira a ser “indiscutible” en sostenibilidad y legalidad.

En definitiva, Rabat se convierte estos días en el epicentro de una negociación que mezcla pesca, derecho internacional y geopolítica. Para la UE, el reto será recuperar acceso y estabilidad para su flota sin repetir las fragilidades legales del pasado. Para Marruecos, equilibrar mayores compensaciones con un sistema de control y trazabilidad más exigente. Y para el sector, volver a faenar con reglas claras tras años de incertidumbre.