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sábado, marzo 7, 2026
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La Federación Nacional de Cofradías rechazan las subastas de la eólica marina y exigen su suspensión

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«El ICES advierte de que destruirán la investigación pesquera y la ciencia no demuestra que la coexistencia sea posible», señala la NCP, que presenta alegaciones formales basadas en informes científicos y denuncia la ausencia de evaluaciones ambientales previas

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) ha presentado en el día de hoy alegaciones formales contra la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica sobre las bases del primer procedimiento de subastas de instalaciones eólicas marinas en España, reclamando su suspensión inmediata hasta que se completen evaluaciones ambientales rigurosas, independientes y plenamente contrastadas.

En un documento detallado, la organización, que representa a más de 190 cofradías y cerca de 30.000 pescadores, califica este proceso como un «maquillaje democrático destinado a legitimar una decisión ya tomada: subastar los mares sin contar con el sector pesquero».

La FNCP sustenta su rechazo en el último informe del Grupo de Trabajo sobre Energía Eólica Marina y Pesquerías del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), elaborado por 62 expertos de 14 países. Dicho documento científico concluye que «la mayoría de los estudios científicos independientes sobre pesca se verán interrumpidos» por la expansión de la eólica marina, comprometiendo las evaluaciones de los stocks necesarias para una correcta gestión de los recursos pesqueros.

«El propio ICES reconoce que persisten lagunas críticas de evidencia y que la efectividad de las medidas de compensación para los pescadores no está demostrada», señala la FNCP, lo que refuerza la necesidad de aplicar el principio de precaución.

En este sentido, la FNCP denuncia que convocar subastas sin evaluaciones ambientales previas vulnera el principio de precaución recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La experiencia europea demuestra que el empleo estable generado por cada gigavatio de eólica marina es relativamente reducido en fase de operación y mantenimiento, especialmente si se compara con el empleo estructural, territorial y permanente que sostiene la pesca profesional en las zonas afectadas. 

Por todo ello, la FNCP exige la suspensión inmediata de las subastas, la revisión de las Zonas de Alto Potencial para la Eólica Marina (ZAPER) con la participación efectiva del sector pesquero, la creación de Zonas de Uso Prioritario para la Pesca (ZUPER) y el cumplimiento estricto del artículo 130.1 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a proteger, modernizar y desarrollar el sector pesquero, «no a desmantelarlo».

Ferri cruza el Atlántico con dos grúas “made in Galicia” que equipan al nuevo buque multipropósito Magallanes de la Armada de Chile

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ASMAR instala en Talcahuano dos grúas electrohidráulicas de cubierta, una por banda y con capacidad de 20 toneladas, en un programa de dos unidades con botadura prevista para el primer semestre de 2026 y entrega en 2027. 

La construcción naval vuelve a dejar una imagen cada vez más habitual: tecnología española integrada en programas militares y logísticos al otro lado del Atlántico. El astillero público chileno ASMAR (planta de Talcahuano) ha instalado dos grúas electrohidráulicas de cubierta fabricadas por Industrias Ferri (Gondomar, área de Vigo) en el buque multipropósito Magallanes, actualmente en construcción para la Armada de Chile. 

El equipamiento no es menor. Según la información difundida, el Magallanes contará con una grúa por cada banda, con una capacidad de izado de 20 toneladas, ajustada a necesidades operativas específicas de la Armada chilena. En el tipo de plataformas donde conviven apoyo logístico, despliegue de material y respuestas a emergencias, la maniobra de carga y la autonomía portuaria son parte del “ADN” del buque. 

Para la empresa gallega, el contrato refuerza un posicionamiento muy reconocible: diseño y fabricación de material marino a medida desde 1964 y diversificación tecnológica en accionamientos y controles a través de Ferri Systems, creada en 2018. En paralelo, su ecosistema industrial incorpora capacidades como las de Talleres Carral (adquirida en 2013), especializada en maquinillas, chigres y cabrestantes, un catálogo que suele viajar unido en proyectos integrales de cubierta. 

El Magallanes es el primer buque multipropósito de un total de dos unidades contratadas dentro del proyecto Escotillón IV Fase 1. El contrato entre la Armada de Chile y ASMAR se firmó el 31 de agosto de 2022 por 409,9 millones de dólares y con un plazo de ejecución de 100 meses, un marco temporal que evidencia la complejidad industrial y la necesidad de una cadena de suministro robusta, donde proveedores europeos aportan sistemas críticos y especializados. 

En términos de misión, la hoja de servicios prevista para estas unidades incluye apoyo logístico, búsqueda y rescate (SAR), movimiento y despliegue de tropas y material, además de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. El diseño contempla, asimismo, capacidad para navegar en aguas antárticas durante los meses de verano, una exigencia que eleva el listón en robustez, seguridad y versatilidad de los equipos embarcados. 

El calendario del programa marca hitos próximos. La construcción del Magallanes se inició simbólicamente el 27 de febrero de 2022 y, según las referencias publicadas, en octubre de 2025 se completó la estructura principal en ASMAR Talcahuano. La botadura se prevé para el primer semestre de 2026 y la entrega a la Armada de Chile para 2027, mientras que la segunda unidad —con obras iniciadas en agosto de 2025— avanzaba a comienzos de 2026 en sus primeras fases, con botadura proyectada para el primer semestre de 2029. 

Más allá del titular, la operación es un buen termómetro del momento: la industria naval española mantiene tracción internacional en nichos de alto valor, como equipos electrohidráulicos de cubierta y soluciones a medida, integrándose en programas donde los astilleros buscan combinar fabricación local con proveedores especializados. Para Galicia, además, supone visibilidad para una tradición industrial vinculada al mar que hoy compite por fiabilidad, ingeniería y capacidad de adaptación.

El Clúster Marítimo de Cantabria fija rumbo con la Estrategia de Economía Azul y nuevo Plan para 2026

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El director del Cluster Marítimo de Cantabria Juan Luis Sánchez sitúa como prioridad del año la elaboración de una Estrategia regional de Economía Azul y anuncia un Plan Estratégico del Clúster para reforzar oportunidades de negocio y atraer talento hacia el sector marítimo.

La primera asamblea de socios de 2026 del Clúster Marítimo de Cantabria ha arrancado con un mensaje nítido: este ejercicio debe ser el del salto de la coordinación a la estrategia. “Nuestra prioridad para 2026 es que Cantabria tenga una Estrategia de la Economía Azul”, subrayó el presidente, Juan Luis Sánchez, al abrir la sesión, en la que se marcaron los objetivos para los próximos meses.

El presidente reclamó un enfoque de alianza amplia para construir esa hoja de ruta regional, con la implicación de “todos los agentes del sector”, desde las instituciones públicas hasta el tejido empresarial y el ecosistema de conocimiento. En esa llamada a la colaboración incluyó ámbitos tan diversos como la construcción naval, el transporte marítimo, las industrias auxiliares, la defensa, la I+D+i, la pesca o el turismo azul, en una fotografía que refleja la transversalidad del mar en la economía cántabra.

Un Plan Estratégico para convertir el Clúster en motor de negocio

Junto a la estrategia regional, la asamblea sirvió para avanzar otra de las palancas del año: la puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico del Clúster. La entidad lo concibe como un instrumento operativo para consolidarse como generador de oportunidades de negocio para sus socios, ordenando proyectos y prioridades con una mirada a medio plazo.

Según se explicó en la reunión, este Plan identificará los principales retos y oportunidades del sector en los próximos años y servirá, además, como base técnica para la elaboración de la futura Estrategia de Economía Azul de Cantabria. El objetivo es alinear necesidades empresariales, capacidades tecnológicas y políticas públicas en una agenda común y medible.

Talento: más presencia en universidades y FP

Otra línea central del calendario de 2026 será la dedicada a formación y retención del talento, una preocupación compartida por buena parte de las empresas marítimas y portuarias. El Clúster plantea reforzar su presencia en los centros educativos, desde la Universidad hasta las aulas de Formación Profesional, para explicar “el amplio abanico” de salidas laborales del sector.

Juan Luis Sánchez defendió que el marítimo ofrece oportunidades profesionales “muy diversas y con buenas condiciones económicas, tanto a bordo como en tierra”, y señaló la necesidad de mejorar el conocimiento social sobre estas carreras para favorecer el relevo generacional y reducir la brecha de perfiles técnicos.

Un sector arraigado a Cantabria

El encuentro cerró con un agradecimiento a socios y colaboradores por su participación y con un tono de “año de oportunidades” para una actividad que el Clúster define como históricamente arraigada a Cantabria por su impacto económico, social y cultural.

Con la Estrategia de Economía Azul como norte, un Plan Estratégico como herramienta y el talento como prioridad transversal, el Clúster Marítimo de Cantabria busca convertir 2026 en el año en el que el sector avance con una visión compartida, capaz de atraer inversión, empleo cualificado e innovación desde el mar hacia toda la región.

El Clúster Marca ha situado como principal objetivo para 2026 la elaboración de una Estrategia de la Economía Azul de Cantabria con el propósito de impulsar el sector marítimo en el mercado global y avanzar hacia un modelo más sostenible. Así lo explicó su presidente, Juan Luis Sánchez, durante la primera asamblea de socios del año, celebrada este pasado lunes en el Real Club de Regatas de Santander, donde destacó la necesidad de contar con la colaboración de todos los agentes del ámbito marítimo, desde instituciones públicas hasta empresas y expertos vinculados a la construcción naval, el transporte marítimo, la industria auxiliar, la defensa, la I+D+i, la pesca y el turismo azul.

La estrategia dará lugar a una hoja de ruta con proyectos que orienten el desarrollo del sector a medio plazo. Entre sus principales ejes se encuentran la innovación, la descarbonización y la transición energética, así como el impulso del turismo de cruceros y el crecimiento de actividades de ocio vinculadas al mar, como la náutica de recreo y los deportes marítimos. El documento deberá, además, alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea e incluir acciones dirigidas a la captación de talento para las empresas del sector.

De forma paralela, el Clúster Marca desarrollará un nuevo Plan Estratégico que marcará el rumbo de la asociación durante los próximos cuatro años. Este plan permitirá identificar los principales retos y oportunidades del sector marítimo en Cantabria y establecer acciones orientadas a consolidar al Clúster como generador de oportunidades de negocio para sus asociados, además de servir como base para la futura Estrategia de la Economía Azul.

Ante el crecimiento del sector y la puesta en marcha de nuevos proyectos, Marca reforzará también sus acciones de comunicación para dar visibilidad a las oportunidades laborales que ofrece la economía azul, con el objetivo de atraer nuevos profesionales. Según explicó su presidente, uno de los retos actuales es mejorar el conocimiento del sector entre las nuevas generaciones, que en muchos casos desconocen tanto su dimensión en la comunidad como la variedad de perfiles profesionales que engloba.

Durante la asamblea se realizó asimismo un balance de la actividad desarrollada en 2025, ejercicio en el que el Clúster llevó a cabo más de cincuenta acciones de dinamización, entre ferias, congresos, jornadas sectoriales y encuentros con instituciones públicas y privadas. Entre las iniciativas destacadas figuran la segunda edición de la Jornada de Economía Azul, el concurso escolar ‘Cómo imaginas el océano en 2050’, orientado a la concienciación ambiental de los más jóvenes, y la séptima edición del Premio Industria Azul.

En el ámbito institucional, Marca mantuvo una estrecha colaboración con la Administración pública, destacando la firma de un convenio con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y las reuniones con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para avanzar en planes de fomento de la náutica recreativa y los deportes marítimos. También se formalizaron acuerdos con entidades dedicadas a la promoción del patrimonio cultural marítimo de la región, como Navigatio, la Real Asociación Machichaco y la Asociación de Amigos de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada.

La asamblea sirvió además para aprobar las cuentas correspondientes a 2025 y el presupuesto para 2026, así como para presentar el nuevo Comité Ejecutivo, renovado en enero. Juan Luis Sánchez continúa como presidente, acompañado por José Antonio Ibáñez como vicepresidente y Beatriz Sancristóbal como secretaria, junto a seis vocales que representan al tejido empresarial e institucional del sector marítimo de Cantabria.

Indonesia acelerará la construcción de 1.582 buques pesqueros con apoyo británico y un plan de “pueblos pesqueros” modernizados

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El mayor impulso inversor reciente de Yakarta para su flota quiere elevar la productividad, reforzar la cadena de frío y crear hasta 600.000 empleos, sin perder de vista la agenda de economía azul.

Indonesia ha puesto en marcha un ambicioso programa para construir 1.582 nuevos buques pesqueros a partir de 2026, un salto de escala que el Gobierno vincula a la modernización del litoral, la seguridad alimentaria y la reindustrialización naval. El plan —que se desplegará de forma gradual hasta 2028— cuenta con el respaldo del Reino Unido dentro de un marco de cooperación marítima bilateral, según han explicado fuentes oficiales indonesias y medios sectoriales internacionales.

La noticia sitúa el foco en un país archipelágico donde la pesca es un pilar social y económico: el Ejecutivo del presidente Prabowo Subianto defiende que la inversión en flota y en infraestructuras asociadas es “estratégica” para elevar el nivel de vida de las comunidades costeras y aumentar el consumo interno de proteína marina.

1.000 buques de 30 GT para el programa “Kampung Nelayan Merah Putih”

El proyecto no se limita a botar barcos. Su columna vertebral es el programa Kampung Nelayan Merah Putih (literalmente, “Pueblos Pesqueros Rojo y Blanco”), que busca transformar enclaves costeros en nodos con servicios modernos: muelles, plantas de hielo, cámaras de frío y logística para conectar mejor las capturas con los mercados y, en algunos casos, con cadenas exportadoras.

Según la información disponible, 1.000 de los 1.582 buques previstos tendrán alrededor de 30 GT y se asignarán a estas comunidades pesqueras modernizadas. La propia administración ha detallado que la distribución incluirá también embarcaciones de entre 5 y 30 GT, con la idea de ir escalando capacidades para permitir mareas más largas y elevar el rendimiento.

Un objetivo laboral enorme: hasta 600.000 empleos

El componente industrial es, de hecho, uno de los mensajes centrales del plan. El secretario del Gabinete indonesio, Teddy Indra Wijaya, ha afirmado que la cooperación con el Reino Unido en construcción de buques podría emplear hasta 600.000 trabajadores en Indonesia. En el desglose citado por Antara, el volumen incluiría unos 30.000 tripulantes, 400.000 empleos en producción y ensamblaje doméstico y 170.000 adicionales por efecto arrastre.

La decisión de fabricar y ensamblar los buques localmente busca reforzar la industria naval nacional y dinamizar cadenas de suministro, formación técnica y mantenimiento.

El papel del Reino Unido: apoyo y cooperación marítima

Durante una visita a Londres, el presidente Prabowo aseguró que el Reino Unido apoyará un “plan inicial” para construir 1.500 buques pesqueros, dentro de una relación que combina tecnología, financiación e inversión. En paralelo, Antara ha informado de la implicación prevista de Babcock International Group, grupo británico del ámbito naval, en la agenda de cooperación.

Más allá del capítulo estrictamente industrial, la asociación bilateral incluye compromisos sobre océanos y “economía azul”. En el marco de la asociación estratégica Reino Unido–Indonesia, ambos países recogen líneas de colaboración en protección oceánica, pesca y acuicultura sostenibles, vigilancia y control, y financiación azul (blue finance), alineadas con planes como el Blue Planet Fund.

Oportunidad… y el gran riesgo: capacidad y gobernanza

Para la economía azul global, el anuncio tiene una doble lectura.

  • Oportunidad: si el despliegue de flota va acompañado de cadena de frío, trazabilidad, seguridad y profesionalización —incluida la formación de tripulaciones y personal técnico—, Indonesia podría mejorar valor añadido, reducir pérdidas poscaptura y fortalecer el tejido costero.
  • Riesgo: el aumento de capacidad extractiva exige una gobernanza muy fina para evitar presiones adicionales sobre recursos y conflictos de acceso, especialmente en un entorno regional con pesquerías muy competitivas y con el telón de fondo de la lucha contra la pesca INDNR (IUU).

En esa línea, el propio diseño del programa de “pueblos pesqueros” se ha presentado como coherente con enfoques de gestión y sostenibilidad, y las autoridades indonesias lo han vinculado a una modernización “integral” que no se queda en vivienda o equipamientos, sino que pretende ordenar la actividad y profesionalizarla.

Una señal para Europa: el Indo-Pacífico acelera su agenda marítima

Desde una óptica europea, la iniciativa indonesa es un recordatorio de hasta qué punto la competencia marítima y la seguridad alimentaria están empujando inversiones de gran escala en el Indo-Pacífico. Indonesia quiere crecer en capturas y en industria, pero también ganar resiliencia: más cadena de frío, más logística y más empleo costero.

El desenlace dependerá de un detalle clave: si el salto industrial se acompasa con la capacidad real de los caladeros, el control efectivo y la transparencia de datos. Ahí se jugará si estos 1.582 buques se convierten en un modelo de modernización compatible con la economía azul… o en un factor adicional de presión sobre el océano.

El PPE propone elevar a 7000 millones de euros la financiación para la pesca en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE

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El eurodiputado del Partido Popular de Galicia, Francisco Millán Mon, miembro de la Comisión de Pesca, anunció que su partido ha ha presentado enmiendas para elevar a al menos 7000 millones de euros la financiación de la pesca en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 (MFP), frente a los 2000 millones de euros propuestos por la Comisión Europea, en el marco del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Estas enmiendas se presentaron, tanto en la Comisión de Pesca como en la Comisión de Presupuestos, al informe de la posición del Parlamento Europeo para la negociación del futuro MFP.

Millán Mon subrayó, en primer lugar, la necesidad de una Europa competitiva, para evitar que la UE se quede rezagada frente a Estados Unidos o China, como apunta el Informe Draghi. “Cuando hablamos de competitividad, no podemos olvidar a los sectores primarios. El sector pesquero tiene un gran potencial que se debe aprovechar”, dijo.

El eurodiputado mencionó dos obstáculos que dificultan el despliegue de este potencial: por un lado, los excesos regulatorios y la burocracia, “que se resolverían a través de un ‘ómnibus’ de simplificación, como he venido reclamando”, señaló.

Por otro lado, para el eurodiputado gallego, es esencial asegurar una financiación suficiente para la pesca. “El recorte del 67 % propuesto para el próximo Marco Financiero es inaceptable”, subrayó.

“Estos fondos son imprescindibles para afrontar los grandes retos del sector”, insistió el eurodiputado. Como tales retos, mencionó la descarbonización y la modernización de la flota, que, a su juicio, son clave para asegurar la competitividad y el relevo generacional de la pesca europea y gallega.

FAO alerta de un fraude global y detalla nuevas armas científicas para frenarlo

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11 October 2021, Valletta, Malta - At the commercial fish market, in the capital Valletta, fish and fish products are sold from the early hours of the day

Un nuevo informe estima que hasta el 20% del comercio mundial podría sufrir algún tipo de engaño, desde el etiquetado falso hasta la sustitución de especies, con impactos económicos, sanitarios y ambientales
Roma ha puesto cifras —y, sobre todo, métodos— a un problema tan antiguo como el comercio de alimentos: el fraude.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acaba de publicar Food fraud in the fisheries and aquaculture sector, un trabajo que radiografía las formas más comunes de engaño en la pesca y la acuicultura y repasa las herramientas analíticas emergentes que permiten detectarlo. 


La advertencia es clara: “muy a menudo” el marisco y el pescado que llegan al plato no son exactamente lo que figura en el menú. Y aunque no existe una estimación oficial única, la FAO señala que estudios empíricos apuntan a que alrededor del 20% del comercio del sector podría estar sometido a alguna modalidad de fraude, en un mercado global valorado en 195.000 millones de dólares. 
El informe —elaborado por la División de Pesca y Acuicultura de la FAO junto al Centro Conjunto FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en Alimentación y Agricultura— define el fraude como una práctica deliberada destinada a engañar, y subraya que sus efectos van más allá del bolsillo: puede comprometer la biodiversidad, la salud humana o el funcionamiento del sistema económico. 
Del “atún más rojo” al origen inventado.


La casuística es amplia y, a menudo, sofisticada. La FAO clasifica las principales categorías: adulteración (por ejemplo, añadir colorantes para que el atún parezca más fresco), falsificación (imitaciones), simulación (presentar surimi como si fuese carne de cangrejo), desvío de productos a mercados no previstos, misbranding (incluidas afirmaciones incorrectas de sostenibilidad), “overrun” vinculado a sobrepesca, sustitución de especies (vender tilapia como pargo rojo), manipulación, etiquetado engañoso —orígenes y hasta fechas— y, también, robo. 
En esa lista se cuelan dos puntos especialmente sensibles para la agenda europea: la trazabilidad y la sostenibilidad. El informe recuerda que parte del fraude busca ocultar procedencias o enmascarar desembarques por encima de cuota, prácticas que terminan erosionando los esfuerzos de gestión pesquera y la credibilidad del mercado. 


Un problema global… con datos aún incompletos


Pese a que se han realizado miles de estudios en prácticamente todos los continentes, la FAO reconoce que faltan líneas base sólidas: la diversidad de especies (se consumen más de 12.000), la variedad de trampas y la ausencia de definiciones regulatorias estandarizadas dificultan cuantificar el fenómeno con precisión. 
Aun así, el informe reúne evidencias preocupantes: trabajos que sitúan en hasta el 30% el etiquetado erróneo en restauración, ejemplos que van desde puestos de ceviche en América Latina a productos de atún enlatado en la Unión Europea, y una constatación llamativa: en algunos mercados, se analiza menos del 1% de determinadas importaciones, lo que deja margen a que el engaño “cuele” con relativa facilidad. 


El incentivo: dinero (casi siempre)

La salud pública entra en juego cuando un consumidor come crudo un pez que exige otras garantías, o cuando se recurre a prácticas como la recongelación, que puede elevar el riesgo bacteriano. Pero el motor más frecuente es económico: vender salmón atlántico (mayoritariamente de cultivo) como salmón del Pacífico (con mayor percepción de captura salvaje) puede aportar casi 10 dólares más por kilo, y un mismo pez de acuicultura puede multiplicar su valor si se presenta como “local” o “salvaje”. 
Más ciencia en el control: del ADN al aprendizaje automático
La parte más operativa del informe es también la más prometedora: el catálogo de herramientas para detectar fraudes. La FAO cita técnicas ya conocidas en laboratorios —como ELISA, análisis de isótopos estables o resonancia magnética nuclear— y novedades con potencial regulatorio, desde fluorescencia de rayos X portátil hasta modelos de machine learning que ayudan a identificar patrones anómalos. 
No todo es inmediato: por ejemplo, sigue siendo difícil disponer de un método “estándar” universal para determinar si un producto se ha congelado y cuántas veces. Pero el informe apunta vías como el análisis de la composición de ácidos grasos (para diferenciar salvaje y cultivo) o las proporciones de carbono y nitrógeno para inferir el origen geográfico en grandes especies comerciales. 


Etiquetado armonizado y trazabilidad: la receta institucional


En el plano normativo, la FAO propone reforzar requisitos de etiquetado armonizados, incluir de forma obligatoria —cuando sea posible— el nombre científico, y mejorar los sistemas de trazabilidad para cerrar huecos en la cadena. 
Además, el organismo vincula la respuesta a la cooperación internacional: FAO y la Comisión del Codex Alimentarius trabajan en estándares para combatir el fraude alimentario, mientras que el Centro Conjunto FAO/OIEA ofrece apoyo técnico a los países que necesitan aumentar su capacidad de análisis y control. 


El mensaje de fondo: prevención, industria y sanción


El informe concluye con una idea que en el sector se repite cada vez más: perseguir el fraude solo en el último eslabón es caro e insuficiente. Hace falta prevención —formación, controles inteligentes, auditorías— y una implicación activa del sector privado para que la trazabilidad no sea un trámite, sino una barrera real. Porque, en un mercado donde el valor se decide por especie, origen y relato, el fraude no es un detalle: es una grieta que afecta a la seguridad del consumidor, a la competencia leal y a la sostenibilidad del mar.  

AcciónPosidonia presenta resultados: ciencia, pescadores y buceadores para recuperar el “bosque azul” del Mediterráneo

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El proyecto Pleamar coordinado por Fundación Ecomar cierra una primera etapa de trabajo sobre recolección, cultivo y replantación experimental de Posidonia oceanica en cuatro zonas piloto, con el sector pesquero y el buceo federado como aliados

La recuperación de las praderas de Posidonia oceanica —uno de los grandes sumideros de carbono del Mediterráneo y vivero natural de especies de interés pesquero— ha dado un paso relevante con la presentación de resultados de #AcciónPosidonia, un proyecto del Programa Pleamar (Fundación Biodiversidad) coordinado por Fundación Ecomar dentro de la iniciativa “Cuidamos el Mar”. 

La singularidad de Acción Posidonia está en su “mezcla” de perfiles: ciencia, sector pesquero y ciudadanía organizada. En el núcleo del consorcio figuran la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), el soporte científico de CSIC-IMEDEA y el “músculo” de campo de FEDAS/CMAS a través de su red de buceo y voluntariado. 

Según la información del propio proyecto, la hoja de ruta combina dos vías complementarias. Por un lado, avanzar y evaluar técnicas de recolección, cultivo y replantación de posidonia con procedimientos replicables y apoyados en formación; por otro, una componente de I+D en micropropagación in vitro para obtener material de trasplante sin presionar poblaciones naturales. 

La intervención se ha articulado en cuatro zonas de actuación distribuidas por el Mediterráneo español —Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Región de Murcia—, seleccionadas como espacios de recuperación potencial y vinculadas a áreas protegidas/Red Natura 2000 en la arquitectura del proyecto. 

El planteamiento, además, fija metas operativas concretas: formar a personal y voluntariado, recoger decenas de miles de semillas/plántulas o fragmentos y desplegar replantación experimental hasta un equivalente de tres hectáreas en el conjunto de áreas piloto (con variaciones de cifra en materiales públicos del proyecto). 

Más allá del número, el salto cualitativo que se puso sobre la mesa en la presentación de resultados es el modelo de colaboración: cofradías y pescadores aportan conocimiento del fondo, de las dinámicas costeras y del uso real del mar; el buceo federado suma capacidad de trabajo subacuático, seguridad y logística; y el equipo científico valida procedimientos y seguimiento ecológico. La idea es convertir una restauración que suele ser “de laboratorio” en una restauración escalable y socialmente anclada. 

En paralelo, el proyecto se apoya en la sensibilización para reducir presiones conocidas sobre las praderas (fondeos, turbidez, obras, impactos acumulados) y para reforzar un mensaje que conecta con la economía real del litoral: sin posidonia hay menos refugio y alevinaje, más erosión y una costa más vulnerable. 

Algunas actuaciones asociadas a Acción Posidonia ya han tenido visibilidad pública, como experiencias de replantación en la costa de Cartagena, presentadas como ejemplo de cooperación público-privada alrededor de la restauración de praderas marinas. 

Con la presentación de resultados, Acción Posidonia entra ahora en una fase clave: convertir aprendizajes (qué técnicas funcionan mejor, en qué condiciones, con qué costes y qué supervivencia) en protocolos estandarizables y transferibles a otras áreas mediterráneas. El reto, coinciden los socios, es pasar del “proyecto piloto” al programa continuado, porque la posidonia no se recupera a ritmo administrativo: se recupera a ritmo de ecosistema.

Botado en China el primer ro-ro galo de bajas emisiones para la logística transatlántica de Airbus

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El buque Spirit of Toulouse’ de LD Armateurs inaugura una serie de tres unidades —Spirit of Toulouse, Spirit of Mobile y Spirit of Mirabel— que combinarán propulsión asistida por viento con seis rotores Flettner y motores dual-fuel capaces de operar con e-/bio-metanol. El armador estima un recorte del 70% de CO₂ frente a la generación anterior.

LD Armateurs (LDA) ha puesto un pie más en la carrera por descarbonizar la logística industrial: el Spirit of Toulouse, primero de los tres nuevos buques ro-ro encargados para transportar componentes aeronáuticos de Airbus, ha sido botado en el astillero de Wuchang (grupo CSSC) en China. La unidad abrirá una nueva etapa en una ruta estratégica —la transatlántica— donde el suministro “just-in-time” de grandes secciones de avión sigue dependiendo del mar.

La serie la completan los Spirit of Mobile y Spirit of Mirabel, actualmente en construcción, en un guiño a tres enclaves clave del ecosistema Airbus (Toulouse, Mobile y Mirabel). El objetivo es renovar la flota fletada que mantiene el puente marítimo entre las plantas de producción y ensamblaje, con buques diseñados desde el inicio para reducir emisiones sin perder capacidad operativa.

Viento y metanol: la combinación tecnológica

El rasgo más visible —y simbólico— del Spirit of Toulouse será su propulsión asistida por viento: seis rotores Norsepower de 35 metros (tecnología Flettner) que, con un control avanzado, aprovechan el efecto Magnus para generar empuje y reducir consumo. A esa “vela moderna” se suma una propulsión principal dual-fuel, con dos motores capaces de funcionar con e-/bio-metanol o gasóleo marino, lo que abre la puerta a recortes adicionales si se dispone de combustibles de menor huella de carbono a escala comercial.

Pero el diseño no se limita a la energía. LDA destaca una estrategia “holística” que combina hélices y líneas de ejes fabricadas con acero reciclado, recubrimientos antifouling de muy baja fricción, gestión inteligente de energía y un sistema de recuperación/transformación de calor para exprimir cada kilovatio y cada nudo de eficiencia. El buque incorporará además software de routage para escoger rutas que maximicen el viento útil y minimicen la resistencia en mar adversa, reforzado por una solución de control con IA orientada a ajustar la respuesta aerodinámica en tiempo real.

Un 70% menos CO₂ por buque, según el armador

Con este paquete tecnológico, cada unidad de la nueva serie debería lograr una reducción anual del 70% de CO₂ respecto a los ro-ro de la generación anterior, según la estimación comunicada por LDA. La compañía añade un matiz importante: el recorte podría ser mayor si el buque opera con combustibles alternativos bajos en carbono como el HVO o el e-metanol.

La comparación se hace, además, con una realidad operativa conocida. LDA ya opera dos buques para Airbus en la ruta transatlántica, entre ellos el Ville de Bordeaux, el de mayor capacidad de la flota actual. Los nuevos ro-ro mantendrán una capacidad equivalente, de modo que la bajada de emisiones se apoye en eficiencia y combustibles, no en recortar servicio.

La aritmética de la flota: más capacidad, menos emisiones medias

El anuncio también incluye una lectura a escala de sistema. Contando con un aumento de capacidad global, LDA calcula que la incorporación de los tres buques permitirá reducir en torno a un 50% las emisiones medias anuales de CO₂ del servicio transatlántico frente a 2023, mientras se sostienen mayores volúmenes de transporte. Es, en la práctica, la apuesta por un “salto de eficiencia” que no penalice la continuidad industrial de la cadena aeronáutica.

En cuanto a ficha técnica, el Spirit of Toulouse se encuadra en un ro-ro oceánico de tamaño medio-alto: 168 metros de eslora, 23,32 metros de manga y 14 nudos de velocidad de servicio, cifras que reflejan el equilibrio buscado entre capacidad, fiabilidad de tránsito y consumo.

Un caso de uso “industrial” para la descarbonización marítima

La botadura del Spirit of Toulouse llega en un momento en que la descarbonización del transporte marítimo ha pasado del PowerPoint al astillero: viento asistido, combustibles alternativos y digitalización se están convirtiendo en soluciones combinables para rutas regulares. En este caso, la ecuación tiene un ingrediente adicional: no se trata de un carguero genérico, sino de una pieza crítica de logística para una industria —la aeronáutica— que también está sometida a presión para rebajar su huella climática a lo largo de toda la cadena de suministro.

Quedan pasos por delante —armamento, pruebas, entrada en servicio—, pero el mensaje ya está en el agua: la logística marítima que mueve alas, fuselajes y subconjuntos de avión quiere ser también un escaparate de la nueva navegación baja en carbono. Y, con seis rotores y metanol dual-fuel, el Spirit of Toulouse pretende demostrar que el “crecimiento industrial” y la reducción de emisiones pueden viajar en el mismo buque

Vigo se ofrece como aula global de la economía azul acogiendo a 25 puertos en el VII Taller de Puertos Azules de la FAO

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La terminal olívica reúne a autoridades portuarias y pesqueras de una veintena de países para compartir soluciones de sostenibilidad, innovación y resiliencia climática. Botana reitera la candidatura de Beiramar para albergar un centro de formación internacional, mientras el Gobierno y la Xunta sitúan a Galicia como “referente” del crecimiento azul.

Vigo vuelve a colocarse estos días en el centro del mapa marítimo internacional. Representantes de 25 puertos procedentes de distintos puntos del planeta participan en el séptimo taller de la iniciativa de Puertos Azules impulsada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un foro concebido para intercambiar experiencias y acelerar la transformación de los puertos pesqueros hacia modelos más sostenibles e inclusivos.

En la apertura del encuentro, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, defendió que el “crecimiento azul” es una prioridad para diseñar el “puerto del futuro”, apoyado en innovación, sostenibilidad y modernización de servicios. En ese marco, reiteró que Vigo mantiene un “compromiso total” con la estrategia y volvió a poner sobre la mesa una ambición de largo recorrido: que la ciudad acoja el centro de formación de la FAO para esta iniciativa en Beiramar, en la antigua nave de Frigoríficos del Berbés.

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, situó la discusión en el terreno de la transición: los puertos azules —dijo— son “nodos esenciales de la economía azul” y espacios clave para avanzar hacia modelos “más sostenibles, inclusivos y resilientes”. La edición de Vigo, añadió, se centra en un reto determinante: diseñar y gestionar infraestructuras que respondan a las necesidades de los usuarios, integren criterios ambientales y refuercen la resiliencia frente al cambio climático.

Artime ligó además la apuesta española al peso real del sector: una flota de más de 8.300 buques y un valor de capturas cercano a 2.000 millones de euros en 2024, cifras que —según subrayó— justifican el compromiso con la FAO y con una estrategia de puertos que combine competitividad y sostenibilidad. “La cooperación internacional y el aprendizaje son imprescindibles”, remarcó.

Desde la Xunta, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, insistió en el enfoque integral de la economía azul: crecimiento económico y social de las comunidades costeras, sí, pero ligado a la protección del medio marino. En la práctica, el taller —explicó el Gobierno gallego— se desarrolla hasta el jueves y se apoya en estudios de caso y visitas de campo a muelles de distintos tamaños, con paradas en lonjas como Campelo y Tragove para analizar cómo la modernización de instalaciones puede mejorar eficiencia comercial y garantías de calidad.

El encuentro llega, además, con un respaldo institucional que viene de atrás. En diciembre, el Consejo de Ministros autorizó una nueva contribución económica de 114.080 euros para apoyar el programa de capacitación de Puertos Azules, financiado conjuntamente por el Ministerio, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Xunta. Según el propio Ministerio, esa aportación complementa un apoyo sostenido de España a la iniciativa y busca reforzar el intercambio de buenas prácticas entre puertos pesqueros de todo el mundo.

La dimensión social —uno de los pilares que la FAO pretende incorporar al concepto de “puerto verdaderamente azul”— tuvo también un gesto simbólico en Vigo: Artime visitó las instalaciones de Conxemar y su centro interactivo para niños, concebido para acercar los productos del mar a escolares y explicar de forma didáctica la cadena de valor de la pesca y la acuicultura.

Con la foto de familia de 25 puertos como telón de fondo, Vigo juega una partida doble: por un lado, seguir siendo escaparate de soluciones portuarias —infraestructuras, servicios, sostenibilidad y adaptación climática—; por otro, consolidarse como hub internacional de formación y transferencia de conocimiento. La economía azul, recordaron los ponentes, no se escribe con eslóganes: se construye con reglas, inversión, tecnología… y con puertos capaces de convertirse en motor de territorio sin perder de vista el mar que los sostiene.

ISSF certifica que el 97% de las capturas procede ya de stocks con abundancia “saludable”

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El informe “Status of the World Fisheries for Tuna” (enero de 2026) compila las evaluaciones científicas más recientes (2024–2025) de 23 poblaciones y constata un escenario global estable, aunque con zonas que siguen bajo vigilancia.

La pesca del atún vuelve a colocarse en el centro del foco internacional con una foto poco habitual en un recurso tan escrutado: la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) sostiene que el 97% de la captura comercial mundial proviene de stocks situados en niveles “saludables” de abundancia.

El dato aparece en el Status of the World Fisheries for Tuna – January 2026, un documento técnico que no elabora evaluaciones propias, sino que armoniza las más recientes valoraciones científicas y medidas de gestión adoptadas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP/RFMOs) en los principales océanos.

El perímetro analizado abarca 23 stocks de las grandes especies comerciales (albacora, patudo, listados, rabil y atunes rojos, entre otros), con un esquema de lectura homogéneo basado en abundancia (o biomasa desovante) y mortalidad por pesca, además de apartados de gestión y efectos ambientales (capturas accesorias).

En volumen, la escala del fenómeno sigue creciendo: la captura global de las principales especies comerciales alcanzó 5,8 millones de toneladas en 2024, un 11% más que en 2023. En esa cesta domina el listado (58%), seguido de rabil (30%), patudo (7%) y albacora (4%); los atunes rojos representan en torno al 1% del total.

La mejora que subraya ISSF no se limita al “cuánto”, sino al “cómo”. Por número de poblaciones, el 74% de los stocks está en abundancia saludable y ninguno figura como sobreexplotado, mientras que el resto permanece en un escalón intermedio. Y, en términos de presión pesquera, el 96% de los stocks no estaría sufriendo sobrepesca, con una fracción minoritaria aún en categoría intermedia.

La foto se completa al mirar las artes: el cerco concentra dos tercios del desembarque mundial (66%), por delante del palangre (9%) y el cacea/pole and line (7%), con presencia menor de enmalle (3%) y otros sistemas (15%). En la práctica, el grueso de las decisiones que marcan la sostenibilidad del atún —y los debates sobre FADs, observación, selectividad o bycatch— se juegan ahí.

Otro indicador relevante es la gobernanza: ISSF estima que aprox. el 52% de la captura mundial ya procede de stocks con estrategias de captura (harvest strategies/management procedures) adoptadas, es decir, reglas formales que conectan de manera automática los resultados científicos con las decisiones de gestión. Entre los avances recientes cita, por ejemplo, la adopción de procedimientos y reglas de control de capturas en el Pacífico y el Atlántico por parte de distintas OROP.

El informe también registra mejoras puntuales en varias poblaciones, con cambios de “semáforo” en indicadores de abundancia o biomasa desovante en casos como el patudo del Atlántico, el patudo del Índico, el atún rojo del Pacífico o el rabil del Índico, además de una mejora en mortalidad por pesca en el patudo del Índico.

Con todo, ISSF advierte (y lo repite en su metodología) que esta radiografía no es una “certificación” definitiva ni sustituye a la información detallada de cada OROP: los stocks son dinámicos, los modelos cambian y el equilibrio depende de que las reglas sigan aplicándose con rigor. En otras palabras: el sistema funciona —por ahora—, pero no “se sostiene solo”

Itsasoratu: becas para “embarcar” el futuro de la pesca vasca

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El Gobierno Vasco relanza en Pasaia el programa que facilita prácticas reales a bordo de buques pesqueros. La iniciativa busca romper el cuello de botella del relevo generacional: un oficio exigente, cada vez con menos jóvenes y con más barreras para aprender en la mar.

La pesca vasca lleva años mirando de frente a un problema que ya no es invisible: la falta de relevo. En Pasaia, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca presentó una nueva edición de Itsasoratu, un programa de becas que permite a alumnado de formación náutico-pesquera realizar prácticas a bordo de buques con puerto base en Euskadi y vivir el trabajo en condiciones reales.

El diagnóstico que acompaña al anuncio es contundente. El Ejecutivo vasco recuerda que el envejecimiento del sector es una tendencia global y que la captación de jóvenes se complica tanto por la dureza del oficio como por la necesidad de formación previa, que muchas veces implica costes y obstáculos de entrada.

A ese escenario se suma un cambio silencioso: el aprendizaje “de toda la vida” —entrar de la mano de alguien y aprender en cubierta— ya no encaja fácilmente con la normativa. La propia administración admite que hoy no se puede embarcar sin estar inscrito como tripulante, lo que reduce las oportunidades de adquirir experiencia práctica, decisiva para entender caladeros, fondos y comportamiento de las especies.

Itsasoratu intenta abrir esa puerta con una fórmula sencilla: estancias equivalentes a una marea, de alrededor de 20 a 30 días, para estudiantes de ciclos formativos marítimo-pesqueros. El viceconsejero Leandro Azkue resumió la filosofía con una idea que atraviesa todo el programa: “Si queremos garantizar el futuro de nuestra pesca” hay que facilitar que las nuevas generaciones se formen “en condiciones reales” con apoyo público.

La ayuda no se limita a “poner un billete” para embarcar: cubre gastos asociados a la estancia (desplazamiento, manutención, material y equipos de trabajo) y también costes ligados a la relación formativa, como la gratificación al alumnado y cotizaciones. Además, las empresas pesqueras participantes asumen la tutela a bordo y elaboran un informe final de evaluación.

Los últimos datos difundidos por el Gobierno Vasco apuntan a una evolución al alza. En 2025 participaron 14 jóvenes, frente a 11 en 2024; y se implicaron 12 embarcaciones, frente a 9 el año anterior. Por centros, el grueso del alumnado procedió del CIFP náutico-pesquero de Pasaia (11 estudiantes), con aportaciones desde Ondarroa (1) y Bermeo (2).

La geografía del programa también retrata el mapa real de la flota: en 2025, los buques que acogieron alumnado tuvieron su base principalmente en Getaria (seis embarcaciones), además de Hondarribia, Ondarroa, Bermeo y Pasaia, evidenciando que el relevo generacional no es un reto de un solo puerto, sino del conjunto del litoral vasco.

Más allá de la foto de un curso, Itsasoratu se presenta como una política sostenida. En 2025, el Gobierno Vasco señalaba que, desde su puesta en marcha, el programa había movilizado a 128 armadores y permitido embarcar a 153 estudiantes, con experiencias en distintas tipologías (artes menores, bajura, arrastre y atuneros). Y, en el marco estatal, el Ministerio también ha citado Itsasoratu como ejemplo dentro de las iniciativas de formación y relevo, vinculándolo al Plan Estratégico vasco de pesca y acuicultura.

El mensaje de fondo es claro: sin jóvenes a bordo no hay modernización, ni seguridad, ni transición ordenada. Itsasoratu busca precisamente eso: que el primer contacto con la mar no sea un salto al vacío, sino un paso acompañado —con barcos, centros y administración remando a la vez— para que la pesca vasca siga teniendo tripulación en el futuro

EAPO pide que la futura Ley Europea del Océano ponga a la pesca “en el centro” del Pacto Azul

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La Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO) responde a la llamada de la Comisión para recabar evidencias sobre el European Ocean Act y reclama coherencia normativa, prioridad alimentaria y un reparto “justo” del espacio marítimo frente al avance de eólica marina y áreas protegidas.

La Comisión Europea ha activado la consulta de evidencias (“call for evidence”) que servirá de base para el European Ocean Act, una iniciativa legislativa prevista para 2026 y concebida como pieza clave del European Ocean Pact. El proceso, abierto desde el 12 de enero de 2026 y con plazo hasta el 9 de febrero de 2026, busca aportaciones de sectores, expertos y ciudadanía antes de una consulta pública más amplia en primavera.

En ese marco, la EAPO —que agrupa a organizaciones de productores pesqueros europeas— ha remitido su contribución formal con un mensaje nítido: la pesca y los pescadores deben figurar “en el corazón” de las políticas de economía azul si la UE quiere océanos sanos y, a la vez, una industria alimentaria marítima competitiva, resiliente y sostenible.

“Océano sano” y “pesca viable”, objetivos del mismo nivel

La organización aplaude el enfoque de “marco único” que persigue el Ocean Act, pero advierte de un riesgo: que la nueva arquitectura europea acabe sumando capas, contradicciones y cargas administrativas. Por eso pide armonizar y adaptar marcos existentes —con mención explícita a la Política Pesquera Común (PPC), cuya reforma EAPO dice respaldar— para evitar choques entre objetivos ambientales, económicos y sociales.

Seguridad alimentaria y “Blue Foods”: no sacrificar al productor primario

Uno de los ejes más políticos del documento es el de la soberanía alimentaria. EAPO sostiene que, en un contexto geopolítico tenso, la pesca europea debe ser tratada como un activo estratégico: aporta proteína y micronutrientes con baja huella de carbono y sostiene el entramado industrial costero (captura–lonja–transformación–comercialización). Además, reclama un “level playing field” con terceros países para evitar que una infrautilización en la UE desplace presión extractiva hacia regiones con menos capacidad de control.

La lectura encaja con el propio enfoque del Ocean Pact, adoptado por la Comisión en 2025, que vincula protección del océano, economía azul y bienestar de comunidades costeras, con anuncios de inversión para conservación y ciencia.

La batalla del espacio: planificación marítima, eólica y áreas protegidas

La futura ley, según la Comisión, pretende reforzar y modernizar la planificación espacial marítima como herramienta estratégica y mejorar la coordinación por cuencas marinas.
EAPO comparte el diagnóstico, pero eleva una alerta: la expansión de usos no pesqueros —energía eólica offshore, infraestructuras, zonas de conservación— está provocando pérdida y fragmentación de caladeros, desplazamiento de flotas y presión adicional sobre áreas restantes. Pide que el Ocean Act incorpore la gestión de impactos acumulativos y estrategias específicas para mitigar el “efecto dominó” del desplazamiento del esfuerzo pesquero.

En materia de MPAs, la asociación reclama equilibrio entre conservación y viabilidad socioeconómica, con enfoque participativo y vigilancia efectiva. Incluso plantea reconsiderar prohibiciones generales: no todas las artes tienen el mismo impacto, y las medidas deberían alinearse con los objetivos de cada área.

Regionalización y consejos consultivos: más poder real, menos “caja negra”

Otro punto sensible es la gobernanza. EAPO respalda la regionalización (medidas adaptadas a cada cuenca) y pide reforzar el papel de los Consejos Consultivos: más recursos, mejor coordinación con Estados miembros y, sobre todo, claridad sobre cómo la Comisión incorpora —o descarta— sus recomendaciones. Denuncia que, en la práctica, el consejo puede quedar en “consulta sin consecuencias” si no existe obligación de justificar decisiones.

Observación oceánica y datos: integrar el conocimiento del pescador

La contribución también entra en el terreno del dato. El Ocean Act se plantea como base para mejorar la gobernanza de la observación oceánica y herramientas de conocimiento.
EAPO apoya reforzar ciencia, monitoreo e integración de datos, pero reclama que la UE aproveche mejor el conocimiento operativo de las flotas. En esa línea, da la bienvenida a herramientas como el Digital Twin of the Ocean, orientado a transformar datos y modelos en conocimiento accionable para decisiones públicas.

La presión que viene de tierra: contaminación y eutrofización

El documento cierra con un recordatorio incómodo: el océano no solo recibe impactos desde el mar. EAPO exige que el Ocean Act aborde con más fuerza contaminación terrestre, calidad del agua en estuarios y costas y procesos de eutrofización que afectan a stocks y hábitats. “No se puede pedir al pescador que pague dos veces: sufrir el impacto y cargar con la culpa”, viene a resumir su planteamiento.

Qué ocurre ahora

Tras el cierre de la llamada de evidencias (9 de febrero), la Comisión prevé una consulta pública completa en primavera de 2026 y sitúa la propuesta legislativa del Ocean Act hacia finales de 2026, de acuerdo con comunicaciones vinculadas al proceso.

Para EAPO, la oportunidad es “única”: si el Ocean Act nace con coherencia, evaluación socioeconómica y reglas claras de convivencia en el mar, puede consolidar un modelo en el que restauración ecológica y producción alimentaria no compitan a suma cero. Si no, advierte implícitamente, el riesgo es otro: un océano más regulado, pero no necesariamente mejor gobernado—y una pesca europea más pequeña sin que el consumo deje de existir.