El enfoque «caso por caso» de las áreas marinas protegidas, ha sido confirmado por e Comisario, Costas Kadis, en una visita a Lorient.

El Comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, concluyó su visita a Francia el martes 1 de abril con una visita al puerto pesquero de Lorient. Acompañado por la ministra del Mar, Agnès Pannier-Runacher, pudo abordar los desafíos y retos que enfrenta el sector utilizando ejemplos concretos. Y confirmar, de paso, el enfoque caso por caso para la prohibición de la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas.

Las eurodiputadas Isabelle Le Callennec y Stéphanie Yon-Courtin formaron parte de la delegación que acompañó al comisario europeo y ministro de Pesca, Costas Kadis, al puerto de Keroman, en Lorient, acompañadas por la ministra de Pesca, Agnès Pannier-Runacher, y el presidente del Comité Nacional de Pesca, Olivier Le Nezet.

Para concluir su visita a Francia que comenzó el lunes 31 de marzo, el Comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, acompañado por la ministra del Mar y de la Pesca, Agnès Pannier-Runacher, vino a reunirse con la industria pesquera en el puerto de Keroman, en Lorient, la madrugada del martes 1 de abril, para una visita rápida.

La delegación inició su visita a la casa de subastas en compañía de representantes del sector y políticos, para luego embarcar en el Naoned y el Dolmen, dos barcos pesqueros de Lorient, para sesiones que permitieron debatir, con aportaciones concretas de los actores del terreno, los retos de la descarbonización, la renovación imprescindible de la flota envejecida, pero también las cuestiones que preocupan.

La Comisión Europea ha respondido formalmente al Consejo Asesor de las Aguas Noroccidentales (CC-ANOV) tras las crecientes preocupaciones sobre la precisión y la aplicación del asesoramiento del CIEM sobre los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) y el impacto de los cierres de pesca relacionados. En una carta fechada el26 de marzo de 2025, la Directora General Charlina Vitcheva abordó las principales críticas planteadas por el CC-ANOC en enero, en particular sobre la inconsistencia entre el asesoramiento del CIEM para 2023 y 2024, los errores en el modelado dedatos y la falta de revisión por parte de la Comisión del Reglamento de Ejecución vigente (UE2022/1614).

Vitcheva defendió la posición de la Comisión afirmando.»La Comisión considera que el asesoramiento más reciente del CIEM constituye la mejora científica disponible y basa en é sus consideraciones».

Reconoció las frustraciones de la industria con respecto al manejo de las recomendaciones del CIEM para 2021/2022, que respaldan los cierres actuales. Sin embargo, confirmó que el CIEM realizará una evaluación comparativa de la metodología para las evaluaciones de EMV en 2027 y que se jhan tomado en serio los comentarios de las partes interesadas, incluidos los de los grupos como la Organización de los Pescadores de Killubegs (KFO). Sobre el impacto socioeconómico, el Comité Científico Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) que examinará las implicaciones.

El NWWAC ha argumentado que el CIEM no siguió sus propios protocolos para revisar el asesoramiento erróneo y pidió estándares de evidencia igualesen el asesoramiento sobre evaluación ambiental y de poblaciones.

CONTENIDO DE LA CARTA DE CONTESTACIÓN DE

Les agradezco su carta sobre el dictamen del CIEM relativo a los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) y el reconocimiento a los esfuerzos de la Comisión en relación con la participación de los Consejos Asesores en este asunto.

Aprovecho esta oportunidad para elogiar la participación de los representantes del CCANOC en la aportación de su experiencia y retroalimentación sobre la implementación del Reglamento de Acceso a las Profundidades, ya sea mediante cartas del CCANOC o contribuciones individuales en el contexto del Grupo de Trabajo de Expertos del CCTEP para el análisis de los impactos socioeconómicos de los cierres de EMV más recientes. Quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento por estas aportaciones, ya que son valiosas para el trabajo científico tanto del CIEM como del CCTEP.

En su carta, plantean una serie de cuestiones relacionadas con el dictamen del CIEM, y me gustaría abordarlas. Para ello, hemos consultado al CIEM y, por lo tanto, nuestras respuestas se basan en sus comentarios. En primer lugar, les complacerá saber que las conclusiones del informe de la Organización de Pescadores de Killybegs (KFO) han formado parte de la revisión realizada por ecólogos bentónicos del Grupo de Trabajo del CIEM sobre Ecología de Aguas Profundas (WGDEC), a efectos del dictamen de 2024 (1). Dado que el trabajo científico es el resultado de un proceso iterativo, en el futuro se realizarán nuevas revisiones de los registros históricos de EMV, y a partir de ahora se prevé publicar nuevos dictámenes del CIEM cada dos años. Asimismo, es importante destacar que cada dictamen representa, en el momento de su publicación, la mejor información científica disponible. Cuando se publica un nuevo dictamen científico, se… Véase la sección 5 del informe del Grupo de Trabajo Conjunto CIEM/NAFO sobre Ecología de Aguas Profundas (WGDEC). Informes Científicos del CIEM. 6:77. https://doi.org/10.17895/ices.pub.27041425

Reemplaza al anterior (si no forma parte de un ciclo regular/anual). A partir del asesoramiento original del CIEM de 2021, se han publicado dos conjuntos de recomendaciones del CIEM a medida que mejoran los nuevos avances en datos, conocimientos y técnicas.

Los cambios en los polígonos se deben a la adición de registros de EMV a la base de datos de EMV y a las actualizaciones de las series temporales de EMV según las respuestas de cada Estado miembro a las solicitudes de datos del CIEM para datos de EMV y EMV. El hecho de que existan diferentes ritmos de presentación de datos por parte de los Estados miembros, como usted menciona, respalda ciertos resultados del asesoramiento. El mejor asesoramiento científico disponible sobre las zonas donde se producen o es probable que se produzcan EMV es el correspondiente a 2024.

En cuanto a la metodología, incluida la escala del análisis espacial, el CIEM ha informado a la Comisión de que está previsto establecer un punto de referencia para el asesoramiento sobre EMV en 2027.

La flota del Estrecho dispondrá de 1.561 kilos por buque y la del Mediterráneo de 478,08 kilos; Fenapa denuncia el reparto como insuficiente

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha establecido las cuotas de pesca de atún rojo para la campaña de 2025, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), con asignaciones específicas para las flotas artesanales del Estrecho de Gibraltar y de artes menores del Mediterráneo. En concreto, la flota artesanal del Estrecho contará con una cuota de 1.561 kilos por buque, mientras que la de artes menores del Mediterráneo dispondrá de 478,08 kilos por embarcación.

Estas flotas podrán comenzar la actividad a partir de las 00:00 horas del próximo 4 de abril, una fecha que ha sido adaptada a las demandas del sector con el objetivo de permitir capturas durante la Semana Santa. También se ha autorizado la pesca de capturas fortuitas desde este miércoles, un día después de la publicación en el BOE. En este caso, se permite la retención de hasta cuatro atunes rojos por buque y marea en el caso del palangre de superficie del Atlántico Norte, y un atún rojo por buque y marea para los buques curricaneros y de palangre del Atlántico nordeste y golfo de Vizcaya.

Con la publicación de tres resoluciones específicas, el Gobierno ha autorizado la participación de más de 850 buques. De ellos, 408 pertenecen a la flota de artes menores del Mediterráneo, 40 a la flota artesanal del Estrecho de Gibraltar y unos 65 a la categoría de palangreros. Además, cerca de 380 buques dedicados a la costera del bonito podrán solicitar la retención de atunes rojos si se producen capturas accidentales.

La distribución de estas cuotas ha generado críticas por parte de la Federación Andaluza de Pesca (Fenapa), que ha considerado insuficiente la asignación para las embarcaciones del Estrecho. José Manuel Dávila, armador de Barbate y portavoz de la entidad, ha calificado el reparto como «migajas», argumentando que se trata de una especie «recuperada» y que, sin embargo, «el 80% de la cuota se reparte entre tres empresas».

Dávila ha explicado que estas empresas fueron las principales capturadoras de atún rojo en el pasado, lo que les permitió acumular una parte importante de las cuotas, pero sostiene que «la necesidad ahora es distinta» y ha reiterado la necesidad de redistribuir los derechos de pesca entre la flota artesanal. A su juicio, «el problema no es la cantidad total asignada, sino el modo en que se reparte», que, según afirma, se mantiene sin cambios a pesar de las reclamaciones presentadas en reiteradas ocasiones.

Además, ha alertado sobre los efectos que la presencia del alga invasora Rugulopteryx okamurae está teniendo en las pesquerías de la zona, lo que complica aún más la situación para los pequeños armadores. La organización insiste en que la sobrepoblación de atún rojo también está afectando a otras especies comerciales, ya que «se está comiendo lo poco que tenemos aquí», en referencia a la escasez de otras capturas rentables para la flota artesanal.

Fenapa ha solicitado en diversas ocasiones una revisión de los criterios de reparto, con el objetivo de asegurar una mayor equidad entre los distintos segmentos de la flota y de garantizar la sostenibilidad económica de las embarcaciones que operan en el Estrecho de Gibraltar. Hasta el momento, el Ministerio no ha anunciado modificaciones en el sistema de distribución.

La huelga indefinida de los inspectores pesqueros cumple su primer mes y su continuidad amenaza la actividad del sector del atún rojo -más inminente para las almadrabas-, así como la verificación de las redes de los arrastreros del Mediterráneo cuya regulación se ha publicado este miércoles.

Los inspectores de pesca marítima iniciaron la huelga indefinida el pasado 3 de marzo, para reclamar mejoras laborales y una remuneración con la que se reconozca sus horarios especiales y su trabajo, y de momento tienen previsto continuar el paro.

Los dos sindicatos convocantes -CCOO y ELA- «están decididos a seguir la huelga, porque la Administración no ha ofrecido nada nuevo» al colectivo, según ha informado a Efeagro la presidenta de la Asociación de Inspectores Pesqueros (Apipes), Ludi Rueda, vinculada también al sindicato vasco.

Al paro están convocados los 170 funcionarios públicos que trabajan en la inspección de pesca en los servicios centrales de Madrid y en los puertos; los ministerios competentes sobre este colectivo son los de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de Política Territorial, respectivamente.

En paralelo organizan manifestaciones como la celebrada este miércoles en Vitoria, coincidiendo con una reunión de jefes de área del Ministerio de Política Territorial.

Por otro lado, entre las empresas pesqueras hay preocupación porque la falta de inspectores puede paralizar la campaña del atún rojo, ya que en la gestión de esta especie la inspección es fundamental y condiciona todas las operaciones, desde la descarga a las jaulas o los traslados a granjas.

Para el sector de las almadrabas es mayor la inquietud, ya que está a punto de empezar la temporada y, de hecho, sus representantes se han reunido ya con la secretaria general de Pesca del MAPA, Isabel Artime, en Madrid, para buscar soluciones, según han informado fuentes de la flota.

La responsable de Apipes ha cifrado el seguimiento de la huelga, en las últimas jornadas, en un 60 % en los servicios centrales y en el 35 % en la periferia.

Sin embargo, los datos del MAPA, que recogen hasta el viernes pasado, rebajan ese seguimiento global e indican que la semana pasada como máximo llegó a un 17 % por jornada.

Ludi ha declarado que los inspectores iniciaron la huelga con tiempo y que la Administración ha tenido días para encontrar una solución antes de que comience la temporada del atún rojo, que llegará a su punto central en mayo, con la incorporación de la flota de cerco.

Según los sindicatos, la anomalía en la almadraba afectará a 500 empleos directos y 6.000 indirectos.

Por otra parte, ha apuntado que el descenso de inspectores puede ralentizar la certificación del cambio de redes obligatorio para la flota de arrastre que entra en vigor tras su publicación, este martes, en el Boletín Oficial del Estado.