El presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha lamentado que el reglamento europeo supondrá una reducción «importante» de la rentabilidad de las compañías, por lo que ha augurado que si esta situación no se soluciona «pronto» podría acabar en una reducción de la flota gallega con el desguace de barcos.
El veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico que entró en vigor el pasado 9 de octubre ha inundado de pesimismo al sector pesquero gallego. Las asociaciones del sector han mostrado su preocupación sobre la subsistencia de las empresas debido a que muchos barcos han tenido que buscar otros caladeros donde pescar. Ese viaje no ha dado grandes frutos, ya que en la mayoría de las ocasiones no obtienen allí los mismos resultados que en sus zonas tradicionales de trabajo.
La cooperativa trata de analizar las consecuencias que ha supuesto la ley en este mes que lleva vigente, mostrando su preocupación por la caída de las capturas, aunque ha reconocido que el mal tiempo vivido en las últimas semanas hace «difícil» diferenciar a qué factor se debe el bajón en las toneladas pescadas. En todo caso, las zonas vetadas en algunas ocasiones eran utilizadas por ciertos barcos para pescar durante el invierno especies rentables que no tienen cuota, como es la pota, pero ahora han perdido este refugio.
Incremento de costes
«Algunas empresas habían visto ahí una buena rentabilidad, porque los volúmenes de producción eran buenos, los precios eran buenos y era una forma de diversificar capturas porque no hay cuota, se permite pescar lo que se pueda, siempre con ciertas limitaciones de tamaño. Tener estas opciones era un alivio importante. El no poder disponer de este recurso es una muy mala noticia», ha criticado Touza.
El presidente de ARVI ha añadido que las empresas están tratando de hacer reajustes y de buscar otros caladeros, esperando que en la campaña de Navidad los precios se incrementen y sirva para aumentar la rentabilidad. Pese a no tener constancia de que haya habido por el momento incidentes entre buques por las zonas de pesca, sí ha reconocido que muchos barcos tienen que esperar a que otros compañeros salgan de ciertos lugares para poder ellos operar más tarde, lo que incrementa el gasto de combustible y los costes en general.
Un impacto de 80 millones al año
En la misma línea ha hablado el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, Iván López, quien ha confirmado que se están registrando caídas en las capturas debido a que los barcos están buscando nuevas zonas donde pescar. Pese a no disponer de cifras exactas, calcula que en Galicia esta medida tendrá un impacto anual de unos 80 millones de euros menos de facturación.
López ha subrayado que en la actualidad los buques se están desplazando a las zonas donde sí se permite pescar, pese a que ha reconocido que en algunas especies, como por ejemplo la merluza, quizá el sector no sea capaz de pescar el total de toneladas que se les permite.
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Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha situado la caída de las descargas procedentes de la pesca de palangre en un 50% en este mes desde la entrada en vigor del veto, con pérdidas superiores. «Las pérdidas son mucho mayores a este 50%» debido a que muchos barcos tienen que pasar más días en el mar esperando a que otros buques salgan de ciertas zonas para poder acceder ellos a pescar allí, lo que supone un aumento del gasto en combustible, que a su vez está a un precio «por encima de la rentabilidad».
Recurso del Gobierno
El sector pesquero gallego coincide es en la necesidad de que el Gobierno presente «ya» el recurso ante Bruselas. Pese a que fue anunciado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hace cerca de un mes, todavía no ha sido presentado, por lo que ya llega «tarde». Touza ha mostrado su esperanza con que este recurso también lleve aparejado una petición de medida cautelar de suspensión de aplicación del veto, aunque el Ejecutivo ha indicado que en principio esto no ocurrirá. «Seguimos intentando convencer al Gobierno», ha añadido, explicando que si se gana este recurso dentro de cinco años «a lo mejor ya no hay flota» porque las empresas no pueden seguir en la situación actual
