Los empresarios de la pesca consideran que propietarios de barcos que en en lugar de pescarlas se dedican a venderlas a otros son una excepción. Por eso en la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso este es el aspecto que más han insistido los representantes del sector para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. La patronal pesquera considera que la expropiación, retirada, pérdida —o término que se prefiera— de derechos de pesca cuando durante dos años seguidos no se utilicen y se vendan no debería quedar plasmada en una ley. Que no se empleen puede obedecer a muchas razones: «Que el barco esté roto, que el valor de las especies sea ridículo y no sea rentable pescarlas, que no se encuentre…», explicó Garat. Con regularlo mediante un real decreto o una orden ministerial, más fácil de modificar, sería suficiente. Y lo mismo ocurre con el mecanismo de optimización de cuotas, ese que trata de equilibrar la falta de cupos de unos con el exceso que tienen los otros. Llegaría, a juicio de Garat, con regularlo en una orden ministerial sin estar negro sobre blanco en una ley.
Son dos aristas distintas de la principal tacha que Cepesca pone a la propuesta de ley: que adolece de seguridad jurídica. Para garantizarla es necesario que quede explícito que los repartos de posibilidades realizados hasta la fecha se mantendrán tal cual están. «Si eso no se garantiza, les puedo asegurar que la política pesquera se derrumbaría». La fórmula es fácil, opina. Basta con retirar la coletilla de la disposición adicional cuarta que alude a nuevos repartos y que no hace más que introducir ruido, confusión y, sobre todo, inseguridad jurídica.
Garat apunta que ha habido armadores que han invertido en la compra de derechos basándose en esos repartos. Adquisiciones realizadas en unos casos con fondos propios y otros con préstamos bancarios. Por tanto, alterar ese reparto ahora supondría un perjuicio y podría en riesgo las inversiones que se han avalado precisamente con esos derechos.
Reserva del Estado
La reserva de posibilidades de pesca para el Estado al inicio de cada ejercicio pesquero es otro de los aspectos que disgustan a Cepesca. Y no es la única entidad a la que incomoda ese 10 % que se retira del total de cupos para atender otras necesidades. Garat subrayó que el sector no se opone a que el Estado se guarde parte de las cuotas, pero considera exagerado que acapare el 10 %. Con un 3 % sería suficiente, al entender de la patronal. Y que se usen esos cupos para intercambios o para atender necesidades que puedan surgir está bien, pero que sirvan para dar entrada a barcos sin historicidad en una pesquería es algo que no gusta y que podría abrir un precedente «peligroso».
