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La Cámara de Diputados argentina aprueba la Ley de Pesca

Imagen de la entrada a Puerto Argentino en las Islas Malvinas Reuters 162Imagen de la entrada a Puerto Argentino en las Islas Malvinas Reuters 162

El proyecto fue elaborado y presentado en forma conjunta por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura. La iniciativa, que ha sido debatida con las cámaras del sector y acordada con todos los bloques parlamentarios, eleva considerablemente las sanciones a quienes pesquen ilegalmente en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas.

En nuestro país, el flagelo de la pesca ilegal se da principalmente por buques extranjeros que ingresan furtivamente desde la llamada milla 201 a nuestra Zona Económica Exclusiva y por aquellos buques que pescan sin permiso de la Argentina, de manera ilegal, en el área de Malvinas. Es por ello que el proyecto tiene un doble objetivo. Por un lado, ser un disuasivo que permita colaborar en la conservación y el manejo eficiente de las poblaciones ícticas. Por otro, afianzar la soberanía de nuestro país sobre el Atlántico Sur y sobre los recursos naturales que pertenecen a 45 millones de argentinos/as.

Actualizar multas a la pesca ilegal

El proyecto propone actualizar multas a la pesca ilegal que habían sido fijadas en el año 1998, en épocas de la convertibilidad. Estas multas, estipuladas en pesos, después de 20 años resultan irrisorias. Sólo a título de ejemplo, actualmente la multa máxima (que en su momento equivalía a 10 millones de dólares) es de 10 millones de pesos, es decir, algo menos de 150 mil dólares. Como se puede observar, se fue produciendo una diferencia abismal con los montos de las penas del régimen sancionatorio oportunamente aprobado. Es por ello que quedó desdibujado respecto de su espíritu de desalentar las prácticas ilícitas.

Los números dejan en claro la necesidad de adecuar y generar un régimen de multas que sea efectivo a largo plazo. El proyecto de ley otorga a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación herramientas normativas dinámicas para combatir la pesca ilegal e incorpora un régimen variable basado en unidades de valor relacionadas al costo del combustible, con montos equivalentes que van de los 500 mil litros a los 3 millones de litros de gasoil, de acuerdo a la gravedad del delito. Esto equivale a un piso de 25 millones de pesos y un techo de 150 millones de pesos, considerando los valores de mercado actuales.

En el caso de embarcaciones extranjeras, la penalidad aplicable es la más alta ya que se trata de buques que pescan sin permiso de la Argentina. Adicionalmente, la Autoridad de Aplicación puede disponer la captura y retención del buque de bandera extranjera en puerto hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta. A diferencia del sistema actual, el infractor tendrá que hacerse cargo de la totalidad de los gastos en los que incurra el Estado Nacional en función de su captura, sin límite de tipo de gasto ni de monto. Estamos hablando de costos que son muy altos, ya que se trata de persecuciones con buques de la Prefectura y de la Armada que a veces también requieren el despliegue de aviones.

Otra sanción que estaba establecida en la norma y se mantiene consiste en el decomiso de la bodega (de todo lo que se haya pescado), salvo que el infractor opte por depositar el importe de la mercadería.

Cabe aclarar que los buques nacionales pescan todos con permiso: esto genera una diferenciación clara en el tipo de sanciones que les puede ser aplicada -que ya contemplaba la Ley 24.922- y que atiende a las preocupaciones planteadas por las pymes del sector pesquero nacional. Por otra parte, el proyecto incluyó el compromiso del Ejecutivo de reglamentar la ley en forma participativa en un plazo no mayor de 30 días para evitar arbitrariedades.

En la misma dirección, hace pocos meses se conformó una mesa de trabajo coordinada por la Jefatura de Gabinete e integrada con los Ministerios de Defensa, de Seguridad, de Agricultura y la Cancillería, que tiene como objetivo la defensa de los recursos naturales nacionales en el Atlántico Sur. La captura en este último tiempo de tres buques extranjeros que pescaban ilegalmente en nuestras aguas es parte del resultado de esta acción conjunta.

Sin duda, nos encontramos frente a una vasta gama de intereses nacionales en juego, los cuales además deben apreciarse a la luz de la existencia de la disputa de soberanía con el Reino Unido por nuestras Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes. Dicho país continúa otorgando ilegítimas licencias de pesca en el área de Malvinas persistiendo en la ejecución de actos unilaterales, ignorando sistemáticamente el mandato de la Organización de las Naciones Unidas, que en la Resolución N° 31/49 de la Asamblea General insta a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación de controversia.

El régimen propuesto en el proyecto es aplicable a todos los espacios marítimos argentinos, por lo que contribuye a afianzar la soberanía en las zonas en disputa y al cumplimiento de los compromisos internacionales de la República Argentina, en particular, el Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS) 14.4, que establece que los Estados deben reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Como lo ha planteado el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, el mandato constitucional acerca de la imprescriptibilidad del reclamo por recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la defensa de los recursos naturales del Atlántico Sur son objetivos centrales de su gobierno. La aprobación parlamentaria por unanimidad en ambas Cámaras de las leyes que crean el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas y la demarcación de los límites de la Plataforma Continental y, ahora, la media sanción también unánime de la reforma de la Ley de Pesca, son un claro ejemplo de que los temas de soberanía pueden constituirse en políticas de Estado.

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