Una investigación difundida por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la ONG Sin Azul No Hay Verde (SANHV) vuelve a poner el foco sobre un punto ciego de la gobernanza pesquera argentina: quién accede al recurso, con qué historial y bajo qué nivel de control público. El informe denuncia la transferencia de permisos hacia buques y compañías con antecedentes de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y plantea como caso paradigmático el de Univpesca, señalada como subsidiaria de la corporación estatal china China National Fisheries Corporation (CNFC).
El documento sostiene que la falta de transparencia y la fragmentación de datos oficiales habrían permitido que embarcaciones vinculadas a un mismo conglomerado —pese a antecedentes comprobados de incursiones ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina— ingresaran bajo bandera local, obtuvieran permisos para la pesquería de calamar y, posteriormente, traspasaran esas autorizaciones a otras firmas relacionadas.
La “Milla 201” y el valor del calamar
El informe sitúa el contexto en una de las fronteras más tensas del Atlántico Sur: la llamada “Milla 201”, zona adyacente al borde exterior de la ZEE, donde operan centenares de buques —una parte relevante de ellos chinos— atraídos por especies de alto valor como el calamar, con imágenes nocturnas que delatan la pesca con poteras y luces.
En ese escenario, CPA y SANHV subrayan que el control del acceso al caladero no es solo una cuestión administrativa, sino un factor decisivo para la sostenibilidad del recurso, la estabilidad de la pesca nacional y la credibilidad de la cadena de suministro.
Qué denuncian: permisos, vínculos y “debilidades institucionales”
La investigación reconstruye una cronología que, según sus autores, evidencia debilidades normativas y de aplicación. El punto de conflicto se apoya en la propia Ley Federal de Pesca: el informe cita el artículo 27 bis, que prohíbe otorgar permisos a armadores involucrados en pesca ilegal o con vínculos económicos/jurídicos con quienes la practiquen, y el artículo 28, que prevé la caducidad automática de permisos si se verifica incumplimiento de esa prohibición.
En su lectura, el caso Univpesca reflejaría una falla doble: primero, en el filtro de entrada (permiso otorgado pese a antecedentes o vínculos); segundo, en la continuidad (permisos que seguirían vigentes incluso cuando —si se confirmaran las conexiones descritas— deberían decaer automáticamente).
El giro de 2013: menos información exigida, menos capacidad de control
Uno de los pasajes más delicados del informe es el que vincula la situación a cambios normativos. Según la investigación, hasta 2013 se exigía una declaración jurada detallada sobre relaciones jurídicas, económicas y societarias, lo que permitía detectar vínculos indirectos con armadores sancionados. A partir de ese año, siempre según CPA y SANHV, ese requisito habría sido sustituido por una declaración genérica de inexistencia de vínculos, reduciendo la capacidad de verificación del Estado.
El informe enlaza ese cambio con un contexto político y diplomático de acercamiento con China, y sostiene que, con un control documental menos exigente, aumentó el margen para que estructuras empresariales complejas sortearan restricciones.
El informe concluye que, sin transparencia efectiva, casos como el denunciado seguirían debilitando la capacidad del país para proteger sus recursos.
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Transferencias y opacidad societaria
La denuncia incorpora un argumento recurrente en el análisis de flotas de aguas distantes: la opacidad de estructuras societarias con subsidiarias y esquemas de propiedad diseñados para ocultar beneficiarios finales o diluir responsabilidades. Sin un registro accesible y actualizado, advierte el informe, se vuelve difícil verificar qué buque está autorizado a pescar qué, con qué artes, y si el operador tiene antecedentes que deberían impedirle acceder al caladero.
Para los autores, el problema no es solo jurídico: es de gobernanza. La información, dicen, está dispersa en resoluciones del Consejo Federal Pesquero (CFP), sin publicación en formatos abiertos, sin actualización en tiempo real y sin una herramienta centralizada que facilite el control social y el control técnico.
La propuesta: un Registro Público online y en tiempo real
La recomendación central es clara: crear un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, online, accesible, en formato abierto y con actualización permanente. El objetivo sería múltiple: mejorar la rendición de cuentas, prevenir el ingreso de armadores con historial INDNR, facilitar auditorías de cadena de suministro, permitir monitoreo ciudadano y reforzar el trabajo de control estatal e investigación.
El “fisgoneo” y los buques de investigación: una preocupación añadida
La investigación aparece además en un clima regional cargado de suspicacias por episodios recientes de comportamiento “anómalo” atribuido a algunos pesqueros chinos (movimientos en cuadrículas compatibles con tareas de prospección o mapeo del fondo, según voces citadas en la cobertura mediática). A esa línea se suma la atención puesta sobre el próximo arribo de un buque chino de investigación en el Pacífico sudamericano para estudiar la fosa de Atacama, monitorizado por autoridades chilenas; algunos expertos han señalado este tipo de plataformas como posibles vectores de observación estratégica, aunque China los presenta como misiones científicas.
Aquí, el debate se desplaza de la pesca a la geopolítica: el mar como fuente de alimentos, pero también como espacio de infraestructura crítica (cables submarinos), soberanía y disputa tecnológica.
Una señal de época
Más allá del detalle jurídico, la denuncia de CPA y SANHV ilustra un fenómeno global: la presión creciente sobre recursos marinos, el protagonismo de grandes flotas subsidiadas y el valor estratégico de los permisos. En ese tablero, la transparencia deja de ser un eslogan y se vuelve un instrumento de seguridad económica y ambiental.
Si quieres, lo adapto al formato de Europa Azul con: entradilla más “de industria”, un recuadro “Qué es la Milla 201”, otro con “Qué dicen los artículos 27 bis y 28”, y un cierre con implicaciones para la UE (IUU, trazabilidad y comercio).
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