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martes, abril 16, 2024
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Acusan al 22,5% de los buques de pesca comercial europeos de practicar trabajo forzoso

Europa ocupa el segundo lugar después de Asia, cuyas empresas, especialmente de China, poseen casi dos tercios de los buques vinculados al trabajo forzoso. Se calcula que 128.000 pescadores sufren cada año terribles abusos por trabajo forzoso a bordo de los buques pesqueros, una cifra que probablemente subestima significativamente el alcance total de esta crisis.

Los abusos incluyen violencia física, impago de salarios y tener que pasar mas tiempo del permitido, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según un informe reciente, el 22,5% de los buques de pesca comercial acusados de trabajo forzoso pertenecen a empresas europeas, encabezadas por España, Rusia y el Reino Unido.

La mayoría de los países europeos -junto con otras superpotencias pesqueras como China, Indonesia y Estados Unidos- aún no han ratificado acuerdos clave que prohíben el trabajo forzoso en los buques pesqueros, como el Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca, mientras que la directiva pertinente de la UE sólo se aplica a los buques con pabellón de la UE o a los que faenan en aguas de la UE.

Aunque los países apliquen el Convenio de la OIT y otros acuerdos clave, el secreto financiero significa que los propietarios últimos de los buques acusados pueden seguir eludiendo la justicia.

Un aspecto crucial es que la ratificación de estos acuerdos haría que las ganancias de los buques que utilizan mano de obra forzada se equipararan a las ganancias del delito según las leyes de blanqueo de capitales, lo que facilitaría el procesamiento.

No hacerlo, sin embargo, explica la reticencia de las autoridades españolas a investigar los presuntos abusos laborales forzosos a bordo de varios buques de pesca comercial propiedad de Pescatlant, conocida en el sector pesquero por ser rusa, y una de las principales empresas acusadas de estos delitos, según la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte.

Pero aunque los países apliquen el Convenio de la OIT y otros acuerdos clave, el secreto financiero significa que los propietarios últimos de los buques acusados pueden seguir eludiendo la justicia.

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