Expirado el protocolo 2020-2026, los cerqueros europeos quedan fuera de cuota en la ZEE seychellense mientras Bruselas y Victoria negocian a contrarreloj una renovación bajo presión social, ambiental y de transparencia.
Seychelles quiere reequilibrar un pacto histórico que, desde finales de los 80, ha garantizado acceso europeo al atún del Índico. Con el protocolo vencido el 23 de febrero de 2026, la actividad bajo ese marco queda suspendida y la negociación se atasca en una cifra: el archipiélago reclama una mejora del retorno económico acorde al valor real del recurso; la UE ofrece un incremento mucho menor. El debate ya no es solo financiero: FADs, condiciones laborales y propiedad real de los buques han colocado el acuerdo bajo los focos.
La relación pesquera entre la Unión Europea y Seychelles atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. El protocolo del Acuerdo de Asociación de Pesca Sostenible (SFPA) que cubría el periodo 24 de febrero de 2020–23 de febrero de 2026 ha expirado y, con ello, el engranaje jurídico que habilitaba el acceso de la flota comunitaria —principalmente atunera— a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país insular ha entrado en “modo espera”.
La Comisión Europea recuerda que el SFPA se firmó en 2020 con una vigencia de seis años y posibilidad de renovación automática, pero esa continuidad depende, en la práctica, de cerrar un nuevo protocolo operativo (cuotas, contrapartida económica, apoyo sectorial y reglas de control). En términos industriales, el vacío llega en un punto sensible: Seychelles es un nodo clave del atún del Índico por su papel como base logística y por su ecosistema de transformación, y el vencimiento del pacto amenaza con tensionar cadenas de suministro y planificación de mareas.
El nudo: cuánto vale realmente el atún de Seychelles
Las negociaciones para un nuevo protocolo están en marcha, pero el principal punto de fricción es la compensación. El Gobierno seychellense plantea que los retornos deben reflejar el valor económico real de lo que en la conversación pública local se denomina “Blue Gold” (oro azul): un activo soberano, intergeneracional y estratégicamente ligado a la seguridad económica del archipiélago. La UE, por su parte, defiende una subida mucho más contenida. La distancia —un 30% frente a un 3% en las posiciones que se manejan en el debate público— se ha convertido en símbolo de un pulso mayor: equidad frente a estabilidad de acceso.
La discusión se alimenta de un dato estructural: el propio diseño del protocolo 2020-2026 contemplaba una contribución financiera anual de la UE vinculada a un tonelaje de referencia y al apoyo a la política pesquera del país socio. Para Seychelles, esa arquitectura ya no captura el valor actual del recurso ni las externalidades de su explotación (control, seguimiento científico, vigilancia y costes ecológicos). Para Bruselas, una escalada de costes en el “anillo” de acuerdos atuneros del Índico puede tener efecto arrastre.
Política de alto nivel… y termómetro social al alza
En mitad de febrero, el presidente Patrick Herminie recibió a miembros de la Comisión de Pesca (PECH) del Parlamento Europeo para subrayar la importancia estratégica de la renovación y reforzar la interlocución política. La visita parlamentaria —con agenda de reuniones institucionales y contactos con operadores— ha confirmado que el acuerdo se negocia ya bajo un escrutinio más intenso que en ciclos anteriores.
Esa vigilancia tiene un componente interno evidente: en Seychelles crece una conversación pública más exigente, con críticas abiertas al modo en que anteriores gobiernos gestionaron el reparto de beneficios y la percepción de “asimetría” frente a los intereses comunitarios. El estancamiento posterior a la expiración del 23-F ha amplificado el debate.
FADs, juveniles y reputación: la sostenibilidad ya no es un pie de página
La renovación se complica, además, por el frente ambiental. La flota europea se enfrenta a críticas recurrentes por el impacto de los dispositivos de concentración de peces (FADs), asociados por ONG y parte de la opinión pública a una mayor captura accidental y a la concentración de juveniles de atún, con implicaciones para el estado del stock y para la narrativa de sostenibilidad.
Aunque el SFPA incorpora capítulos de cooperación y medidas técnicas, el listón reputacional se ha elevado: ya no basta con “cumplir el protocolo”, sino con convencer de que el modelo reduce de forma verificable impactos y mejora el control. En la UE, además, el debate sobre la “nueva generación” de SFPAs empuja hacia más transparencia y condicionalidad.
La cuestión más sensible: ¿quién está detrás de los barcos?
A esta ecuación se suma un elemento explosivo: la propiedad real (beneficial ownership) de parte de la flota. En el debate local ha cobrado fuerza la sospecha de que algunos cerqueros con bandera de Seychelles tendrían como beneficiarios finales a compañías europeas que, a su vez, operan buques con pabellón comunitario, lo que abre dudas sobre transparencia, equidad y beneficio nacional efectivo.
El asunto resulta especialmente delicado porque Seychelles ha avanzado en marcos de registro obligatorio de beneficiario final. Informes vinculados a iniciativas de transparencia en el país señalan que desde 2020 se han aprobado normas y regulaciones para el registro de beneficial ownership. En la práctica, esta discusión trasciende el SFPA: apunta al corazón de cómo se captura valor en las pesquerías altamente globalizadas, donde el pabellón no siempre explica el control económico.
¿Qué escenarios se abren?
Con el protocolo expirado, la presión se concentra en cerrar un texto que permita retomar la operativa con un marco claro. A corto plazo, el coste del “impasse” lo pagan la planificación de la flota y la cadena industrial; a medio plazo, la negociación puede sentar precedente sobre cómo se revalorizan los recursos en países socios con más capacidad política y social para exigir retornos.
Para Europa, el expediente Seychelles se ha convertido en algo más que un acuerdo atunero: es una prueba de estrés de su política de partenariados en el Índico en un momento en que la sostenibilidad se mide por indicadores, la legitimidad se disputa en redes sociales y la transparencia deja de ser una cláusula decorativa para convertirse en condición de estabilidad.
Seychelles, por su parte, ha definido su línea roja con un mensaje que conecta con una sensibilidad creciente en los Estados costeros: soberanía, justicia económica y beneficio intergeneracional, sin renunciar a la sostenibilidad. Si el nuevo protocolo quiere durar, necesitará algo más que cifras: deberá ofrecer una narrativa creíble de reparto de valor, control y responsabilidad ambiental.
