La ampliación del puerto de València puede considerarse ya el principal conflicto ambiental vigente en la ciudad. La controversia se reavivaba el pasado lunes 1 de julio cuando la Autoridad Portuaria de València decidía adjudicar las obras, a pesar de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estipula la paralización cautelar de cualquier trámite hasta el pronunciamiento de Puertos del Estado y a pesar del resto de procesos judiciales pendientes de resolución. La licitación por 592 millones de euros ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Acciona Construcción SA, Jan de Nulo NV y Grupo Bertolín SAU.
La asociación ciudadana Per l’Horta, en representación de la Comissió Ciuta-Port, plataforma vecinal y ecologista opositora a la ampliación del Puerto de València, presentó el pasado 28 de junio una demanda ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por medio de la cual solicita la ejecución de la sentencia por la que Puertos del Estado recuperó la condición de órgano sustantivo del proyecto.
La demanda se presentaba contra el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta del Gobierno, la socialista Teresa Ribera, puesto que la sentencia, cuya ejecución se solicita y que ya es firme, anula una resolución emitida el 30 de marzo de 2021 según la cual se pasa la condición de órgano sustantivo de Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Tras el fallo judicial, Puertos del Estado recupera la responsabilidad de la actuación en materia ambiental.
Por este motivo, en la demanda de ejecución de sentencia solicita al ministerio que notifique a Puertos del Estado “recordándole las obligaciones derivadas de su confirmada condición de órgano sustantivo a efectos ambientales en relación con dicho proyecto, según establecía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007”. Y al mismo tiempo, que haga lo propio con la APV, “requiriendo la observancia de las obligaciones que, a ese organismo, en tanto que promotor del Proyecto, le asignaba la expresada DIA de 2007, haciéndole saber que no le corresponde en absoluto, bajo reproche de incompetencia, el papel de órgano sustantivo que mediante la Resolución anulada se le pretendía imponer”.
Estudio holandés
En medio de esta situación, un grupo de estudiantes del Master’s International Land and Water Management de la Universidad de Wageningen (Holanda) han acudido a València para realizar un estudio del caso y aportar una visión externa sobre las implicaciones del proyecto. Las estudiantes de la universidad holandesa –referente mundial en asuntos ambientales– fueron invitadas por la Comissió Ciutat‑Port a presentar un adelanto de las conclusiones de su informe el pasado jueves 4 de julio en La Nau de la Universitat de València.
La formación previa de Claudia Fantini, Natalia Gómez, Esther Keemink, Joris Krol y Gina ter Haar –autoras del informe– oscila desde la producción alimentaria hasta la innovación empresarial en sostenibilidad, pero todas coinciden a la hora de mostrarse preocupadas por las consecuencias derivadas de la implementación de grandes infraestructuras industriales, especialmente en el actual contexto de emergencia climática. Desde El Salto hemos podido hablar con dos miembros del equipo –Natalia Gómez y Claudia Fantini–, para que nos expliquen qué han sacado en claro después de este periodo de trabajo intenso.
