La patronal Cepesca ultima la presentación de su propio recurso para detener la aplicación de la medida, que entrará en vigor el 9 de octubre, y afectará a 1.100 embarcaciones de norte y sur de España
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo y expresidente de la Xunta de Galicia (2009-2022) ha exigido al Gobierno que «no permanezca en la tibieza» y recurra ya el reglamento que obligará a cerrar 87 caladeros a la pesca de fondo en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda a partir del 9 de octubre. Lo que tendrá fuertes repercusiones sobre las flotas pesqueras del Golfo de Cádiz y de toda la costa Cantábrica, sobre todo, la gallega. En concreto, Feijoo ha apostado por que el Ejecutivo exija también la suspensión cautelar de la medida y «trabaje junto a Francia e Irlanda para parar una decisión que no se puede entender».
Al respecto, este lunes en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, el ministro de Agricultura Luis Planas ya abrió la puerta a la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJU) pero lo condicionó a un análisis previo de los servicios jurídicos del Estado para ir con todas las garantías. Además, según ha podido saber ABC, el sector ya prepara su propia recurso ante los tribunales europeos aunque falta por decidir cómo lo presentará, bien a través de una empresas concreta o de la propia patronal Cepesca.
Feijoo ha mostrado también su incomprensión hacia una medida que ha tachado de «equivocada, precipitada y fuera de contexto» . En su opinión, esta prohibición que afectará a 1.100 barcos y unos 4.000 tripulantes solo en España contando con embarcaciones de altura y bajura, conducirá a un «mayor alza de precios» ya que se limitará la oferta de productos como la merluza de pincho, el rapé, el gallo, la cigala y las gambas blancas en un momento en que «la gente no llega a final de mes» .
El líder del PP también ha criticado que se trate de una normativa «precipitada, improvisada y poco transparete» que tampoco tendría un soporte científico sólido. «Además creará un conflicto pesquero en otras zonas y afectará a la soberanía alimentaria en Europa», ha apuntado Feijoo quien ha recordado que habrá que importar de otros mares donde las regulaciones no son tan exigentes como las europeas. «Así no preservamos el medioambiente», ha observado.
Galicia: 800 millones de euros de impacto
La medida solo en Galicia tendrá un impacto de 800 millones de euros, según han estimado desde la Consellería del Mar de Xunta de Galicia. En total, el área clausurada alcanza los 16.419 kilómetros cuadrados y se sitúa entre los 400 y 800 metros de profundidad aunque muchas de las zonas acotadas no cumplen con este requisito, han criticado desde el sector.
Para Javier Garat, secretario general de Cepesca, la reunión ha sido «muy positiva» aunque ha reconocido que entre los pescadores cunde el «cabreo», e incluso, «el derrotismo» por lo que también espera que el líder popular presione a través de la Eurocámara y el PP europeo para intentar influir y paralizar la iniciativa del comisario de Pesca, el lituano Virginijus Sinkevičius.
El sector pesquero, también a los tribunales
El presidente de la patronal europea Europêche, Javier Garat ha pedido que «la pesca no sea un tema de segunda al que no se le da la importancia que tiene». Garat ha confirmado que ya preparan su propio recurso aunque ha insistido en que es «fundamental» que el Gobierno de España dé un paso adelante y acuda a los tribunales. «Nosotros lo vamos a presentar también pero todavía estamos viendo si lo haremos a través de una empresa o como organización pesquera, de cualquier forma, lo haremos todos juntos coordinándonos con nuestros colegas europeos de Francia, Irlanda y Portugal«, ha apuntado el secretario general de la patronal española quien se ha felicitado por la firmeza mostrada hasta ahora por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas.
No ha sido el único tema a tratar, ya que Feijoo y el sector pesquero han hablado también de otros temas candentes como el Proyecto de Ley de Pesca Sostenible y la polémica alrededor de la posibilidades de pesca, así como de otros temas como los futuros reglamentos europeos sobre biodiversidad y la situación de la flota del Mediterráneo