Un informe, realizado por el profesor Ifesinachi Okafor-Yarwood Profesor, Universidad de St Andrews evidencia que los acuerdos atuneros de beneficiar más a la UE que a los países costeros de Africa, según publica The Conversation

La pesca es una fuente de empleo para millones de personas en el sector artesanal del litoral africano. Sus actividades pesqueras, a su vez, proporcionan seguridad alimentaria a más de 200 millones de africanos.

Para regular la industria pesquera, los países africanos han firmado numerosos acuerdos con bloques comerciales como la Unión Europea (UE). La UE tiene dos formas de acuerdos de asociación para la pesca sostenible con los Estados africanos: el acuerdo atunero y el acuerdo mixto.

El acuerdo atunero permite a los buques de la UE perseguir a las poblaciones de atún migratorias cuando se desplazan a lo largo de las costas de África y a través del océano Índico. El acuerdo mixto permite a los buques de la UE acceder a una amplia gama de poblaciones de peces en las zonas económicas exclusivas de los Estados costeros.

.
Actualmente hay 11 acuerdos en vigor, siete atuneros y cuatro mixtos. Diez de estos acuerdos son con países de África, seis de los cuales están en África Occidental.

Aunque estos acuerdos aportan ingresos a los Estados costeros, que no pueden extraer los recursos por sí mismos, los países costeros no están en absoluto contentos.

Valor negociado

En primer lugar, se acusa a que «el valor negociado para estos acuerdos no se corresponde con el valor de las especies extraídas, por lo que se favorece económicamente a la UE en lugar de a los Estados africanos».

Por ejemplo, si se observan las cuotas de acceso pagadas frente a lo extraído, el valor de acceso de las capturas de las flotas de la UE en Senegal (entre 2000 y 2010) fue de 11,9 millones de dólares, mientras que el valor de las capturas declaradas en el mismo periodo fue de 19,2 millones de dólares. En Guinea-Bissau, el valor de acceso de las capturas de las flotas de la UE en el mismo período fue de 5,7 millones de dólares, mientras que el valor de las capturas declaradas fue de 8,6 millones de dólares.2

En segundo lugar, el estudio incide que «se pescan especies en mal estado de salud, como el patudo y el rabil, la merluza y la sardina. Esto agrava el ritmo de agotamiento y socava la seguridad alimentaria y económica de los pescadores locales. Los pescadores locales no pueden competir con la velocidad a la que capturan los barcos europeos».

En tercer lugar, se acusa que algunos buques que se benefician de estos acuerdos utilizan el acceso para realizar después actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reguladas. «Por ejemplo, el valor desembarcado de las capturas legales realizadas por la flota de la UE en Senegal fue de 50,9 millones de dólares entre 2000 y 2010, mientras que el valor desembarcado de las capturas ilegales fue de 10 millones de dólares».

Hay otras formas de pesca ilegal, no declarada y no regulada perpetrada por los buques de la UE. Por ejemplo, en 2017 se informó de que buques de cuatro países de la UE -Grecia, Italia, Portugal y España- autorizaron ilegalmente la pesca en aguas de Gambia y Guinea Ecuatorial. Esto infringía la cláusula de exclusividad de los Acuerdos, que impide a los operadores individuales celebrar acuerdos privados con los Estados costeros con los que la UE ha establecido un acuerdo de pesca.

Diecinueve barcos de estos países pescaron con permisos concedidos ilegalmente durante más de 31.000 horas en las zonas económicas exclusivas de Gambia y Guinea Ecuatorial.

Arrastreros en Sierra Leona

Los últimos acontecimientos sugieren que hay una falta de voluntad por parte de la UE para sancionar a los barcos implicados. En concreto, en 2019, la Coalición por un Acuerdo Pesquero más Justo, junto a otras ONG, envió una queja a la Comisión Europea solicitando que iniciara un procedimiento de infracción contra Italia.

Alegaban que las autoridades pesqueras italianas habían incumplido sus obligaciones, en el marco de la Política Pesquera Común, de sancionar las actividades ilegales de los arrastreros italianos en la Zona Económica Inclusiva de Sierra Leona.

Las embarcaciones implicadas habían realizado incursiones en las zonas costeras reservadas a los pescadores artesanales, capturando especies que no estaban autorizadas a capturar, infringiendo las normas sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones, utilizando artes de pesca inadecuados en Gambia y realizando transbordos, es decir, transfiriendo las capturas de una embarcación a otra sin autorización.

A pesar de las acusaciones y críticas la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca respondió señalando que «no se puede demostrar ninguna actividad ilegal de los operadores en este caso». Su razón la falta de mapas náuticos exactos para la delimitación de la Zona Económica Inclusiva de Sierra Leona crea dificultades para identificar las actividades ilegales reales de las que se realizan fuera…

Esta postura es problemática porque muchos países del continente no tienen delimitadas sus fronteras marítimas.

Los gobiernos africanos tratan de garantizar los medios de vida de su población, incluso cuando atraen inversiones extranjeras directas. El coste de oportunidad y de regeneración de las poblaciones de peces (agotadas por todas las pesquerías) en África entre 1980 y 2016 indican que se estima en 326.000 millones de dólares.

Finalmente,se indica que «los ingresos de los pescadores a pequeña escala en África se han reducido hasta un 40% en la última década».

List of fisheries agreements

Autor:

Ifesinachi Okafor-Yarwood

 University of St AndrewsPerfilArtículosActividad

La investigación de la Dra. Okafor-Yarwood hasta la fecha ha generado ideas críticas en torno a la economía azul, la justicia medioambiental, la seguridad humana, la gobernanza marítima y la seguridad. Aporta una visión crítica del concepto de desarrollo sostenible en relación con la gestión de los recursos marinos y otros recursos naturales y desafía los supuestos dominantes en los ámbitos de la seguridad, la justicia medioambiental y la gobernanza marítima.

Su investigación multidisciplinar combina el análisis empírico (epistemologías indígenas), doctrinal, histórico y teórico para investigar las complejidades que conforman la justicia medioambiental, la gobernanza de los recursos marítimos y naturales y la seguridad en África.

Sigue avanzando en la comprensión de la sostenibilidad como una cuestión de gestión de recursos, justicia medioambiental y los efectos desproporcionados del agotamiento de los recursos sobre la seguridad, la pobreza y la desigualdad