Un total de 46 países han firmado su adhesión a la Declaración de Torremolinos para apoyar un acuerdo sobre pesca legal y segura, en la Conferencia Ministerial de la Organización Marítima Internacional (OMI) que se celebra estos días en la ciudad.
Se trata de un instrumento político no jurídicamente vinculante a través del cual los países se comprometen a garantizar que el Acuerdo de Ciudad del Cabo sume los respaldos necesarios para entrar en vigor el décimo aniversario de su adopción, que se cumplirá el próximo 11 de octubre de 2022.
El secretario general de la OMI, Kitack Lim; el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos; y el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, en calidad de anfitrión, actuaron de testigos y observador, respectivamente, de este importante acto promovido por la Organización Marítima Internacional para acotar la entrada en vigor de este acuerdo.
El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, que desarrolla los acuerdos del Convenio Internacional de Torremolinos, alcanzados en 1977 y en el Protocolo de Torremolinos de 1993, trata de establecer un marco legal internacional de seguridad obligatorio para los buques pesqueros.
El objetivo es mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector pesquero, la prevención de la contaminación del mar, la mayor protección de las aguas polares, la expansión de las medidas de cumplimiento para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la reducción de los riesgos para los servicios de búsqueda y salvamento.
Hasta ahora, solo 11 de los 22 estados necesarios como mínimo, que sumen un total de 3.600 embarcaciones pesqueras de 24 metros de eslora o más que operen en alta mar, han ratificado el acuerdo.
Nuevas adhesiones y compromisos políticos
En la conferencia ministerial que se celebra hasta este miércoles en el Palacio de Congresos de Torremolinos, han formalizado su adhesión las Islas Cook y Santo Tomé y Príncipe, lo que eleva a 13 el número de países.
Los ministros y altos representantes de otros 33 estados han suscrito también la Declaración de Torremolinos en la que comprometen su esfuerzo por sumarse al Acuerdo de Ciudad del Cabo en un plazo de los dos años.
Los países que ya han ratificado el Acuerdo de Ciudad del Cabo en la cumbre ministerial de Torremolinos son: Bélgica, Congo, Islas Cook, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Saint Kitts y Nevis, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y España.
Ademá,s se han sumado a la Declaración de Torremolinos: Argentina, Belice, República Centroafricana, Chile, China, Costa Rica, Croacia, República Democrática del Congo, Ecuador, Fiji, Finlandia, Gabón, Alemania, Ghana, República de Guinea, Guinea Bissau, Indonesia, Irlanda, Kriibati, Liberia, Islas Marshall, Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República de Corea, Togo, Uganda, Reino Unido y Vanuatu.
En este último caso, el compromiso de los estados se limita a expresar la voluntad política de tomar medidas para que los criterios de entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo se cumplan el 11 de octubre de 2022, y promover el Acuerdo.
Declaración de Torremolinos
La Declaración de Torremolinos consta de nueve apartados en que los estados expresan su profunda preocupación por el alarmante número de pérdidas de vidas de pescadores y buques pesqueros.
En este sentido, los países que suscriben esta declaración afirman que es necesario adoptar medidas y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible que permita la «conservación y utilización de forma sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos».
En el documento, los estados reconocen que es necesario «un enfoque conjunto de los organismos de las Naciones Unidas y de otras partes interesadas para incrementar la seguridad de los buques y evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada».
Asimismo se declaran conscientes de que, tras más de 42 años desde el primer convenio internacional sigue sin haber un régimen normativo internacional vinculante sobre la seguridad de los buques pesqueros y de que la mejora de las normas de seguridad tendrá un efecto positivo en las condiciones laborales y personales, y el bienestar de los pescadores, y ayudará a luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La declaración incluye tres puntos en que los gobiernos reconocen que la entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo establecería medidas mínimas obligatorias de seguridad para los buques y el personal de los pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros y que «la entrada en vigor del Acuerdo fortalecería la implantación de otros instrumentos obligatorios que ya son aplicables a los buques pesqueros».
Más de 500 ministros, dignatarios, altos funcionarios, expertos y observadores de 148 países se dan cita desde ayer y hasta este miércoles, 23 de octubre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos en el marco de la Conferencia Ministerial sobre la Seguridad de los Buques Pesqueros y la Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de la Organización Marítima Internacional.
La cumbre está coorganizada por la OMI y el Gobierno de España, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y The Pew Charitable Trusts.
