La interceptación y sanción de cuatro arrastreros chinos por parte de Sudáfrica vuelve a colocar la pesca de larga distancia en el centro del debate sobre la soberanía marítima, el control de las zonas económicas exclusivas y la lucha contra las prácticas opacas en alta mar. El Gobierno sudafricano confirmó el 12 de marzo que los buques, con pabellón chino y propiedad de Shenzhen Shuiwan Pelagic Fisheries Co. Ltd., entraron sin la autorización requerida en la zona económica exclusiva y en aguas territoriales del país, lo que activó una respuesta coordinada de las autoridades pesqueras, policiales y marítimas.
Según el Ministerio de Bosques, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica, las embarcaciones —Zhong Yang 231, Zhong Yang 232, Zhong Yang 233 y Zhong Yang 239— habían solicitado inicialmente el 23 de febrero permiso para atravesar la ZEE sudafricana al amparo del denominado “paso inocente”, asegurando que abandonarían la zona antes del 3 de marzo. Días después, los buques pidieron además autorización Off-Port Limits sin aportar la justificación ni la documentación exigidas, una solicitud que fue rechazada. Las investigaciones posteriores revelaron, sin embargo, que los pesqueros ya habían penetrado en aguas territoriales sudafricanas mientras esa petición estaba siendo evaluada.
Las autoridades los detectaron a menos de 12 millas náuticas de la costa de KwaZulu-Natal y después siguieron su derrota a lo largo del litoral del Cabo Oriental, hasta que fueron escoltados al fondeadero del puerto de Ciudad del Cabo. Allí quedaron bajo vigilancia de la unidad táctica de la policía sudafricana y de los inspectores de control pesquero mientras se completaban los procedimientos de cumplimiento entre el departamento competente y la empresa armadora.
Uno de los elementos que más agravó el caso fue la desconexión repetida del sistema AIS, el dispositivo automático de identificación que permite localizar a los buques y seguir su navegación. El Ejecutivo sudafricano subrayó que los pesqueros activaron y desactivaron varias veces ese sistema durante el tránsito, incumpliendo la normativa nacional que obliga a los buques extranjeros a mantenerlo operativo en aguas del país. Más allá de su dimensión administrativa, esta práctica es especialmente sensible porque afecta a la seguridad marítima, reduce la trazabilidad de la actividad y constituye una de las señales clásicas que suelen asociarse a comportamientos de riesgo en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Sobre la base de las pruebas recabadas, Sudáfrica consideró que existían motivos razonables para sospechar un incumplimiento de la Marine Living Resources Act de 1998. Los capitanes fueron acusados y se impuso una sanción administrativa de 400.000 rands, equivalente a unos 24.000 dólares al cambio recogido por Reuters. Una vez abonada la multa por la empresa propietaria, los buques fueron liberados y abandonaron las aguas sudafricanas.
El mensaje político lanzado por Pretoria fue inequívoco. El ministro Willie Aucamp afirmó que Sudáfrica “no tolerará el uso ilegal de sus zonas marítimas” y remarcó que el país quiere evitar que sus puertos sean percibidos como “puertos de conveniencia”. La formulación no es menor: conecta este incidente concreto con una estrategia más amplia de afirmación de la jurisdicción marítima, de defensa de los recursos pesqueros y de refuerzo de la credibilidad del Estado ribereño frente a flotas de aguas distantes cada vez más presentes en el hemisferio sur.
Para el sector pesquero internacional, el episodio tiene una lectura que va más allá del expediente sancionador. África austral se ha convertido en un espacio crecientemente sensible en materia de vigilancia pesquera, presión sobre los recursos y control de la actividad de flotas extranjeras. Cuando un Estado costero actúa con rapidez ante una entrada no autorizada, envía una señal al conjunto de operadores: el acceso a la ZEE no puede ampararse en fórmulas ambiguas ni en interpretaciones flexibles del paso inocente cuando existen indicios de actividad incompatible con la normativa nacional. Esta última valoración es una inferencia razonable a partir del comunicado oficial y de los hechos descritos por Reuters.
Desde la perspectiva de Europa Azul, el caso sudafricano enlaza con un debate central para la gobernanza oceánica: el de la transparencia operativa de la flota de larga distancia. La combinación de solicitudes de tránsito, entradas sin autorización efectiva, presencia dentro de las 12 millas y apagados intermitentes del AIS dibuja un patrón que preocupa cada vez más a las autoridades costeras y a las organizaciones dedicadas a combatir la pesca INDNR. En un momento en que la trazabilidad, el control satelital y la responsabilidad del pabellón ganan peso en la agenda internacional, la actuación de Sudáfrica refuerza la idea de que la vigilancia marítima ya no es una cuestión secundaria, sino uno de los pilares de la sostenibilidad pesquera y de la soberanía azul.
