Según las estimaciones del sector pesquero, las ventas de sus productos en nuestro país en sus distintas presentaciones (fresco, refrigerado, conserva, congelado, ahumado, etc.) se han contraído un 20 % en los dos primeros meses de 2023 frente a igual periodo del año anterior, tras no ser incluidos como alimentos básicos por el Gobierno en la lista de productos de alimentación a los que decidió reducir o eliminar el IVA para paliar el incremento de precios de la cesta de la compra. El sector se dirigirá a todos los partidos políticos para recabar su apoyo y solicitar la incorporación de esta reivindicación en sus respectivos programas electorales, y está considerando poner en marcha una campaña de recogida de firmas a pie de calle bajo el lema ‘Todos tenemos derecho a comer pescado’
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Como consecuencia, según el sector en bloque, la exclusión de estos productos está empujando la desincentivación que ya padece desde hace años su consumo en nuestro país, a pesar de ser uno de los alimentos más básicos y económicos de cualquier dieta saludable (el gasto medio mensual por habitante para acceder a estos productos es sólo de 18 euros), a favor de otros menos recomendados para la salud por sus altos contenidos de calorías, grasas, azúcares o sal, y con pocos nutrientes esenciales como las grasas esenciales Omega-3, vitaminas y minerales.
En este sentido, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo de productos pesqueros ha registrado un descenso del 15,2 % entre los meses de enero y noviembre de 2022, con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta caída se suma al descenso del 20,4 % del consumo en los hogares entre 2008 y 2021.
Además, señala el sector, esta decisión “paradójicamente” debilita el potencial privilegio de la población española, frente a la de otros países, de disponer de esta proteína de gran calidad en una extensa variedad de especies, productos y preparados que “posibilita el hecho de contar con una de las cadenas pesqueras más grandes y profesionales del mundo”.
Al margen de ello, apunta el sector, esta menor ingesta a favor de otros alimentos menos saludables tendrá a medio plazo serias consecuencias en la salud de las capas poblacionales más sensibles a las variaciones de precios ante circunstancias excepcionales, como la actual, y disparará, consecuentemente, el gasto del sistema sanitario.
De hecho, está demostrado científicamente (ver documento anexo) que el consumo regular de productos pesqueros (2-3 veces a la semana) disminuye hasta en un 45 % el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares (ACV) y en un 70 % la probabilidad de muerte súbita, en su preparación a la plancha o al horno. También reduce un 20 % el riesgo de fallecer por infarto agudo de miocardio y cada 100 gr. adicionales aumenta este porcentaje un 5 %.
Cabe recordar que, en nuestro país, las enfermedades consecuencia de una mala alimentación tienen un coste estimado de 14.000 millones de euros al año para el Sistema Nacional de Salud (SNS), cifra que, a medio plazo, podría incrementarse como consecuencia de la disminución de la ingesta de productos pesqueros, desequilibrando aún más la ya extrema proporción entre gasto en tratamiento sanitario y gasto en prevención (98 % y 2 %, respectivamente).
Movilización social en pro de una fiscalidad saludable
El sector pesquero en bloque ha intentado dialogar con el Gobierno para exponerle esta realidad y solicitar una reflexión sobre la reducción del IVA de los productos pesqueros, pero ha obtenido el silencio del Ejecutivo como respuesta.
Ante ello, el sector ha acordado iniciar una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos concurrentes a las próximas citas electorales autonómicas y generales, con el objetivo de recabar su apoyo a la reducción del IVA de sus productos y solicitar la incorporación de esta reivindicación en sus respectivos programas, más aún, señala, ante la retracción continuada de su consumo y la posición de vulnerabilidad de amplias capas de población al alza de precios.
Así mismo y con la finalidad de incentivar la movilización social, el sector está considerando poner en marcha una campaña de recogida de firmas a pie de calle. Bajo el lema ‘Todos tenemos derecho a comer pescado’, esta iniciativa tratará de revertir la actual “discriminación” que, a su juicio, están sufriendo amplias capas de la población, así como el propio sector de los productos pesqueros, “siempre fiel, incluso en las peores circunstancias, a su compromiso de abastecer el mercado con productos de primera calidad”.
Igualmente, el sector tampoco entiende las argumentaciones económicas ofrecidas, de manera esporádica, por distintos miembros del Ejecutivo sobre los efectos que tal medida tendría en la política recaudatoria o su impacto en el propio Índice de Precios de Consumo (IPC) de la alimentación.
De hecho, y según los datos de un informe de AECOC y PwC, con la eliminación del IVA de los productos pesqueros el IPC de la alimentación de enero de 2023 se habría situado en el 14,3 %, más de un punto por debajo del 15,4 % registrado. En caso de aplicar una reducción del IVA al 5 %, el IPC de la alimentación hubiera sido del 14,9 %.
Cabe recordar que en prácticamente todos los países de la Unión Europea los productos pesqueros disfrutan de un tipo de IVA reducido con respecto al general. La mayoría de los gobiernos están aplicando tipos inferiores al 10 % que actualmente se imputa en España. Así, por ejemplo, en Irlanda, Reino Unido y Malta no se aplica IVA al pescado. Francia lo grava con un 5,5 %, Luxemburgo con un 3 %, Bélgica con un 6 %, Chipre con un 5 %, al igual que Hungría y Polonia, nuestro vecino Portugal con un 6 %, y Alemania, que aplicaba un IVA del 7 %, lo redujo al 5 %.
Según manifiesta el sector “queremos dialogar con el Gobierno sobre las verdaderas razones que le motivan para alejar a la población española de sus productos pesqueros y tener la oportunidad de mostrarle las ventajas de su consumo con el fin de hacer un ejercicio de reflexión antes de que sea demasiado tarde para muchas personas. No existe ninguna razón –añade el sector –, de carácter macroeconómico ni tampoco operacional de nuestra industria, que justifiquen este empecinamiento. Por ello –acaba diciendo el sector–, queremos que también los consumidores se sumen a esta reivindicación de una fiscalidad saludable, que a nuestro juicio debería aplicarse de manera permanente, porque con los datos encima de la mesa, sólo aporta beneficios a todos”.
Otro trabajo del OCU
Un tercio de los hogares españoles está reduciendo su consumo de pescado y carne para hacer frente a la inflación récord de los alimentos. Los consumidores españoles también recurren cada vez más a productos enlatados y congelados más baratos para hacer frente a la subida de los precios de los alimentos, según la organización de defensa de los consumidores OCU.
OCU publicó los resultados de una encuesta que realizó en enero de 2023 y que mostraba que dos tercios de los hogares españoles compran ahora más productos genéricos y artículos de oferta que antes de que la inflación empezara a disparar los precios de los alimentos en toda la nación europea.
El encarecimiento de los alimentos ha llevado a los gobiernos de toda Europa a tomar medidas reguladoras para frenar la oleada. En Francia, el Gobierno está presionando a las principales cadenas de supermercados del país para que combatan la elevada inflación acordando la venta de determinados productos esenciales, incluido el pescado, a precios rebajados. Y el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aprobó en enero una rebaja fiscal que incluía la reducción del IVA de los alimentos básicos del 4% a cero, al tiempo que ofrecía una subvención de 200 euros (212 dólares) a las familias que ganaran menos de 27.000 euros (28.700 dólares). La ley también aumenta las pensiones un 8,5% y amplía las reducciones de los impuestos sobre la electricidad y el gas.
«Al igual que hicimos con las subvenciones a la energía y los carburantes, el Gobierno va a garantizar que las reducciones del IVA y las ayudas a los agricultores se repercutan directa e inmediatamente en los precios de los alimentos», dijo Sánchez al anunciar los recortes.
A pesar de la medida, los precios de los alimentos en España siguieron subiendo en febrero, con una inflación de los costes alimentarios que alcanzó el 15%, incluso cuando la cifra de inflación nacional se situó por encima del 6%. El precio del arroz ha subido un 20% en los últimos 12 meses y el del aceite de oliva se ha disparado un 30,5%, según informa Bloomberg.
En respuesta, los ciudadanos españoles han planeado nuevas solicitudes para exigir a Sánchez que tome más medidas, y algunos cargos electos están avanzando en una legislación específica sobre alimentos diseñada para frenar los precios …
