La reducción de flota sufrida y las negociaciones del brexit tienen que servir en 2018 para intentar negociar un `status´ que evite el continuo goteo de desaparición de flota. Antes de 1986, España disponía de 22.300 barcos con licencia para pescar. Hoy son 9.200 embarcaciones, un 58% menos. «Hemos hecho muchos sacrificios para poder adaptarnos a la política pesquera común (…) durante años nos dieron cuotas muy inferiores a las que nos correspondían, nos pusieron un montón de limitaciones y ese fue uno de los peajes a pagar a cambio de entrar en la CEE», resume Garat.
Por ejemplo, la flota del caladero Gran Sol (al oeste de las islas británicas) pasó de 450 barcos a 300. «Ahora sólo quedan 80, de los cuales apenas 40 tienen autorización para salir a pescar a la vez». Según Cepesca, Islandia y Noruega renunciaron a entrar en la Unión Europea precisamente por las restricciones en este sector.
Pero… ¿qué establece la política pesquera común? La normativa nació en los años setenta para evitar la sobreexplotación de las poblaciones de peces y garantizar la sostenibilidad del sector desde el punto de vista medioambiental, económico y social. «Aunque es importante aumentar las capturas, también debe haber unos límites. Las prácticas de pesca no deben impedir la reproducción de especies», sostiene la Comisión Europea en su página web.
«No queda otra alternativa»
Tras varias actualizaciones, en 2014 fijó la obligación de alcanzar los niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS, el nivel óptimo de capturas que se puede extraer de una población de peces cada año sin perjudicar a las existencias, según el criterio de los científicos) para todas las especies entre 2015 y 2020 como muy tarde. Al menos 44 reservas ya lo han conseguido frente a sólo cinco en 2009, cifra que llegará a 53 sobre un total de 70 en 2018. «España y Portugal son los países que peor están en ese aspecto. Parece que 2020 es la única fecha límite posible para el sector en nuestro país», advierte Eneko Aierbe, responsable de Pesca en Ecologistas en Acción.
En opinión de Garat, Karmenu Vella está «fuertemente influenciado por grupos de presión» hasta el punto de que «se olvida» de los aspectos socioeconómicos en su férrea defensa del medio ambiente. «Llegó con un espíritu constructivo, pero se está radicalizando», sentencia el titular de Cepesca. El comisario europeo pretendía aplicar el RMS en la merluza del caladero sur en 2018 con un drástico recorte del 30%, pero la ministra de Agricultura ganó el pulso y consiguió rebajarlo hasta un 12%, dando un año más de margen a esta población específica (hasta 2019). Isabel García Tejerina dejó caer el pasado lunes que la propuesta inicial de Bruselas «dista un poco» de las prioridades de España.
En este sentido, Aierbe critica la actitud del Ministerio de Agricultura ante el sistema de RMS: «España siempre lo tomó como algo impuesto sin darse cuenta de que no hay otra salida. Al Gobierno le falta hacer pedagogía entre los pescadores para que entiendan que un recorte a tiempo les permitirá continuar con su actividad por muchos años». De hecho, en algunas poblaciones se ha mantenido el Total Admisible de Capturas (TAC) tras varios años de crecimiento, como en la del rape.
Dicho sistema (RMS) permite excepciones siempre que una actividad pesquera se vea seriamente amenazada, si bien Vella no se presentó en la última reunión con ánimo de dar su brazo a torcer. Aun así, España logró suavizar los recortes en algunos casos.
Garat destaca tanto el progreso como el «enorme esfuerzo» de los pescadores para cumplir la ley, y recuerda que su actividad no es el único factor que influye en la mortalidad de los peces. Las condiciones climáticas, la contaminación y la presencia de depredadores no deben pasarse por alto. Casualmente, la mano del hombre también suele estar detrás de las dos primeras.
