Un informe alerta de que la ruta “Code 7”, pensada para embarcar y salir del país, se ha convertido en un atajo laboral con zonas grises, escasa protección y riesgo de abusos.
La industria pesquera del Reino Unido navega con una paradoja cada vez más difícil de ocultar: necesita mano de obra extranjera para mantener la actividad, pero el sistema de entrada y permisos que la canaliza es, según un nuevo informe, “complejo y opaco” y termina alimentando la vulnerabilidad de quienes trabajan a bordo. ESTUDIO DE UK
El estudio —centrado en las políticas de visados y autorizaciones para marineros y pescadores migrantes— pone el foco en una pieza clave del engranaje: el Contract Seaman Leave, conocido en el sector como “Code 7” o “transit visa”. Es un permiso de entrada vinculado a embarcar en un buque y salir del Reino Unido en un plazo breve, sin conceder derecho a residir o trabajar en tierra.
Sin embargo, la práctica ha desbordado la teoría. Una encuesta citada por el informe señala que el 30% de la tripulación del sector operaba en 2023 mediante esta vía tipo “tránsito”, un dato que ilustra hasta qué punto se ha normalizado un mecanismo que, en origen, no estaba diseñado para sostener relaciones laborales prolongadas en buques de bandera británica. ESTUDIO DE UK
La investigación se apoya en una revisión documental y en 24 entrevistas semiestructuradas realizadas entre julio y octubre de 2025, la mayoría a pescadores filipinos —una nacionalidad especialmente presente en la flota y considerada vulnerable por su dependencia de agencias de contratación y por las condiciones de entrada—. ESTUDIO DE UK
El informe describe un “laberinto” de rutas. Entre ellas, la exención del Immigration Act 1971 para tripulantes que llegan y salen en el mismo barco; el propio Code 7 para quienes entran como pasajeros para unirse a una embarcación; la exención para quienes portan determinados documentos de identidad marítima (seaman’s book); y, sobre el papel, la ruta de Skilled Worker (trabajador cualificado).
La frontera clave es operativa y jurídica: trabajar dentro o fuera de las aguas territoriales británicas (UKTW), el límite de 12 millas náuticas. El informe recuerda que, desde cambios legislativos recientes, quien “comienza a trabajar” en esas aguas puede ser considerado como que “entra” en el Reino Unido a efectos migratorios, con la consiguiente necesidad de permiso de trabajo. ESTUDIO DE UK
En ese contexto, el Code 7 aparece como una solución rápida… y peligrosa. Se tramita como “Joining Ship” y puede extenderse hasta seis meses en el visado, pero la entrada suele ir acompañada de condiciones estrictas (incluida la obligación de salir) y de limitaciones como “no recourse to public funds”.
El propio diseño del proceso puede agravar la dependencia: la solicitud se realiza con formularios de visitante o tránsito, exige documentación sobre el buque y el contrato, y en la práctica muchas agencias gestionan todo el procedimiento, dejando al pescador con una comprensión parcial de sus condiciones reales.
Esa falta de claridad no es un detalle menor. El informe subraya que, cuando un trabajador entra con un permiso que no fue concebido como visado laboral, se abre una zona gris: dudas sobre qué normas laborales le cubren, qué autoridad puede inspeccionar y qué vías reales tiene para reclamar. ESTUDIO DE UK
Además, en junio de 2024 se produjo un giro relevante en la guía de UKVI: se eliminó una redacción previa que permitía cierta flexibilidad (“wholly or largely”) y se restringió la concesión del permiso a tripulantes que se incorporan a buques “no destinados a operar en aguas del Reino Unido”. Para el informe, este tipo de ajustes, sin alternativa clara, puede empujar aún más al sector hacia usos indebidos. ESTUDIO DE UK
El problema se agrava por lo que el documento denomina un posible “cliff edge”: la probabilidad de que haya pocas o ninguna vía práctica por la ruta de trabajador cualificado para una parte de la flota, lo que incrementaría la presión sobre el Code 7.
La ruta Skilled Worker, tal y como queda tras cambios señalados en el informe, impone condiciones difíciles de encajar en muchos perfiles de cubierta: umbrales salariales elevados, requisitos de inglés (con endurecimiento previsto), necesidad de patrocinio empresarial y un marco de cualificación que deja fuera ocupaciones no consideradas de nivel suficiente salvo excepciones temporales.
A eso se suma el coste. El informe detalla gastos relevantes para el trabajador (tasas, recargos sanitarios, fondos mínimos) y también para el empleador (licencia de patrocinio, certificados, recargos), lo que ayuda a explicar la “baja adopción” de esta vía en ciertos segmentos de la industria. ESTUDIO DE UK
En paralelo, el documento recuerda otras piezas del tablero: una concesión específica para “well boat workers” que finaliza en febrero de 2026, y el plan de UKVI de avanzar hacia eVisas en 2026, eliminando los adhesivos físicos del pasaporte, cambios que alteran procedimientos y márgenes de planificación.
Con este panorama, el informe concluye que el sistema actual “no solo es difícil de navegar”, sino que “crea vulnerabilidad”: el pescador migrante queda atado a la agencia y al patrón para entender su estatus, vive en condiciones de aislamiento a bordo y puede ver limitada su capacidad de pedir ayuda o denunciar abusos.
La respuesta que plantea el documento no es cosmética. Entre sus recomendaciones, destaca la creación de una Fishing Worker Visa que reconozca a los pescadores como trabajadores con derechos, con opciones reales de renovación y movilidad (por ejemplo, posibilidad de cambiar de empleador) para romper desequilibrios de poder.
A esa propuesta suma una figura “puente”, inspirada en modelos como la Workplace Justice visa australiana, para que quienes hayan sufrido explotación puedan reclamar sin perder su permiso o su capacidad de trabajar. ESTUDIO DE UK
El informe también pide una revisión formal del uso del Code 7, con recogida y publicación de estadísticas, y reclama refuerzo de la inspección y la aplicación efectiva de la normativa laboral en la pesca, de forma que los derechos no dependan del mapa —o de si el barco cruza o no una línea invisible de 12 millas—.
El mensaje final es contundente: sin una vía regular y segura, el Reino Unido corre el riesgo de consolidar un modelo donde la necesidad de tripulación se cubre con permisos pensados para el tránsito, y donde la protección del trabajador queda, demasiado a menudo, “fuera de cobertura”. ESTUDIO DE UK
