Ports de la Generalitat ha aprobado la reducción del 20% de la tasa de ocupación del dominio público portuario, que afecta a los gestores de los muelles pesqueros, lonjas e instalaciones complementarias. Esta rebaja se enmarca en el marco de propuestas de ayudas al sector pesquero como consecuencia del incremento de los hidrocarburos.

La empresa pública  también ha decidido no aplicar el coeficiente de impacto sobre el consumo de agua y electricidad en el sector pesquero. Esta medida supondrá un ahorro del 20% en estas tarifas.

El sector de la acuicultura, dedicado a la gestión de piscifactorías, también se beneficiará de estas reducciones.

Estas reducciones temporales se estiman en 262.000 euros y están dirigidas al sector pesquero de los puertos de titularidad de la Generalitat.

El vicepresidente de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha recordado que «nos gustaría poder tomar más medidas, pero desgraciadamente no somos un Estado». A pesar de ello, «en el marco de las medidas que podemos tomar», ha anunciado la reducción de impuestos en el sector pesquero.

Transportistas 

Jordi Puigneró también ha tenido palabras para referirse a la huelga del transporte, asegurando que «el sector del transporte no puede seguir con la presión de los precios de los carburantes» y ha lamentado que el Gobierno español no haya tomado aún ninguna medida. «No podemos esperar al 29 de marzo», ha subrayado en relación a la fecha en la que el ejecutivo estatal tiene previsto aprobar el plan para responder al impacto generado por la guerra de Ucrania.

Puigneró ha recordado que los días 8 y 16 de marzo envió dos cartas al Gobierno español que aún no han sido contestadas, en las que pedía la reducción de la presión fiscal sobre los carburantes y la creación de un fondo específico para ayudar a los transportistas.

Según el vicepresidente «cualquier medida que ayude a los transportistas a no tener que trabajar por debajo del precio de coste es imprescindible; y debe aplicarse al menos hasta que dure el conflicto. La economía del país no se lo puede permitir». En este sentido, ha señalado que la ayuda de 500 millones de euros anunciada por el Gobierno español «es muy exigua y no resuelve en absoluto el problema».