Santiago Bucaram, especialista del BID, Diana Flores (INTELFIN), Emanuel Paredes ((INTELFIN) y Carlos E. Paredes (INTELFIN). BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Perú es reconocido como una potencia pesquera a nivel mundial debido a la alta productividad y gran abundancia de recursos hidrobiológicos de su mar. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lo posicionó como el segundo país en el mundo en materia de capturas marinas, habiendo registrado 7.15 millones de toneladas en 2018. Gran parte del volumen de estas capturas provienen de la pesca de mayor escala, realizada con embarcaciones industriales y de alta tecnología, orientada principalmente a la extracción y procesamiento del recurso anchoveta para la producción de harina y aceite de pescado, en el que Perú es el principal productor y exportador a nivel mundial (FAO, 2019).

En el caso de la pesca artesanal la situación contrasta con la del subsector industrial. Por ejemplo, los desembarques de la pesca artesanal se distribuyen entre una mayor cantidad de especies. Este subsector explota alrededor de 300 especies (Guevara-Carrasco et al., 2017), dentro de los que se destacan las pesquerías de pota, perico y bonito. Además, el subsector artesanal se ve enfrentado a problemas específicos; entre estos, la probable sobreexplotación de los recursos y la disminución de los ingresos de los pescadores artesanales. Ambos fenómenos son consecuencia de la desatención de problemas estructurales del subsector artesanal asociados a la inadecuada gestión de información, la debilidad institucional y al insuficiente ordenamiento pesquero. Consecuentemente, se pudiera concluir que, hasta la actualidad, no se ha podido aprovechar la diversidad de los recursos de forma eficiente y beneficiar a todos los que participan de la actividad pesquera artesanal. Todo esto decanta en una situación aparentemente paradójica, en que la gran riqueza del mar peruano es explotada de manera desordenada por un número creciente de pescadores artesanales cada vez más pobres.

Por todo lo expuesto, anteriormente es posible afirmar que la actividad extractiva de la flota artesanal requiere cambios y mejoras para lograr eficiencia y modernidad. Ante esta situación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un estudio que cuantificó un estimado del valor que se está perdiendo anualmente como costo de oportunidad por no llevar adelante políticas y acciones de gestión óptimas para este sector. El valor estimado fue de más de USD 375 millones anuales para el 2019.  Esta estimación debe ser considerada como un límite inferior del potencial de valor adicional que se podría generar en las siguientes pesquerías: invertebrados marinos bentónicos, múnida, perico, pota y anchoveta para el consumo humano directo (CHD), a través de un manejo adecuado de las mismas. El estudio fue presentado a las actuales autoridades de PRODUCE, y consecuentemente nos encontramos trabajando en conjunto con dicho ministerio para dar los primeros pasos que se requieren para solucionar la problemática anteriormente mencionada.

Específicamente, con el objeto de solucionar estos problemas proponemos las siguientes recomendaciones de acciones para el corto y mediano plazo

ACCIONES DE CORTO PLAZO (1-3 años)

1. Diseño e implementación de un sistema de información y de una plataforma digital que centralice las bases de datos de las pesquerías sobre aspectos varios con metodologías unificadas para asignar responsabilidades a cada institución en la generación de información.
2. Conducir un nuevo Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo, permitirá contar con información estadística y socioeconómica actualizada sobre el sector.
3. Aprobar una política nacional de planeación estratégica mediante la definición de objetivos de gestión de mediano y largo plazo para orientar el diseño y la implementación de acciones concretas en los diferentes niveles de gobierno.
4. Establecer un mecanismo de gestión que facilite la articulación entre el PRODUCE y los GORE para mejorar el desempeño de la gestión pesquera a nivel regional y fortalecer la implementación de acciones de política pública en la pesca artesanal.
5. Incorporar en los Reglamentos de Ordenamiento Pesquero (ROP) un mayor detalle sobre las medidas aplicables a la actividad pesquera artesanal, actualizando los ROP aprobados e incorporando medidas de ordenamiento a: esfuerzo pesquero, puntos de desembarque, cuotas de captura, zonas de operación por tipo de flota, entre otros.
   1. Establecer un mecanismo de evaluación y monitoreo de los instrumentos de ordenamiento pesquero para promover su mejora continua con indicadores para los aspectos biológicos, pesqueros y socioeconómicos.
   2. Contar con otro instrumento que facilite el monitoreo de las diferentes instituciones y dependencias.
   3. Incluir auditoria por parte de un tercero.
   4. Constituir una flota nacional de mayor escala para la extracción del recurso pota que se enfoque en el excedente de la captura no realizada por la flota artesanal y que ejerza su esfuerzo pesquero de manera exclusiva en alta mar, en el ámbito de la OROP-PS. Esto tiene como objetivo evitar que flotas extranjeras se aprovechen de dicho excedente.
   5. Desarrollar el marco normativo para promover esquemas de co-manejo y otorgar derechos de uso territorial en la pesquería de invertebrados marinos bentónicos, que considere principalmente a las distintas formas de organización pesquera artesanal reconocidas por el PRODUCE.
   6. Cerrar el acceso formal a la actividad pesquera artesanal embarcada y no embarcada con el fin de evitar el riesgo para la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
   7. Adaptar y extender la aplicabilidad de la norma anti-descarte a la pesquería de anchoveta para CHD y a otras pesquerías a nivel nacional.

ACCIONES DE LARGO PLAZO (3-5 años)

1. Mejorar las actuales medidas de manejo, ampliar su cobertura y facilitar la explotación inicial de recursos con potencial valor comercial.
2. Ampliar y fortalecer las acciones de monitoreo e investigación pesquera por parte del IMARPE, con énfasis en los recursos de la pesca artesanal e inexplotados, mediante un incremento en su presupuesto institucional.
3. Promover la pesca exploratoria de recursos inexplotados, tales como vinciguerria, langostinos y centollas de profundidad, mediante esquemas de pesca exploratoria con embarcaciones especializadas y con la participación concurrente del IMARPE en dichas actividades.
4. Crear un organismo independiente ad hoc que sea responsable de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción de las actividades pesqueras a nivel nacional para fortalecer la acción del Estado, centralizando el desempeño de estas funciones de control, coadyuvando a la implementación efectiva de la Ley de Interdicción de la actividad ilegal en la pesca.
5. Reordenar el esfuerzo pesquero mediante el acceso exclusivo a pesquerías específicas. Idealmente, se deberían incluir salvaguardas socioeconómicas que faciliten la reducción del número de embarcaciones y de pescadores artesanales. Dado que la pesca artesanal puede ejercer la actividad extractiva sobre todos los recursos siempre que se destinen al CHD, una vez cerrado su acceso se recomienda redistribuir el esfuerzo pesquero en pesquerías específicas a efecto de regularlas. No se debe dejar de lado el impacto negativo que el proceso de ordenamiento podría generar sobre ciertos participantes al ser retirados de las pesquerías. En este sentido, debería considerarse el establecimiento de un fondo de compensación, con financiamiento público, que podría incluir programas de reconversión laboral y desarrollo de micro y pequeñas empresas para la reinserción de los pescadores artesanales en otros sectores productivos.

Hay que finalizar acotando que COVID-19 ha agravado los problemas estructurales que por décadas han afectado al sector pesquero artesanal peruano lo cual ha intensificado el sentido de urgencia para implementar las políticas anteriormente propuestas y lograr que la pesca artesanal de Perú sea moderna, rentable y sostenible. Estas reformas al sector permitirán mejorar la calidad de vida de sus participantes, así como proteger la seguridad alimentaria y la economía del país.

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