Un informe de la EU IUU Coalition alerta de graves fallos en los controles de importación: algunos Estados apenas verifican capturas y crean “puertas traseras” para el marisco y el pescado capturados ilegalmente.
La Unión Europea, uno de los mayores mercados mundiales de productos del mar y pionera en la lucha contra la pesca ilegal, no está siendo capaz de impedir la entrada de pescado ilícito en sus fronteras. Esa es la dura conclusión del informe “Beyond CATCH: Why E.U. import controls still fail to keep illegal seafood out of the market”, elaborado por la coalición de ONG contra la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada), integrada por Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts, The Nature Conservancy y WWF EU.
Según este trabajo, los fallos en los controles de importación generan “peligrosos vacíos” que amenazan la confianza de los consumidores, distorsionan la competencia para las flotas que sí cumplen las normas y debilitan los esfuerzos internacionales contra el crimen pesquero.
Grandes importadores, controles mínimos
El informe pone el foco en varios Estados miembros que, pese a manejar volúmenes elevados de importación, apenas revisan la documentación que debería acreditar el origen legal de las capturas. Los datos son elocuentes:
- Italia solo verificó un certificado de captura al año en 2022 y 2023.
- Portugal revisó cinco certificados anuales entre 2020 y 2023 y, en cuatro años, solo rechazó dos envíos.
En la práctica, esto supone que miles de toneladas de pescado entran en el mercado europeo con controles meramente formales o inexistentes.
El director ejecutivo y fundador de EJF, Steve Trent, achaca esta situación a una mezcla de falta de voluntad política, carencias de recursos y prioridades equivocadas en algunos países, donde se favorecería la fluidez comercial y la competitividad portuaria por encima del control riguroso. A ello se suma la opacidad: informes censurados y datos de aplicación publicados de forma irregular dificultan la rendición de cuentas y reducen la presión externa sobre los Estados menos cumplidores.
Europa a varias velocidades: de España a los Países Bajos
La coalición también denuncia una gran disparidad en la manera en que los Estados miembros aplican el reglamento europeo contra la pesca INDNR. El ejemplo más evidente es el contraste entre España y otros países del norte:
- España inspecciona más del 70 % de los desembarques directos procedentes de buques de terceros países.
- Países Bajos, que recibe grandes volúmenes de pescado con pabellón de Estados catalogados como de alto riesgo —como Rusia—, ni siquiera alcanza el mínimo de inspección del 5 % que fija la normativa comunitaria.
Para las ONG, esta asimetría convierte a algunos puertos en entradas fáciles para el pescado ilegal y, de paso, perjudica a los Estados que sí aplican controles estrictos.
Trent insiste en que la aplicación efectiva de la ley exige “medidas proactivas” por parte de los gobiernos: respetar como mínimo ese 5 % de inspecciones en desembarques de buques extracomunitarios, reforzar plantillas y medios para los controles, y aplicar procedimientos de verificación homogéneos, rigurosos y basados en el riesgo para certificados de captura y partidas de origen sensible.
La coalición subraya además que cualquier envío que contenga producto capturado ilegalmente debe ser rechazado en frontera y que los Estados deben remitir datos completos y fiables a la Comisión Europea.
Portugal en el punto de mira y la esperanza en la digitalización
Pese al duro diagnóstico, el informe reconoce algunos pasos positivos. El más simbólico fue la decisión de la Comisión Europea, el pasado mes de junio, de abrir un procedimiento de infracción contra Portugal por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra la pesca INDNR.
Para las ONG, se trata de un mensaje claro al resto de Estados miembros: Bruselas está dispuesta a pasar de las recomendaciones a las sanciones si continúan los incumplimientos. La esperanza es que este expediente suponga “un punto de inflexión” y empuje a los países más rezagados a reforzar sus sistemas de control.
Otro elemento visto con optimismo es la digitalización del sistema comunitario de certificados de captura a través de la plataforma CATCH, cuyo despliegue está previsto a partir de enero de 2026. El objetivo: sustituir el intercambio de documentos en papel por un sistema electrónico que facilite la trazabilidad, permita un mejor análisis de riesgos y haga más eficientes y transparentes las verificaciones.
Trent define CATCH como “un paso largamente esperado” que puede modernizar la política pesquera europea y dificultar la entrada de pescado ilegal. Sin embargo, advierte: por sí solo no resolverá los problemas de fondo. Para que la herramienta tenga impacto real, los Estados deben usarla de manera activa, verificar y cruzar datos, orientar las inspecciones hacia los cargamentos de mayor riesgo y, llegado el caso, denegar la entrada de partidas sospechosas.
Reino Unido, otro eslabón débil del control
La advertencia a la Unión Europea llega pocos meses después de que EJF lanzara una alarma similar sobre el Reino Unido. En su informe “Criminal Catches”, publicado en septiembre, la organización describía un panorama de controles insuficientes tras el Brexit, especialmente sobre certificados de captura procedentes de países de alto riesgo como China y Rusia.
Según ese análisis, el sistema británico deja la puerta abierta a productos asociados a prácticas ilegales y a violaciones de derechos humanos en el mar, lo que expone a los consumidores y socava los estándares que el propio país dice defender.
Para Trent, tanto la UE como el Reino Unido necesitan “actuar con urgencia” para reforzar sus controles de importación, utilizar las herramientas disponibles y blindar sus mercados frente al pescado ilegal.
La diferencia, precisa, está en el punto de partida:
- En la UE, el marco normativo ya existe y es sólido; el gran déficit es la aplicación efectiva por parte de los Estados.
- En el Reino Unido, además de dotarse de medios, haría falta mejorar la legislación —por ejemplo, implantando un sistema de “tarjetas” similar al comunitario— para incentivar reformas en los países que exportan pescado capturado ilegalmente.
“Control shopping”: buscar el eslabón más débil
El informe también aborda cómo algunos operadores se aprovechan de estas grietas. No tanto —según EJF— usando el Reino Unido como puerta de entrada hacia la UE, sino al revés: introduciendo pescado en el mercado europeo por los Estados con controles más laxos, para luego reexportarlo al Reino Unido.
Este fenómeno, bautizado como “control shopping”, consiste en elegir el puerto de entrada no por razones logísticas, sino por la debilidad del sistema de inspección. Una vez superado ese primer filtro, el producto se mueve dentro del mercado único o hacia países con acuerdos comerciales, con muy poca supervisión adicional.
Un liderazgo en juego
La UE lleva años presentándose como referente mundial en la lucha contra la pesca INDNR, con un reglamento pionero, un sistema de “tarjetas” a países terceros y un esquema de trazabilidad que otros bloques han tomado como modelo. Pero, según la EU IUU Coalition, ese liderazgo está en entredicho si los Estados miembros no convierten la normativa en controles reales y efectivos.
Para las ONG, el mensaje es claro: sin inspecciones suficientes, sin transparencia y sin voluntad política, el mejor reglamento del mundo se queda en papel mojado. Y, mientras tanto, los pescadores que cumplen las reglas compiten en desventaja frente a quienes se aprovechan de la impunidad y el bajo coste del pescado ilegal.
