Una investigación de la Environmental Justice Foundation alerta de la sobreexplotación del calamar argentino y de graves violaciones de derechos humanos a bordo de la flota extranjera que opera en aguas internacionales.
La pesquería de calamar en el Atlántico Suroccidental, en el límite exterior de la zona económica exclusiva de Argentina, se encuentra en una situación crítica. Según un nuevo informe y documental de la Environmental Justice Foundation (EJF), cientos de buques de aguas distantes, en su mayoría de bandera china, están exprimiendo sin control esta especie clave para el ecosistema marino y la economía regional, al tiempo que se documentan abusos sistemáticos a la tripulación.
Cada año, cuando el calamar argentino (Illex argentinus) migra más allá de las aguas jurisdiccionales del país, una inmensa flota de poteros industriales se concentra en la zona conocida como Milla 201, tan grande que sus luces pueden observarse desde el espacio. Entre 2019 y 2024, las horas de pesca de barcos chinos en la zona aumentaron un 85 %, mientras que las capturas mostraron una preocupante tendencia descendente.
Un recurso vital en riesgo
El calamar argentino ocupa un lugar estratégico en la cadena alimentaria de la región: sirve de alimento a delfines, lobos marinos, ballenas, aves marinas y especies comerciales como la merluza o el atún. Además, su explotación genera cientos de millones de dólares anuales para Argentina. Solo en 2023, representó el 12,2 % de la captura mundial de calamar.
Sin embargo, mientras que dentro de aguas argentinas la pesquería está regulada, en alta mar la actividad carece prácticamente de controles internacionales. El esfuerzo pesquero en esta franja sin normativa es cuatro veces mayor que en la zona bajo gestión nacional.
“El colapso podría producirse de manera extremadamente rápida, con efectos en cascada sobre toda la vida marina”, advirtió Steve Trent, fundador y director de EJF. “La sobrepesca y la crisis climática ejercen una presión enorme sobre esta especie clave, mientras quienes la explotan cometen abusos con total impunidad”.
Violaciones de derechos humanos
El informe de EJF detalla abusos generalizados a bordo de los poteros. Entrevistas a tripulantes indonesios y filipinos revelaron casos de violencia, intimidación, jornadas extenuantes y descuentos arbitrarios en sus salarios. Casi dos tercios de los buques chinos estarían vinculados a muertes o agresiones físicas.
Los testimonios también denunciaron prácticas ilegales contra la biodiversidad, como el cercenamiento de aletas de tiburón y la matanza deliberada de mamíferos marinos, incluidos ejemplares de lobo marino sudamericano.
Riesgo de entrada en mercados internacionales
La falta de control implica que productos derivados de estas prácticas podrían estar entrando en mercados como la Unión Europea, Estados Unidos o el Reino Unido, alertó la ONG.
Ante esta situación, la EJF reclama una acción urgente que incluya:
- Límites de captura basados en criterios científicos y sistemas de monitoreo en el Atlántico Suroccidental.
- Eliminación del trabajo forzoso y plena trazabilidad de la cadena de suministro.
- Controles portuarios reforzados y prohibición de importaciones vinculadas a la pesca ilegal o abusiva.
Llamado a la transparencia
EJF insta a los gobiernos a respaldar e implementar la Carta Global para la Transparencia Pesquera, un conjunto de medidas de bajo coste que permitirían avanzar hacia una pesca legal, ética y sostenible.
“El calamar es vital para la salud del océano y para millones de personas que dependen del mar”, insistió Trent. “Si los gobiernos no actúan juntos, el colapso de esta pesquería provocará una catástrofe con consecuencias que irán mucho más allá de estas aguas”.
Contra las importaciones del Reino Unido
Un informe de la Environmental Justice Foundation alerta de que el sistema británico de verificación ha colapsado, abriendo la puerta a productos ligados a la pesca INDNR y a abusos laborales.
Los consumidores británicos podrían estar adquiriendo, sin saberlo, pescado procedente de actividades ilegales o de flotas acusadas de graves abusos de derechos humanos, según denuncia un informe elaborado por la Environmental Justice Foundation (EJF) y la organización Open Seas.
El documento, titulado “Criminal Catches: How to stop the supply of illegal seafood to the U.K.”, sostiene que desde el Brexit el Reino Unido ha relajado de manera alarmante sus controles de importación de productos pesqueros, erosionando las garantías de trazabilidad y sostenibilidad.
Un sistema de control debilitado
La investigación cita datos oficiales que reflejan un colapso en las verificaciones de certificados de captura desde que Londres abandonó la Unión Europea. Entre 2021 y 2023, prácticamente no se realizaron controles sobre las importaciones procedentes de Rusia, a pesar del contexto geopolítico y de las sanciones comerciales. En el caso de China, desde 2012 solo se rechazaron cuatro envíos, a pesar de la amplia documentación internacional que vincula a su flota de aguas distantes con prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y violaciones de derechos laborales.
Riesgo para un país dependiente de las importaciones
La situación es especialmente grave porque más del 80 % del pescado que consumen los británicos es importado. Buena parte de estos productos procede de países que han recibido tarjetas amarillas de la UE por su falta de compromiso contra la pesca INDNR, o que figuran entre los proveedores con mayor riesgo en el mundo.
La comparación con la Unión Europea resulta reveladora. El informe destaca que países como España realizan 18 veces más controles en frontera que el Reino Unido, pese a recibir apenas el doble de certificados de captura. Esta disparidad refleja, según las ONG, la debilidad del sistema británico frente a las exigencias de sus antiguos socios comunitarios.
Impacto en el sector pesquero
El informe advierte de que esta falta de rigor amenaza la credibilidad del sector pesquero británico y pone en riesgo la confianza de los consumidores. Además, erosiona los esfuerzos internacionales para frenar la pesca ilegal, ya que el Reino Unido se convierte en un destino potencial para productos de origen dudoso.
Para las ONG, el mensaje es claro: si el Reino Unido quiere mantener su reputación como país comprometido con la sostenibilidad y los derechos humanos, debe reforzar urgentemente los mecanismos de control en sus fronteras.
Recomendaciones
El informe plantea una serie de recomendaciones, entre ellas:
- Incrementar los controles documentales y físicos en frontera.
- Coordinarse con las autoridades europeas para garantizar estándares equivalentes de trazabilidad.
- Garantizar mayor transparencia en las cadenas de suministro.
- Exigir a las empresas importadoras que refuercen sus protocolos de diligencia debida.
En conclusión, la EJF y Open Seas alertan de que la erosión de los controles post-Brexit ha creado un vacío que puede estar alimentando la entrada de pescado ilegal en el Reino Unido. Una realidad que, de confirmarse, no solo compromete al sector pesquero, sino que coloca a los consumidores frente al dilema de comer pescado ligado a la explotación laboral y a la destrucción de los ecosistemas marinos.
