La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado un paso inédito para proteger a uno de los colectivos más invisibles de la cadena del pescado: los pescadores migrantes. La pasada semana, en Ginebra, gobiernos, armadores y organizaciones de trabajadores aprobaron las nuevas “Guidelines for Fair Labour Market Services for Migrant Fishers”, un documento que fija por primera vez estándares mínimos globales sobre cómo deben ser reclutados y contratados estos trabajadores.
Las federaciones sindicales del transporte ITF (International Transport Workers’ Federation) y ETF (European Transport Workers’ Federation) celebran el acuerdo como “un paso crucial” para la defensa de los derechos de los pescadores migrantes en todo el mundo, pero advierten: su impacto dependerá de que gobiernos y empresas lo apliquen sin dilación.
Reclutamiento sin abusos y contratos comprensibles
Las nuevas directrices, negociadas durante cinco días en la sede de la OIT, establecen cuatro compromisos básicos:
- La contratación de pescadores migrantes debe ser gratuita, justa y transparente.
- Los contratos han de estar por escrito y en un idioma que el trabajador entienda.
- Deben garantizarse condiciones dignas de trabajo y de vida a bordo.
- Los pescadores deben tener acceso real a la justicia y a mecanismos de reclamación.
El texto desarrolla medidas concretas: obliga a clarificar las responsabilidades entre gobiernos, armadores y agencias de contratación; exige sistemas de licencias y supervisión de esas agencias; pide garantías financieras para casos de abandono, acuerdos tipo para pescadores y reclutadores, y canales de denuncia accesibles, incluso a través de la cooperación entre Estados.
Las directrices complementan el Convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT (C188, de 2007), que fija las condiciones mínimas de trabajo y vida a bordo. Ahora, el foco se desplaza a la fase de entrada al sistema: la contratación, el lugar donde con más frecuencia se producen engaños, deudas ilegítimas y situaciones que derivan en trabajo forzoso.
Una industria global construida sobre mano de obra migrante
La FAO estima que 33,6 millones de personas trabajan en la pesca en todo el mundo. La OIT calcula que, en el sector pesquero comercial, al menos 128.000 personas son víctimas de trabajo forzoso, muchas de ellas migrantes, especialmente en grandes flotas de altura donde el control es más difícil.
“Durante demasiado tiempo los pescadores migrantes han sido invisibles en la industria mundial del marisco, pese a ser esenciales para poner pescado en nuestros platos”, recuerda Johnny Hansen, presidente de la sección de pesca de la ITF, que subraya cómo estos trabajadores han quedado a menudo fuera de los marcos de derechos básicos.
Las federaciones ITF y ETF insisten en que el documento de la OIT no puede quedarse en una declaración de buenas intenciones. Reclaman que los Estados de pabellón, los Estados portuarios y los países que suministran mano de obra adapten su legislación para incorporar las directrices, refuercen las inspecciones y recopilen datos específicos sobre la realidad de los pescadores migrantes.
Del papel a la ley: presión sobre gobiernos y empresas
Las organizaciones sindicales han aplaudido el respaldo del Reino Unido a las directrices y su plan para crear en abril de 2026 una Fair Work Agency específica para el sector pesquero. Según Chris Williams, coordinador de la sección de pesca de la ITF, ese organismo “puede ser un cambio de juego”, siempre que tenga mandato claro sobre el sector y haga cumplir los estándares fijados en las nuevas directrices: contratación justa, contratos claros y rendición de cuentas real para una industria cada vez más dependiente de trabajadores migrantes.
Pero la presión no se queda en los gobiernos. ITF y ETF miran también a la parte alta de la cadena: retailers, marcas y compradores de marisco. Les exigen que integren las nuevas directrices en sus políticas de compra responsable y en sus auditorías de cadena de suministro.
“Si su empresa gana dinero con pescado capturado por trabajadores migrantes, tiene la obligación de asegurarse de que esas personas son contratadas y tratadas de forma justa”, advierte Juan Manuel Trujillo, presidente de la sección de pesca de la ETF, que anuncia que se señalará públicamente a cualquier compañía que venda “pescado sostenible” apoyándose, en realidad, en mano de obra explotada.
Hacia una “sostenibilidad” que incluya condiciones laborales
Las directrices llegan en un momento en que la presión pública sobre la sostenibilidad de los productos del mar se ha concentrado sobre todo en la dimensión ambiental: estado de los recursos, impacto de las artes de pesca, huella de carbono de las flotas. El movimiento sindical recuerda que no hay pesca sostenible si se sostiene sobre trabajo precario o forzoso.
De ahí que uno de los mensajes centrales del texto de la OIT sea que la protección de los pescadores migrantes no puede depender solo de códigos voluntarios. ITF y ETF subrayan que:
- Las agencias de contratación deben estar obligatoriamente licenciadas y supervisadas.
- Las inspecciones en puerto han de incluir la verificación de contratos, pagos y condiciones de vida a bordo.
- Deben existir mecanismos de queja confidenciales y accesibles, sin riesgo de represalias.
- Los grandes compradores y navieras tienen que rendir cuentas de lo que ocurre en toda su cadena.
Una oportunidad para cambiar las reglas del juego
Las nuevas directrices de la OIT no son un convenio vinculante, pero sí un estándar de referencia que gobiernos, empresas y certificadoras ya no podrán ignorar.
Para las organizaciones de pescadores, representan “algo más que palabras en un papel: son una promesa a las personas que alimentan al mundo”. La batalla, a partir de ahora, será conseguir que esa promesa se traduzca en leyes, inspecciones y contratos reales.
En un sector clave para la seguridad alimentaria mundial, pero marcado por zonas opacas y banderas de conveniencia, la forma en que se aplique este nuevo marco servirá como termómetro de hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a avanzar hacia una verdadera sostenibilidad social en las pesquerías: aquella en la que nadie tenga que jugarse la vida ni sus derechos fundamentales para llevar pescado a la mesa.
