El sistema internacional de seguridad para la flota pesquera dará un salto histórico en los próximos meses. La reciente ratificación del Acuerdo de Ciudad del Cabo por parte de Argentina, formalizada el pasado 24 de febrero, ha permitido alcanzar el umbral mínimo necesario para la entrada en vigor del tratado, que comenzará a aplicarse en febrero de 2027. Con ello, el sector pesquero mundial contará por primera vez con un marco global de normas técnicas y de inspección comparable al que rige desde hace décadas para la marina mercante.
El acuerdo desarrolla y actualiza los principios del Convenio de Torremolinos sobre seguridad de los buques pesqueros, un instrumento impulsado bajo el paraguas de la Organización Marítima Internacional (OMI) que durante años permaneció sin entrar en vigor por falta de ratificaciones suficientes. La adhesión de nuevos países en los últimos años —entre ellos España en 2019— ha permitido finalmente desbloquear el proceso.
Seguridad estructural y equipamiento obligatorio
El tratado será de aplicación a los buques pesqueros de más de 24 metros de eslora, estableciendo requisitos técnicos y operativos en ámbitos clave de la seguridad marítima. Entre ellos figuran normas sobre construcción y estabilidad del buque, seguridad de maquinaria, protección contra incendios, dispositivos de salvamento, procedimientos de emergencia, radiocomunicaciones y equipos de navegación.
Muchos de estos estándares ya están plenamente implantados en la flota europea y especialmente en la española, sometida desde hace años a exigentes sistemas de inspección y control. Sin embargo, la situación es muy distinta en otras regiones del mundo, donde los accidentes laborales y siniestros marítimos en la pesca siguen contabilizándose por miles cada año.
La futura aplicación del acuerdo pretende precisamente elevar el listón de seguridad a escala global, obligando a las flotas de diferentes países a cumplir requisitos mínimos comparables. Esto no solo reforzará la protección de las tripulaciones, sino que también contribuirá a reducir las diferencias regulatorias que han generado durante décadas competencia desigual entre flotas.
Más control en los puertos
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el denominado principio de “trato no más favorable”, incluido en su artículo 4. Esta cláusula establece que los buques que enarbolen pabellones de Estados que no hayan ratificado el tratado no podrán recibir un trato más favorable que los que sí lo han hecho.
En la práctica, esto permitirá a los Estados que aplican el acuerdo inspeccionar y controlar buques pesqueros extranjeros cuando recalen en sus puertos, verificando que cumplen los estándares de seguridad exigidos. Se trata de un mecanismo especialmente útil en un sector caracterizado por la movilidad constante de los buques y por la diversidad de registros de bandera.
La medida puede tener una aplicación significativa en enclaves portuarios con elevada presencia de flota internacional, como algunos puertos atlánticos y bases logísticas del Atlántico medio. En estos casos, el acuerdo reforzará las herramientas de las autoridades portuarias y marítimas para garantizar condiciones de seguridad homogéneas.
Un complemento a las normas laborales
El Acuerdo de Ciudad del Cabo se suma además a otros instrumentos internacionales que han ido configurando el marco regulatorio del sector pesquero. Entre ellos destaca el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), centrado en las condiciones laborales de los pescadores.
La combinación de ambos marcos normativos —uno orientado a la seguridad técnica de los buques y otro a los derechos laborales de las tripulaciones— pretende avanzar hacia un sistema más completo de protección para quienes trabajan en la pesca, una de las actividades profesionales con mayor índice de riesgo en el ámbito marítimo.
Hacia una competencia más equilibrada
La entrada en vigor del acuerdo en 2027 representa, en definitiva, un paso importante para armonizar estándares de seguridad en la pesca mundial. Además de mejorar la protección de las tripulaciones, la norma puede contribuir a reforzar la transparencia en la actividad pesquera, facilitar el control de las flotas y promover una competencia más equilibrada entre países con diferentes niveles regulatorios.
Para el sector europeo, acostumbrado desde hace años a cumplir exigentes controles técnicos, el nuevo escenario supone también una oportunidad: que las reglas de seguridad que ya se aplican en la Unión Europea se extiendan progresivamente al resto de las flotas internacionales que operan en los mares del mundo
