El Gobierno noruego pretende aplicar un impuesto del 35% a los beneficios de los piscicultores de salmón y trucha, frente a la propuesta inicial del 40%, que afectó gravemente a las cotizaciones de las piscifactorías cuando se anunció el año pasado.
Las licencias de acuicultura concedidas por el Estado dan a las empresas la oportunidad de beneficiarse de los recursos públicos, y los gobiernos de izquierda y derecha han considerado la posibilidad de imponer impuestos adicionales a la industria de la piscicultura en los últimos años.
Noruega, el mayor productor mundial de salmón de piscifactoría, cosechó 1,5 millones de toneladas el año pasado, según datos del sector, por delante de Chile, con cerca de un millón de toneladas.
El Gobierno laborista noruego de centro-izquierda debe negociar ahora un acuerdo definitivo en el Parlamento antes de que el impuesto entre en vigor, pero está claro que hay una mayoría a favor de gravar más al sector.
«En Noruega tenemos una larga tradición según la cual el valor creado por el uso de nuestros recursos naturales comunes debe beneficiar a toda la sociedad», declaró el Primer Ministro, Jonas Gahr Stoere.
Los acuicultores han presionado contra el impuesto sobre los recursos, que se suma al impuesto de sociedades habitual del 22%, alegando que obstaculizará la inversión y perjudicará a un sector que ha aportado empleo y riqueza a comunidades costeras en riesgo de declive demográfico.
El pasado septiembre, el gobierno calculó que los beneficios extra, o renta de recursos, obtenidos por el sector de la piscicultura en 2021 gracias al acceso privilegiado a los recursos naturales ascendían a 11.800 millones de coronas noruegas (1.130 millones de dólares).
El gobierno ha dicho que preferiría negociar con un grupo más amplio de partidos en el parlamento para asegurarse de que el impuesto no se revierte más adelante, pero el principal partido conservador de la oposición dijo que rechazaba el modelo del gobierno.
La alternativa para el gobierno es llegar a un compromiso con el Partido Socialista de Izquierda, más pequeño, que apoya firmemente el impuesto.
El pasado mes de septiembre, el Gobierno de Noruega sacó a la palestra un nuevo impuesto a los productores de salmón que debía entrar en vigor el 1 de enero de este año. Aunque aún faltan perfilar detalles de la norma y el texto tiene que pasar por el Parlamento (su aplicación sería retroactiva desde el inicio de año), la decisión ha sido un quebradero de cabeza para las empresas afectadas y amenaza con afectar seriamente a los consumidores.
La propuesta del gobierno noruego pasa por introducir un impuesto sobre los recursos para el cultivo de salmón y trucha del 40% a partir del año 2023 para volúmenes superiores a las 4.000-5.000 toneladas. Cuando la producción sea inferior a esa cantidad, quedarían exentas. Se estima que entre el 65 y 70% de las empresas acuícolas en Noruega producen menos de esos volúmenes, pero los gigantes del sector, que cotizan en bolsa, ya se han visto perjudicados.
