La Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pesca (AEOP o EAPO) no está de acuerdo con las medidas de precaución tomadas en cuenta en la elaboración del total de capturas admisibles propuestas por la Comisión. Por su parte, el Gobierno de España pedirá a la Comisión Europea (CE) que se aprueben descensos más moderados, a los actualmente propuestos, para las capturas de merluza del sur y de jurel en 2020 y asegurar así la sostenibilidad de la flota pesquera afectada por los recortes.
Por parte de AEOP hablan de proponer «observaciones constructivas sobre la consecución del máximo rendimiento sostenible pero ven contradicciones en su consecución con la implantación de la obligación de desembarque». AEOP- EAPO ve «elementos suficientes para establecer TAC y cuotas en niveles que tengan en cuenta la protección de los recursos a largo plazo, la sostenibilidad, la explotación y rentabilidad de las empresas y los beneficios sociales, junto a la contribución del suministro de alimentos».
Pim Visser, presidente de EAPO, dice: «Nos ocupamos específicamente de la gestión de existencias, mientras que el Consejo científico está lejos de ser positivo. Lamentablemente, este es el caso de las poblaciones de bacalao en
el Mar del Norte, el Mar Celta y el Oeste de Escocia, donde muchos de nuestras pesquerías son mixtas. Se realizan actividades pesqueras debido a este carácter mixto de la pesca, pero solicitamos un enfoque gradual y adaptativo a las medidas de gestión para alcanzar objetivos de sostenibilidad»
También, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, en una rueda de prensa previa a la celebración del Consejo Consultivo Agrícola y Pesquero y de la Conferencia Sectorial de Pesca con las comunidades autónomas ha mostrado su preocupación por el reparto de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de las poblaciones pesqueras del Atlántico y del mar del Norte que aprobará la UE para 2020. La propuesta inicial de la Comisión Europea incluye reducciones del 20 % en las capturas de la merluza del sur respecto a 2019 y de entre el 42 y el 50 % para el jurel, dependiendo de la zona.También se proponen descensos en las cuotas del lenguado mientras que la CE mantiene el cierre de la pesquería para la cigala.
España, según ha afirmado Planas, defenderá «descensos mucho más moderados» para la merluza del sur basándose en dictámenes científicos que así lo señalan; el objetivo es salvaguardar la actividad de 1.200 buques pesqueros que dependen «altamente» de esta especie.
En el jurel, el ministro ha dicho que el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (CIEM) ofrece alternativas con reducciones menores a las pedidas por la Comisión y que permiten «respetar» los niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS).
Sobre la cigala, ha incidido en que habrá que esperar a la conclusión de los estudios para pedir la reapertura de esta especie.
Explotación sostenible
Ha subrayado el compromiso de España con la explotación sostenible de los recursos pesqueros combinando los aspectos medioambientales, sociales y económicos.
De hecho, ha recordado que 2020 es la fecha límite fijada en la Política Pesquera Común (PPC) para alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS).
Desde Galicia, su conselleira del Mar, Rosa Quintana, ha calculado en 86 millones de euros el impacto negativo que tendría para la flota gallega de la merluza del sur y el jurel la aprobación de la propuesta de la CE, lo que generaría un impacto social y económico que «no se puede permitir».
En Andalucía, no lo tienen calculado pero afectaría a 200 barcos y 1.500 pescadores de arrastre y cerco del Golfo de Cádiz
