Marruecos ha lanzado un difícil reto a España coincidiendo con la visita de la ministra de Exteriores a Rabat. El Parlamento marroquí ha aprobadodos leyes que delimitan las aguas de explotación exclusiva del país magrebí, un proyecto que puede crear solapamientos con las aguas españolas en Canarias. Aunque el objetivo de Marruecos es apropiarse de las aguas del Sáhara Occidental, la iniciativa tiene impacto en España. De momento, el Gobierno evita enfrentarse a Rabat, aunque advierte de que en las zonas colindantes “no habrá política de hechos consumados”.
Las leyes marroquíes resultan conflictivas para España por cuanto pueden afectar a las aguas territoriales en torno a Canarias, pero no tienen validez a afectos de derecho internacional porque no están avaladas por Naciones Unidas. Se trata, más bien, de un mensaje interno destinado a reforzar el control que Marruecos se arroga sobre las aguas del Sáhara. Los proyectos fueron ya aprobados en comisión parlamentaria el 16 de diciembre. España mostró entonces su resquemor y Marruecos decidió aplazar la medida, pero solo por un mes y sin aprovechar ese margen para negociar con España. La aprobación de este miércoles, no obstante, no es el último paso: resta la ratificación del Senado y la firma del rey, Mohamed VI, que se resolverá en los próximos meses.
Nueva demarcación
La nueva demarcación marroquí establece el perímetro de sus aguas territoriales, fijado en 12 millas (22 kilómetros), a lo largo de todo el Sáhara Occidental, territorio cuya soberanía está pendiente de resolución desde que España abandonó su colonia en 1975. Además, Marruecos delimita las 200 millas (370,4 kilómetros) de su zona económica exclusiva (sobre la que el país tiene derechos de soberanía para su explotación) e incorpora las 350 millas (648 kilómetros) de la plataforma continental (lecho y subsuelo de las áreas submarinas).
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La aprobación de estos proyectos en vísperas de que la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se desplace a Rabat —acudirá mañana en su primera visita bilateral— constituye todo un desplante. Pese a todo, la ministra reaccionó con mesura e incidió en que cualquier delimitación de aguas con efectos reales requerirá acuerdo. “Tal y como hemos conversado con Marruecos en contactos estas últimas semanas, no habrá política de hechos consumados ni acciones unilaterales”, aseguró González Laya en un tuit publicado instantes después de la aprobación de las leyes. La jefa de la diplomacia abordará mañana este asunto con sus interlocutores marroquíes: el jefe del Ejecutivo, Saadedín el Otmani, y su homólogo, Nasser Burita. Poco antes, el ministro marroquí había señalado en el Parlamento que no tiene “ninguna intención de imponer hechos consumados” porque España es “un vecino, un socio estratégico y un aliado de confianza”, informa Efe. Aun así, dejó claro que Marruecos “se aferra a su soberanía” y enmarcó cualquier diálogo “en el marco de los derechos estratégicos de Marruecos”.
Exteriores se esforzó en alejar el escenario de confrontación. “El punto de partida es común: la delimitación en las zonas colindantes solo se puede hacer, como dicta el sentido común y el derecho internacional, de común acuerdo. Los marroquíes están totalmente de acuerdo. En sus proyectos de ley no trazan la delimitación de las zonas”, abundaron fuentes del ministerio.
Aunque la cautela siempre se ha impuesto en las declaraciones respecto al socio magrebí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha redoblado esa prudencia. El principal motivo es que, tras muchos meses de cierta dejación en las costas, Marruecos está colaborando activamente en la contención de flujos migratorios desde sus costas hacia las del sur de España.
