Los investigadores entregan 280.000 firmas en el Congreso para protestar por una década de drásticos recortes en ciencia. Los presupuestos de 2018 podrían contemplar un aumento. No obstante las principales organizaciones científicas españolas entregaron en el Congreso de los Diputados una petición firmada por más de 277.000 personas en la que se pide al Gobierno que detenga «la situación de progresivo abandono de la ciencia española» causada por los recortes. Se trata de la mayor petición jamás presentada en España sobre una cuestión de política científica.
Sus principales promotores instan al Gobierno a que, de aquí a 2020, eleve de manera gradual la inversión en ciencia hasta regresar a los niveles récord de 2009, año en que casi se alcanzaron los 10.000 millones de euros. Entre ese año, marcado por la crisis financiera internacional, y 2013, el presupuesto en ciencia se desplomó un 39 por ciento, hasta los 5900 millones.
Evolución del presupuesto total de ciencia en España durante los últimos años, en miles de millones de euros. El borrador de los presupuestos de este año (sombreado) contempla un aumento del 8,3 por ciento con respecto al año pasado, si bien el 60 por ciento del total (azul) se compone de préstamos a la industia (rojo). [Nature]
«La ciencia, como la salud y la educación, cuenta con un profundo respaldo de la sociedad: necesitamos que eso se refleje en un pacto de Estado para la ciencia», señala Alicia Durán, física del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apoya la petición y formó parte del grupo que la entregó al Parlamento. Durán estuvo acompañada por más de 60 personas, entre quienes se encontraban otros miembros del CSIC y de la Real Academia de Ciencias.
Los investigadores publicaron la petición en línea en febrero. Entre las organizaciones que la respaldan se incluyen la Federación de Jóvenes Investigadores, la Red de Asociaciones de Investigadores Científicos Españoles en el Exterior y los dos sindicatos mayoritarios.
La entrega de la demanda al Congreso se produjo una semana después de que los científicos españoles recibieran un atisbo de buenas noticias. El 3 de abril, el Gobierno presentó el proyecto de los presupuestos para 2018, el cual contempla en la partida de ciencia un aumento del 8,3 por ciento con respecto a la asignación de 2017. Si el Parlamento lo aprueba, el incremento sería el mayor en una década y elevaría la financiación hasta cerca de los 7000 millones. Desde 2013, el gasto en ciencia en España solo había experimentado subidas menores, y en términos del PIB, la inversión en ciencia proveniente de fuentes públicas y privadas cayó desde el 1,4 por ciento en 2010 hasta el 1,19 por ciento en 2016.
«Vemos con buenos ojos el aumento [de 2018]. Se trata de un paso esencial, pero es solo el primero», sostiene Nazario Martín, químico de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que no apoya formalmente la petición. «A este ritmo y teniendo en cuenta la inflación, necesitaríamos otra década para volver a los niveles de 2009», añade.
El proyecto de presupuestos incluye también regulaciones destinadas a aliviar las restricciones de contratación en las instituciones públicas de investigación, las cuales han dejado a numerosos científicos con contratos temporales. Otras regulaciones persiguen nivelar los salarios de los investigadores de todas las instituciones públicas, así como aligerar la burocracia relativa a los gastos de investigación. Por ejemplo, los investigadores de las instituciones públicas deben justificar de antemano cualquier gasto individual superior a los 15.000 euros.
A pesar del aumento de fondos previsto, algunos científicos aún ven problemas. En los últimos años, gran parte de los paquetes presupuestarios de investigación han consistido en préstamos a la industria. Numerosos científicos y organizaciones, incluida la COSCE, han acusado al Gobierno de escudarse en este método para inflar artificialmente el gasto en ciencia. Tales préstamos se ofrecen generalmente a empresas para proyectos de investigación aplicada, pero luego deben devolverse, aunque en condiciones de interés favorables. Con todo, buena parte de dichos préstamos acaba por no pedirse, por lo que el dinero queda sin gastar.
En años anteriores, el Gobierno ha compensado los recortes en investigación aumentando la asignación para préstamos en lugar de elevando los fondos estándar destinados a instituciones públicas, señala la COSCE. Este año, sin embargo, el aumento del 8,3 por ciento se aplicaría casi por igual a los fondos estándar y a los préstamos, según un análisis del plan presupuestario publicado por la COSCE hace unos días. No obstante, los préstamos seguirán representando en torno al 60 por ciento del presupuesto total.
El análisis de la COSCE indica que la financiación estándar de la ciencia básica aumentaría en 226 millones de euros, hasta alcanzar los 2800 millones. «Calculamos que se necesitan 525 millones de euros al año para que en 2020 se llegue al nivel de 2009», señala la organización.
Tira y afloja político
En cualquier caso, no hay garantías de que el presupuesto vaya a aprobarse en su forma actual. El Partido Popular carece de mayoría absoluta para hacerlo, y el Partido Nacionalista Vasco, que el ejercicio pasado proporcionó los votos clave para aprobar los presupuestos, ha supeditado este año su visto bueno a la resolución de la crisis política en Cataluña.
Con todo, Durán alberga esperanzas de que la petición presentada ahora en el Parlamento surta algún efecto. Después de entregarla, los organizadores llevaron a cabo un acto al que asistieron simpatizantes y miembros de la Comisión de Ciencia del Congreso. Diputados de todo el espectro político afirmaron estar dispuestos a aprobar una enmienda a los presupuestos que blinde algunos puntos con los que todos están de acuerdo, como mejorar las condiciones laborales y de financiación y reducir la burocracia para los científicos, explica Durán. «Ahora esperamos que cumplan su promesa», añade la investigadora.
Martín conviene en que la coyuntura política ofrece una oportunidad para el cambio. «Dado que no hay ningún partido con mayoría absoluta, están obligados a llegar a acuerdos», señala. «Es una ocasión única para un pacto de Estado.»
En estos momentos el país sigue funcionando con una extensión de los presupuestos de 2017, pero el Ministerio de Hacienda ha prohibido a las Administraciones públicas gastar más del 50 por ciento del presupuesto prorrogado hasta que se apruebe el nuevo. Como resultado, todavía no se ha promulgado ninguna de las principales convocatorias de becas para investigación básica de 2018.
En una comunicación por escrito a la revista Nature, la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, declaró: «Al menos tendríamos que lograr un compromiso de todas las partes de que el gasto presupuestario en ciencia debería aumentar con independencia del partido que gobierne. Aún no hemos llegado a ese acuerdo, pero seguiremos trabajando en él».
Situación del IEO
El director del Centro Oceanográfico de Canarias, Luis José López-Abellán, ha dicho a Efe que si alguien quiere llevar a la «irrelevancia» al Instituto Español de Oceanografía (IEO) es suficiente con seguir por el actual camino de ahogo de la institución, con el que, ha añadido, se está «dilapidando» su prestigio y el de su personal.
El IEO es un organismo público de investigación (opi) que depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que lleva a cabo investigaciones tanto en recursos marinos y pesquerías como en medio marino y protección ambiental, y en acuicultura.
Su misión es la investigación y el desarrollo tecnológico, incluida la transferencia de conocimiento sobre el mar y sus recursos, y sus problemas tienen mucho que ver con que su estructura está «obsoleta» para cumplir sus funciones actuales, a lo que se une que desde 2014 tiene una intervención previa que tiende a «paralizar» la ejecución presupuestaria.
López-Abellán ha indicado que los nueve centros oceanográficos y los servicios centrales del IEO tienen un presupuesto en torno a los 60 millones de euros al año y cuentan con unos 560 trabajadores, y ha añadido que con esa dotación económica se da respuesta a los proyectos que tienen en marcha y al funcionamiento de los centros.
Pero, si por algún motivo, ya sea por ineficiencia, falta de personal o un proceso de fiscalización de la intervención delegada, no se ejecuta el presupuesto se entra en un «círculo vicioso» porque la dotación económica disponible se reduce para el año siguiente, y como no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 la disponibilidad se reduce a la mitad de lo que se gastó en 2017.
López-Abellán ha explicado que el problema «capital» es que desde 2014 desde el Ministerio de Hacienda se ha introducido una intervención previa en los organismos públicos de investigación, de manera que el interventor es el responsable de dar su aprobación al gasto de los proyectos comprometidos.
Además, las normas son interpretables, y como los interventores, por ser personas ajenas al instituto, tienen dificultades para «entender» las funciones del mismo y su «imperiosa necesidad» de ser ágiles, eficaces y competitivos.
El director del oceanográfico de Canarias ha recordado que el IEO compite con instituciones tanto nacionales como internacionales para conseguir trabajos, y se han encontrado con el problema de que la intervención delegada condiciona la ejecución de los proyectos.
Esta paralización se produce, por ejemplo, en proyectos o contratos que el IEO ha liderado y por ello la financiación para la institución y para repartir entre los socios.
Y aunque la UE fiscaliza ese trabajo y da su conformidad al libramiento de los fondos el proceso se detiene en la «segunda fiscalización», la que realizan los interventores del IEO.
La intervención española parece que no entiende el proceso «y nos podemos pasar un año o más» sin pagar a los socios y a los trabajadores del instituto, ha comentado Luis José López-Abellán.
La solución estaría en permitir excepciones en la norma, para que no haya una segunda intervención en algo que ha sido intervenido por otro ente que ha hecho la fiscalización y que en cualquier momento puede hacer una auditoría. EFE
