El experto Francisco Blaha repasa la red europea de acuerdos con terceros países y subraya su rasgo diferencial: documentos públicos y fondos para desarrollo. Mientras, la UE mantiene protocolos activos en África, Groenlandia y el Pacífico, con Marruecos y Senegal en situación “dormant”.

La pesca es uno de esos sectores donde la conversación pública a menudo va por delante de los datos. Francisco Blaha, analista con décadas de experiencia internacional, lo resume con una frase provocadora: en este ámbito hay más opinionholders que stakeholders. Y, sin embargo, cuando el foco se posa sobre un tema concreto —los acuerdos de acceso de la Unión Europea con países costeros— sí existe un elemento que permite discutir con papeles sobre la mesa: la transparencia.

En su artículo “A 45-Year Retrospective on the EU’s Fishing Access Agreements” (10 de enero de 2026), Blaha parte de una constatación que incomoda a otras grandes potencias de pesca lejana: la UE no solo sostiene estándares más altos; también publica y ordena el material. “Para una copia con todos los detalles de cada acuerdo solo tienes que ir a una web y descargarlos”, explica, mientras que rastrear el contenido completo de acuerdos comparables de otras naciones de pesca a distancia puede convertirse en un ejercicio casi imposible.

De UNCLOS a la expansión: por qué nacieron estos acuerdos

El estudio que Blaha comenta sitúa el origen moderno de estos pactos en 1982, con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y la consolidación de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de 200 millas. A partir de ahí, los Estados costeros obtienen derechos soberanos sobre los recursos y, teóricamente, pueden conceder acceso a “excedentes” mediante acuerdos.

Para la UE, aquellos acuerdos respondían a dos impulsos: aliviar la presión sobre caladeros comunitarios y asegurar suministro ante el aumento del consumo. En 1979, Senegal abrió el camino; luego llegó un crecimiento rápido en África y más tarde una red que también tocaría Oceanía.

Tres fases en 45 años: expansión, pico y repliegue

El análisis distingue tres etapas:

• Años 80 (expansión): de un acuerdo inicial a una docena al final de la década, con objetivos de especies más variadas (incluidas costeras y demersales).
• Años 90–2000 (pico): una media de 14 acuerdos activos, expansión geográfica y gran peso de flotas industriales; el acuerdo con Angola “denunciado” en 2004 marca un punto de inflexión.
• 2010–2025 (declive): caída hasta nueve acuerdos activos, empujada por factores geopolíticos, económicos y por un aumento del escrutinio sobre sostenibilidad y equidad.

En paralelo, el estudio apunta dos tendencias estructurales: cambio hacia grandes pelágicos (atunes) y reducción del tamaño de flota en pesca lejana (desde un máximo de 1.812 buques en 1999 a una mediana de 676 desde 2020, según el trabajo resumido por Blaha).

Transparencia: el “separador” europeo frente a otras DWFN

Blaha admite críticas técnicas —especialmente sobre cómo se valora el acceso y cómo se alinean incentivos—, pero insiste en un punto: “todo está above board”. La Comisión Europea presenta los Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) como una herramienta “transparente, coherente y mutuamente beneficiosa”, que permite a buques europeos capturar excedentes con supervisión científica y, a cambio, una contribución financiera y apoyo sectorial al país socio.

Ese componente de “sectoral support” (capacitación, gestión, control, desarrollo local) es, para Blaha, una diferencia frente a otros usuarios del recurso que no acompañan el acceso con programas de fortalecimiento.

Claves para España: flota, industria y mercados

Mauritania, clave para varias flotas europeas, tiene protocolo en vigor con fechas 15/11/2021–14/11/2026 y una contribución anual de 60,8 millones de euros, según la Comisión.

España es uno de los grandes actores europeos en pesca lejana y, por tanto, uno de los países más sensibles a cualquier cambio en SFPAs (menos acceso = más presión en costes, empleo y suministros).

La red SFPA activa incluye (según la Comisión Europea, sept. 2025) protocolos en Cabo Verde, Costa de Marfil, Gabón, Guinea-Bissau, Madagascar, Mauritania, Mauricio, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Groenlandia y acuerdos atuneros en islas del Pacífico (Cook y Kiribati).

Marruecos figura como acuerdo “dormant” (sin protocolo en vigor, sin pesca posible bajo SFPA).

Senegal también aparece como “dormant”; el protocolo expiró el 17 de noviembre de 2024.